Política

El congresista Juan Burgos Oliveros, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, presentó una iniciativa legal que autoriza al Poder Judicial la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado.

El propósito de la iniciativa N.° 6920/2023-CR, según indica, es preservar la identidad de los magistrados  involucrados en estos casos y fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Para ello, plantea modificar la Ley 30077, Ley que tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, a fin de disponer que sea secreta la identidad de los magistrados.

“La identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación, juzgamiento, y, sanción de imputados por los delitos de crimen organizado es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial”, indica la propuesta.

Asimismo, establece que los fiscales y jueces no requieren firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, pues su identificación se preserva con los códigos dispuestos por el Poder Judicial.

En las disposiciones complementarias, la propuesta dispone que el Poder Judicial establecerá el procedimiento de creación de tribunales sin rostro, y, en un plazo de 120 días, deberá disponer la creación de códigos para los magistrados y fiscales que participen en la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado.

El parlamentario fundamenta su propuesta señalando que la inseguridad ciudadana generada por el crimen organizado es un problema recurrente y preocupante en el país, que el accionar de las bandas de alta peligrosidad genera un nivel de inseguridad alto y que se han registrado amenazas contra magistrados.

“La situación actual de violencia que vivimos hace necesario que busquemos alternativas para erradicar la criminalidad e inseguridad, preservando la identidad de los magistrados y fortaleciendo la lucha contra la criminalidad”, sostiene la iniciativa.

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El exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado Carlos Revilla participa esta mañana en la audiencia de control de identidad correspondiente a la medida de detención que pesa en su contra por el caso denominado ‘Los Intocables de la Corrupción’.

La audiencia se desarrolla en el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, informó el Poder Judicial.

Revilla Loayza es investigado por el presunto delito de organización criminal. El caso involucraría una presunta red de corrupción que habría estado liderada por el expresidente Martín Vizcarra.

La investigación contra el exdirector de Provías Descentralizado y otros se encuentra a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

El exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue una de las cuatro personas detenidas este martes durante un operativo llevado a cabo por la Fiscalía y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía.

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A las 8 de la mañana debe iniciarse en la plaza principal de Machu Picchu Pueblo la reunión donde las organizaciones que se oponen a la venta virtual de entradas a la ciudadela inca en la plataforma tuboleto.cultura.pe acatan una huelga indefinida acuerdan levantar su medida de protesta.

En esta reunión el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo; y el alcalde distrital de Machu Picchu Pueblo, Elvis La Torre, informarán los alcances de la Declaración de Machu Picchu que suscribieron anoche junto con la comitiva ministerial que se encuentra en Cusco para participar de la mesa de trabajo y diálogo.  

Así lo informó esta mañana el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, quien precisó que la Declaración de Machu Picchu es el resultado de una larga reunión y se encontró una salida razonable.

"En la reunión hemos planteado la creación de una plataforma de venta de entradas a Machu Picchu que será administrada por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en conjunto con el Gobierno Regional de Cusco", afirmó en diálogo con RPP Noticias.

En la Declaración se ha recogido también otros puntos, como el pedido de la conclusión del contrato con la empresa proveedora (Joinnus). "Eso se ha resuelto porque la misma empresa ha planteado la cancelación anticipada del contrato y ya antes había renunciado a la comisión por la venta de entradas", apuntó.

Sostuvo que lo que se ha planteado es la creación de una plataforma digital similar a lo que existe en otros países que permita una auditoría permanente, que sea transparente y segura; y que permita al turista tener con anticipación su entrada.

"Estamos en enero y es en esta época en que los turistas que vienen del hemisferio norte en que planifican su viaje para sus vacaciones de verano (de junio a agosto). Estas semanas son claves para no perder eso", aseveró.

Recordó que hace unas semanas se lanzó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se realizó en España, la campaña de turismo internacional de Perú. "Hay un gran interés por Cusco y Machu Picchu y no queremos perder eso y por ello este problema debemos resolverlo pronto", agregó.

