Locales

El exalcalde y expresidente regional del Callao Alexander Kouri Bumachar fue trasladado desde la carceleta del Poder Judicial hacia el penal Ancón II (Piedras Gordas), en Ancón, donde debe cumplir la condena de cinco años de prisión efectiva que le impuso la justicia por el delito de colusión agravada en el caso Convial (construcción de la vía Expresa del Callao).

Kouri Bumachar, dirigente principal de la agrupación política Chim Pum Callao, fue conducido desde la carceleta en medio de estrictas medidas de seguridad y a través de una manga que cubrió el trayecto de la puerta hacia una ambulancia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), para evitar que los medios de prensa captasen imágenes de su salida.

Como se recuerda Kouri Bumachar fue sentenciado ayer por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, la que dispuso también el pago de una indemnización de 24 millones de soles y una reparación de 2 millones de soles a favor del Estado.

Según el Ministerio Público, Kouri convocó el concurso público de proyectos integrales para la construcción de la denominada vía Expresa del Callao, en junio de 1999, por 45 millones 574,716 dólares.

En la acusación se indica que se suscribió con Javier Roberto Lowry Gazzini, representante legal de Convial, siete adendas que al parecer favorecían los intereses patrimoniales de la citada empresa, en perjuicio del Estado.

La defensa de la exautoridad chalaca presentó un recurso de nulidad del proceso, que debe resolverse en los próximos días.

En declaraciones a "Canal N", el presidente del Inpe, Julio Magán, informó que Kouri Bumachar será sometido a un régimen carcelario ordinario que le permitirá socializar con los demás internos, participar en actividades propias del penal y recibir la visita de sus familiares y amigos, así como de sus abogados.

Cuestionado sobre la colocación de una manga para el paso del detenido sin ser visto, Magán justificó la medida señalando que se busca evitar una mayor exposición para impedir que se denigre más la imagen del ser humano.

/PAG/

Esta mañana un grupo de transportistas de la zona de Jicamarca protestó contra la implementación del nuevo corredor de San Juan de Lurigancho-Rímac, pues aseguran que se ve afectado su trabajo y significa un mayor desembolso de dinero por parte de los pasajeros.

Los transportistas marcharon a lo largo de la avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho, expresando su descontento porque, refieren, el ingreso de los "buses morados" afectará a muchas familias que viven del transporte, pero también a comerciantes que laboran por esta zona.

Comentaron que los vecinos de la zona pagaban antes 50 céntimos por trasladarse hasta la entrada de Jicamarca, pero ahora, con la puesta en marcha del corredor, deben pagar S/ 1.50.

El vocero de Protransporte, David Hernández, rechazó este argumento aclarando que el corredor de San Juan de Lurigancho busca modernizar y ordenar el tránsito en esta zona de la capital.

Negó que el nuevo servicio deje sin trabajo a los transportistas y explicó que los buses antiguos seguirán brindando el servicio, como alimentadores, hacia las zonas más alejadas en San Juan de Lurigancho hasta donde no llega el nuevo corredor vial.

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La Municipalidad de Lima afirmó que no habrá marcha atrás en la implementación de la fase de prueba del nuevo corredor San Juan de Lurigancho, donde un grupo de transportistas protestó, interrumpiendo la vía pública, bajo el argumento de que se les está dejando sin trabajo.

Según explicó Roxana Rocha, presidenta del directorio de Protransporte, entidad de la comuna limeña, no se ha dispuesto el retiro de ninguna empresa de transporte a partir del funcionamiento de este corredor, que por el momento llega hasta el Rímac.

"Los que han ganado la buena pro del corredor son los mismos transportistas formales que transitaban por la vía, por lo tanto no se verán perjudicados en su trabajo. Por eso ahora queremos decir que esta fase de prueba seguirá, no hay marcha atrás", subrayó.

Asimismo, sostuvo que los transportistas informales, aquellos propietarios de combis sin ninguna autorización, estarían detrás de la protesta, a la que también se sumaron comerciantes y ambulantes que se beneficiaban con el anterior sistema.

