Política

El Ministerio Público nombró a un nuevo coordinador del Equipo Especial de Fiscales para los casos de las víctimas fallecidas o heridas durante las protestas sociales del año pasado.

Se trata de Luis Enrique Valdivia Calderón, cuya designación fue oficializada mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación 426-2024-MP-FN, publicada hoy en la gaceta del Diario Oficial El Peruano.

En esta misma resolución se nombra a Valdivia Calderón como fiscal superior provisional del distrito fiscal de Lima Centro.

De igual manera, se da por concluida la designación de la fiscal Raquel Cárdenas Manrique como coordinadora del mencionado equipo especial.

Asimismo, se da por concluida la designación en el referido grupo especial del fiscal Jorge Luis Díaz Cabello, y se designa a este como titular de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Los nombramientos y designaciones consignadas en esta resolución de la Fiscalía de la Nación tendrán vigencia hasta el 30 de junio del presente año.

Sustento de la norma

En la sección de argumentos de la resolución mencionada se indica que estos nombramientos y ceses responden a la jurisprudencia establecida desde el Tribunal Constitucional respecto a la temporalidad que debe tener la suplencia o provisionalidad de los fiscales.

Se recuerda también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la provisionalidad “no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria”.

/DBD/

El Perú es uno de los pocos países que registra en su historia procesos, detenciones y condenas contra expresidentes de la república, todos por delitos de corrupción, lo que implica el mal uso de los recursos del Estado.

Para el juez supremo penal Manuel Luján Túpez, esta situación tiene un aspecto positivo porque garantiza el trabajo que realiza la justicia sin interesar de quien se trate.

“Yo tomo la lección desde el lado positivo, que los peruanos y peruanas pueden tener la confianza de que el sistema de justicia en el país funciona”.

Luján Túpez reveló que el delito de colusión es el que más se imputa a funcionarios públicos, incluidos los altos dignatarios (expresidentes de la república, ministros, congresistas), y representa el 25 % del total de conductas ilícitas denunciadas.  

Señaló que luego siguen los delitos de peculado (19 %), cohecho con 18 %, negociación incompatible con 13 %, tráfico de influencias con 6 % y otros.

Colusión

“El delito de colusión supone el encuentro o concierto de voluntades entre el funcionario público, y a veces privados, o entre los mismos integrantes de la administración pública, con la finalidad de obtener un provecho propio o para un tercero, concertar para defraudar al Estado”, explicó el magistrado.

Peculado

Sostuvo que el delito de peculado es el equivalente al robo o al hurto si se hablara de privados. “Cuando el agraviado es el Estado y se apropian de dinero, caudales o efectos que son del Estado, es peculado”, precisó.

Refirió que “el delito de cohecho es un delito de relación, es decir, de encuentro entre dos personas, una que ofrece un beneficio, una promesa o un dinero a otra (funcionario público), para que este haga o deje de hacer algo que le corresponde, el cohecho tiene el título más común de ‘coima’ o soborno”.

“Los delitos contra la administración pública pueden ser cometidos por todos los funcionarios públicos como: ministros, gobernadores regionales, alcaldes; y otros vinculados a las infracciones de los deberes, que pueden alcanzar al más alto dignatario (presidentes de la república, congresistas, ministros), regidores, profesores, policías, etc., todo aquel que ejerce una función o servicio público”, añadió.

15 años de cárcel

Añadió que la mayoría de este tipo de delitos tienen penas que van desde los cuatro hasta los 15 años. “La mayoría de estos delitos no poseen beneficios penitenciarios, esto significa que los sentenciados tienen que cumplir todo el tiempo de la pena que se les haya impuesto”, acotó.

Los delitos contra la administración pública que tienen la mayor pena son los agravados: El peculado, cuando afecta dineros u obras que son de bien social (un hospital, un centro educativo o un proyecto social), tiene una pena agravada que va de ocho hasta 15 años.

También está el cohecho pasivo específico cuando el sobornado es un juez, un fiscal, un perito, un árbitro, en este caso la pena también es de ocho a 15 años.  

