Política

A fin de que informe a la representación nacional las acciones para lograr la captura del exministro Juan Silva, entre otros, el pleno del Congreso realiza el debate de una moción para citar al ministro del Interior, Dimitri Senmache.

La moción fue sustentada por el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, José Williams, al inicio de la sesión plenaria de este jueves.

De acuerdo con la propuesta, Senmache Artola sería convocado al pleno del Congreso para cuenta también sobre las medidas adoptadas por su sector para capturar también al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, Fray Vásquez, Gianmarco Castillo, entre otros temas.

La admisión a debate de la propuesta fue aprobada por 65 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

Asimismo, se presentó una cuestión previa para que la invitación al ministro sea a la Comisión de Defensa Nacional y no al pleno. Esta, sin embargo, fue desestimada por voto en mayoría.

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El ministro de Cultura, Alejandro Salas, afirmó que el Gobierno insistirá en el esfuerzo por lograr la concertación y el diálogo con el Poder Legislativo por lo bajo ese objetivo el próximo mensaje presidencial por Fiestas Patrias traerá sorpresas.

“Serán sorpresas vinculadas a la concertación, en insistir en el tema de concertar y seguir avanzando en el ánimo del diálogo con el Poder Legislativo”, señaló el representante del Ejecutivo.

Salas recordó que, en esa línea, estuvo orientado el mensaje del presidente Pedro Castillo durante la entrevista que concedió a TVPerú.

Recordó que los enemigos del Gobierno son la pobreza y otros problemas que requieren urgente solución.

Salas indicó también que, en la última sesión del Consejo de Ministros, se aprobó la presentación de un proyecto de ley planteado desde el Ministerio de la Mujer para eliminar la opción de los agresores de mujeres de recurrir al principio de oportunidad.

Explicó que este consiste en la posibilidad de simplificar la solución de un proceso de ese tipo, a través del pago de una caución por parte del denunciado.

“Entonces, cuando se trate de agresores de mujeres ese principio de oportunidad no va a funcionar”, manifestó.

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Con más de 400 líderes y lideresas de diferentes etnias amazónicas, organizaciones agrarias y de ronderos del país, se reúne el presidente Pedro Castillo.

El encuentro se lleva a cabo en el marco del amplio diálogo que impulsa el Gobierno para dar soluciones a las necesidades de la población, indicó la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno.

En la víspera, el presidente inspeccionó cuatro colegios en el distrito de Pacarán, en la provincia limeña de Cañete.

Durante estas actividades, el jefe del Estado aseguró que no cesará en la materialización del proyecto de ingreso libre a las universidades para los jóvenes que terminan la educación secundaria.

Posteriormente, visitó el Centro de Salud Pacarán y a la comisaría de ese distrito, a fin de inspeccionar sus necesidades y la atención que se brinda a los ciudadanos.

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La defensa legal del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza sostuvo que su patrocinado sí cumplió con responder a la Comisión de Fiscalización del Congreso cuando le pidió ir a declarar, ya que solicitó que se le mandaran las preguntas por escrito, por lo que cuestionó que ese grupo parlamentario haya variado la condición del mandatario, de testigo a investigado.

“El presidente contestó en dos oportunidades, y les dijo que se le envíen las preguntas”, señaló el letrado, en declaraciones a TV Perú.

En tal sentido, cuestionó que, para sustentar el pase del mandatario a la condición de investigado, se haya señalado que este no se presentó a declarar, cuando en dos oportunidades, el mandatario respondió a los pedidos que se le hizo al respecto.

“Me preocupan las sinrazones por las que se le incorpora como investigado”, recalcó. Argumentó que el mandatario tiene prerrogativas respecto a sus declaraciones que “no solo son para procesos judiciales, sino para procesos congresales”.

Esta condición “es lo que no quiere entender la Comisión de Fiscalización”, manifestó. Por ello consideró que en dicha instancia “querían circo, querían show; querían tener al presidente en el Congreso para escarnecerlo y exponerlo”.

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Con el fin de mejorar el proceso de focalización, fortalecer los mecanismos de control y maximizar el uso de los recursos asignados al sistema en el cumplimiento de sus competencias, el Congreso publicó hoy una norma que modifica la Ley 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (Sinafo), a fin de fortalecer dicho sistema.

La norma publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano modifica los artículos 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19 y la disposición complementaria final sétima de la Ley 30435.

El texto publicado incluye en la Ley del Sinafo la estrategia para calidad del proceso de focalización.

Para ello, se incorpora en la ley el Capítulo V, “Estrategia de calidad del proceso de focalización”, en la Ley 30435, Ley que Crea el Sistema Nacional de Focalización (Sinafo).

Se señala que dicha estrategia tiene por objeto evaluar y mejorar de manera continua la implementación del proceso de focalización, y se desarrolla bajo la conducción del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con la participación de los gobiernos locales, gobiernos regionales y las demás entidades públicas competentes.

“La estrategia de calidad del proceso de focalización contempla el uso de la información generada en el proceso mismo de focalización, así como la información de terceros respecto a posibles incumplimientos del proceso de focalización, para lo cual se establecen mecanismos de articulación intergubernamentales e intersectoriales, y con los ciudadanos”, establece el artículo 20.2.

Asimismo, incorpora pautas sobre el seguimiento y monitoreo del proceso de focalización y auditorías de calidad.

De otro lado, la modificatoria del artículo 19 de la Ley 30435 señala que las bases de datos disponibles del Registro Nacional para Medidas Covid-19, pasan a formar parte del Mecanismo de Intercambio de Información Social (Miis) con la denominación de Registro Nacional de Hogares (RNH), quedando bajo la administración del Midis.

