Política

El Gobierno oficializó hoy la declaratoria de estado de emergencia en varios distritos de provincias de diversos gobiernos regionales del país, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales y posible Fenómeno El Niño.

Según el Decreto Supremo 072-2023-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, los gobiernos regionales involucrados son Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.

Asimismo, establece que esta declaratoria será por el plazo de 60 días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente.

En tal sentido, el dispositivo señala que los gobiernos regionales involucrados y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Desarrollo Agrario, Transportes, Trabajo, Interior, Defensa y demás instituciones públicas y privadas ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente.

Agrega que dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Además, precisa que la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La medida es conforme al artículo 137 de la Constitución Política del Perú; la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y su reglamento; la "Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley 29664"; y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

El decreto supremo es firmado por la Presidenta de la República, Dina Boluarte; Nancy Tolentino, ministra de la Mujer encargada del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros; y los titulares de los sectores mencionados.

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El pleno del Congreso de la República sesiona hoy desde las 09.00 horas y en su agenda está la interpelación al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, así como el debate y segunda votación del proyecto de ley que incrementa las penas por difamación, conocida como "ley mordaza".

El ministro Vera Gargurevich concurrirá a las 10:00 horas a la sede del Parlamento para absolver un pliego interpelatorio que consta de 29 preguntas.

Las interrogantes están referidas a la presunta omisión de sanciones administrativas en su declaración jurada como ministro de Estado.

Además, la representación nacional tiene pendiente el debate para la segunda votación de la iniciativa legislativa que incrementa las penas por difamación.

También está pendiente de segunda votación del proyecto que plantea otorgar amnistía a los transportistas del servicio público terrestre y de pasajeros en vehículos menores por causa de infracciones cometidas durante el estado de emergencia nacional declarado por la covid-19.

De igual manera, en la agenda del pleno figura la votación para admitir la moción que propone interpelar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez por la emergencia del dengue.

De acuerdo con la citación enviada a los parlamentarios, la sesión plenaria será presencial. Solo podrán participar virtualmente aquellos congresistas que hayan comunicado previamente y por escrito a la Oficialía Mayor el motivo de su ausencia que deberá estar sustentada.

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El juez Richard Concepción Carhuancho concluyó esta mañana la etapa intermedia, referida al control de acusación, del caso Interoceánica, proceso que involucra al expresidente Alejandro Toledo.

El magistrado, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, anunció además que emitirá en los próximos días el auto enjuiciamiento del mencionado caso, el cual será derivado al colegiado penal correspondiente.

Cabe recordar que Toledo Manrique llegó a nuestro país en abril último  luego de que Estados Unidos concediera su extradición por esta investigación, que involucra la irregular concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

"El día de hoy anuncio que estamos concluyendo con la etapa intermedia del caso Interoceánica, caso Alejandro Toledo Manrique y otros. Este caso ya está expedito para emitir el auto de enjuiciamiento", señaló Richard Concepción Carhuancho al término de la audiencia que se desarrolló esta mañana.

"Solamente vamos a hacer algunas tramitaciones internas respecto a las apelaciones para la elevación de los cuadernos y se va a emitir ya en estos días el auto de enjuiciamiento (del caso Interoceánica)", acotó el magistrado.

“Juez Richard Concepción Carhuancho concluyó esta mañana la etapa intermedia referida al control de acusación sobre el Caso Interoceánica, en que están procesados el expresidente Alejandro Toledo y otros, por el delito de lavado de activos”, informó por su parte el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.

El mencionado proceso involucra al exmandatario otros seis coprocesados, quienes son acusados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

Por el caso Interoceánica, la Fiscalía pide 20 años y seis meses de prisión en contra de Alejandro Toledo, por presuntamente recibir pagos ascendentes a 35 millones de dólares por parte de constructoras brasileñas para obtener la concesión de la carretera Interoceánica Sur.

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El Perú entregó hoy el memorándum inicial a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que marca un hito el proceso de adhesión de nuestro país ante dicho organismo.

El documento fue presentado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

“Este importante paso refleja la decisión política de la presidenta Dina Boluarte, quien lidera este proceso histórico. La incorporación de nuestro país al mecanismo internacional permitirá que Perú ingrese a las ligas mayores de economía y gobernanza administrativa”, señaló la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En el encuentro con el representante de la OCDE participaron además la canciller Ana Cecilia Gervasi y el ministro de Economía, Alex Contreras, “quienes trabajaron durante los seis meses del gobierno con miras al inicio del proceso de adhesión a la OCDE”, detalló la PCM.

La entrega del memorándum inicial se produjo en Francia, hasta donde llegaron las autoridades del gobierno peruano como parte de una gira que va del 3 al 8 de junio y que inició en España.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabeza hoy una nueva sesión del Consejo de Ministros.

La cita de los representantes del Poder Ejecutivo se agendó para las 11.30 de la mañana.

La sesión tendrá lugar en Palacio de Gobierno, de acuerdo a lo informado por la Presidencia de la República en sus redes sociales.

En la víspera, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que esta instancia del gobierno central declarará estado de emergencia por peligro inminente, debido a la inminencia del fenómeno de El Niño Global.

Ello tiene que ser aprobado por el gabinete, a fin de que pueda oficializarse en el correspondiente decreto.