El ministro Mathews lamentó el grave perjuicio para el turismo y la economía del cierre de Machu Picchu. "Evidentemente hay un perjuicio económico. Ahora hay una advertencia de Corea, Francia, Canadá y de otros países que recomienda a sus ciudadanos no visitar Machu Picchu", indicó.

Precisó que el daño económico asciende a más de 1 millón 100,000 soles al día y esta cifra se triplica si se suman las pérdidas que registran los hoteles, restaurantes, artesanías y otros negocios conexos.

Mathews informó que en la reunión de anoche, donde participaron también los alcaldes de la provincia de Urubamba y del distrito de Ollantaytambo, se vieron también el desarrollo de proyectos y obras.

En otro momento, el titular del Mincetur se refirió al presunto mal manejo en la venta de entradas a Machu Picchu que se realizaba en la anterior plataforma digital y que habría ocasionado un desfalco de más de 8 millones de soles. Manifestó que se pedirá la intervención del Ministerio Público para que investigue este tema.

En ese sentido, Mathews expresó su respaldo a la posición de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien denunció este mal manejo y el perjuicio al Estado peruano. "Ella ha asumido una posición valiente, de luchar contra un problema que genera un gran problema al país", subrayó.

Por su parte, la titular de Cultura confirmó que se acordó con las autoridades regionales y locales de Cusco que las entradas a la ciudadela inca sean vendidas en una plataforma gestionada por la PCM.

En diálogo con TV Perú ratificó que el contrato con Joinnus concluirá y que ya no se requerirán los servicios de una empresa privada, pues la gestión quedará a cargo de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, aunque dijo que este proceso tardará, pero que ya se realizan los trabajos para que se implemente la plataforma.

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El congresista José Cueto respaldó la intención de diálogo de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para restablecer el orden y el turismo en la ciudad del Cusco, tras cinco días de huelga por parte de organizaciones que se oponen a la venta de boletos en la plataforma digital tuboleto.cultura.pe.

Ante ello, señaló que, si la titular de la cartera está enfrentándose a mafias y grupos radicalistas que pretenden continuar lucrando con la venta ilegal de boletos a la Llaqta Machupicchu, no apoyará ninguna interpelación.

“Si esta es la razón de la interpelación, de la censura, no estoy de acuerdo, porque se esta enfrentando a mafias y me parece bien, es lo que muchos ministros deberían hacer”, expresó el parlamentario de Renovación Popular.

Sobre la iniciativa del sector Cultura, de contar con una plataforma digital, dinámica y segura para la venta de boletos a la ciudadela inca y otros destinos turísticos, señaló estar de acuerdo con esta forma de venta que se aplica en países de todo el mundo.

“Estoy de acuerdo con que como en cualquier parte del mundo se venda los tickets de forma digital. Quienes se están oponiendo, tienen un punto de vista demasiado radical. No debería aceptarse esos términos porque están yendo en contra de la ciudad que vive del turismo, porque ellos quieren seguir manejando el tema de los tickets”, resaltó.

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El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ratificó el compromiso de su gestión para mejorar las condiciones laborales de los servidores judiciales durante las reuniones que sostuvo con representantes de tres importantes federaciones de trabajadores judiciales.

“Hemos tenido reuniones que han sido muy fructíferas; estamos trabajando en favor de los servidores”, afirmó la máxima autoridad judicial.

Participaron en las reuniones los dirigentes de la Federación de trabajadores del Poder Judicial (lFETRAPOJ-PJ), la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial FENASIPOJ-PERÚ y de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial del Perú-FNTPJ.

Entre los temas abordados estuvieron los referidas a la estabilidad laboral, la situación de los trabajadores del régimen CAS, entre otros.

Las citas tuvieron lugar en horas de la mañana hasta el mediodía, en Palacio Nacional de Justicia.

