Política

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, expresó su respaldo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, y rechazó el pedido de censura contra su colega por parte de un sector de bancadas de oposición en el Congreso.

“Respecto al tema de censura, por supuesto que apoyo a mi colega Gustavo Adrianzén, él ya se ha manifestado en el Congreso y el premier también habló ayer con claridad”, subrayó.

Luego de que el ministro Adrianzén explicara ante el pleno del Congreso los procedimientos para que los procuradores declaren a la prensa, la bancada fujimorista presentó una moción de censura que podría ser puesto a debate el próximo jueves.

“Por más que estamos en un estado de Derecho, que haya respeto irrestricto por los poderes del Estado, no estamos de acuerdo con esta censura”, dijo Guadalupe.

Por otra parte, respecto al pedido de la procuradora Julia Príncipe para solicitar protección policial adicional a su familia, el ministro del Interior señaló que esta se asigna en función de una evaluación.

“Esto es fruto de una evaluación de riesgo que hace la Policía Nacional, no depende de mí, es fruto de esta evaluación que evalúa si va a llevar seguridad, cuántos efectivos y qué modalidad,  según ese informe Seguridad del Estado y otro tipo de unidades le brindan”, dijo.

Siendo así, apuntó que si hubiera algún indicio de riesgo para ella o a su familia, se procederá a realizar una evaluación.

“Lógicamente que se evalúa, pero ese es el procedimiento general, y también se hace con otros procuradores y funcionarios públicos”, puntualizó.

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La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, solicitó en tres ocasiones autorización para hacer declaraciones en los medios de comunicación y, por lo tanto, sí conocía la normativa que deben cumplir los agentes del Estado sobre dicho tema, sostuvo el viceministro de Justicia, Alfonso Garcés.

Garcés mostró –en conferencia de prensa- los documentos que demuestran que la procuradora Príncipe pidió permiso antes de hacer declaraciones durante la gestión de los exministros de Justicia, Rosario Fernández; en dos ocasiones, y Francisco Eguiguren, en una oportunidad. 

Explicó que en las tres oportunidades Príncipe envió las solicitudes al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, el cual le autorizó dar entrevistas siempre y cuando cuide no revelar estrategias de defensa, ni violar la reserva de los casos a su cargo. 

“Una prueba de que la procuradora sí conocía estas disposiciones son los pedidos formulados a la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández; en julio de 2011, y al exministro Francisco Eguiguren, en agosto de 2011 (…)”, indicó.  

Detalló que en dos oportunidades, Príncipe pidió declarar ante un medio para esclarecer un caso en el que sería afectado su honor  y, en otra ocasión, solicitó conceder una entrevista para explicar a la población su labor contra el lavado de activos. 

En otro momento, Garcés remarcó que la actual gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solo cumple con acatar y hacer cumplir la norma, aprobada el 2008, según la cual los procuradores deben solicitar autorización al Consejo de Defensa Jurídica del Estado para declarar en los medios de comunicación. 

Comentó que la mencionada disposición tiene por objetivo evitar revelar las estrategias de defensa del Estado y la reserva a la que están obligados los procuradores. Asimismo, negó que el Poder Ejecutivo haya ejercido alguna "mordaza" sobre algún procurador del Estado.

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El Pleno del Congreso aprobó el proyecto que propone declarar de interés nacional la creación de la provincia de Ventanilla, dentro de la Provincia Constitucional del Callao.

Según el dictamen, la medida busca mejorar la distribución de recursos y la prestación de servicios públicos en beneficio del desarrollo local. 

Por otro lado, el Pleno del Congreso debatió el proyecto que propone la Ley de la Carrera Fiscal dictaminado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La norma fortalecerá la carrera fiscal en cuanto a su eficiencia y responsabilidad, comentó el presidente de este grupo de trabajo, Juan Carlos Eguren.

Durante el debate, y con la finalidad de mejorar la iniciativa, Eguren solicitó un cuarto intermedio para recoger las propuestas de los congresistas.

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La Policía Nacional y las empresas operadoras de telefonía firmaron hoy el protocolo para la geolocalización de los teléfonos celulares empleados por los delincuentes para cometer sus delitos, informó el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe.

Además, el ministro informó que en los próximos días estará  listo el primer grupo de policías que van a conformar una unidad especializada cuya función será realizar la geolocalización en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional.

Este grupo de policías –indicó- recibirán una capacitación de una semana, proceso en el cual también participarán las empresas operadoras de  telefonía.

