Política

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, calificó como un acto de amedrentamiento la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) que la sindica como líder de una presunta organización criminal que opera desde el Ministerio Público.

En ese sentido, señaló que no retrocederá y se mantendrá en el cargo al frente del Ministerio Público.

"No permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer hechos y encontrar a los verdaderos responsables", señaló en un pronunciamiento.

Afirmó que continuará con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre del 2022 y marzo del presente año, así como de todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público.

"Hoy reafirmo mi compromiso como Fiscal de la Nación frente a ustedes porque no temo a las represalias que puedan seguir tomando contra mi persona", sostuvo.

En ese sentido, la magistrada dijo que los recientes actos de investigación que la involucran tienen como propósito amedrentarla para no continuar la lucha contra la impunidad.

Denuncia constitucional

Además, anunció que ha presentado denuncia constitucional ante Congreso de la Republica contra la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra; el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola; César Augusto Cervantes, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero por la presunta comisión delito homicidio calificado en agravio de  Víctor Santisteban Yacsavilca y lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo.

"No se puede permitir la muerte de ningún peruana ni peruano, ni el abuso poder. No se puede permitir que se traten de dañar  la imagen de fiscales honestos. El pueblo se da cuenta de ello, por eso siempre he procedido conforme a la Constitución y la ley", concluyó.

El pronunciamiento de la fiscal Benavides se realiza luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la Diviac de la Policía Nacional inició un operativo con allanamiento de viviendas y oficinas contra sus asesores y ex asesores. Al respecto, aseguró que se viene dando todas las facilidades para la investigación.

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Los chats que revelarían la presunta existencia de una red criminal en el Ministerio Público, han evidenciado que mi inhabilitación por parte del Congreso tuvo carácter político y que detrás de ello se encuentra la hoy titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, junto a su entorno más cercano, sostuvo la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Sostuvo que ella venía advirtiendo ello hace meses y por ello, en la sesión del 1 de junio de la Junta de Fiscales Supremos, señaló que le habían llegado trascendidos de que dos asesores y un coordinador parlamentario del Ministerio Público estaban haciendo lobby en su contra, a fin de que quede en autos.

Agregó que no tenía los nombres de esas personas y solo le comentaron que uno de esos esos asesores era “un señor robusto”, que sería Jaime Villanueva, hombre de confianza de Benavides, hoy detenido en el marco de la investigación a la presunta organización criminal que encabezaría la fiscal de la Nación.

Como parte de dichas pesquisas, hoy salieron a la luz unos chats entre Villanueva y un colaborador eficaz que revelarían coordinaciones para lograr, entre otros objetivos, la destitución de Ávalos Rivera por parte del Congreso.

Para la exfiscal de la Nación, ello se habría dado por orden de Patricia Benavides, ya que le resultaba incómoda dentro de la institución.

“Yo creo que hoy día ha quedado evidenciado que mi inhabilitación no tuvo ningún criterio jurídico, fue de carácter político y venganza, porque la señora (Benavides) ya había dicho que se iba a vengar, yo sabía que ella estaba trabajando todo esto en contra mía, lastimosamente yo no lo podía probar”, declaró Zoraida Ávalos a RPP.

Asimismo, consideró que la situación es parecida a lo ocurrido en los años noventa con la entonces fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán, puesto que se habría producido un copamiento dentro del Ministerio Público y desmantelamiento de diferentes casos, lo que ha terminado afectando a la institución.

“La llamada a tomar acciones en este momento es la Junta Nacional de Justicia, porque ha quedado evidenciado que quien lideraba a este equipo es nada menos que la fiscal de la nación (…) Si es que la Junta tomara acciones y la suspendiera (a Benavides), de ser el caso, tendría que entrar el que le sigue en antigüedad, que es Pablo Sánchez”, sostuvo Ávalos.

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El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción ratificó las acciones lideradas por Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado frente a las investigaciones que involucran a los asesores de la fiscal de la nación Patricia Benavides y rechazan la resolución que separa a la fiscal Barreto.

Mediante un pronunciamiento hicieron de conocimiento público que rechazan el acto resolutivo emitido por la Fiscal de la Nación que concluye en funciones a la Dra. Marita Barreto Rivera en calidad de Fiscal Superior Coordinadora del Equipo Especial, lo cual solo genera perjuicio y retraso en las investigaciones.

