Política

La comisión del Congreso que investiga los presuntos delitos de corrupción del empresario Rodolfo Orellana con el Estado pedirá un plazo adicional de 90 a 120 días para la presentación de su informe final, informó el legislador Vicente Zeballos, quien preside este grupo especial.

“La labor de la comisión se va perfilando, estamos trabajando para marzo un informe preliminar, son una centena de investigados y el tiempo no nos va a alcanzar”, agregó.

Refirió que la comisión viene elaborando la propuesta de ampliación del plazo de 90 a 120 días para poder culminar con el informe final. 

Según dijo el congresista de Solidaridad Nacional, la comisión presentará su informe final antes de julio. 

En otro momento, informó que en la sesión de esta mañana recibieron los testimonios de Nadal Rueda Manrique y de Gilberto Violeta López, en calidad de investigados. 

A Nadal Rueda se le citó para que informe sobre la adquisición y transferencia ilícita de inmuebles, emisión de cartas fianzas no autorizadas y movimientos bancarios relacionados con investigados por la comisión.

Por su parte, Gilberto Violeta informó sobre su participación como socio fundador y gerente general de ABC Group For Huaman Developmen SAC. 

El congresista Zeballos destacó que ambos testimonios han sido enriquecedores e importantes.

/CCH/ Andina

El Jefe del Estado, Ollanta Humala, instó al Congreso a brindar una alternativa para los dos millones jóvenes que perdieron una oportunidad con la derogatoria de la ley laboral juvenil acordada ayer por el Parlamento, luego de que este la aprobó.

"Los que han perdido son los dos millones de jóvenes que con la ley por lo menos tenían algo, hoy no tienen nada. El Congreso derogó la norma pero no ha planteado   una alternativa para estos dos millones", aseveró el Mandatario.

Bajo esa premisa, el Presidente exhortó a los congresistas a que, en el plazo más breve, se pongan a trabajar y planteen una alternativa. "Fácil es criticar, hablar de teorías conspirativas, lo difícil es construir una propuesta", indicó.

Según recordó, el Ejecutivo construyó una propuesta, la presentó al Parlamento, que la sometió a comisiones y un proceso de discusión que terminó con una aprobación por mayoría que luego cambió y dio lugar a la derogación.

"Hemos aceptado esta nueva decisión pero no podemos quedarnos en silencio y no decir la verdad: los que han perdido, más allá panderetas y tambores en algunas plazas, son los dos millones de jóvenes de todo el territorio que no tenían calificación laboral ni estudios superiores y son explotados sin derecho", dijo. 

"Les han quitado una herramienta para insertarse de manera formal en el mercado laboral. Les han quitado eso, exigimos les den alternativa", señaló desde la región Lambayeque donde inauguró obras en una escuela.

Asimismo, el Jefe del Estado recordó que se tiene una estrategia multisectorial trazada para traer al país al empresario Martín Belaunde Lossio y reiteró que su gobierno no distingue amistades, familiares ni colaboradores cuando se trata de la ley. 

/CCH/ Andina

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, reafirmó en el Congreso de la República que no existe en el Gobierno política ni directiva alguna para realizar reglaje o seguimiento a ningún político.

“Tengan la plena seguridad que en este gobierno jamás se ha dictado una disposición que vaya en contra del Estado de derecho y de la defensa irrestricta de los derechos humanos, principios que propugno y que compartimos plenamente con el presidente Ollanta Humala”, aseveró Jara Velásquez en la Comisión Permanente del Parlamento, a la que asistió en calidad de invitada y en la que se trataron las denuncias periodísticas sobre presuntos reglajes a personajes políticos.  

“Rechazamos con firmeza y repudio las nefastas acciones que puedan haberse producido y que vulneran derechos, seguridad e intimidad de las personas que han sido víctimas de estas prácticas del pasado, prácticas ilegales que deben quedar desterradas de manera definitiva en nuestro país”, remarcó. 

