Política

Desde el viernes 24 de noviembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) absolverá consultas a los ciudadanos con discapacidad auditiva utilizando Lengua de señas peruana mediante la atención por videollamada, informó el organismo electoral.

Conforme con el organismo electoral, la atención se llevará a cabo utilizando una dinámica de citas virtuales, parecido a la utilizada por las entidades prestadoras de salud para sus consultas médicas en línea.

Para acceder a este servicio, el ciudadano con discapacidad auditiva tendrá que contactarse al número de WhatsApp 951 869 432. A continuación, será informado sobre los días y horarios disponibles para separar su cita de atención.

Para separar su cita el ciudadano deberá registrar su nombre completo, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), número de celular para contacto (debe tener WhatsApp instalado) y una breve descripción del motivo de la consulta. Posteriormente se confirmará al ciudadano el registro correspondiente y se programará su cita.

Llegado el día señalado, el organismo electoral realizará una videollamada vía WhatsApp al número de contacto registrado por el ciudadano. Durante esta sesión, un intérprete de lengua de señas peruana será el intermediario entre el ciudadano y el especialista de atención.

La lengua de señas peruana, según la Ley 29535, debe entenderse como la lengua de una comunidad de personas con discapacidad auditiva, que comprende las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales y sociales y que tradicionalmente son utilizados como lengua en un territorio determinado.

Dicha ley, promulgada en el año 2010, tuvo el objeto de regular y otorgar reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana como lengua de las personas con discapacidad auditiva en todo el territorio nacional. Esta disposición no afecta la libre elección del sistema que desee utilizar la persona con discapacidad auditiva para comunicarse en su vida cotidiana.

Al captar consultas de los ciudadanos con discapacidad auditiva mediante Lengua de señas peruana la ONPE se alinea con lo dispuesto en el artículo 3° de la mencionada ley, que dispone que el Estado promueve las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la lengua de señas peruana y otros sistemas de comunicación alternativos validados por el Ministerio de Educación.

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La Cancillería lamentó la situación que atraviesa el avión que transporta a la selección venezolana de Fútbol e informa que el Gobierno del Perú no ha dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible de dicha nave.

Asimismo, también se indica que se vienen realizando las gestiones necesarias para solucionar dicho problema.

Mediante sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó que la nave no pueda zarpar y dio precisiones sobre dicha situación.

En ese contexto, la Cancillería Peruana indicó que “la citada aeronave viene experimentando restricciones de abastecimiento de índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano”.

Gestiones para solucionar problema

“El Gobierno del Perú no ha dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible de dicha nave”, se precisa.

En tal sentido, se afirma en el mensaje que “la Cancillería lamenta la situación que atraviesa el avión” que transporta a la selección venezolana, que en la víspera empató con su similar peruana a un gol por equipo.

Ante ello, dicha dependencia del Poder Ejecutivo “se encuentra realizando gestiones que permitan solucionar a la mayor brevedad posible esta situación”.

Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, difundió mediante la red social X un mensaje reproduciendo un comunicado del Ministerio de Poder Popular de ese país.

El funcionario señala que se ha negado el suministro de combustible para el retorno del equipo de fútbol a su tierra de origen.

Las selecciones de Perú y Venezuela se enfrentaron ayer en el Estadio Nacional, en un encuentro en el que Yoshimar Yotún abrió el marcador en primer tiempo a favor del equipo local. El cuadro visitante emparejó en el segundo periodo, con anotación de Jefferson Savarino.

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La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) realizará este jueves 23 y viernes 24 su primer pleno con la finalidad de unificar criterios sobre asuntos relevantes del procedimiento administrativo disciplinario, sentando las bases para la creación de documentos que faciliten la gestión de los despachos contralores.

La actividad, que tendrá lugar en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia, contará  con la participación de los jefes de las 34 Oficinas Descentralizadas de la ANC-PJ, así como de los jueces de la Oficina Central de la Autoridad Nacional de Control.

También se abordarán temas significativos que incluye el análisis de los pilares fundamentales para una adecuada gestión del despacho contralor, poniendo especial énfasis en fortalecer el enfoque preventivo y concurrente del control funcional como parte de la estrategia de control de la institución.

Cabe resaltar que, el pleno nacional representa un punto significativo en el fortalecimiento de la institucionalidad judicial, que consolida la visión de la ANC-PJ bajo la presidencia de Roberto Palacios Bran.

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  El presidente del Congreso, Alejandro Soto, exhortó a la Comisión de Presupuesto a encontrar lo consensos y culminar el día de hoy con la aprobación del dictamen de la ley de presupuesto para el año 2024, presentado por el Ejecutivo.

Indicó que la aprobación permitirá que mañana se pueda iniciar en el debate de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, presentado por el Ejecutivo.

 “Desde la presidencia exhortamos al presidente de la Comisión de Presupuesto a que haga sus mejores esfuerzos para que hoy podamos contar con el dictamen de la ley e presupuesto 2024 e iniciar su debate mañana, a fin de cumplir de manera oportuna con los establecido por la Constitución y el reglamento del congreso”, refirió.