Así también, solicitan a la Junta de Fiscales Supremos que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad.

Es en ese sentido que, invocan a la ciudadanía y a las instituciones a mantenerse vigilantes sobre acciones que pudieran formularse contra los señores fiscales que conforman el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

En dicho comunicado señalan además que los fiscales del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, permanecerán en el cargo a fin de no perjudicar las investigaciones y serán oportunos denunciantes ante cualquier acto que suponga la vulneración de la autonomía e independencia de las funciones propias en el cargo.

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La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático- Juntos por el Perú) anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides a fin que sea sancionada e inhabilitada, tras la revelarse que la magistrada lideraría una presunta organización criminal.

"La fiscal es una alta funcionaria, es una aforada, corresponde una denuncia constitucional, yo la estoy presentado, espero que los congresistas que se han lavado (llenado) la boca con la lucha contra corrupción, esos mismos congresistas hoy cumplan los plazos y se abra investigación para que la señora sea sancionada e inhabilitada", señaló Luque en declaraciones a la prensa.

La legisladora calificó de escandalosos los chats revelados por la prensa y redes sociales que muestran una clara instrumentalización política para socavar el Ministerio Público y poner a la institución al servicio de unos cuantos.

Luque aludió las conversaciones de Jaime Villanueva, asesor de Benavides, para la destitución de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y lograr la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo.

Ante lo expuesto, exhortó a las fuerzas políticas representadas en el Congreso a pronunciarse y no mantener un silencio cómplice frente a la gravead de los hechos.

"Hoy las grandes fuerzas políticas no dicen nada, ahora exigen debido proceso", cuestionó Luque.

Consideró que su colega Patricia Chirinos, mencionada en los chats del asesor Villanueva, también debería ser denunciada constitucionalmente. No obstante, precisó que el recurso que ella presenta solo incluye a la fiscal Benavides.

Además, la congresista consideró que la Junta de Fiscales Supremos y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pueden suspender provisionalmente a Patricia Benavides del cargo de Fiscal de la Nación.

"Sería inaudito que una fiscal acusada de liderar una red criminal para usar políticamente el Ministerio Público pueda seguir en el cargo. Eso no se puede permitir", enfatizó.

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La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio por concluida la designación de la abogada Jhousy Margot Aburto Garavito, titular de la investigación de los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado ocurridas en noviembre de 2020. caso.

La medida se adopta a pocas semanas de que finalice la investigación del caso.

En enero de este año, Aburto Garavito fue designada como la fiscal encargada de investigar, de manera exclusiva, los sucesos y muertes de los jóvenes durante las jornadas de protesta en contra del gobierno del entonces presidente Manuel Merino.

Posteriormente, el 29 de setiembre de 2023, el Ministerio Público resolvió prorrogar la vigencia de la investigación.

Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, e Inti Sotelo Camargo, de 24 años, fallecieron el sábado 14 de noviembre del 2020.

Sus muertes precipitaron la renuncia de Merino a la Presidencia de la República.

La resolución que da por concluida la designación de la fiscal Aburto Garavito se da en el mismo día que se da por concluida el nombramiento de la fiscal Marita Barreto del cargo de coordinadora del Equipo Especial de fiscales contra la corrupción en el poder, el cual ocupaba desde julio de 2022.

En el marco de una investigación a una presunta red criminal que opera en el Ministerio Público, agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, detuvieron a Jaime Villanueva, hasta hace poco asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La detención se efectuó luego de ser dado de alta en la Clínica San Pablo, ubicada en Surco, a donde llegó tras conocer la orden de arresto en su contra.

Villanueva abandonó el nosocomio enmarrocado.

César Euscate, abogado defensor de Villanueva, señaló que su patrocinado colaborará con el desarrollo de las investigaciones.  Precisó que la detención preliminar es por 10 días.

Comentó que su defendido ingresó a la clínica San Pablo al presentar un malestar por lumbalgia, sin embargo, fue dado de alta, al descartarse complicaciones de salud.