El convenio se firmó por Telefónica, Claro, Entel y Bitel, las cuatro empresas operadoras del servicio de telefonía que brindan sus servicios en el Perú, precisó Pérez Guadalupe.

Se recuerda que la propuesta para ubicar los teléfonos celulares usados por los delincuentes para extorsionar o amenazar fue lanzada por el Ejecutivo en el marco de los esfuerzos para combatir los altos niveles de criminalidad registrados en el país.

A grandes rasgos, el ministro explicó que el proceso de geolocalización empezará cuando se presente una denuncia en las comisarías, las cuales la remitirán a las unidades de investigación policial de la zona donde se está cometiendo el delito.

Estas, a su vez, remitirán el caso a la Dirincri, donde personal especializado, tras analizar la denuncia, la remitirá al fiscal para obtener la convalidación judicial del operativo, tras lo cual se envía la respectiva solicitud a las operadoras de telefonía para proceder a la geolocalización.

“Todo estará sustentado y puede ser auditable”, puntualizó Pérez Guadalupe.

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El Congreso del Perú asumió hoy la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico para el año 2015-2016.

El acto se realizó en la sede del Congreso peruano con motivo de la III Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

México fue el país encargado de entregar la Presidencia Pro Témpore y el legisaldor Omar Chehade recibió la posta.

Durante su discurso, el presidente del Congreso, Luis Iberico, quien asistió en la ceremonia de entrega, destacó que la Alianza del Pacífico es un bloque formado por países cercanos históricamente y culturalmente, quienes han decidido afrontar los retos del siglo XXI, especialmente en la economía global.

“La Alianza del Pacífico es una ventana de oportunidades que va a permitir el crecimiento de nuestros pueblos, especialmente los sectores menos favorecidos”, resaltó.

A su turno, la senadora del parlamento mexicano, Rocío Pineda, destacó la realización de la tercera sesión parlamentaria y demandó a los países miembros del bloque establecer rutas concretas para el desarrollo. 

“Está sesión marca un hito y precedentes entre los legisladores de los países de la Alianza del Pacífico. Compartimos el mismo objetivo general de un marco político y estableceremos rutas correctas para el desarrollo de los pueblos hermanos”, enfatizó.

Por su parte, Chehade afirmó que la Alianza del Pacífico sirve de plataforma para colaborar con los Ejecutivos de los países miembros del bloque. 

“Nosotros como bloque en la región, somos vanguardia del crecimiento económico y, además, podemos vender nuestras materias primas y productos al mercado europeo y chino con precios revalorizados”, manifestó.

/CCH/ Andina

El presidente Ollanta Humala sostuvo que el programa “Crédito 18”, considerado una modalidad de cofinanciamiento única en América Latina, es un crédito blando que permitirá a los jóvenes beneficiarios pagar el préstamo que recibieron en un plazo máximo de 15 años.

Agregó que el mencionado programa representa una oportunidad de desarrollo para los jóvenes emergentes, que no pueden autofinanciarse una carrera profesional.

"Es un crédito que recién se pagaría a seis meses después de haber terminado su carrera profesional y en mensualidades. Es un crédito bastante blando con un techo entre diez y 15 años", señaló luego de participar en la ceremonia de inauguración del puente vehícular y accesos de pavimento rígido sobre la quebrada Serrano, en la localidad de Saposoa, provincia de Huallaga, región San Martin.  

Indicó que la mencionada iniciativa, orientada a favorecer a jóvenes talentosos que no tienen recursos económicos para solventar una carrera profesional, se suma a los otros programas de becas para generar mayor oportunidades de desarrollo. 

"Yo creo que esto representa es una oportunidad no solo para el bolsón de jóvenes de pobreza y pobreza extrema, sino para jóvenes emergentes", aseveró. 

Asimismo, remarcó que aproximadamente 80 000 jóvenes se benefician con las becas otorgadas por el Estado, a través del Sistema Nacional de Becas. 

Agregó que el programa Beca 18, que beneficia a jóvenes de escasos recursos económicos, forma parte de ese sistema.  

/CCH/ Andina

Los trabajadores del sector público, sujetos al DL 728 y el Servicio Civil, podrán disponer libremente de sus depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) como el sector privado, e incluso podrán elegir el banco en el cual serán depositados, según un proyecto de ley aprobado en el Congreso.