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Tras escuchar los alegatos de las partes, el juez Littman Ramírez Delgado, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio – Corte Superior Nacional, informó que dará a conocer en el plazo de ley su decisión en torno al pedido de detención domiciliario contra Alberto Fujimori solicitado por la Fiscalía.

“Se les notificará en sus casillas respectivas”, dijo el magistrado al levantar la audiencia de variación de comparecencia simple a detención domiciliaria en el caso Pativilca.

Alberto Fujimori sostuvo, durante su intervención, que el pedido de la fiscalía vulnera su derecho a la libertad y a la salud, y que una medida restrictiva en su contra sería un camino al “deterioro” de su salud y al “acortamiento de vida”.

Dijo además que reside en la casa de su hija Keiko Fujimori, hecho que acreditó con diferentes documentos, y que cuenta con ingresos como jubilado de la Universidad Nacional Agraria La Molina y honorarios producto de la publicación de sus libros.

“Uno vive de su jubilación, tengo recursos de acuerdo a mis posibilidades, mi edad y mis conocimientos, lo que puedo hacer es sentarme a escribir mis memorias”, argumento ante la Sala

En una participación virtual, el expresidente precisó que si bien está clínicamente estable, es un paciente que depende del oxígeno y de un tratamiento médico con determinadas condiciones que sería imposibles en caso de una supuesta fuga y que “sería peligroso” ante una detención domiciliaria.

Informó también que aun cuando tiene un pasaporte activo, renuncia a la posibilidad de obtener ese documento y se somete a los procedimientos que podría establecer la sala sobre este particular porque su voluntad es someterse a los procesos judiciales.

En ese sentido, al igual que su defensa técnica a cargo de Elio Riera, solicitó al juez que se desestime el pedido de la fiscalía y se mantenga la condición de comparecencia simple.

El Ministerio Público, a su turno dijo que el arresto domiciliaria puede ser solicitado en cualquier momento del proceso judicial, siempre y cuando cumpla son su finalidad

Dijo que a criterio del Ministerio Publico, en este caso correspondería una detención preliminar, sin embargo, considerando la edad y las condiciones de Fujimori, solicitan la detención domiciliaria

Fundamentó su pedido en que si bien hay documentos que acreditan el domicilio de Fujimori, ello no reduce el peligro de fuga del investigado, dado que cuenta con un pasaporte activo, por lo que solicitó al juez analizar este punto en conjunto con los demás presupuestos que justifican la medida.

Respecto al arraigo laboral, el fiscal puntualizó que la publicación de los libros del Fujimori es una actividad económica que no genera una vinculación larga y concreta, sino más bien una relación casual.

“Se cumplen los presupuestos para una prisión preventiva y, atendiendo a la gravedad del investigado, resulta razonable y proporcional el arresto domiciliario para evitar cualquier tipo de fuga en este caso”, aseveró.

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El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, evaluará en febrero el pedido de apercibimiento de la fiscalía contra el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por comunicarse con un testigo.

Torres, de acuerdo al Ministerio Publico, habría incumplido las reglas de conducta al haberse comunicado con el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, pese a la prohibición dispuesta por el Poder Judicial.

El extitular de la PCM es investigado por el presunto delito rebelión, en el frustrado golpe de Estado que lideró el expresidente Pedro Castillo. Bobbio, a su vez, es testigo de la fiscalía en este mismo caso.

Las reglas de conducta que impuso el Poder Judicial a Aníbal Torres, como parte de la medida de comparecencia con restricciones que pesa en su contra, le impide expresamente comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación.

Bobbio dijo recientemente en una entrevista radial que conversó con Aníbal Torres, a propósito de cumplirse un año del golpe de Estado de Pedro Castillo.

Duberlí Rodríguez, abogado del expremier puntualizó que se trató de una visita protocolar que Bobbio hizo a la vivienda de su patrocinado, la misma que se realizó luego de que el exministro declaró ante el Ministerio Público por este caso.

