Política

“Vamos a presentar un proyecto de ley al Congreso que nos permita sancionar a los privados, es decir, a las empresas contratistas que realicen presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras públicas, porque no es justo que tengamos miles de obras paralizadas sin que estas empresas reciban ningún tipo de sanción, y que además ganen licitaciones en otras provincias y regiones y no pase nada”, enfatizó.

 

“Si el Congreso aprueba la ley que vamos a presentar, podremos sancionar al residente, al supervisor de obra que esté inmerso en presuntos actos de corrupción, ya que no hay corrupto público sin corruptor privado”, acotó durante la reunión con autoridades de Ucayali en la que los participantes también expusieron la problemática que surge por la mala intervención de empresas contratistas.

Obras paralizadas en Ucayali

Dato:

El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, anunció esta tarde que el Poder Ejecutivo aprobó declarar el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Trujillo y Pataz, en La Libertad, con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana y contrarrestar la actividad de las organizaciones criminales en esas localidades.

Tras participar en la sesión del Consejo de Ministros, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) precisó que esta disposición permitirá incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional del Perú en ambas provincias, a nivel operativo, investigación criminal, operaciones especiales, inteligencia, entre otras.

Torres Falcón señaló que en los distritos trujillanos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, la Policía Nacional tendrá un control especial de las acciones operativas y de inteligencia que coadyuven a llevar paz, seguridad y tranquilidad a su población, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, explicó que la medida de excepción anunciada para Pataz establece que las Fuerzas Armadas tendrán el control del orden interno, con el acompañamiento del personal policial, con la finalidad de combatir frontalmente las actividades de las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, como trata de personas, sicariato, extorsión, entre otros delitos conexos.

Indicó que estas acciones policiales y militares se realizarán de manera coordinada y articulada con otras instituciones relacionadas al sistema de justicia, como el Poder Judicial, a través de las unidades de flagrancia, Ministerio Público, y demás entidades que contribuyan a fortalecer la seguridad ciudadana en Trujillo y Pataz.                 

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, junto al primer ministro Alberto Otárola y otros ministros de Estado, Torres Falcón afirmó que su sector tiene planificado el control de las fronteras y otros lugares con alta incidencia delictiva.

/NDP/PE/

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) visitó este lunes 12 de febrero los locales partidarios del Partido Político Nacional Perú Libre y Renovación Popular, para verificar y controlar sus rendiciones de cuentas presentadas por el uso del financiamiento público directo (FPD), ejecutado entre 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023, en cumplimento por lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Durante la actividad, los auditores del organismo electoral revisan el libro de actas del órgano partidario, el manual de procedimientos internos y/o políticas internas y el plan y presupuesto aprobado para la ejecución del financiamiento público directo 2023.

Los partidos políticos también deben poner a disposición del organismo electoral los requerimientos, cotizaciones, comprobantes de pago, conformidad de servicios y contratos con terceros para realizar actividades de formación, capacitación e investigación u otros medios que sustenten el gasto, los contratos vigentes por alquileres, la relación del personal en planilla, boletas de pago, así como la relación de terceros y sus respectivos contratos.

También, son objeto de verificación las declaraciones mensuales (PDT PLAME), así como libros contables: registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor, libro de inventario y balances, libro de activos fijos y libro caja.

También se solicita la documentación que sustente las rendiciones, que incluye libro banco, extractos bancarios y conciliaciones bancarias, así como la relación de talonarios y chequeras utilizadas en el periodo mencionado.

Además, se pide el archivo con el sustento de los gastos efectuados, incluyendo los gastos por caja chica. Otros documentos a revisar son los arqueos de caja efectuados, el último inventario de activos fijos que incluye las adquisiciones con el FPD, el análisis de entregas a rendir y otras cuentas, según corresponda.

Toda información citada es esencial para el desarrollo del trabajo de la verificación y control, razón por la cual, cualquier información adicional será solicitada por la ONPE a los responsables de la actividad económica financiera del partido político.

Se debe precisar que antes de la emisión del Informe Técnico, las visitas de fiscalización a las organizaciones políticas sujetas a la verificación y control de sus rendiciones finalizan con la emisión de un acta, firmada por los representantes del partido político y el representante de ONPE, mediante la cual se advierten incumplimientos y presuntas infracciones a la norma, otorgándole un plazo de 5 días útiles para su subsanación.