Sostuvo que “nuestra posición como gobierno ha sido clara desde el inicio” y que “los hechos denunciados a través de las publicaciones no se han originado desde ninguna instancia del Ejecutivo”.

Por tal razón, subrayó la necesidad de realizar una investigación exhaustiva que “nos permita determinar las oscuras motivaciones de estos actos ilícitos e identificar a sus responsables para la sanción correspondiente”.    

La jefa del Gabinete Ministerial reiteró lo señalado por el presidente Humala en el sentido que actividades proscritas como el reglaje y seguimiento no tienen cabida en este gobierno. 

“Existe la posibilidad entonces de encontrarnos frente a una organización criminal que en el desarrollo de sus acciones delictivas podría estar intentando vincular al Sistema de Inteligencia Nacional en sus prácticas ilegales”, advirtió. “Esto lo determinarán las investigaciones, pero que quede claro para el Parlamento y la ciudadanía, que nosotros somos los principales interesados en identificar a los responsables y exigimos les caiga todo el peso de la ley”, enfatizó.

En otro momento, destacó la importancia estratégica de los sistemas de inteligencia en el Perú y señaló que su existencia está orientada a fortalecer la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República, así como preservar y contribuir al desarrollo económico y social del país.

Durante su intervención, Jara Velásquez también señaló que “como gobierno negamos enfáticamente que se hayan dado situaciones de reglaje o seguimiento a la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza”, parlamentaria oficialista con quien visitó las instalaciones del Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) después de una reunión sostenida sobre el tema. 

Al informar a los congresistas las acciones que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se han desarrollado con observancia del principio de inmediatez, refirió que conocidos los hechos la mañana del 15 de enero, a través de la publicación de “Correo Semanal” que daba cuenta de supuestas acciones de reglaje a políticos y empresarios por parte de la DINI, “cité a mi despacho de manera inmediata al Director Nacional y al Director Ejecutivo de la DINI, a fin de que me informen sobre el contenido y veracidad de la publicación”.

“Asimismo, me reuní con los ministros de Defensa y del Interior. Los funcionarios mencionados fueron unánimes y tajantes en su respuesta, al señalar que en ningún momento se había dispuesto acciones como las descritas en la publicación”, detalló. 

Agregó que “difundida la noticia de un supuesto reglaje e interceptación de las comunicaciones del expresidente de la República, Alan García, mediante un llamado ‘Plan Alex’, el lunes 26 de enero del presente se solicitó a la DINI que informe de manera inmediata sobre este supuesto reglaje, recibiendo como respuesta que la DINI no realiza ninguna de las acciones descritas en los reportajes periodísticos, descartando cualquier tipo de relación con las mismas”.

UNIDAD

“Hoy no solo vengo a dar cuenta de lo actuado desde el momento que tomé conocimiento de las noticias, sino también para llamar a la unidad de la clase política y hacer frente a este tipo de prácticas ilegales, así como la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción y otras amenazas que atenten contra la sociedad y el estado de derecho, sin importar de donde vengan”, señaló. 

Jara Velásquez ratificó la vocación democrática y de profundo respeto del gobierno al Estado de derecho, el respeto a los derechos fundamentales como la intimidad, y la defensa irrestricta de los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas. 

En la sesión también intervino el jefe de la DINI, Javier Briceño, quien expuso las circunstancias por las que se dio una actividad de inteligencia en las inmediaciones del domicilio de la primera vicepresidenta de la República. En cuanto a las denuncias periodísticas sobre presunto reglaje, el funcionario descartó que se trate de su institución.

Sobre el caso de la congresista Luz Salgado, el funcionario precisó que la parlamentaria visitó las instalaciones de la DINI en compañía del personal, no habiendo formulado observaciones posteriores a la visita.

/CCH/ Andina

La Comisión Permanente del Congreso aprobó declarar el 27 de enero de cada año Día de la Soberanía Marítima, al recordarse en esa fecha el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que zanjó el diferendo marítimo entre Perú y Chile.

La propuesta, enviada en la víspera por el Ejecutivo, recibió el visto bueno unánime de parte de los miembros de la Comisión Permanente esta mañana. 