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La Iniciativa APEC Ciudadano Perú 2024, lanzada hoy por la Cancillería, busca acercar a los peruanos la trascendencia que el desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico tendrá para el país, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.

En ese sentido, consideró necesario “acercar todo lo que hacemos a todas las personas en nuestro país”, indicó el canciller durante el lanzamiento de la mencionada iniciativa.

Ofreció, asimismo, promover que los acuerdos que se emitan desde el mencionado foro, “aterricen en diagnósticos y propuestas disruptivas” y que se evite lo meramente declarativo, ya que la ciudadanía exige resultados

González-Olaechea dijo estas palabras en la ceremonia de lanzamiento de APEC Ciudadano, realizada en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta contó con la presencia de autoridades gubernamentales, universitarias y diplomáticos foráneos.

Se trata de una iniciativa elaborada en la Cancillería destinada a realizar actividades en las que se darán a conocer los beneficios y oportunidades que ofrece al Perú la realización de este foro.

Empresa privada

El ministro de Relaciones Exteriores recordó que la lógica de APEC es la de “fomentar la valía insustituible de la empresa privada en la creación de oportunidades para hombres y mujeres”.

En ese contexto, el papel que le corresponde desempeñar al Estado es “orientador”, y eso no es un rol menor, consideró.

González Olaechea destacó también que para participar en los encuentros de APEC a realizarse en Perú llegarán aproximadamente 10 mil personas. También resaltó que estos se vayan en realizar a en diversos puntos del país y no solo en Lima.

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El asesinato de una alta autoridad como un presidente de la República, congresistas, fiscales y jueces titulares o cualquier funcionario elegido por mandato popular es sancionado con la pena privativa de la libertad de 25 a 35 años de prisión y no cuenta con beneficios penitenciarios.

Así lo sostuvo el juez superior titular Edhin Campos Barranzuela quien señaló que así lo estipula el artículo 108 – A del Código Penal, que tipifica dicho delito como homicidio calificado por la condición de la víctima.

“El artículo 108-A del Código Penal establece que quien asesina a un alto funcionario público comprendido en el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, autoridad elegida por mandato popular, será reprimido con pena privativa no menor de 25 ni mayor de 35 años. Y se conoce como magnicidio”, explicó.

En esa misma línea, el magistrado aclaró que la ley no contempla ningún tipo de beneficio penitenciario a quien comete este delito debido a la gravedad de la pena que ello implica.

Sin embargo, señaló que en caso la autoridad o funcionario público haya sido atacada con el objetivo de impedir el trabajo que viene realizando, el victimario podría recibir una condena de dos años de prisión, según lo establece el artículo 365 del Código Penal.

En este caso, aclaró que la ley estipula que para ser considerado un delito debe comprobarse que existió una clara intención de dolo, es decir, una clara intención de atentar contra la integridad física del funcionario o la alta autoridad.

 “No es lo mismo que se ataque a un alto funcionario mientras este se encuentra fuera de su labor jurisdiccional que cuando está realizando una diligencia de desalojo y le cae una piedra en la cabeza. Ahí, se está ejerciendo un atentado contra la autoridad al ejercer una labor oficial”, aclaró.

Investigación

Por otro lado, afirmó que este delito puede ser abierto de oficio por el Ministerio Público o ante una denuncia o petición de parte.

“Nuestro sistema procesal penal acusatorio ha establecido que la noticia criminal puede establecer hasta cuatro modalidades. A través de denuncia de partes, de un tercero que puede denunciar el hecho, por un medio de comunicación o un proceso judicial de carácter no penal”, finalizó.

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La presidenta de la república, Dina Boluarte, destacó hoy los lazos de hermandad con Ecuador tras haber solucionado sus diferencias limítrofes, proyectándose a un futuro de cooperación e integración.

La jefa de Estado dio estas palabras durante la ceremonia por el 43° aniversario de las Operaciones en la Cordillera del Cóndor.

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