Rocha admitió que existen transportistas formales que no participaron de la buena pro y dijo que la Gerencia de Transporte Urbano de Lima hará una evaluación, a través de una mesa de trabajo, para ver si les modifican o recortan sus rutas. "Haremos un levantamiento de información y se dará a conocer oportunamente".

También la funcionaria se refirió a la protesta de los vecinos del Rímac contra la posibilidad de que aumente la carga vehicular por este nuevo corredor. "Es falso que se diga que con este corredor habrá más congestión; antes había 9 mil pases vehiculares y ahora hay solo 400 pases, porque se trata de buses grandes de mayor capacidad".

En esta fase de prueba del corredor, que se puso en marcha el último martes, circulan 46 buses cero kilómetros con capacidad para transportar 80 pasajeros cada uno. El corredor, indicó Rocha, cuenta con estudios de impacto ambiental, vial y vehicular.

/PAG/

Con la presencia de cientos de pescadores artesanales, la imagen de san Pedro salió en procesión por la bahía de Chorrillos en conmemoración por el Día del Pescador y en homenaje al mártir de la Independencia, José Olaya Balandra.

Como todos los años, la imagen fue instalada en una embarcación y fue desplazada por cerca de una hora sobre el mar, generando una escena colorida y de profunda devoción entre los pescadores que acompañaron con sus lanchas la procesión.

El santo patrono de los pescadores recibió el homenaje de la Marina de Guerra y del Club Regatas Lima. En tanto cientos de personas seguían desde el Malecón Grau todas las incidencias de la procesión en el mar.

En la bahía de Chorrillos se realizó igualmente la tradicional “Pesca milagrosa”. Como parte de la ceremonia se arrojó un arreglo de Flores por el mártir José Olaya. Su descendiente Sabino Balandra Pérez también participó del homenaje.

Como se recuerda, José Olaya fue fusilado el 29 de junio de 1823 por las tropas realistas al descubrir que era quien llevaba información a las fuerzas patriotas ubicadas en Lima, para lo cual se desplazaba por el mar, a nado, entre Lima y Chorrillos.

Al final, la imagen de san Pedro fue colocada frente al local del Sindicato de Pescadores Artesanales de Chorrillos donde recibió el homenaje de los hombres de mar.

/P.A.G./

La Cámara Peruana del Libro (CPL) explicó el aumento de 5 a 7 nuevos soles la entrada a la Feria Internacional del Libro de Lima por los mayores costos de la estructura ferial.

El alza del precio de la entrada general de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), a 7 nuevos soles –equivalente a dos dólares americanos- ha causado revuelo en las redes sociales.

Ello, a pesar que la Cámara Peruana del Libro (CPL), institución privada organizadora del evento, anunció que los adultos mayores de 65 años y niños menores de 12 años tienen ingreso gratuito, y que los estudiantes universitarios y de institutos pagarán solo S/ 3.00.

Caro espacio temporal

José Carlos Alvariño, director de la Comisión de Ferias de la CPL, recordó a Andina que el 70 % de la “inversión millonaria” de la FIL Lima “se va en levantar los 14,000 metros cuadrados de espacio temporal” en el parque Los Próceres, del distrito de Jesús María, donde se realizará el evento del 15 al 31 de julio.

“Nuestra apuesta es hacer una FIL Lima con mejores servicios, mejor implementada, con mejores invitados y auditorios; crecer y darle a los invitados mayores espacios; y hacer más publicidad. Son esfuerzos que hacen todas las ferias del libro del mundo, pero nosotros tenemos la diferencia del espacio temporal que armamos cada año”, enfatizó.

Lo que presentará

Comparado entre la FIL Lima 2011 y la edición de julio próximo, habrá un crecimiento de 14 a 17 días de feria; de 460 a 690 actividades, de 4 a 9 salas culturales, de 21 a 84 invitados internacionales, además de contar con la presencia del Premio Nobel de Literatura Jean-Marie Le Clézio.

Además, ha aumentado el espacio dispuesto para el país invitado de honor, que este año será Colombia, nación que traerá una gran delegación. El cual no solo tendrá su espacio sino también una sala para la exposición “Gabo viajero”, dedicada al novelista Gabriel García Márquez.