“En el caso de la colusión, si no se llega a perjudicar al Estado, si solo se quedó en el arreglo, pero no llegó a perjudicar al Estado, el delito se sanciona con una pena de tres a seis años, pero si llegó a perjudicarse al Estado, si se concretó el pacto ilícito la pena va de seis a 15 años”, explicó.

Los delitos de colusión, concusión, peculado, tráfico de influencias, sobre todo si son agravados no poseen beneficios penitenciarios, esto significa que deben cumplir la totalidad de la pena impuesta en las sentencias.

El magistrado, por otro lado, resaltó la respuesta del sistema judicial contra los altos funcionarios investigados por delitos de corrupción en nuestro país.

/RAM/

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) desarrollará hoy el I Consejo de Estado Municipal (Cemuni), a realizarse en la sede del Ministerio de Cultura, ubicado en el distrito de San Borja.

Esta información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de la PCM en la plataforma X (antes Twitter).

"Hoy inicia el I Consejo de Estado Municipal - Cemuni, donde se desarrollarán reuniones bilaterales entre el gobierno nacional y local. Participarán más de 100 alcaldes provinciales", indica la publicación.

Esta actividad se inicia hoy y se extenderá hasta mañana, según informa la PCM.

Asimismo, se tiene previsto reuniones plenarias, bilaterales y asistencias técnicas a los alcaldes provinciales participantes.

/DBD/

La presidenta ejecutiva de Servir, Ana Pari Morales, aclaró hoy que el Decreto Legislativo 1602, promulgado en diciembre pasado, no dispone medidas para facilitar el despido masivo de trabajadores del sector público, sino que retoma el proceso para establecer un régimen único laboral.

“El primer punto (…) es dejar en claro que ninguna de estas medidas de reforma, ningún artículo que se ha publicado en este Decreto Legislativo 1602, que cita la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú), tiene una habilitante para hacer despidos masivos. Eso es falso”, afirmó.

Precisó que la norma retoma el proceso para el establecimiento de un régimen único laboral en el sector público, para lo cual es importante una evaluación de desempeño de los trabajadores, como punto de partida de una carrera administrativa, con ascensos y mejores oportunidades de progresar.

La funcionaria señaló que es comprensible que exista temor a una evaluación de desempeño, pues la única vez que se hizo en el Perú fue en la década de los 90, y ahí sí hubo despidos masivos, lo que no va a ocurrir esta vez.

No obstante, defendió la necesidad de este mecanismo, ya que es la única manera de identificar a los buenos trabajadores.

“Para poder hablar de una progresión, es decir, de gente que asciende por mérito, hay que también evaluarlo, si no, cómo identifico al bueno, el buen desempeño, para tenga oportunidades de ascender, de temer mejores condiciones, tanto remunerativas como profesionales”, apuntó.

La evaluación

Asimismo, aclaró que esta evaluación no será un examen de conocimiento, con preguntas y opciones múltiples, sino una medición para ver si el trabajador realiza o no las actividades para las que fue contratado, y si cumple con las metas establecidas.

También adelantó que se establecerán perfiles institucionales más transparentes y permanentes en el tiempo y no como es ahora, que para cada convocatoria laboral se tiene que hacer un perfil, lo que favorece el direccionamiento.

A propósito de la movilización convocada por la CGTP para el 21 de febrero, en protesta contra este decreto, Pari Morales hizo un llamado al diálogo, en especial a las centrales sindicales que agrupa a los trabajadores estatales, para explicar las bondades de este decreto, que lo único que busca es la mejora en el servicio público y las condiciones laborales de sus trabajadores.

/ANDINA/PE/

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) obtuvo, el martes último, 13 millones 610,000 dólares americanos, a través de la adjudicación de siete lotes ubicados en el departamento de Moquegua, con la subasta de 22 millones 235, 681.89 de metros cuadrados de terrenos del Estado.

El acto público se realizó, de manera presencial para los postores y virtual para los observadores, bajo la modalidad "a viva voz", en la sede de la SBN, como parte de la I Subasta Pública 2024, a cargo de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario (SDDI), en presencia de notaria pública de Lima y del auditor del Órgano de Control Institucional.