Más temprano, la mandataria Dina Boluarte participó en la ceremonia por el Día de la Bandera, al conmemorarse hoy un nuevo aniversario de la Batalla de Arica, y de las gestas heroicas de Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que este viernes 9 de junio realizará el balance de sus seis primeros meses de gestión, donde mostrará ante el país las medidas, acciones y logros del Gobierno.

Durante su discurso por el 143° aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad a la bandera, indicó que este encuentro con la población sirve para cumplir su compromiso de hacer "un Gobierno transparente y que rinde cuentas de sus actos".

"Este viernes próximo (9 de junio) presentaremos el balance de los seis meses de gestión, será una oportunidad para mostrar ante todos los peruanos las medidas, las acciones, las inversiones sociales y los logros de nuestro Gobierno y también los retos que tenemos por delante", refirió.

En ese sentido, explicó que a futuro se puede visualizar un país que crece y produce, que genera empleos y cierra las brechas sociales, al tiempo que "fortalece la democracia y construye su futuro con fe y esperanza".

"Hoy más que nunca debemos decir no a la violencia, no al extremismo, no a la demagogia, el Perú no quiere volver a las épocas oscuras que solo causaron dolor y sufrimiento, el Perú quiere construir su futuro con fe, optimismo y esperanza", aseguró. 

Asimismo, recordó que hace unos meses la democracia recibió "una embestida y fue atacada por un golpe de Estado", cuyos móviles, dijo, "se van conociendo más y se sabe que no fue un acto individual, ni improvisado, sino un zarpazo planificado donde habrían participado diversos actores".

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, participa en la ceremonia por el 143° aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad a la bandera.

Esta actividad se desarrolla en la Plaza de la Bandera, en el distrito de Pueblo Libre.

Como se recuerda, hoy 7 de junio se realiza esta conmemoración con la presencia de autoridades civiles y militares.

La Batalla de Arica, que culminó con la toma de la ciudad por parte de las tropas chilenas, tuvo lugar el 7 de junio de 1880 en el marco de la guerra del Pacífico.

Durante dicha batalla, Alfonso Ugarte, jefe de la Octava División, decidió lanzarse desde el morro de Arica para evitar que la Bandera Nacional fuera capturada por manos del enemigo.

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El procurador general del Estado, Daniel Soria, sostuvo que la ley que da autonomía al Congreso, Poder Judicial y organismos constitucionalmente autónomos para designar a sus procuradores es antitécnica, ya que genera una división en el sistema de defensa jurídica del Estado.

Indicó que la Procuraduría General del Estado (PGE) ya no podrá someter disciplinariamente a ninguno de esos procuradores frente a algún hecho irregular que se suscite, ni podrá hacer evaluaciones sobre su desempeño o capacitarlos, ya que estos van a depender única y exclusivamente de la entidad que los nombra.

La norma fue promulgada hoy por el Ejecutivo, por lo que entra en vigencia desde mañana jueves 8 de junio.

“Esta ley lo que hace es partir en dos el sistema de defensa jurídica del Estado. Es una decisión antitécnica, porque los sistemas administrativos existen para darle más eficiencia a los servicios del Estado, en este caso el servicio de defensa jurídica”, declaró Daniel Soria a RPP.

“El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, a partir de mañana, tendrán la posibilidad de elegir directamente a sus procuradores y esos procuradores salen de la competencia funcional del sistema (de defensa jurídica del Estado)”, agregó el procurador general.

Recordó que los procuradores y procuradoras están facultados para defender los intereses del Estado, no los de la entidad a las que están adscritos o de sus titulares, ya que incluso podrían denunciar a estos últimos si ven la comisión de un presunto delito.

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El parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) afirmó que el proyecto de ley de su autoría que permite a los policías abatir delincuentes en legítima defensa busca "dar un respaldo legal" a las fuerzas del orden en situaciones delictivas.

"El motivo de hacer este proyecto de ley ha sido darles un respaldo legal a la Policía para que pueda actuar. Ustedes han visto que todos los días hay noticias de robos, asaltos, pero no hay ni una de que un policía haya disparado a alguien para poder contener la violencia que se está ejerciendo para un robo y eso es porque no están protegidos", dijo Montoya en declaraciones a la prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo.

Vale recordar que el legislador presentó el proyecto de ley N° 5239/2022-CR que plantea modificar el Decreto Legislativo 1186, Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Esta ley permite protegerlos (a la PNP) en caso de flagrancia cuando vean que con un arma van a atacar a alguien, [para que] puedan dispararles directamente sin cumplir los protocolos que existen actualmente y que son imposibles de cumplir", señaló.

Destacó que la iniciativa legislativa precisa la necesidad de entrenar a las fuerzas policiales para actuar en estos casos concretos.

"Esto lleva a un entrenamiento especial. Una vez que se dé la ley, la Policía tiene que generar un entrenamiento para que puedan desarrollar un tiro intuitivo y sepan cómo desarrollarse en cada situación", indicó.

Ante las dudas que existen sobre lo que pueda considerarse como un arma, Montoya mencionó que pueden ser "un cuchillo, un martillo, una comba, un machete. Hay muchas cosas que emplean como arma los delincuentes para someter a sus víctimas. Ante cualquiera de ellas, el Policía puede abatir al delincuente".

El legislador también refirió que las normas actuales que protegen a la policía cuando hacen uso de su armamento no resultan efectivas debido a la escalada de violencia en los asaltos.

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