Política

A fines del mes de agosto, la comisión que investiga a la red de corrupción de Rodolfo Orellana empezará a debatir su informe final, ya que su trabajo se encuentra avanzado en un 90 por ciento, señaló su presidente Vicente Zeballos (SN).

El director de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fernando Rodríguez Patrón, recordó hoy que los candidatos presidenciales deben surgir como resultado de las elecciones primarias realizadas en sus organizaciones políticas.

El precandidato presidencial del Frente Amplio, Marco Arana, aclaró que la propuesta política de esta confluencia de grupo de izquierda no rechaza la actividad minera, sino que plantea un riguroso cumplimiento de criterios específicos para su desarrollo.

El Gobierno trabaja para garantizar la ejecución de proyectos cuya ejecución implique un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) el 2016, afirmó el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, quien remarcó que es una obligación dejar las finanzas saneadas a quien resulte elegido para dirigir el país el próximo año.

"Hay que garantizar proyectos mineros que están en ejecución ahora y que impliquen, si es que salen, un incremento el próximo año del PBI de 1.4 por ciento, si se concretan", dijo al recordar que suelen haber grupos políticos que asumen posiciones radicales ante la ejecución de este tipo de proyectos, como ocurrió con Tía María.

Allí, remarcó, se pudo descubrir quiénes manejaban las protestas, las cuales, aseguró, se basaban no precisamente en convicciones democráticas o defensa del medio ambiente, sino en corrupción de algunas personas que ahora enfrentan a la justicia.

"Sí ha habido una  acción del Estado para que estas condiciones cambien", aseveró Cateriano, quien adelantó que se restablecerán las mesas de diálogo de este proyecto minero, para aclarar las dudas justificadas que pueda tener la población.

"El ciudadano tiene derecho a preguntar, a pedir información al Estado, y estamos en la obligación de brindarla. Lo que sí, bajo ninguna circunstancia, no podemos aceptar el uso de la violencia, pues en democracia el uso de la violencia está penado", señaló.

Consultado sobre un eventual aumento del salario mínimo vital, recordó que para gastar dinero resulta "absolutamente necesario que generemos previamente riqueza porque si no aparece la inflación, lo peor que le puede ocurrir a un país".

Recordó que hubo una disminución la recaudación fiscal como consecuencia de un freno en la inversión minera, específicamente con Tía María, y para revertir eso, aumentar sueldos, tener proyectos y generar empleo, se requiere inversión privada nacional y extranjera. Eso que ocurre cuando hay estabilidad política y jurídica, dijo.

Si no hay eso se dificultan las inversiones y el empresario va dónde la inversión le rendirá beneficios, añadió.

"Cuando hay inestabilidad política, populismo, exceso de gasto público, compromiso de aumentar el sueldo un sin respaldo económico, eso al final resulta costoso. Fácil sería aumentar el sueldo y que pague siguiente el gobierno el 28 de julio", agregó.

Otra muestra del manejo económico responsable, indicó, es que el Gobierno no se sumó a la exoneración permanente a los descuentos en las gratificaciones.

"Defendemos principios, esa exoneración generará un forado fiscal y hemos mantenido nuestra posición porque creemos es obligación debemos dejarle finanzas ordenadas".

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El pleno del Congreso sesionaría los miércoles en horas de la tarde para debatir y pronunciarse sobre los informes finales de las comisiones investigadoras y los que tiene pendientes la Comisión de Ética, como sucedía hasta hoy, adelantó el titular del Legislativo, Luis Iberico.

Opinó que la Comisión de Ética, que preside Rogelio Canches, permanecería en manos de Unión Regional, pero la decisión será de sus integrantes.

Entre los informes que se encuentran pendientes de aprobación en el pleno están los derivados de la "megacomisión", que investigó al segundo gobierno aprista, y de irregularidades en diferentes gobiernos regionales.

Asimismo, comentó que se priorizará en la presente legislatura los proyectos de ley sobre seguridad ciudadana, entre ellos el que autoriza a la Fuerza Aérea a interceptar avionetas del narcotráfico.

Para Iberico, se trata de un tema polémico, que producirá mucho debate, pero se podrían cerrar aquellas brechas de las que se vale el narcotráfico. "Sería una medida disuasiva", refirió.

Otro de los temas, dijo, será el de la geolocalización de las llamadas telefónicas, como una de las formas para prevenir los delitos de extorsión, seguimiento y otros, promovida por el Ejecutivo mediante las facultades legislativas otorgadas por el Parlamento.

“Hay un camino que seguir y eso está establecido en la ley”, dijo tras afirmar que todos los decretos legislativos serán revisados por la Comisión de Constitución, y allí se discutirá si están dentro del marco de la Carta y las facultades delegadas.

Señaló que podrían buscarse otras opciones, entre ellas la posible elección de jueces ad hoc. "Hay que buscar fórmulas para acabar con la industria del crimen", añadió Iberico Núñez.

/CCH/ Andina

El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano Bellido, aseguró que el gobierno del presidente Ollanta Humala garantiza elecciones generales “libres y neutrales” que garanticen una transferencia del poder.

“Existe el compromiso que tiene todo gobernante democrático, toda administración que surge de la voluntad popular, de organizar unas elecciones libres, neutrales que garanticen una transferencia del poder”, subrayó.

Refirió que en el caso particular de las próximas elecciones del 2016, serán ya “cuatro presidentes” que se van a suceder, elegidos dentro del marco constitucional.

Cateriano se pronunció en este sentido, tras tomar conocimiento de una declaración suscrita por diversos partidos políticos que dijeron confiar en que las elecciones generales de 2016 se realicen en un clima de libertad y transparencia y respaldaron las políticas y medidas en materia de seguridad ciudadana.