En total fueron siete los terrenos subastados en el departamento de Moquegua, dos situados en el distrito Moquegua, provincia de Mariscal Nieto; cuatro en el distrito El Algarrobal, provincia de Ilo; y uno en el distrito y provincia de Ilo.

La recaudación de las áreas subastadas superó en más del 12 % al precio base de la subasta, es decir, de una recaudación proyectada de 12 millones 125,267.26 dólares, se sumó 1 millón 484,732.74 más, obteniéndose, finalmente, 13 millones 610,000 dólares.

El titular de la SBN, Wilder Sifuentes, destacó que el fin de las subastas públicas es de promover la inversión privada en el país y que se realizan con absoluta garantía y transparencia, cumpliéndose los requisitos de los postores para el otorgamiento de la buena pro de los bienes estatales.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Vivienda y se encarga de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y registro de los predios estatales, así como de brindar capacitación y orientación legal a las entidades para el mejor aprovechamiento de los predios del Estado.

/NDP/PE

Más de 500 mil soles en efectivo entregó esta mañana el exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte, a los integrantes del equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), durante una diligencia en la vivienda del exfuncionario, en Lima.

Villafuerte, es investigado por el caso 'Intocables de la Corrupción', que involucra al expresidente Martín Vizcarra.

El equipo de fiscales llegó junto al investigado hasta el edificio ubicado en la cuadra 56 de Paseo de la República en donde se hizo efectiva la entrega del dinero proveniente del pago de presuntos sobornos por la entrega de obras.

Según el diario El Comercio, el exdirectivo de Provías Descentralizado, se acogió a la colaboración eficaz por lo que se comprometió a brindar información sobre la organización criminal que habría operado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El equipo de fiscales ha solicitó 36 meses de prisión preventiva para Villafuerte, Elizabeth Ugarte, también exfuncionaria de PVD, y Carlos Revilla Loayza, quien fue director ejecutivo de la entidad en el mandato de Vizcarra.

/RAM/

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional realiza la audiencia de prisión preventiva solicitada para Carlos Revilla Loayza, ex director de Provias Descentralizado y otros investigados por el caso denominado "Los Intocables de la Corrupción".

Como se recuerda, la semana pasada esta audiencia se suspendió ante el pedido de la defensa técnica de ambos investigados, alegando mayor tiempo para el análisis del requerimiento.

El pedido de la fiscalía alcanza a Alcides Villafuerte, exgerente de Provias Descentralizado.

Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, son investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y lavado de activos en agravio del Estado, por el caso "Los Intocables de la Corrupción".

En este caso también está involucrada Elizabeth Ugarte Manrique, sobre quien también pesa un pedido de prisión preventiva, pero este será analizado cuando la investigada sea ubicada y debidamente notificada por las autoridades.

La investigación refiere a las irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión gubernamental de Martín Vizcarra.

El pedido del Ministerio Público consiste en imponer al exdirector de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, y a otros investigados por este tema prisión preventiva durante 36 meses.

Esta mañana, Alcides Villafuerte fue conducido por el equipo de fiscales contra la corrupción por el poder y los agentes de la Diviac a su vivienda, donde se recabó información para la investigación y se habría entregado un total de 500,000 soles.

/DBD/

El Gobierno alista el “Plan para Mejorar la Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa 2024 - 2026” y en ese marco ha dispuesto la publicación del proyecto de decreto supremo que lo aprueba.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 000045-2024-Produce, el Ministerio de la Producción (Produce) ha dispuesto la publicación del proyecto, así como la exposición de motivos, en la sede digital del Ministerio de la Producción, el mismo día de la publicación de la presente resolución ministerial en el diario oficial El Peruano.

Reactivación económica

En ese contexto, resulta necesario aprobar el “Plan para Mejorar la Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa 2024 - 2026” para elevar los niveles de producción, productividad y competitividad de las Mype, en línea con lo establecido en los Lineamientos del “Eje 4: Reactivación económica” de la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial y en concordancia con la Política Nacional de Competitividad y Productividad.

Cabe indicar que el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 042-2023- PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial, establece los lineamientos de la referida política general, que como “Eje 4: Reactivación económica” menciona, entre otros, los siguientes:

(i) Reactivar las inversiones prioritarias y de alto impacto productivo y social, incluidos los acuerdos de gobierno a gobierno.