A los editores no asociados, a quienes se les cobrará 250 soles por presencia en los auditorios, y cuyas actividades también saldrán en los 100,000 catálogos, además de presencia en las redes sociales, se les dotará de equipos de sonido adecuados y dos asistentes por sala.

Alvariño recordó que el esfuerzo “monumental” de sacar adelante la feria es “100 % esfuerzo de empresas peruanas”. Este año, justamente, la CPL celebra siete décadas de creación gremial.

El próximo 14 de julio se estrena en el país "Maligno", cinta peruana cuyo argumento transcurre en pleno corazón de la selva nacional.

Dirigida por Paco Bardales y Martín Casapía, en esta película actúan Sofía Rocha, Fiorella Penanno, Gonzalo Molina, Sylvia Majo, Fernando Bacilio, Juan Maldonado y el actor Gino Pesaressi.
 
Pesaressi interpreta en la cinta a Andrés, un joven que ve cómo Luciana (Fiorella Penanno), su enamorada, es protagonista de hechos sobrenaturales.
 
Basada en hechos reales, en Maligno se suceden extraños sucesos en un hospital, cuando un ser de la oscuridad es liberado y empieza a tomar las almas de los más débiles.

El público no podrán ingresar más a los estadios con las caras pintadas ni usando prendas ni accesorios que dificulten su identificación, así como tampoco portando banderolas, pancartas ni instrumentos musicales.

Tales prohibiciones están contenidas en el Reglamento de la Ley N° 30037 que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, y que fue publicado hoy mediante un decreto supremo que aparece hoy en el diario oficial El Peruano.

A estas prohibiciones se suman otras que ya estaban vigentes como el ingreso de armas de fuego o punzocortantes, botellas ni bebidas alcohólicas o estupefacientes. La posesión de bengalas y petardos en los estadios también está restringida.   

Del mismo modo, quedan regulados los cánticos y expresiones que inciten a conductas intolerantes, discriminatorias, violentas, racistas o xenófobas.

Seguro obligatorio para eventos deportivos

Otro alcance de la referida norma determina la creación del Seguro Obligatorio para Espectáculos Deportivos (SOED), a través del cual los organizadores de estas actividades contarán con pólizas que cubran eventuales incidentes como muertes (hasta 04 UIT), casos de invalidez permanente (hasta 04 UIT), casos de incapacidad temporal (hasta 04 UIT), gastos médicos (hasta 05 UIT) y gastos por sepelios (hasta 01 UIT).

La cobertura de dicha póliza comprende los actos que ocurran en el escenario donde se realiza el espectáculo deportivo profesional, así como en el área de influencia que establezca la Policía Nacional.

Registro de infractores

El Reglamento de la Ley N° 30037 establece además la creación del Registro Central de Sanciones del Deporte donde se registrarán a las personas que hayan sido sancionadas por cometer actos vandálicos en eventos deportivos. Quienes figuren en esta relación serán impedidas de ingresar a recintos deportivos.

Por otro lado, se dispone asimismo que los propietarios o concesionarios de los palcos suites tendrán que facilitar el acceso de autoridades a esas zonas con la finalidad de inspeccionar que las prohibiciones se respeten también en esos lugares.

Los ciudadanos podrán realizar el seguimiento de un hecho delictivo, utilizando un código único, a través de un portal interinstitucional, implementado entre el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional.

El proyecto piloto de interoperabilidad fue presentado en una ceremonia especial realizado en la Biblioteca del Palacio de Justicia.

Inicialmente, el proyecto abarca los distritos judiciales de Ventanilla y Huaura y tendrá una duración de cinco meses.

La implementación y administración del Portal Interinstitucional estará a cargo del Poder Judicial, en tanto que las Gerencias de Tecnologías de Información del Ministerio Público y de la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información y Comunicación (DIRETIC) de la Policía Nacional, serán las encargadas del seguimiento del proceso de sus respectivas derivaciones en el portal.

Este proyecto fue elaborado por un Equipo Técnico de Interoperabilidad (ETI) presidido por el doctor Augusto Ruidias Farfán e integrado por expertos legales y técnicos de las referidas instituciones.  

