Política

Al término de la segunda mitad del año 2023, la Defensoría del Pueblo reportó 5779 casos de corrupción a nivel nacional.

La cifra figura en el reporte ‘Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional’. Esta es cercana a la registrada en la primera mitad del año pasado, la cual ascendió a 5860 casos.

Este reporte se basa en información de la Procuraduría Anticorrupción, Ella da cuenta de que son las municipalidades las que tienen el mayor porcentaje de casos de corrupción en trámite, con el 39% (en el primer semestre, este ascendió a 41%).

Asimismo, se indica que en 17 departamentos son las municipalidades en las que se reportan más casos de corrupción, siendo seguidas por los gobiernos regionales y la Policía Nacional.

Lima es el departamento que tiene mayor número de estos casos (18%) seguido por Áncash y Junín (7% en cada uno).

Demandan celeridad

Con respecto al estado en que se encuentran estos, el 99% está en investigación fiscal. De dicho porcentaje, el 95% (5488) están en investigación preliminar, mientras que un 4% está en investigación preparatoria y el 0.7% se mantienen en etapas intermedias y de juicio oral.

En tal sentido, la Defensoría demanda mayor celeridad en los procesos investigatorios realizados por el Ministerio Público.

Los delitos más recurrentes en este universo de casos son los de peculado, con 23% (1346 casos); negociación incompatible, con 22% (1249). y colusión, con 18% (1046). Solo el 0.4% (25) de estos casos son considerados emblemáticos.

/NDP/PE/

La Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy archivar las denuncias constitucionales interpuestas contra la presidenta Dina Boluarte por presuntamente ejercer actos de gestión a nombre del Club Departamental Apurímac cuando ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba archivar las denuncias constitucionales 268 y 269 (acumuladas) se aprobó con 17 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

Las citadas denuncias contra la hoy mandataria se plantearon por la probable infracción de los artículos 38 y 126 de la Constitución Política. Asimismo, la segunda de ellas incorporaba la presunta comisión de los delitos de omisión de actos funcionales y negociación incompatible.

El congresista Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos Por el Perú), en su calidad de autor del informe final, expuso ante la Comisión Permanente las conclusiones del documento, ratificándose en el archivamiento.

Como se recuerda, el grupo de trabajo que preside la congresista Lady Camones aprobó el citado informe final el 5 de diciembre de 2022, con 13 votos a favor y ocho en contra.

Previamente, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó archivar la denuncia constitucional contra el excongresista Héctor Becerril por presunta infracción a la Constitución y presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado.

El grupo de trabajo aprobó el citado informe final el pasado 13 de diciembre.

Luego de ambas votaciones, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dispuso levantar la sesión de la Comisión Permanente hasta las 16:00 horas.

/PE/

Un llamado al Congreso a fin de que esta institución establezca “una línea de acción de gobernabilidad” hizo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, al comentar los diversos pedidos de interpelación planteados contra varios ministros en dicho poder del Estado.

En declaraciones a la prensa dadas al término de la primera sesión del Consejo de Estado Municipal, el titular del gabinete señaló que las interpelaciones contarán con la presencia de los ministros, pues se trata de una práctica propia de la democracia.

Otárola dijo haber contabilizado un promedio de siete mociones de interpelación contra los miembros del Gabinete. Sin embargo, estas iniciativas “no necesariamente favorecen a la gobernabilidad del país, sino que polarizan”, apuntó. 

En ese sentido, dijo, “hacemos un llamado al Congreso de la Republica a establecer una línea de acción de gobernabilidad” en estos temas.

Consideró, por tanto, que los ministros “pueden ir a las comisiones (parlamentarias), que es lo que usualmente se hace”, antes que ser sometidos a interpelaciones.

Con respecto a los pedidos para interpelar al ministro del Interior, Víctor Torres, recordó que este “tiene muy poco tiempo en el cargo”. “Creemos que las políticas públicas tienen que ser sostenidas y sostenibles. Cada ministro tiene que hacer su trabajo y ese trabajo se evalúa”, indicó.