La orden de detención, descerraje y allanamiento de la vivienda  de Villanueva en el distrito de La Molina, así como de su oficina en el Ministerio Público y el registro de dos vehículos de su propiedad, fue dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Ello, tras resolver a favor de un pedido del equipo especial de fiscales que investiga a Villanueva Barreto y otros asesores como parte de una presunta organización criminal "enquistada en la alta dirección del Ministerio Público" y que estaría encabezada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo al equipo especial, Villanueva Barreto y Miguel Angel Girao Isidro, funcionarios del Ministerio Público, así como el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, integrarían una organización criminal que habria "instrumentalizado" la "persecucion penal para beneficio propio".

Estas acciones tuvieron el objetivo de influir "ilicitamente en decisiones de congresistas" para la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación, "para fines ilícitos".

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene, en estos momentos, las atribuciones para suspender de su cargo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de manera provisional, hasta que se aclaren las investigaciones que la involucran a ella y su entorno en una presunta red criminal, coincidieron la congresista Gladys Echaíz y el exprocurador anticorrupción José Ugaz.

“La ley le da (a la JNJ) atribuciones para hacerlo”, sostuvo Echaíz, exfiscal de la Nación, quien prefirió evitar pronunciarse sobre el tema de fondo o opinar sobre si Benavides debiera dar un paso al costado.

No obstante, dijo estar apenada por lo que está ocurriendo en el Ministerio Público y consideró que se vienen “momentos difíciles”, ya que se trata de una institución que es básica para el país.

Por su parte, José Ugaz sostuvo que las investigaciones del Equipo Especial contra la corrupción en el poder (EFICCOP) que involucran a la fiscal de la Nación revelan una circunstancia grave, ya que se habría puesto al descubierto una presunta red enquistada en el más alto nivel del Ministerio Público para favorecer intereses de congresistas y otros sectores de la política, por lo que habría perdido toda legitimidad.

 “Aquí lo que tendría que ocurrir hoy, inmediatamente, es que la JNJ, en aplicación del artículo 45.2 de su ley orgánica, convoque a una reunión de emergencia, decida la suspensión provisional de la fiscal de la nación (Patricia Benavides) y que asuma transitoriamente un fiscal supremo de los dos que quedan disponibles”, declaró el jurista a RPP.

Así lo señaló debido a que la Junta de Fiscales Supremos está integrada por la propia titular del Ministerio Público y por Delia Espinoza, quien actualmente integra el Jurado Nacional de Elecciones en representación de su institución y por tanto no participa en dicho órgano.

Los otros fiscales supremos que integran la junta son Pablo Sánchez -quien ya fue fiscal de la Nación y también asumió de manera interina cuando fue suspendido del cargo Pedro Chávarry- y Juan Carlos Villena, mencionó.

Sobre el proceso en la JNJ, sostuvo que lo que correspondería es convocar a Benavides Vargas a una audiencia en donde dé sus descargos y luego la entidad decidirá si la suspende o no provisionalmente. “Suspensión que puede durar hasta 6 meses, para que se vayan aclarando estos hechos”, agregó Ugaz.

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La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, sostuvo hoy que lidera un gobierno “de manos limpias” y que continuará luchando contra la corrupción que le hace daños al país, durante la inauguración de la X Conferencia Anual Internacional por la integridad.

“Quiero decirles a ustedes, los presentes y a todos los hermanos y hermanas que nos ven, que somos un gobierno con las manos limpias y seguiremos luchando férreamente contra la corrupción que tanto daño le ha hecho al país en décadas”, apuntó.

La mandataria, asimismo, indicó que el próximo 7 de diciembre cumplirá un año de gestión, luego de un golpe de Estado, y no tiene “atisbo ni carpetas de investigación por temas de corrupción”.

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El pleno del Congreso se reunirá mañana martes 28 para continuar con el tratamiento de los dictámenes de los proyectos de Ley de Endeudamiento, Equilibrio Financiero y Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. La sesión fue convocada para las 10.00 horas.

La decisión se adoptó a solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Jerí (SP), según el comunicado suscrito por Oficialía Mayor del Parlamento.

Con ello se suspende el pleno de hoy previsto para las 16:00 horas y se reanuda mañana.

Como se recuerda, la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, que asciende a 240 806 millones 216 645 soles.

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