Terminada la revisión de la información, se emitirá un Informe Técnico a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, pronunciándose sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables dispuestas en la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento, así como también determinando si hay mérito para el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Las rendiciones presentadas por los partidos políticos, así como sus respectivos informes técnicos son publicados en la plataforma digital de financiamiento CLARIDAD, que transparenta la rendición de cuentas proporcionada por los nueve partidos políticos a la ONPE y es de acceso público.

Esta labor continuará próximamente con Alianza para el Progreso, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y Juntos por el Perú, con la excepción del partido político Acción Popular al no haber solicitado el financiamiento público directo para el periodo mencionado.

El organismo electoral visitó el pasado lunes 5 de febrero los locales de Fuerza Popular, Avanza País – Partido de Integración Social y el Partido Morado.

El ministro d Defensa, Jorge Chávez Cresta, informó hoy que se ha identificado a catorc

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, informó hoy que se ha identificado a catorce personas que estarían involucradas en el nuevo caso de robo de combustible en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

"Se ha identificado a 14 personas involucradas" en el robo de combustible y "se ha cambiado de colocación al excomandante de batallón de Policía Militar y se ha puesto a disposición del Comando de Personal del Ejército", señaló el titular de Defensa. 

Chávez participa en la conferencia de prensa que se ofrece al término de la sesión del Consejo de Ministros.

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La jueza Miluska Cano, que preside la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, reprogramó para el 22 de febrero la audiencia del juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el caso de la matanza de Pativilca, debido a un problema de organización de la Fiscalía.

Este lunes estaba programada una audiencia en la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria en el marco del juicio oral contra Fujimori y otros acusados por la presunta comisión de los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada.

Pero a los pocos minutos de su inicio, la fiscal indicó que tenía otra audiencia simultánea, a lo que la jueza anunció la reprogramación de la misma para el 22 de febrero a las 11:00 hora local (16:00 GMT).

La Fiscalía ha pedido que todos los implicados en este juicio, entre los que están Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y otras 21 personas, sean condenados a un mínimo de 25 años de prisión.

Al ser consultado en una anterior audiencia por la jueza, Fujimori anunció que no se iba a acoger a la conclusión anticipada, por lo que el 30 de enero, se analizó una petición de la Fiscalía para que se le imponga 18 meses de arresto domiciliario, que la Justicia rechazó.

"El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio declaró infundado requerimiento fiscal de variación del mandato de comparecencia simple por detención domiciliaria de Alberto Fujimori Fujimori", informó el Poder Judicial, que sin embargo, le dictó impedimento de salida del país por nueve meses.

Fujimori, de 85 años, dejó en diciembre pasado la prisión en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), que restituyó el indulto que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski.

En el marco de este caso, el 31 de enero, el exasesor presidencial Montesinos, quien fue el "hombre fuerte" del gobierno de Fujimori, fue condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, ambas cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.

La jueza Cano precisó que esta condena se considera "compurgada" (ya cumplida) porque el exasesor está en prisión desde enero de 2001 y en este caso aceptó la "autoría mediata" (con dominio del hecho) de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.

Mientras que los demás procesados no aceptaron acogerse a la figura jurídica de la "conclusión anticipada" por lo cual seguirán siendo enjuiciados, Montesinos también deberá pagar, de manera solidaria, 500.000 soles (131.000 dólares) a favor de cada uno de los herederos legales del caso Pativilca y de 50.000 soles en el caso La Cantuta.

Al inicio de la sesión se informó que el abogado de Fujimori, Elio Riera, presentó un documento que solicita que la Fiscalía precise por qué ha incluido en la acusación el concepto de lesa humanidad "sin presentar el desarrollo fáctico que lo justifique".

La fiscal respondió que en esta etapa del proceso "no se da ningún debate" sobre los términos de la acusación y que si hay "algún término o aspecto que pudiera variar el tema punitivo existen otros mecanismos procesales, como la revisión" posterior. 

/EFE/PE/

El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda de amparo interpuesta por Jorge Angulo Tejada, excomandante general de la Policía Nacional del Perú, que busca declarar nula la resolución que dio por concluida su designación en dicho cargo.

La acción, interpuesta contra la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, fue presentada por la defensa del exalto mando policial de manera virtual, a través de la Mesa de Partes Electrónica.