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La ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana oficializó el Congreso con la norma N° 31494, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD), remarca la norma, son organizaciones de la población surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad contra la infiltración y ataques terroristas, la violencia generada por el tráfico ilícito de drogas y los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana.

De igual forma, son apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las tareas de pacificación y seguridad, y realizan actividades para procurar el desarrollo sostenible en su ámbito de influencia en coordinación con la municipalidad de la jurisdicción que corresponda.

Indica la ley que los CAD son acreditados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, y los gobiernos regionales y locales, según corresponda.

Para su reconocimiento, serán inscritos en un registro local de autodefensa y desarrollo rural de la municipalidad provincial o distrital de su ámbito territorial correspondiente.

Incluirán en su registro la relación de sus miembros activos, debidamente identificados y acreditados, así como la residencia en su localidad o comunidad.

Su ámbito de acción se encuentra enmarcado en función a la delimitación geográfica, determinada por la municipalidad distrital o provincial correspondiente, siempre y cuando no se superponga con el espacio de otras organizaciones civiles de similar finalidad.

Asimismo, su funcionamiento está enmarcado geográficamente bajo el control y supervisión de las comisarías sectoriales determinadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

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El pleno del Congreso de la República sesiona hoy desde las 10:00 horas, para tocar diversos temas, entre ellos el proyecto de Ley 390 que propone modificar la denominación del Ministerio de Cultura por la de Ministerio de las Culturas. 

También se espera el debate del proyecto de Ley 125 que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial, entre otras iniciativas. 

Asimismo, se tiene prevista la sesión de la Comisión investigadora proyecto Chavimochic. 

Dicha comisión investigadora multipartidaria está encargada de evaluar, proponer, fiscalizar e impulsar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic en la Región La Libertad. 

La sesión será de carácter reservada y se realizará a las 17:30 horas.

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Con 104 votos a favor, uno en contra y 8 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó en segunda votación, el texto sustitutorio que propone establecer el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil para los funcionarios y servidores públicos, y de las empresas bajo el régimen del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

La iniciativa legislativa fue sustentada por la congresista Patricia Juárez ante el hemiciclo del Parlamento. Este proyecto se trata de una reforma constitucional que modifica el inciso 5 del artículo 2 de la Carta Magna.

La finalidad del proyecto será establecer que el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria se podrá hacer ante el pedido de un juez, del fiscal de la Nación, de una comisión investigadora del Congreso, del contralor, y del superintendente de Banca y Seguros y AFP.

En la norma se precisa que el levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular.

Según indicó, el texto sustitutorio de reforma constitucional está orientado a fortalecer la lucha anticorrupción porque permitirá acceder, dentro de una acción de control o investigación, al secreto bancario y reserva tributaria de aquellos funcionarios que manejan fondos públicos y que se encuentran investigados por hechos de presunta corrupción.

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En los últimos 16 años el Estado peruano recaudó unos 3 mil 399 millones de soles a través de los juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas destacó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Indicó que se trata de una actividad regulada en su totalidad y además, genera unos 45 mil puestos de empleos formales. 

Lo dió a conocer el director general de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas de Mincetur, Eduardo Sevilla, durante la inauguración de la XIX Feria Latinoamericana de Juegos Perú Gaming Show 2022 – PGS 2022, que se realiza en Lima.

Señaló tambien Sevilla que esta industria, en el Perú, pudo resistir a la pandemia del covid-19 y viene reactivándose gradualmente y agregó que estan seguros que volveran a tener los 92 mil empleos en esta industria, gracias a las medidas que impulsa el gobierno como la eliminación del distanciamiento social, pero con el uso estricto de protocolos de bioseguridad. 

Asimismo, en 16 años, gracias a su regulación, las municipalidades provinciales y distritales recibieron más de 2 mil millones de soles en recaudación, y el IPD obtuvo más de 323 millones de soles. Por su parte, el Mincetur recaudó por aplicación de multas más de 30 millones de soles. 

En la actualidad, el Mincetur trabaja en la regulación de los juegos y apuestas deportivas a distancia, que, en el último año, tuvo un movimiento económico de alrededor de 1,000 millones de dólares, sin rendir ingresos al erario nacional.  

Por ello, se presentó ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, la sustentación del Proyecto de Ley N° 2070, elaborado por el Mincetur y aprobado por el Ejecutivo, en la búsqueda de regular este tipo de actividades por internet.

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La Comisión de Economía del Congreso, dió a conocer la aprobación del dictamen que propone la ley que establece medidas para reactivar la ejecución de 1,000 obras públicas paralizadas de las entidades del gobierno nacional, regional y local. La decisión se adoptó por mayoría, con 17 votos a favor y una abstención.

Según el Proyecto de Ley Nro. 1762/2021, propuesto por el Poder Ejecutivo, se busca dar solución, de manera indeterminada, a mil obras paralizadas en todo el país sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que tiene un avance físico mayor o igual a 40%, en los sectores educación, salud, carreteras, caminos y puentes.

En esa condición, del total de obras, 361 (37%) se encuentran bajo la Ley de Contrataciones del Estado por 3,808 millones de soles y 606 (63%) obras por administración directa por 1,857 millones de soles.

En la primera modalidad, 211 obras son intervenciones de los gobiernos locales por 1,570 millones de soles, 85 intervenciones del gobierno nacional por 1,012 millones de soles y 65 intervenciones de los gobiernos regionales por 1,225 millones de soles.
Por administración directa, 541 obras son intervenciones del gobierno local por 1,235 millones de soles, 23 son intervenciones de gobierno nacional por 149 millones de soles y 42 intervenciones del gobierno regional por 472 millones de soles.

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