Política

La Defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, reiteró al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público los requerimientos para destinar acciones para erradicar la minería ilegal y para proteger a líderes indígenas de Amazonas.

Este pedido se realizó luego de que sostuviera una reunión con la lideresa indígena Augostina Mayan Apikai, representante de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc)

Dicha lideresa expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades awajún y wampis, asentadas en la provincia de Condorcanqui de la región de Amazonas debido a la deficiente actuación del Estado para erradicar la minería ilegal, que amenaza la salud y seguridad de la población indígena, además de contaminar el ambiente.

Cabe recordar que el 22 de mayo, los representantes de la organización indígena Odecofroc y otros comuneros intervinieron un campamento de minería ilegal ubicado entre las comunidades nativas Tutino y Pagki, para luego poner a disposición del Ministerio Público a mineros ilegales que venían operando en dichas comunidades.

Al respecto, se informó a la institución que, a la fecha, las personas capturadas por su organización se encuentran libres y habrían regresado a la zona donde estas actividades ilícitas continúan desarrollándose con mayor intensidad, habiéndose incrementado con ello las amenazas contra su integridad y vida.

Ante esto, la Defensora del Pueblo le informó de las actuaciones efectuadas por la institución y la comunicación recientemente remitida al fiscal de la nación, en donde solicita el impulso de las acciones de interdicción contra la minería ilegal que se viene presentando en la provincia de Condorcanqui, así como en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas.

Revollar demandó al presidente del Consejo de Ministros disponer las acciones inmediatas para garantizar presupuesto público, recursos humanos y logísticos en los ministerios de Defensa y del Interior, cuyas competencias están vinculadas a la erradicación de la minería ilegal.

/JV/NDP

El próximo martes 7 de junio es la fecha límite para que las organizaciones políticas publiquen los resultados de las elecciones internas realizadas los domingos 15 y 22 de mayo, en el marco del proceso electoral regional y municipal 2022.

Tras ello y según el cronograma electoral, estas deberán presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE). El 14 de junio es la fecha límite para que los partidos queden inscritos para participar en elecciones regionales y municipales.

Asimismo, se ha establecido el 24 de julio como la fecha máxima para el sorteo de los miembros de mesa, actividad que estará a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El 3 de agosto es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas, y para la renuncia y retiro de candidatos.

El 18 de agosto es la fecha para resolver las tachas en primera instancia; así como para resolver las exclusiones de candidatos por declaración jurada de hoja de vida y dádivas, también en primera instancia.

El 2 de setiembre se ha fijado como el plazo máximo para resolver las apelaciones sobre tachas y para resolver las apelaciones sobre exclusión de candidatos por declaración jurada de hoja de vida y dádivas. Finalmente, el 1 de octubre es la fecha límite para excluir a un candidato por situación jurídica.

El domingo 2 de octubre se ha convocado a las elecciones regionales y municipales, proceso en el cual los ciudadanos elegirán a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores de los concejos provinciales y concejos distritales.

/JV/Andina

El presidente Pedro Castillo, señaló que su Gobierno ha venido para reconstruir el país, fortalecer la democracia y atender las necesidades de la población, durante la clausura el XIII Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Tingo, región Amazonas.

"No solamente es la tarea del Gobierno es venir a recuperar y reconstruir Kuelap. Hemos venido a fortalecer la democracia y hemos venido a atender las necesidades con cada uno de los sectores", señaló durante su visita a la ciudad de Tingo.

El jefe de Estado expresó también su solidaridad con la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, quien fue censurada por el Congreso de la República.

/LD/Andina/

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aclaró que no ha pedido que las universidades públicas participen en la organización de congresos en los que se hable sobre el tema de convocar a una Asamblea Constituyente, indicó el titular de esta cartera, Félix Chero.

 “De ninguna manera, nuestros foros o actividades académicas se encuentran ligadas al cambio del actual modelo constitucional”, señaló el ministro, a través de un mensaje en la red social Twitter.

Recalcó, en tal sentido, su respeto al sector académico y a “las decisiones que tome la ciudadanía”.

“Niego categóricamente que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentre solicitando a las universidades del país ‘coorganizar’ congresos nacionales con el fin de instaurar temas sobre la Asamblea Constituyente”, manifestó Chero.

En la víspera, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, presentó una moción de orden del día, pidiendo al Poder Ejecutivo no promover reuniones en las universidades en las que se aborde el tema del cambio de Constitución.

En la sección argumentativa de dicho pedido, el parlamentario afirma tener conocimiento de que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, viene pidiendo a diversos centros de estudios superiores coorganizar eventos de esa índole, atribuyéndoles intereses académicos.

/LD/Andina/

El predictamen que refuerza la transparencia de candidatos a cargos de elección popular mediante la viabilización de la presentación de la declaración jurada de intereses de carácter preventivo, fue aprobada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó

El predictamen busca modificar el artículo 13 de la Ley 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.

Según se señala, el predictamen “viabiliza el oportuno cumplimiento de la obligación de la presentación de la declaración jurada de intereses de carácter preventivo por parte de los candidatos a cargos de elección popular”.

Ello mediante la modificación del artículo 13, en el cual se indica que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe brindar a la Contraloría la información de los candidatos admitidos al proceso electoral en un plazo máximo de dos días hábiles siguientes de vencido el plazo para la publicación de las listas admitidas al proceso electoral que corresponda.