El Poder Judicial precisa que el jueza a cargo señala en su resolución que el uno de los archivos que figura en los anexos del documento presentado es una hoja en blanco, lo que “impide calificar debidamente la demanda”, por lo que le da un plazo de tres días para subsanar ello

Se indica que el archivo que no figura -solo se muestra una hoja con una línea en el centro a modo de división- corresponde a la resolución suprema mediante la cual Angulo es cesado en el cargo, siendo este documento el que cuestiona en su demanda

“Por tanto, dispone el juzgado que cumpla el demandante con presentar, en el plazo de tres días, la Resolución Suprema N°019-2024-IN, bajo apercibimiento de archivo del expediente en caso de incumplimiento”, precisa el Poder Judicial.

En tanto, el abogado de Jorge Angulo, Gerardo Eto, precisó que habría ocurrido una falla en el sistema y eso habría impedido que el documento se visualice en el Poder Judicial, pero que recabarán toda la documentación nuevamente para volver a presentarlo en las próximas horas.

Eto precisó además que su defensa se circunscribe al proceso de amparo y no ha conversado con el excomandante general sobre si habría presentado las pruebas que respaldan su postura.

Con relación al amparo, estimó que el proceso durará por lo menos un año y no descartó acudir a instancias supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si la demanda se declara infundada.

/PE/

El presidente de la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto, informó que inició la recolección de firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo.

El parlamentario de Acción Popular dijo que busca respuestas ante la situación registrada recientemente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde más de seis mil pasajeros se vieron afectados por cancelaciones y retrasos.

Según el documento que cuenta ya con las firmas de su bancada se señala que las decisiones adoptadas por Corpac, entidad encargada de la administración aeroportuaria, han suscitado dudas y críticas tanto en la sociedad como en el ámbito político.

Se detalla que, en medio de la controversia, las explicaciones ofrecidas por el Ministro Pérez Reyes para justificar las acciones de Corpac han sido recibidas con reservas y han aumentado la exigencia de rendición de cuentas.

Además, su no presencia en una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor ha añadido más tensiones e incertidumbre al debate.

En el pliego interpelatorio se exige al MTC una explicación detallada sobre la cantidad de controladores aéreos disponibles en el país, así como las medidas propuestas para abordar la deficiencia de personal y mejorar la eficiencia del servicio aéreo, entre otros aspectos.

Según el parlamentario Soto Palacios la interpelación al Ministro Pérez Reyes representa una oportunidad para clarificar las decisiones tomadas por su ministerio y por Corpac, así como para evaluar su capacidad de liderazgo y gestión frente a una situación crítica en el transporte aéreo nacional.

/RAM/

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Denuncias Constitucionales, anunció que solicitó las copias certificadas de las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva para el inicio de las indagaciones correspondientes.

Las declaraciones de Jaime Villanueva fueron dadas ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderado por la fiscal suprema, Delia Espinoza, en el marco de las investigaciones a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La Fiscalía de la Nación informa que las copias certificadas de todas las declaraciones brindadas hasta la fecha por el testigo Villanueva son necesarias para el inicio de las indagaciones en el Área de Denuncias Constitucionales, en el marco de sus competencias.

/DBD/

El Ministerio de Defensa (Mindef) informó que la Procuraduría del Ejército ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Militar Policial las irregularidades tras la detección de 111 fusiles Galil a los que les faltaban diversos componentes.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la institución señaló que ha solicitado también la valorización de dicho armamento, a fin de que sirva de sustento como reparación civil ante la Fiscalía.

Asimismo, señaló que el relevo entre dos comandantes del Ejército en el que se detectó la situación de los fusiles Galil no es un hecho reciente, sino que corresponde a enero del año 2021.

De acuerdo con una denuncia periodística de Cuarto Poder, a dichas armas se les extrajeron partes originales y algunos de sus componentes fueron reemplazados por piezas “hechizas”.

Ello fue detectado por el comandante EP Zanoni Durand cuando asume como jefe del Batallón de Material de Guerra 512 en reemplazo del comandante EP Ricardo Jaramillo, informó el dominical.

“La Procuraduría del Ejército, en la actual gestión, determinó que la investigación que se realizó en su momento habría incurrido en presuntos vicios administrativos y controversias técnico legales desde la tipificación de los hechos, así como en su formulación y análisis”, precisó el Mindef.

“Es por ello que en enero de 2024, apenas se detectó este hecho, la Procuraduría ha puesto en conocimiento del caso a la Fiscalía Militar Policial. Asimismo, ha solicitado la valorización de los fusiles a fin de que sirva de sustento como reparación civil ante la Fiscalía”, agrega la publicación de la cartera ministerial.

/DBD/