Política

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, participó en la sesión N° 70 de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, realizada en la Presidencia del Consejo de Ministros.

En el encuentro se abordó las modificaciones al Plan Integral de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el balance del plan a enero 2020 y los avances en la negociación para la suscripción de contratos de Estado a Estado para la ejecución de obras de reconstrucción en el norte.

Participaron de la reunión la ministra de Economía, María Antonieta Alva; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada Contreras; la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno, entre otras autoridades.

La Autoridad para la reconstrucción con Cambios promueve la firma de convenios de gobierno a gobierno para la ejecución de obras de soluciones integrantes en 19 ríos, 5 quebradas y 17 drenajes fluviales, así como la construcción de 16 establecimientos de salud y 76 colegios en las regiones afectadas por El Niño costero.

La inversión en hospitales es cercana a los 1,500 millones de soles, en colegios alrededor de 800 millones de soles y el presupuesto para la primera etapa de las soluciones integrales es más o menos 3,500 millones de soles.

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En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) dio a conocer que ha emitido nueve resoluciones de multa a empresas que discriminaron a sus trabajadores, por razón de sexo. Dichas resoluciones se emitieron entre el 2014 –fecha en que entró en funciones la SUNAFIL– hasta el presente año.

En primera instancia se emitieron cuatro resoluciones de multa, equivalentes a 122 mil 523 soles y; en segunda instancia se emitieron cinco resoluciones, por un monto de 281 mil 377 soles.

Asimismo, el sector más fiscalizado por discriminación por sexo, fue el de intermediación financiera, seguido por comercio e industria manufacturera.

Cabe señalar que la discriminación por sexo se produce cuando los postulantes o trabajadores no reciben el mismo trato que sus pares, por su género o sexo. La discriminación es considerada una infracción muy grave y es sancionada hasta con 45 UIT.

Orientación

A través de sus intendencias regionales, durante esta semana, la SUNAFIL brindó orientación a empleadores y trabajadores respecto de la discriminación en el trabajo por sexo. La orientación se dio en Áncash, en empresas de retail de Nuevo Chimbote; en Iquitos se realizó en clínicas privadas; en la región Lima, en las empresas agroexportadoras de irrigación de Huaura; en Tumbes, a empresas del sector acuícola; en Junín a centros comerciales y; en Piura, a empresas agrícolas. Las orientaciones continuarán de manera progresiva durante todo el mes de marzo, en las demás regiones.

La discriminación por sexo también puede evidenciarse en la oferta de trabajo, cuando en los requisitos se hace énfasis en que solo se requiere personal de sexo masculino; así como en la entrevista de trabajo, cuando se realizan preguntas personales e irrelevantes al postulante.

La SUNAFIL dio esta información en el marco del Día Internacional de la Mujer, el cual se conmemora el 08 de marzo. Recordó, además, que en caso de discriminación, un trabajador puede denunciar ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo, siendo SUNAFIL o los Gobiernos Regionales. Asimismo, para recibir asesoría pueden comunicarse a la línea gratuita 0-800-1-6872.

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El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, expresó su preocupación ante el aumento de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, y demandó medidas urgentes destinadas atender eficazmente esta problemática. Reiteró que la desaparición de mujeres es una forma de violencia de género, cuyas causas estructurales deben ser estudiadas a fin de ser erradicadas.

En esa línea, ha presentado el Reporte Igualdad y No Violencia N°1, correspondiente al mes de febrero, donde se pone especial énfasis al fenómeno de la desaparición de mujeres y niñas, además de generar conciencia y conocimiento sobre otros tipos de violencia como los feminicidios y la violencia física y sexual. “No se puede activar al Estado sin información detallada por regiones, tal y como se está presentando en el reporte”, señaló Gutiérrez Camacho.

En cuanto a la data recogida por la Defensoría del Pueblo, según cifras de la PNP, en febrero, 168 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, 10 más que en enero (158), sumando hasta el momento 326 casos. Lima sigue concentrando la mayor cantidad de reportes (95), seguida de Arequipa (11) y Junín (11). En el caso de niñas y adolescentes, en febrero hubo 495 denuncias por desaparición, un 23% más que en enero (403), superando el doble de casos de mujeres adultas, lo que exige priorizar y reforzar las acciones del Estado en la protección de la población más vulnerable.