/LD/Andina/

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, en oficio enviado a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, advirtió la ley que otorga un plazo excepcional para la inscripción de candidatos a elecciones internas y faculta la realización de éstas de manera complementaria, "resulta jurídica y materialmente imposible de cumplir" y representaría una "trasgresión constitucional."

Salas Arenas señaló que las elecciones internas, para las elecciones regionales y municipales de octubre próximo se realizaron de manera satisfactoria, en conformidad con el cronograma electoral.

“Las elecciones internas (...) ya se han realizado de manera regular y satisfactoria de conformidad con el cronograma electoral, constituyendo una etapa que precluyó; por lo que materialmente resultará imposible recibir candidaturas para una elección que ya se realizó”, señaló, el  presidente del JNE, en el oficio ante la publicación de la Ley N° 31481 por el Congreso.

Explicó además que las elecciones internas realizadas el 15 y 22 de mayo se efectuaron en conformidad con el marco legal que la regula, por lo que sus resultados son de obligatorio cumplimiento.

“Jurídicamente tampoco es posible la presentación de nuevas candidaturas o la modificación de listas de candidatos para unas elecciones internas ya realizadas”, añadió.

Asimismo, el oficio recordó que el Sistema Electoral del Perú, conformado por el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), emitió un pronunciamiento sobre la imposibilidad del cumplimiento de dicha ley.

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El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que el gobierno busca fortalecer su acercamiento con los pueblos del interior del país, revalorándolos y escuchándolos.

“Este gobierno está realizando una revaloración histórica de aquellos pueblos que fueron siempre invisibles”, señaló, al inaugurar el decimotercer Consejo de Ministros Descentralizado, en Amazonas.

Dijo, asimismo, haber advertido “odio entre peruanos”, manifestado en acciones que “no dejan trabajar al Ejecutivo”, como las constantes interpelaciones o los pedidos de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

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Como un abuso así calificó el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón el allanamiento a su vivienda efectuado por el Ministerio Público (MP), en la ciudad de Huancayo, Junín.

Agregó que es la segunda vez que allanan su domicilio en ausencia de los propietarios y de una oficina que no le pertenece.

“Fiscalía allana por segunda vez mi domicilio en ausencia de sus propietarios y una oficina de la que no soy dueño y ellos lo saben porque los propietarios se lo demostraron así en el primer allanamiento”, manifestó mediante su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Bancada de Perú Libre expresó su rechazo al allanamiento a la vivienda del líder de su partido.

Los congresistas de Perú Libre denunciaron en su mensaje que se está cometiendo un abuso contra el líder de su partido. 

“La Bancada de Perú Libre expresa el rechazo al abuso de autoridad contra el líder del Partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En estos momentos está siendo allanada su casa por segunda vez, sin la presencia de los propietarios ni abogados”, indicó el mensaje.

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El Ministerio de Defensa (Mindef), reiteró que son falsas las versiones sobre la desactivación de las bases militares contrasubversivas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Marañón (Vraem).

“Deploramos que el tema de la supuesta desactivación de bases, ya desmentido, sea utilizado políticamente con la intención de desestabilizar al gobierno del presidente Pedro Castillo y pretender una casual de vacancia”, indica el Mindef en un comunicado.En este se refiere que el 28 de abril, el ministro del sector, José Gavidia, envío un oficio al presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto (RP), detallando la estrategia desarrollada en esa zona del país.

En dicha comunicación se indicó que esta se desarrollará hasta que “el aparato militar de la organización terrorista Sendero Luminoso en el VRAEM sea desarticulado”. Sin embargo, el referido parlamentario ha vuelto a señalar que se cerrarán las bases militares allí ubicadas.

En el comunicado se precisa que el plan operativo de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en este valle comprende cuatro etapas.

Estas son las de implementación y despliegue de las fuerzas del orden, intervención militar, consolidación de la presencia y operaciones castrense y la normalización, que consistirá en transferir paulatinamente el control del orden interno a la Policía.

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Por distintas razones en diversos distritos de Apurímac, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Ayacucho y Piura, el Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia decretado. 

Dicha ampliación se oficializó mediante tres decretos supremos publicados hoy en el Diario Oficial El Peruano.

El decreto supremo 059-2022-PCM prorroga por 60 días el estado de emergencia vigente desde el 26 de abril en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas, Apurímac.

Dicha situación fue establecida tras las acciones de fuerza desarrolladas en dichas jurisdicciones en el contexto de las protestas frente al accionar de la minera Las Bambas

Por otro lado, mediante el decreto supremo 060-2022-PCM, se amplió por 60 días también el estado de emergencia en 20 distritos de la región Amazonas, trece de Cajamarca y seis de San Martín.

Este fue dispuesto el 29 de noviembre del año pasado, tras la ocurrencia de un sismo de 7.5 con epicentro en Loreto que afectó a varias regiones.

De igual forma, mediante el decreto supremo 061-2022-PCM, se prorrogó por 60 días el estado de emergencia en tres distritos de dos provincias de Amazonas; siete distritos de cinco provincias de Ayacucho y trece distritos de tres provincias de Piura.

Este se encuentra vigente desde el 1 de abril debido a los daños causados por las lluvias registradas en estas jurisdicciones.

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