Durante el debate, los parlamentarios nacionalistas Manuel Zerillo y Josué Gutiérrez indicaron que esta iniciativa no tiene color político, y que más bien resalta un hecho importante para la historia del país, como es la fijación definitiva de unos límites territoriales hasta entonces no establecidos adecuadamente.

A su vez, Natalie Condori, expresidenta de la comisión de seguimiento de la demanda marítima, resaltó que con el fallo de La Haya se reafirmó la soberanía peruana sobre un espacio de aproximadamente 50, ooo kilómetros cuadrados de mar, que no poseía.

El proyecto de ley fue aprobado por 22 votos a favor y una abstención.

Antes, la Comisión Permanente aceptó el proyecto de resolución legislativa por el cual se autoriza el ingreso a territorio peruano de unidades navales y de personal militar extranjero, a fin de realizar operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas nacionales durante el presente año.

/CCH/ Andina

El Presidente Ollanta Humala Tasso encabezó la inauguración de las obras de mejoramiento y ampliación de la institución educativa N° 11136 "Señor de Sicán", ubicada en el caserío Sapamé del distrito de Illimo, región Lambayeque.

La inversión destinada en los trabajos asciende a 4.02 millones de nuevos soles, en beneficio de alrededor de 200 alumnos.

Se construyó 11 aulas, un laboratorio, una sala de cómputo, una biblioteca, una losa deportiva, un cerco perimétrico y se adquirió mobiliario y equipamiento.

Estas obras permitirán incrementar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen a los estudiantes, indicó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

/CCH/ Andina

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, participará en la inauguración de las obras de mejoramiento y ampliación del Instituto Educativo primaria y secundaria N° 11136 "Señor de Sicán", ubicado en el caserío Sapamé del Distrito de Illimo, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

La inversión en estas obras asciende a 4.02 millones de nuevos soles. Beneficia a alrededor de 200 alumnos. Entre las mejoras aplicadas a este centro de estudios están la construcción de 11 aulas, un laboratorio, una sala de cómputo, una biblioteca, una losa deportiva, un cerco perimétrico y la adquisición de mobiliario y equipamiento. Estas obras permitirán incrementar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen a los estudiantes.

Lugar: Instituto Educativo N° 11136 "Señor de Sicán", ubicado en el caserío Sapamé del Distrito de Illimo, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

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El suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, presentó una denuncia constitucional contra dos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al considerar que promovieron la medida que rige en su contra pese a que este órgano ya no tiene competencias para ello.

La acusación constitucional comprende inicialmente a los magistrados Gonzalo García Núñez y Gastón Soto Vallenas, quienes, dijo, impulsaron una decisión inconstitucional que afecta la democracia, vulnerando la institucionalidad y los derechos fundamentales.

Según Ramos, el 30 de noviembre del 2014 se dio una ley que deja sin efecto la competencia del CNM para aplicar suspensiones, por lo que incurrió en graves infracciones contra la Constitución Política.

"Han violado el principio de autonomía del Ministerio Público, el principio de legalidad y del debido proceso, y el principio de motivación. (Mi suspensión) fue totalmente ilegal", declaró el exfiscal a la prensa.

Desde el Congreso, donde presentó su denuncia constitucional, dijo esperar que el CNM se rectifique en lo que determinó e insistió en que busca la remoción de García Núñez y Soto Vallenas.

Sostuvo que el CNM emitió en su contra una decisión apresurada, sin estudio adecuado de los dispositivos legales, y será la subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que hará las investigaciones del caso.

"Me causa extrañeza que en una decisión tan importante como remover del cargo al fiscal de la Nación que tiene el deber de investigar muchos casos contra altos funcionarios, se tome una decisión apresurada e inconstitucional sin tomar en cuenta que no tenían competencia", insistió.

"No hay nada que justifique tomar una medida si no se tiene la competencia", añadió Ramos Heredia ante la prensa.