(ii) Brindar apoyo al desarrollo empresarial, con énfasis en las Mipyme, a fin de aumentar su competitividad y productividad en apoyo al crecimiento de la economía peruana.

(iii) Implementar medidas de reactivación, con énfasis en los sectores agricultura, producción, turismo, cultura, ambiente y transportes y comunicaciones.

(iv) Promover la inversión en investigación e innovación productiva.

Pilares del plan

Cabe precisar que el “Plan para Mejorar la Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa 2024 – 2026” comprende tres pilares:

a) Pilar 1. Facilitar el acceso a mercados.

b) Pilar 2. Optimizar la gestión empresarial.

c) Pilar 3. Impulsar la diversificación productiva.

Además, el “Plan para Mejorar la Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa 2024 – 2026” cuenta con nueve estrategias y 18 acciones estratégicas, las cuales inciden sobre los niveles de competitividad de las Mype.

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto normativo al que se refiere el artículo 1 de la presente resolución ministerial serán presentados a través de la sede digital del Ministerio de la Producción.

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto también podrán ser presentados en la Mesa de Partes del Ministerio de la Producción, ubicada en la Calle Uno Oeste Nº 060, Urbanización Córpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con atención a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de Mype e Industria, o remitidos a la dirección de correo electrónico [email protected].

La publicación del proyecto se extenderá durante el plazo de 12 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la referida publicación, a efectos de recibir opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas o privadas y de la ciudadanía en general.

/DBD/

El suspendido fiscal superior, Rafael Vela, rechazó las acusaciones en su contra vertidas por Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y negó haber establecido coordinaciones sobre los casos que investiga el equipo Lava Jato con el periodista Gustavo Gorriti.

Vela señaló que, si se ha reunido con Gorriti, "pero como me reúno con múltiples periodistas”, anotó y subrayó que en esas citas "no se coordinó absolutamente nada con relación a los casos”.

Asimismo, negó haberse reunido con la congresista Ruth Luque (CD-JP) con miras a favorecer al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. “No me he reunido nunca con la señora Luque. No la conozco”, recalcó.

“Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia”, añadió Vela, quien recordó que dicho personaje “tiene mandato de detención preventiva pedida por la Fiscalía de Lavado de Activos”.

Sobre Perú Libre

Asimismo, dijo que es “absolutamente falso” que haya aceptado no investigar al expresidente Pedro Castillo. Similar calificativo usó para responder sobre su supuesta negociación para no investigar a la hoy presidenta de la República por el caso de las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña del partido Perú Libre.

En ese sentido, manifestó que nunca se reunió con Villanueva ni con Miguel Girao (otro asesor de Patricia Benavides). Tampoco con el fiscal Marco Huamán, junto al entonces abogado de la Mandataria, Óscar Nieves, para tratar ese tema.

Vela hizo estas declaraciones a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

/DBD/

Los fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) desarrollaron una diligencia en la vivienda de Alcides Villafuerte, quien fuera funcionario de Provías Descentralizado, por el caso denominado "Los Intocables de la Corrupción".

Según informaciones difundidas por diversos medios de comunicación, Villafuerte fue conducido por el equipo de fiscales y la Diviac a su vivienda, con la finalidad de recabar información y documentación para el caso.

En el lugar, ubicado en el piso 10 de un edificio en el distrito de Miraflores, se realizó una diligencia reservada, tal como lo señaló su abogado, Luis Capuñay, a la prensa presente en el lugar.

Como se recuerda, el caso denominado "Los Intocables de la Corrupción" se refiere a las irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión gubernamental de Martín Vizcarra.

Para hoy, desde las 10:00 horas, se tiene prevista la audiencia donde se verá el pedido de prisión preventiva contra el exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, así como el propio Villafuerte.

Ambos son investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

En este mismo caso está involucrada Elizabeth Ugarte Manrique, pero en su caso el pedido de prisión preventiva será analizado cuando la investigada sea ubicada y debidamente notificada por las autoridades.

El Ministerio Público solicitó en imponer al exdirector de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, y a otros investigados por este tema prisión preventiva durante 36 meses.

/DBD/