El Secretario Técnico del ETI del Código Procesal Penal (CPP) del Ministerio del Interior fue el doctor Alejandro Sánchez Cáceres y de la Policía Nacional el ingeniero de sistemas, Mario Lazo Muñoz.

Al término de la presentación del proyecto se firmó el Acta de Constitución a cargo de los coordinadores titulares y alternos presentes.

Por cometer el delito de trata de personas, 42 personas han ido a prisión en el país durante el periodo 2014-2015, explicó Alejandro Silva Reina, director general para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, quien agregó que esa información será prioritaria en el primer diagnóstico nacional que su oficina elabora sobre este flagelo.

En el mismo lapso, el 60 % de casos de trata se concentró en Lima; seguido por Loreto, Madre de Dios, Cusco, Huancayo y Puno; y el 70 % de las víctimas son mujeres de entre 13 y 27 años de edad, la mayoría de procedencia rural.

En Lima la trata tiene como fin principal la explotación sexual y laboral; en tanto que en Loreto está vinculada al llamado "turismo sexual".

El funcionario indicó que el principal fin de la trata de personas continúa siendo la explotación sexual (40 %), seguida de la explotación laboral y la mendicidad; y apuntó que la trata convive con otras actividades prohibidas como la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.

"No existe un diagnóstico sobre la trata de personas en el país, solo tenemos información desagregada de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Vamos a profundizar la investigación, hay muchos datos sueltos, y para esa tarea estamos incluyendo al INEI y nueve ministerios, porque la lucha contra la trata debe ser multisectorial", enfatizó el funcionario.

Silva Reina alertó que ahora la trata de personas es más compleja y transfonteriza, es decir, se trafican víctimas provenientes de varios países.

"Llegan de Ecuador, Colombia y Bolivia; pero también hemos identificado víctimas de República Dominicana, Cuba e inclusive de África y el Sudeste Asiático. Ahora las mafias de trata usan nuestro país como ruta de tránsito", detalló.  

Como parte de las tareas de prevención ante esta amenaza, la Dirección de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior desarrollará la campaña "Corazón azul", durante julio, y bajo el lema: "Tu libertad no se compra, tu dignidad no se vende. Denuncia la trata de personas" se desarrollarán actividades deportivas, foros, conversatorios y se iluminarán diversos edificios de Lima con luces azules.

El 51,3 % de los 77,000 internos distribuidos en los 66 centros penitenciarios a escala nacional, aún no ha sido sentenciado, siendo el departamento de Piura el que ocupa el primer lugar con un 75,9% de reos en condición de procesados, reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo al análisis del censo penitenciario realizado recientemente, son actualmente un total de 39,093 los internos que están a la espera de una sentencia, mientras que 37,087 ya han sido condenados.

Sin embargo, se observa que en algunos departamentos, más del 70 % de internos han sido sentenciados, como en Arequipa (80,4%) y Huancavelica (76,5%).

El informe revela igualmente que los delitos que tienen un porcentaje mayor de sentenciados que de procesados en el Perú son los de violación sexual y violación sexual de menores, con el 70 %.

Contrariamente, los delitos que tienen el menor porcentaje de sentenciados son extorsión y robo agravado en grado de tentativa, con un 40 %.

De acuerdo a la evaluación que ha hecho el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) sobre este informe, una de las principales causas vinculadas a temas de sobrepoblación y hacinamiento en los penales está vinculada al tiempo que los internos deben esperar para conseguir una sentencia.

Al respecto, de los reos que aún no tienen sentencia, 9,994 la están esperando desde hace tres años, mientras que en los casos más extremos, que suman los 86 internos, ya son más de 15 años encerrados sin tener una sentencia.

Por su parte, de los internos que sí cuentan con sentencia, el 39 % cumple una pena de entre 6 a 10 años, mientras que el 43 % de los internos ha recibido una sentencia mayor a los 10 años.

Otra realidad que llama la atención de este censo es que el 46 % de los internos a escala nacional dice no contar con un abogado defensor que lleve su causa, mientras que el 53.6 % dice contar con dicha defensa, y que un tercio de los casos lo han asumido defensores públicos.

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