/B.B.V./ Foto: La República/

El canciller Gonzalo Gutiérrez, señaló que el presidente Ollanta Humala y su homólogo boliviano Evo Morales, sostuvieron conversaciones telefónicas para alentar una acción más expeditiva de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), en el caso de Martín Belaúnde Lossio.

Señaló que durante la reunión entre ambos mandatarios, ocurrida el 09 de diciembre durante la COP 20 en Lima, este tema no fue materia de conversación, pues se desconocía el paradero de dicho ciudadano. Se habló de temas de interés binacional.

"Han sido conversaciones telefónicas alentando a que de la manera más expeditiva se cumpla con los plazos, pero que al mismo tiempo se tenga en consideración que las acusaciones contra Belaúnde Lossio son por delitos comunes", precisó.

En declaraciones a Radio Programas, aseguró que estos contactos ocurrieron luego de que Belaúnde Lossio, investigado en el Perú por supuestos actos ilícitos, se acogió a la competencia de la Conare con su pedido de refugio, y tras la reunión de la comisión parlamentaria que investiga este caso en el país.

"Sé que el presidente (Humala) tuvo conversaciones telefónicas con Evo Morales para señalarse la necesidad de que se expulse prontamente a esta persona, para que haga frente a la justicia en el Perú", agregó.

Asimismo, el mandatario enfatizó la necesidad de evitar cualquier amparo que pueda dar la imagen "de que se está protegiendo a una persona que está acusada de actos de corrupción", añadió.

"Estas conversaciones fueron muy enfáticas de parte del presidente Humala en el sentido de cumplir con las normas bolivianas, pero que de manera expeditiva se entregue a esta persona a las autoridades judiciales en el Perú", comentó.

En ese sentido, destacó que en una posterior entrevista con una cadena televisiva, el presidente Evo Morales respondiera que su país cumplirá con sus normas nacionales y que "no amparará, de ninguna manera, a personas acusadas de actos de corrupción".

/B.B.V./

El congresista Yonhy Lescano, consideró que los pedidos para apartar del cargo a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, y para el revelo de los integrantes del Gabinete ministerial responden a "posiciones extremistas".

"Se crearía un vacío", señaló, en declaraciones a la Agencia Andina. "Es preferible ir resolviendo los problemas dentro de un proceso de continuidad", añadió.

A su criterio, quienes piden el relevo del Gabinete ministerial, "quieren llevar agua para su molino" en un período preelectoral.

"Tienen en mente los procesos electorales que se vienen", añadió, respecto a los pedidos lanzados por diversos parlamentarios de Fuerza Popular y del Partido Aprista en ese sentido.

De seguir la lógica de estos grupos, "entonces para qué investigar temas como el del reglaje", se preguntó el legislador de Acción Popular.

"Si la presidenta del Gabinete se va, el Consejo de Ministros se cae, porque tendrían que renunciar todos sus miembros", añadió.

En tal sentido, dijo que es preferible esperar las investigaciones en el caso del presunto espionaje a políticos, y luego determinar, si hubiera lugar, el grado de responsabilidad política de los ministros y pedirles su alejamiento del Gabinete.

Congresistas como Mauricio Mülder (CP) y Héctor Becerril (FP) pidieron la salida de la jefa del Gabinete ministerial y de varios ministros del Estado, tras las denuncias de supuesto espionaje a políticos de oposición y del Gobierno, hechos con los cuales el Ejecutivo ha deslindado.

/B.B.V./

El Poder Ejecutivo oficializó la Ley 30300, norma que deroga el nuevo régimen laboral juvenil, la cual fue aprobada el lunes pasado luego de una sesión extraordinaria del pleno del Congreso de la República.

Con ello, establece la derogatoria de la Ley 30288, Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social.

Como se recuerda, el pasado lunes el pleno del Parlamento Nacional aprobó por 91 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones la derogatoria de esta norma, tras cinco horas de debate. 

La norma cuenta con las rúbricas del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y de la titular del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez; así como de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano; y del primer vicepresidente, Modesto Julca Jara.

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