A poco menos de un mes para el inicio del año escolar 2023, la Defensoría del Pueblo exhortó al ministro de Educación, Oscar Becerra, a dotar al sector de planes de monitoreo y asistencia técnica dirigidos a las Direcciones Regionales de Educación.

Renzo Deza, representante de la Adjuntía para la Administración de la institución, informó que se ha planteado a las autoridades establecer una agenda para garantizar el derecho de la educación de todos los estudiantes que -subrayó- está sustentado en tres temas prioritarios.

En ese sentido, el funcionario, detalló que se trata de la reinserción de estudiantes que salieron del sistema educativo producto de la emergencia sanitaria por el covid-19 y que según datos oficiales suman un promedio de 62 000 estudiantes en 2021 que no lograron reinsertarse el 2022.

Asimismo, agregó que otro tema prioritario es el logro de los aprendizajes en el nivel primario y secundario, debido a que -indicó- no se alcanzaron las metas propuestas por el sector. Además, como tercera prioridad se encuentra la brecha en la infraestructura educativa que alcanza los 130 000 millones de soles.

Respecto al déficit de profesionales en la educación para este año, Deza refirió que, según datos oficiales del Ministerio de Educación de 2022, se identificó la necesidad de contratar a 3379 docentes en sus diferentes modalidades, al señalar que 433 000 estudiantes pasaron de la educación privada a la pública.

En ese sentido, en entrevista concedida a El Informativo de Nacional, el representante de la Adjuntía para la Administración de la defensoría, expresó la preocupación de esta institución para asegurarle una vacante a los miles de estudiantes en todo el país.

Deza se pronunció sobre el nombramiento del nuevo Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y dijo que el 15 de diciembre han planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley número 31520 que modifica dicha norma, en defensa del derecho a recibir una educación de calidad.

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