Esta norma, dictaminada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recibió el voto unánime de 73 parlamentarios y fue exonerado de una segunda votación por 74 papeletas.

Precisa que la CTS se brinda desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral y determina, con carácter obligatorio, que sea depositada en la entidad financiera elegida por el servidor público.

Rolando Reátegui Flores (FP), presidente de la Comisión de Trabajo, indicó que la norma beneficiará a 84,000 trabajadores públicos a escala nacional, a quienes se les reconoce los mismos derechos que a los servidores del sector privado.

Destacó que la propuesta, aceptada por unanimidad en la comisión, cuenta con opiniones favorables de organismos vinculados al tema, a excepción del Ministerio de Economía y Finanzas y Servir. 

Durante la sesión matutina de hoy, el pleno del Congreso guardó también un minuto de silencio en memoria de Jorge Otárola Peñaranda, hermano del congresista Fredy Otárola Peñaranda (NGP).

Se creó, asimismo, el distrito de La Morada, en la provincia de Marañón, departamento de Huánuco.

El dictamen, cuyo proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, contó con el apoyo de legisladores de diversas bancadas.

/CCH/ Andina

El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, señaló hoy que su Gobierno vive una ofensiva “muy dura” por el proyecto político que impulsa en el país, con obras de infraestructura y programas sociales en favor de los que menos tienen.

“Por eso que hoy día nosotros vivimos una ofensiva muy dura, contra los que estamos construyendo un país. Para contarles nomás, Nadine (Heredia) está con siete procesos de investigación sin ser funcionaria pública. Lo que tratan es de destruir a las personas, sin importar la dignidad y el honor”, dijo.

En la ceremonia de inauguración del puente vehicular y accesos de pavimento rígido sobre la quebrada Serrano, en la localidad de Saposoa, provincia de Huallaga, región San Martin, el Dignatario refirió que los ataques se acentúan debido al proyecto político que lleva adelante su gestión.

“¿Cuándo nuestros jóvenes tenían Beca18, cuándo nuestros adultos mayores tenían Pensión 65? ¿Cuándo había un sistema de alimentación pública en los colegios como Qali Warma? ¿Cuándo se daba un Seguro Integral a nuestros hijos de manera gratuita? Eso no se daba”, manifestó.

Señaló que su Gobierno prefiere orientar los recursos del Estado al pueblo, a diferencia de “chorreo” de antes, en el cual primero había que crecer económicamente para luego repartir.

“Nosotros hemos tenido que crear otra filosofía: incluir para crece. No decimos que el crecimiento es malo, es bueno, fundamental, importante, clave, pero si no logramos redistribuir la renta, de poco o nada vale tener recursos si nuestra gente tiene hambre, no tiene oportunidades”, dijo.

Incluir para crecer

Refirió que la filosofía nacionalista incluir para crecer, busca incorporar a los peruanos y de ese modo fortalecer el crecimiento económico.

Ante un auditorio concentrado  cerca al puente que se inauguró, sostuvo que en el último Consejo de Ministros Descentralizado, en San Martín, se comprometió más de 4,100 millones de soles a esta región, fuera del presupuesto regional y de los municipios.

“Ahora ya estamos sobre los 5,000 millones de soles y así haya desaceleración en el mundo, nuestro compromiso sigue en pie con San Martín”, subrayó.

El presidente Humala afirmó, asimismo, que el compromiso de su gobierno es reivindicar la Amazonía, los valles del Huallaga, el Alto Huallaga, el Alto Mayo, porque esta parte del país tiene que ser motor del desarrollo, objetivo que se logrará con un trabajo conjunto con la población.

Construcción de un proyecto 

De otra parte, señaló que cuando el Partido Nacionalista llegó al Gobierno, pocos creían en ellos. Junto a la Primera Dama, Nadine Heredia, recorrieron el Perú “llevando una idea, un proyecto, una esperanza”, que ahora han venido construyendo desde el Gobierno.

“En el camino se han ido quedando algunas personas, grupos, que creían que primero estaban los intereses subalternos al interés nacional, pero hemos seguido avanzando”, afirmó.

Sostuvo también su su gestión ha construido, más allá de los intereses políticos partidarios, infraestructura y servicios de agua y desagüe, que no es una ideología de izquierda o derecha, sino beneficios para los que menos tienen. 

En la región San Martín, apuntó, hay más de 3,000 jóvenes que se benefician del programa Beca 18, y que esta zona vive en paz, a diferencia de los años violentos del pasado.