Hasta el 30 de noviembre, según la Constitución Política, tiene plazo el Congreso para aprobar uno de los instrumentos de gestión pública más importantes del país: el Presupuesto General de la República para el Año Fiscal 2024.

Tras esta exhortación, el titular del Parlamento levantó la sesión del pleno y convocó  a la junta Portavoces en la sala Grau.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Jerí, dijo ayer que hoy se presentaría el predictamen del proyecto del Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 para su posterior votación.

"Damos por concluida la ronda de oradores antes de someter a votación el predictamen que será presentado mañana a las 11.00 horas en esta sala. Vale precisar que estamos buscando aún los consensos sobre planteamientos nuevos que los señores congresistas han presentado y que obviamente tienen que entrar en evaluación", refirió Jerí.

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El pleno del Congreso admitió por mayoría la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich, debido a la contaminación causada en las cuencas de los ríos Llallimayo, Jatun Ayllu y Chacapalca, en la región Puno.

La moción, presentada por el congresista Carlos Zeballos, obtuvo 74 votos a favor 23 en contra y 3 abstenciones.

Zeballos dijo que el Ministerio de Energía y Minas es el llamado a intervenir frente a la contaminación que genera la actividad minera sobre las cuencas de Lago Titicaca y no ha respondido a esta función, lo que  causa daño en la población.

Tras esta decisión, el ministro Vera deberá presentarse al Congreso para responder el pliego interpelatorio que consta de 55 preguntas.

Cabe recordar que en la sesión del pleno del pasado 16 de noviembre de 2023 se dio cuenta de la moción de interpelación, tal como lo establece el reglamento del Congreso.

Autorizan ingreso de personal militar de Ecuador

Asimismo, el pleno del Congreso aprobó, con 76 votos a favor, el proyecto de Resolución Legislativa 6416, que propone autorizar el ingreso y tránsito por aguas territoriales de la República del Perú de una unidad naval y personal militar extranjero de la República del Ecuador.

El vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Juan Carlos Lizarzaburu, explicó que el buque de la armada ecuatoriana, con 45 tripulantes, ingresará desde Talcahuano, en Chile, hasta Guayaquil, Ecuador, en un plazo de cuatro días, del 24 al 27 de noviembre.

Preciso que el Ejecutivo, que remite la iniciativa, precisó que ello que no afecta la soberanía, la integridad territorial ni involucra la instalación de bases extranjeras y que fue aprobado por unaminidad en la Comisión de Defensa.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que su gobierno está preparado para prevenir y atender los posibles daños que pueda ocasionar la presencia del Fenómeno El Niño en nuestro país.

Dicha declaración fue ofrecida durante la ceremonia de presentación de la maquinaria adquirida para atender las emergencias ocasionadas por este fenómeno climatológico durante finales de este y el próximo año.

"Estamos preparados para poder atender en el momento de la prevención, pero también durante el efecto (que ocasiones el Fenómeno) El Niño y luego después, porque hay que reconstruir rápidamente aquello que daña estos problemas del clima", manifestó.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, participa hoy en la ceremonia de presentación de maquinaria para atender las emergencias ante la llegada del Fenómeno El Niño en nuestro país.

Esta información se da a conocer a través de la cuenta oficial de la Presidencia en la plataforma X (antes Twitter).

Según la agenda presidencial el acto se desarrollará a las 11:00 horas en el distrito del Callao.

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El Congreso de la República asignó, por acuerdo de la Mesa Directiva, un bono extraordinario de 2 UIT o S/ 9 900 para cada parlamentario, además del que fue otorgado a trabajadores del Parlamento por el mismo monto, confirmó la parlamentaria Flor Pablo.

La legisladora no agrupada señaló, mediante su cuenta de X (antes Twitter), que ese dinero le fue depositado sin su consentimiento, por lo que realizará la devolución del mismo.

En la publicación adjuntó también la carta que remite al presidente del Congreso, Alejandro Soto, en donde expresa su disconformidad con el acuerdo de Mesa Directiva del 14 de noviembre de 2023, que tuvo por finalidad la entrega de dicho bono, el cual fue abonado en su cuenta bancaria personal.

“Rechazo cualquier tipo de bonificación extraordinaria a favor de los congresistas, lo cual no tiene ninguna justificación. Este tipo de decisiones discrecionales a puertas cerradas lo único que trae consigo es un mayor rechazo a la institución del Congreso y al sistema democrático en su conjunto”, señala la legisladora en el documento.

Asimismo, expresó que la entrega de este incentivo puede ser comprendida por la ciudadanía “como una forma de ganar voluntades políticas a cambio de un favorecimiento económico”.

En ese sentido, la parlamentaria menciona que la inédita bonificación de S/9 900 se hace efectiva luego de aprobarse diversas normas de gran impacto en nuestro país, que en el pasado no habían logrado el consenso necesario; y ad portas del voto del informe de calificación de la Comisión de Ética respecto de una de las integrantes de la Mesa Directiva, en referencia a la legisladora Rosselli Amuruz.