Seguridad ciudadana

Con respecto a la seguridad ciudadana, Otárola indicó que el Plan Perú Seguro desarrollado desde el gobierno implica “reorientar los recursos destinados a este tema para trabajar con las juntas vecinales”.

Asimismo, se ha previsto desarrollar un trabajo técnico que permita repotenciar logísticamente a la Policía Nacional. Esto pasa por optimizar los estándares logísticos del Ministerio del Interior “que no han funcionado bien en la adquisición de equipos”, apuntó.

Asimismo, destacó que se haya declarado en emergencia las localidades de Trujillo y Pataz. Indicó que esta última se ha establecido expresamente la participación de las Fuerzas Armadas, al registrarse derribos de torres eléctricas, minería ilegal y otros delitos de gravedad.

/AC/Andina/

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, resaltó que con la realización del Primer Consejo de Estado Municipal (Cemuni) el Gobierno inicia “una nueva dinámica de trabajo” junto a los alcaldes de todo el país.

En ese sentido, Otárola consideró que la realización del Cemuni “es una propuesta inédita y audaz”, y adelantó que “será una instancia que se va a institucionalizar” durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Señaló que este tipo de encuentros permitirá “un trabajo conjunto y articulado” entre el Poder Ejecutivo y las autoridades municipales, destinado a solucionar los problemas de cada jurisdicción y a destrabar proyectos importantes para sus poblaciones.

“Hoy comenzamos una nueva dinámica de trabajo con los alcaldes”, manifestó Otárola en el discurso que pronunció al inaugurar este encuentro. “Una relación mucho más cercana y directa” entre ambas instancias es lo que se busca lograr, manifestó.

Con este tipo de acercamiento “queremos darle un sentido más amplio a la democracia”, indicó. Esto se traduce en el diálogo directo entre los ministerios y los alcaldes que se dará durante los dos días que durará este consejo de Estado.

Actividades de hoy

Otárola precisó que hoy, primer día del Cemuni, los ministros de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, y del Interior, Víctor Torres, expondrán sobre temas referidos al acceso al agua potable y a la seguridad ciudadana, respectivamente.

Asimismo, los alcaldes podrán acceder a espacios en los que representantes de los ministerios de Vivienda, Transportes, Desarrollo Agrario, Educación y Cultura les brindarán asistencia técnica y recomendaciones para el destrabe de proyectos en sus jurisdicciones.

Asimismo, se implementarán mesas para la absolución de consultas técnicas con especialistas de la presidencia del Consejo de Ministros y de diversas carteras ministeriales, además de stands en los que se brindará información sobre las acciones del Poder Ejecutivo destinadas a garantizar la seguridad territorial.

/DBD/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participa en la inauguración del I Consejo de Estado Municipal (Cemuni) a realizarse en el distrito de San Borja.

Esta información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de la Presidencia en la plataforma X (antes Twitter).

La agenda presidencial precisa que esta actividad se desarrolla desde las 9:15 horas.

Como se recuerda, más temprano la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunció la realización del I Consejo de Estado Municipal, a realizarse en el Ministerio de Cultura.

Asimismo, se adelantó que, en esta reunión, que se extenderá hasta mañana participarán más de 100 alcaldes provinciales.

/DBD/

En una ceremonia donde participaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas, titulares de las entidades adscritas, así como el personal militar y civil del sector Defensa, Walter Astudillo fue presentado como nuevo titular del Ministerio de Defensa (Mindef)

Como se recuerda, el general del Ejército en retiro juró al cargo este martes en Palacio de Gobierno, en reemplazo de Jorge Chávez Cresta.

 “En la sede del Mindef se realizó la ceremonia de presentación del ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, ante los altos mandos de las Fuerzas Armadas, titulares de las entidades adscritas, así como el personal militar y civil del sector Defensa”, informó la cartera ministerial en su cuenta de X.