Asimismo, en febrero, se perpetraron 12 feminicidios, siendo Lima la que registra la mayor cantidad de casos (5). Si bien fueron 2 menos que en febrero del 2019, cabe indicar que este mes se registraron 10 muertes violentas de mujeres aún no esclarecidas que podrían ser tipificadas como feminicidio. Por su parte, en Arequipa, una de las víctimas de feminicidio fue inicialmente reportada como desaparecida, lo que evidencia un patrón de casi 10% de víctimas con esta condición previa.

De otro lado, este mes se produjeron 32 tentativas de feminicidio, cinco más que en febrero de 2019. La región que más casos presenta es Lima con 13, muy lejos de los 3 casos en Cajamarca, que, no obstante, aumentó de 0 a 3 con respecto a febrero de 2019. En segundo lugar, están Junín, Cusco, Callao y Tumbes con dos casos. Cabe indicar que, gracias a la intervención de terceros, como familiares o vecinos, se evitó que 10 tentativas (31% del total) llegaran a consumarse.

No menos preocupante resulta que, en enero, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron 6365 casos de violencia física contra mujeres, niñas y adolescentes, un 87.3% del total de casos. Asimismo, los CEM atendieron, en el mismo periodo, 711 casos de violencia sexual contra este grupo poblacional, un 95% del total de denuncias. Estas cifras revelan que ambas formas de violencia afectan principalmente a las mujeres por su condición de tal, en las distintas etapas de su desarrollo.

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El canciller Gustavo Meza-Cuadra resaltó el legado que deja el exsecretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Javier Pérez de Cuéllar, quien falleció a los 100 años, y dijo que su ejemplo permanecerá siempre en los peruanos.

A través de su cuenta de Twitter, el titular de Relaciones Exteriores hizo los siguientes comentarios al publicar diversas fotografías que retratan las exequias desarrolladas al exembajador del Servicio Diplomático.

"Gracias por el ejemplo, por el legado de paz, de humanidad y democracia. Que su buena estrella permanezca siempre con nosotros. El Perú y el mundo ¡a usted se adhieren!", indicó.

Asimismo, precisó que "duele su partida", pero que al mismo tiempo reconforta saber que su espíritu "vive por siempre en esta casa de Torre Tagle, que es la suya, y que el suyo es el destino sereno del hombre justo".

"Muchas gracias, querido embajador Pérez de Cuéllar, por una vida generosa, dedicada al servicio del país y de la paz", manifestó.

Como se recuerda, el Gobierno dispuso el duelo nacional por la muerte del extitular del organismo mundial y se estableció el izamiento del Pabellón Nacional a media asta en todas las instituciones y misiones diplomáticas del país en el mundo.

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El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, se pronunció sobre el beneficio de arresto domiciliario obtenido por el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, y dijo, que hay una mala práctica dentro del Poder Judicial, “pues ahora basta con presentar unos informes de una clínica particular para obtener arresto domiciliario”.

Indicó que la norma no dice eso, esta señala que tiene que ser médicos del departamento de Medicina Legal. Creo que se está aplicando mal la regla en el sistema anticorrupción, acotó.

“La comparecencia concedida al señor Luna, como el arresto domiciliario del señor Castañeda, según la resolución primera, señala que ambos tenían elementos que apuntaban a la obstrucción a la justicia”.

Y agregó que esta no es una buena señal para la lucha anticorrupción, porque podría haber una coartada o coordinación entre los investigados para responder eficientemente en su defensa.

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El abogado de Nadine Heredia, Jefferson Moreno, cuestionó que la fiscalía no haya autorizado su presencia durante el interrogatorio del próximo 10 y 11 de marzo, que tendrá lugar en Curitiba, (Brasil), al exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata.

"Sería bueno que nos dejen participar, porque si le vas a pedir prisión a alguien por lo menos déjalo defenderse", expresó el letrado a su salida de la audiencia de evaluación de impedimento de salida de país de Heredia Alarcón. 