“Finalmente, ante la evidente crisis económica por la que viene atravesando nuestro país, es un pésimo mensaje a la población que sus representantes repartan el dinero público de forma completamente arbitraria”, agrega Flor Pablo.

La congresista no agrupada señaló que está realizando las gestiones administrativas pertinentes para que ese dinero vuelva al presupuesto institucional y exhortó a los otros parlamentarios a que hagan lo propio.

Diversos medios informaron recientemente que la Mesa Directiva del Congreso aprobó otorgar un bono de 2 UIT a cada trabajador parlamentario, sin distinción de su régimen laboral. En el documento propalado, sin embargo, no se hace mención sobre el bono a los legisladores.

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Fueron ampliadas las competencias del procurador público encargado del caso de la extradición del exjuez supremo César Hinostroza.

Estas disposiciones constan en la resolución D000616-2023-JUS/PGE-PG publicada hoy en la gaceta de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

En ella se precisa que esta ampliación de las competencias del procurador público Javier Pacheco Palacios tiene como objetivo facilitar las acciones que este realizará ante las autoridades de Bélgica.

Pacheco Palacios reemplaza en el cargo a Amado Enco Tirado, quien renunció en 2020, quedando como encargado del caso.

En ese contexto, es que se dispone ampliar sus competencias en este asunto, a fin de que pueda efectuar las acciones que resulten necesarias en Bélgica para avanzar en la extradición de Hinostroza, ya que la delegación competencial anterior lo autorizaba a hacer lo propio en España.

Antecedentes

El semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ publicó en setiembre un reportaje en el que se indica que el referido exvocal supremo se halla en Bruselas, Bélgica, cuando se asumía que continuaba en España. Además, se indicó que seguía recibiendo una pensión del Poder Judicial.

Hinostroza se encuentra en calidad de prófugo de la justicia peruana desde 2018, por lo que las órdenes para capturarlo a nivel policial se mantienen activas.

El citado exmagistrado está implicado en el caso denominado ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que involucra a integrantes del Poder Judicial, empresarios y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura en supuestos actos de tráfico de influencias.

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Diversas medidas destinadas a avanzar en el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, incluida la revisión periódica de las órdenes de prisión preventiva y el uso de grilletes electrónicos, contiene el decreto legislativo 1585, emitido por el poder Ejecutivo.

Este aparece publicado hoy en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano, y modifica el Código Penal, el Código Procesal penal y el Código de Ejecución penal, así como el decreto legislativo referido a la vigilancia electrónica personal (decreto legislativo 1322).

De igual manera, se plantean modificaciones a la ley sobre el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de la libertad (Ley 30219) y al decreto legislativo que regula la conversión de penas privativas de la libertad por penas alternativas (DL 1300).

La norma publicada hoy se enmarca en las facultades legislativas dadas al Ejecutivo por el Congreso, y también en la resolución del Tribunal Constitucional en la que se dispone la dación de medidas para aliviar el hacinamiento en las cárceles, por considerar que esta situación impide la resocialización de los internos y ha llegado a extremos insostenibles.

Con respecto a los grilletes electrónicos, las modificaciones al Código Penal y al DL 1322 señalan que su uso se aplica a personas procesadas por delitos cuya pena privativa de la libertad no sea superior a diez años.

En ese sentido, se indica que el juez podrá aplicar esta modalidad cuando se dicten penas no mayores de diez años. Cuando la condena es no menor de diez ni mayor de doce años, la aplicación de la vigilancia electrónica personal irá acompañada por prestación de servicios a la comunidad.

Estas condiciones también se tendrán que cumplir en los casos en los que la pena privativa de la libertad ya viene siendo cumplida. En ese punto se indica, además, que, si la pena es no mayor de seis años, el juez puede convertirla al sistema de vigilancia electrónica personal.

Prisión preventiva

En cuanto a la prisión preventiva, se indica que dicha medida podrá dictarse cuando la sanción a imponerse al procesado sea superior a cinco años de pena privativa de la libertad.

Se precisa, asimismo, que, luego de seis meses de ejecutada la prisión preventiva, el juez de la investigación preparatoria “revisa de oficio la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición”. Esto se realizará de manera obligatorio, transcurrido el mencionado lapso.

A fin de cumplir con ello, el magistrado convocará a una audiencia en la que se evaluará si continúan presentes los motivos que llevaron a la aplicación de esta detención. Se indica también que tanto el imputado como la fiscalía pueden apelar la decisión que se tome al respecto.

Dicha apelación “no impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dicta auto de cesación de la prisión preventiva”, se indica.

En cuanto a los extranjeros que cumplen pena privativa de la libertad en Perú, se indica que el beneficio de salir del país para cumplir su condena en su lugar de origen se extenderá cuando su condena no sea mayor de doce años  y cuando se encuentren “en la etapa de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario”.

Respecto a la conversión de penas privativas de la libertad por penas alternativas, se señala que este beneficio se aplicará cuando se trate de penas no mayores de diez años. Para casos de delito de omisión de pago de asistencia familiar, la conversión puede darse cuando se certifique el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia.

/DBD/