Asimismo, en la víspera, el titular de Defensa se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Ojeda, para conocer la situación actual de las acciones y operaciones militares que se ejecutan en los comandos operacionales y especiales en el ámbito nacional.

/DBD/

El Ministerio Público nombró a un nuevo coordinador del Equipo Especial de Fiscales para los casos de las víctimas fallecidas o heridas durante las protestas sociales del año pasado.

Se trata de Luis Enrique Valdivia Calderón, cuya designación fue oficializada mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación 426-2024-MP-FN, publicada hoy en la gaceta del Diario Oficial El Peruano.

En esta misma resolución se nombra a Valdivia Calderón como fiscal superior provisional del distrito fiscal de Lima Centro.

De igual manera, se da por concluida la designación de la fiscal Raquel Cárdenas Manrique como coordinadora del mencionado equipo especial.

Asimismo, se da por concluida la designación en el referido grupo especial del fiscal Jorge Luis Díaz Cabello, y se designa a este como titular de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Los nombramientos y designaciones consignadas en esta resolución de la Fiscalía de la Nación tendrán vigencia hasta el 30 de junio del presente año.

Sustento de la norma

En la sección de argumentos de la resolución mencionada se indica que estos nombramientos y ceses responden a la jurisprudencia establecida desde el Tribunal Constitucional respecto a la temporalidad que debe tener la suplencia o provisionalidad de los fiscales.

Se recuerda también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la provisionalidad “no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria”.

/DBD/

El Perú es uno de los pocos países que registra en su historia procesos, detenciones y condenas contra expresidentes de la república, todos por delitos de corrupción, lo que implica el mal uso de los recursos del Estado.

Para el juez supremo penal Manuel Luján Túpez, esta situación tiene un aspecto positivo porque garantiza el trabajo que realiza la justicia sin interesar de quien se trate.

“Yo tomo la lección desde el lado positivo, que los peruanos y peruanas pueden tener la confianza de que el sistema de justicia en el país funciona”.

Luján Túpez reveló que el delito de colusión es el que más se imputa a funcionarios públicos, incluidos los altos dignatarios (expresidentes de la república, ministros, congresistas), y representa el 25 % del total de conductas ilícitas denunciadas.  

Señaló que luego siguen los delitos de peculado (19 %), cohecho con 18 %, negociación incompatible con 13 %, tráfico de influencias con 6 % y otros.

Colusión

“El delito de colusión supone el encuentro o concierto de voluntades entre el funcionario público, y a veces privados, o entre los mismos integrantes de la administración pública, con la finalidad de obtener un provecho propio o para un tercero, concertar para defraudar al Estado”, explicó el magistrado.

Peculado

Sostuvo que el delito de peculado es el equivalente al robo o al hurto si se hablara de privados. “Cuando el agraviado es el Estado y se apropian de dinero, caudales o efectos que son del Estado, es peculado”, precisó.

Refirió que “el delito de cohecho es un delito de relación, es decir, de encuentro entre dos personas, una que ofrece un beneficio, una promesa o un dinero a otra (funcionario público), para que este haga o deje de hacer algo que le corresponde, el cohecho tiene el título más común de ‘coima’ o soborno”.

“Los delitos contra la administración pública pueden ser cometidos por todos los funcionarios públicos como: ministros, gobernadores regionales, alcaldes; y otros vinculados a las infracciones de los deberes, que pueden alcanzar al más alto dignatario (presidentes de la república, congresistas, ministros), regidores, profesores, policías, etc., todo aquel que ejerce una función o servicio público”, añadió.

15 años de cárcel

Añadió que la mayoría de este tipo de delitos tienen penas que van desde los cuatro hasta los 15 años. “La mayoría de estos delitos no poseen beneficios penitenciarios, esto significa que los sentenciados tienen que cumplir todo el tiempo de la pena que se les haya impuesto”, acotó.

