Delia Espinoza: expertos opinan sobre suspensión de fiscal de la nación
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió provisionalmente a Delia Espinoza del cargo como fiscal de la nación por un periodo de seis meses.
La medida impuesta a Espinoza se justifica por presuntas faltas disciplinarias relacionadas a la reposición de Patricia Benavides en el máximo cargo del Ministerio Público.
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En ese sentido, Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, calificó la decisión como “positiva y lógica” y sostuvo que era una medida “previsible”, dado que Espinoza no acudió a la audiencia programada por la JNJ.
“Ya esperaba una decisión así. En este caso, fue la propia fiscal de la nación quien se negó a presentarse para ejercer su defensa ante la JNJ”, señaló en el programa Diálogo abierto de Radio Nacional.
Álvarez consideró que Espinoza Valenzuela “ha sido muy mal asesorada” y añadió que, en sus conferencias de prensa, “ha denigrado a la JNJ y al sistema de justicia, cuando son públicos y notorios sus actos de rebeldía”.
En tanto, explicó que la suspensión se realizó a fin de “no entorpecer las investigaciones”.
“Espinoza acostumbró a abrir investigaciones a congresistas y posiblemente podría pasar lo mismo con los miembros de la JNJ. Es una medida lógica frente a una instrumentalización política de la justicia”, expresó.
OPINIÓN DE UN EXFISCAL
En contraposición, Pedro Ángulo, exfiscal superior, criticó la suspensión provisional de Delia Espinoza como fiscal de la nación, indicando que “la resolución no está debidamente fundamentada”.
“Para que su suspensión sea fundamentada, tenía que haberse dicho en la resolución de qué manera la fiscal Delia Espinoza podría afectar en la investigación. Es un exceso”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que la decisión es “grave porque carece de sustento legal” y agregó: “Esta suspensión es una medida cautelar que debe estar respaldada con un fundamento adecuado”.
Finalmente el también expremier dijo que el tema va por una “solución constitucional”, al sostener que Delia Espinoza interpondrá una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional para que sea este quien resuelva “si la JNJ tiene facultades para hacer lo que ha hecho”.
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