Este documento, suscrito por los líderes de 14 organizaciones políticas, fue presentado ante el foro del Acuerdo Nacional que esta mañana se reunió para conocer los avances en materia de ciencia, innovación y tecnología.

Jorge del Castillo, quien dio lectura del acuerdo ante el Acuerdo Nacional, dijo que tiene como propósito elevar el nivel de la política, respaldar al Ejecutivo en la política económica y en seguridad ciudadana.

/CCH/ Andina

Los partidos políticos anunciaron hoy su apoyo a las políticas públicas y acciones que ha iniciado el Ejecutivo en favor de la seguridad ciudadana, incluidas las medidas extraordinarias dictadas para salvaguardar la integridad de la familia peruana.

Dicho respaldo fue establecido en un comunicado leído públicamente durante el Foro del Acuerdo Nacional que se lleva a cabo esta mañana en Palacio de Gobierno.

"Apoyamos las políticas públicas y acciones por la seguridad ciudadana que justifican adoptar medidas extraordinarias para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y familia peruana", señaló Jorge Del Castillo, del APRA, al dar lectura del documento.

Asimismo, citando el comunicado, refirió que los partidos confían en que el próximo proceso electoral se desarrolle en un clima de libertad y transparencia, de respeto a la voluntad popular y el no uso de recursos públicos o fuentes impropia para el financiamiento de las campañas.

De igual forma, añadió, esperan que predomine la neutralidad en el Gobierno Central, regional y municipal, y que la libertad de prensa se ejerza con respeto a todos los que aspiren a regir los destinos del país.

Además, exhortaron a desarrollar los mejores esfuerzos por la estabilidad económica, y la promoción de los procesos de inversión pública y privada como fuente de generación de empleo digno y apoyo al desarrollo económico y social.

Del Castillo explicó que el documento nace de una convergencia de los partidos en este último año de la gestión del presidente Ollanta Humala, reuniendo voluntades para que el país prospere en un clima de democracia y libertades plenas.

"Estos lineamientos de consenso esperamos que contribuyan a elevar el nivel del debate político, dejando en claro que bajo ninguna circunstancia esto implica no ventilar presuntos casos de corrupción en instancias fiscales y judiciales", añadió.

El acuerdo fue firmado líderes de los partidos Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Apra, Fuerza Popular, Orden, Partido Humanista, Partido Nacionalista, Perú Posible, Patria Segura, Peruanos Por el Kambio, PPC, Restauración Nacional, Solidaridad Nacional, Somos Perú y Todos por el Perú.

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El congresista por la región Moquegua, Vicente Zeballos, sostuvo que la acreditación “debe ser entendida como un proceso de validación en todos los niveles y no puede exigirse únicamente en la educación técnica o universitaria, por lo que si alguien habla de calidad educativa, esta calidad debe empezar en los colegios”.

Por ello, indicó que “es necesario que la población moqueguana y de todo el país conozca el proceso, pues en estos tiempos es una necesidad imperativa trabajar por la calidad educativa”.

“En Moquegua estamos en pleno proceso, pero aún no hemos alcanzado ninguna de nuestras metas y objetivas”, agregó el legislador, ya que a la fecha la región a la que pertenece solo cuenta con 35 comités de calidad trabajando por su acreditación.

Según registros de la Oficina de Monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), hay dos colegios, dos institutos pedagógicos, 16 carreras de institutos tecnológicos y 15 carreras universitarias en fase de autoevaluación en ese departamento del sur del país.

Por todo ello, dijo que existe aún un trabajo arduo por hacer y dentro de él desmitificar los estudios técnicos, a fin de que la sociedad vea únicamente una educación superior, y hable mejor de estos estudios de corta duración. 

En esa misma línea, el parlamentario mencionó que a su parecer los procesos de acreditación de carreras tecnológicas deben tener carácter obligatorio y no ser únicamente voluntario.

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El congresista de AP-FA, Mesías Guevara, exhortó a los legisladores de todas las bancadas parlamentarias a asumir con madurez la distribución y presidencia de las comisiones ordinarias en el Congreso nacional.

"Yo creo que los congresistas debemos demostrar ponderación, madurez, y ya no tanto velar por el interés de la bancada, sino por el beneficio nacional", afirmó.

Para el congresista de la bancada APP-FA, la Comisión de Fiscalización y Contraloría se convertirá en la "manzana de la discordia", en el presente periodo legislativo.

Refirió que varias agrupaciones buscarán presidir la mencionada comisión porque consideran que a través de ese grupo de trabajo se puede tener control político.

Asimismo, estimó que la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera también será una de las más "peleadas" por diversas bancadas.

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La legisladora Julia Teves, sostuvo que su bancada, Gana Perú, abogará por el desarrollo de una agenda democrática en la nueva gestión parlamentaria presidida por el congresista Luis Iberico.

Asimismo, consideró que la elección del defensor del Pueblo debe ser un asunto prioritario en el Parlamento.

Teves, comentó que su agrupación aspira a preservar la presidencia de las mismas comisiones parlamentarias ocupadas en la anterior legislatura.

"Nosotros no hemos solicitado un cambio, no estamos a la expectativa de otras comisiones; sin embargo, es un tema que debe debatirse en la junta de portavoces", señaló, a los periodistas.

En otro momento, Teves rechazó que se hayan dado nuevas dimisiones de congresistas al interior de la bancada de Gana Perú, tema que atribuyó a simples especulaciones.

"Nosotros tenemos una reunión este lunes y mientras tanto estamos en el deseo de elegir al vocero de la bancada y estamos en esta línea de continuar con una agenda democrática, que consolide el proceso de la institución parlamentaria", aseveró.

/M.R.M./