/CCH/ Andina

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén Olaya, consideró que el pedido de censura en su contra, presentado por congresistas de diversas bancadas, es una maniobra política que trata de desestabilizar a su gestión y al propio Gobierno.

“Detrás de todo esto existe una innoble maniobra política cuya pretensión es desestabilizar al Gobierno, generando una pésima sensación a la ciudadanía. En tiempos de proceso electoral, no estamos demostrando a la ciudadanía, como clase política, unidad ni responsabilidad frente a los deberes que tenemos”, dijo.

Adrianzén Olaya recordó que durante su presentación en el pleno del Congreso, el pasado el martes, absolvió a cabalidad el pliego interpelatorio, con documentos probatorios que sustentaron sus argumentos.

“Los documentos que se han presentado no han sido leídos ni analizados, no encuentro otra explicación. He entregado un file completo a la Mesa Directiva demostrando que decenas de procuradores en servicio piden autorización y se les ha concedido. Nunca he negado algún pedido de autorización para declarar a los medios”, sostuvo.

Añadió que la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo conocía el reglamento y que incluso lo ejecutó en anteriores oportunidades, en la gestión de otros ministros de Justicia y Derechos Humanos.

“Presenté seis documentos a los congresistas probando de manera absoluta y categórica que la señora procuradora solicitó hasta en tres oportunidades autorización para declarar ante los medios de comunicación", indicó.

En dos oportunidades, según precisa, lo hizo a la ministra del gobierno anterior, Rosario Fernández y en este gobierno pidió autorización al entonces ministro Francisco Eguiguren. 

"Entonces cómo es posible que ahora la señora diga que esa norma es inconstitucional si en ese momento la conoció, la cumplió y la ejecutó”, refirió.

El titular de Justicia y Derechos Humanos fue enfático en señalar que en todo momento se apoyó la labor de esta procuraduría y que es respetuoso de las decisiones que se tomen en el Palacio Legislativo, en referencia a la moción de censura.

"Puedo opinar que los señores congresistas están en todo su derecho de promover las acciones que crean pertinentes, yo no voy a denostar las actitudes ni las acciones del Parlamento porque no podría y porque mi conducta democrática no me lo permite”, refirió.

/CCH/ Andina

El exministro de Justicia, Francisco Eguiguren, consideró que el Tribunal Constitucional (TC) debe declarar improcedente el recurso del Ministerio Público contra el hábeas corpus que archivó la investigación por lavado de activos a la Primera Dama, Nadine Heredia.

Señaló que si bien este tema tiene mucha "sensibilidad política", "jurídicamente está claro", razón por la cual señaló no tener "la menor duda" de que el recurso de agravio constitucional será declarado improcedente.

"Es un caso que tiene mucha sensibilidad política por lo que implica, pero no tengo la menor duda de que se declarará improcedente, no me imagino que pueda pronunciarse en otro sentido", apuntó.

Precisó que tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional establecen que el TC solo puede conocer un recurso de agravio constitucional cuando se ha perdido una demanda en segunda instancia, hecho que no corresponde al caso de la Primera Dama, que ganó su recurso.

En declaraciones a RPP, el jurista explicó también que la demanda de la Fiscalía no puede ser visto por el TC como caso excepcional, porque esa posibilidad, abierta por el propio organismo constitucional, solo es para casos de lavado de activos procedente del narcotráfico.

Cambio de reglamento

Respecto al cambio en el reglamento del TC para determinar un caso como vinculante, Eguiguren aseveró que es equivocado señalar que esta modificación beneficiará al caso de la Heredia Alarcón.

Recordó que el hábeas corpus, recursos de la Primera Dama sobre el cual se debe pronunciar el TC, se resuelve con mayoría simple. "Siempre ha sido así, no ha habido cambio en ese sentido", manifestó.

Aseveró, asimismo, que en el TC lo que está en discusión en el caso de la esposa del Presidente, es si la investigación reabierta por el fiscal Ricardo Rojas tenía nuevos elementos, dado que este mismo caso había sido archivado.

"En derecho existe el principio de la cosa juzgada, si me investigaron y me absolvieron, no me puede volver a investigar. No puedo, como Ministerio Público, decir que la investigación estaba mal hecha. Si abre investigación, debe ser por otros hechos" refirió.

"No se puede estar expuesto a una investigación siempre, hay gente del Apra y del fujimorismo que se ha beneficiado de este razonamiento", añadió.

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