Moreno dijo que la fiscalía le informó que no podía participar en la sesión de interrogatorio porque se trata de un proceso reservado en el marco de la colaboración eficaz suscrito con la constructora Odebrecht. 

"Me enteré por ustedes (la prensa) del interrogatorio del 10 y 11 de marzo y presenté un escrito a la fiscalía y le digo quiero participar y me responde que no porque es un proceso de colaboración eficaz y los procesos de colaboración son reservados", refirió.  

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La Sala Penal Anticorrupción revocó la prisión preventiva por 36 meses impuesta contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y le dispuso detención domiciliaria.

Dicha sala también confirmó comparecencia con restricciones al excongresista José Luna Gálvez y Giselle Zegarra Flores por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y otros.

Noticia en desarrollo…

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, destacó la publicación del Decreto Supremo 002-2020-IN, que anuncia la implementación del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas y aprueba el protocolo interinstitucional para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.

Consideró que, de esta manera, se acogió el pedido hecho por la Defensoría del Pueblo de aprobar, con la mayor premura posible, el protocolo para casos de mujeres desaparecidas víctimas de violencia.

En esta línea, señaló que esta institución, en su rol supervisor del cumplimiento de los deberes de la administración estatal, vigilará la efectiva adopción de acciones de búsqueda y el funcionamiento pleno del registro.

El Defensor del Pueblo saludó que se haya incluido en el protocolo la obligación de erradicar estereotipos de género en todas las etapas del procedimiento de búsqueda, entre lo cual destaca la prohibición de emitir juicios de valor sobre la vida social o sexual de las mujeres.

Sin embargo, advirtió que existen algunos aspectos que deben mejorar, como la desactivación de la alerta de emergencia cuando se presentan indicios de un delito conexo a la desaparición. A consideración del Defensor, por el contrario, si aún no se halla el paradero de la persona desaparecida la búsqueda debe intensificarse bajo la premisa de que esta se encuentra viva.

También expresó su preocupación porque la activación de la alerta de emergencia para los casos de niños, niñas y adolescentes esté sujeta a una evaluación compleja, con diferentes etapas, criterios y excepciones, lo cual podría, en la práctica, dificultar su aplicación y dejar a estas personas en desprotección.

En lo referido a personas con discapacidad, Gutiérrez consideró inquietante que no se haya incluido a este grupo de especial protección en la activación de la alerta de emergencia. Asimismo, que en el decreto no se desarrolle información detallada de cómo debe intervenir el servidor público ante la desaparición de una persona con discapacidad o cuando esta sea ubicada.

Finalmente, reiteró que el decreto aprobado supone un avance importante; no obstante, debe ser perfeccionado. En relación con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Defensor del Pueblo advirtió que, de no identificar acciones concretas encaminadas a su implementación tras el plazo de 45 días hábiles fijados por la norma, no tendrá más alternativa que presentar una demanda de cumplimiento, pues esta obligación se encuentra pendiente desde hace más de 16 años.

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El fiscal provincial José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, afirmó que la ley es igual para todos, así se llame Keiko Fujimori o no, al comentar la apelación presentada por la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, pedido que, de acuerdo a su criterio, se hizo en forma extemporánea.

Asimismo, se mostró contrariado por la inhibición de dos de los jueces que verían este recurso de apelación a la sentencia de 15 meses de prisión preventiva. 

“Y lo vuelvo a repetir, la ley es igual para todos los ciudadanos así se llame Keiko Fujimori o no, porque esta apelación fue interpuesta al cuarto día y la norma señala en los tres días, por lo que no debieron haberse inhibido”, manifestó a los medios de comunicación.

El integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, precisó que esta decisión provoca que la decisión judicial sobre la impugnación se retrase. 

“Es lamentable porque se está dilatando el trámite de esta apelación extemporánea que interpuso la defensa de Keiko Fujimori, por cuanto debió ser rechaza porque se planteó fuera del plazo ante la ley”, sostuvo.

El pasado 28 de enero el Poder Judicial dictó 15 meses adicionales de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, quien es investigada por lavado de activos y otros delitos por presuntamente recibir aportes de la empresa Odebrecht para sus campañas electorales.

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