Los delitos contra la administración pública que tienen la mayor pena son los agravados: El peculado, cuando afecta dineros u obras que son de bien social (un hospital, un centro educativo o un proyecto social), tiene una pena agravada que va de ocho hasta 15 años.

También está el cohecho pasivo específico cuando el sobornado es un juez, un fiscal, un perito, un árbitro, en este caso la pena también es de ocho a 15 años.  

“En el caso de la colusión, si no se llega a perjudicar al Estado, si solo se quedó en el arreglo, pero no llegó a perjudicar al Estado, el delito se sanciona con una pena de tres a seis años, pero si llegó a perjudicarse al Estado, si se concretó el pacto ilícito la pena va de seis a 15 años”, explicó.

Los delitos de colusión, concusión, peculado, tráfico de influencias, sobre todo si son agravados no poseen beneficios penitenciarios, esto significa que deben cumplir la totalidad de la pena impuesta en las sentencias.

El magistrado, por otro lado, resaltó la respuesta del sistema judicial contra los altos funcionarios investigados por delitos de corrupción en nuestro país.

/RAM/

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) desarrollará hoy el I Consejo de Estado Municipal (Cemuni), a realizarse en la sede del Ministerio de Cultura, ubicado en el distrito de San Borja.

Esta información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de la PCM en la plataforma X (antes Twitter).

"Hoy inicia el I Consejo de Estado Municipal - Cemuni, donde se desarrollarán reuniones bilaterales entre el gobierno nacional y local. Participarán más de 100 alcaldes provinciales", indica la publicación.

Esta actividad se inicia hoy y se extenderá hasta mañana, según informa la PCM.

Asimismo, se tiene previsto reuniones plenarias, bilaterales y asistencias técnicas a los alcaldes provinciales participantes.

/DBD/

La presidenta ejecutiva de Servir, Ana Pari Morales, aclaró hoy que el Decreto Legislativo 1602, promulgado en diciembre pasado, no dispone medidas para facilitar el despido masivo de trabajadores del sector público, sino que retoma el proceso para establecer un régimen único laboral.

“El primer punto (…) es dejar en claro que ninguna de estas medidas de reforma, ningún artículo que se ha publicado en este Decreto Legislativo 1602, que cita la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú), tiene una habilitante para hacer despidos masivos. Eso es falso”, afirmó.

Precisó que la norma retoma el proceso para el establecimiento de un régimen único laboral en el sector público, para lo cual es importante una evaluación de desempeño de los trabajadores, como punto de partida de una carrera administrativa, con ascensos y mejores oportunidades de progresar.

La funcionaria señaló que es comprensible que exista temor a una evaluación de desempeño, pues la única vez que se hizo en el Perú fue en la década de los 90, y ahí sí hubo despidos masivos, lo que no va a ocurrir esta vez.

No obstante, defendió la necesidad de este mecanismo, ya que es la única manera de identificar a los buenos trabajadores.

“Para poder hablar de una progresión, es decir, de gente que asciende por mérito, hay que también evaluarlo, si no, cómo identifico al bueno, el buen desempeño, para tenga oportunidades de ascender, de temer mejores condiciones, tanto remunerativas como profesionales”, apuntó.

La evaluación

Asimismo, aclaró que esta evaluación no será un examen de conocimiento, con preguntas y opciones múltiples, sino una medición para ver si el trabajador realiza o no las actividades para las que fue contratado, y si cumple con las metas establecidas.

También adelantó que se establecerán perfiles institucionales más transparentes y permanentes en el tiempo y no como es ahora, que para cada convocatoria laboral se tiene que hacer un perfil, lo que favorece el direccionamiento.

A propósito de la movilización convocada por la CGTP para el 21 de febrero, en protesta contra este decreto, Pari Morales hizo un llamado al diálogo, en especial a las centrales sindicales que agrupa a los trabajadores estatales, para explicar las bondades de este decreto, que lo único que busca es la mejora en el servicio público y las condiciones laborales de sus trabajadores.

/ANDINA/PE/