Política

La congresista Silvana Robles anunció su renuncia irrevocable a la bancada Perú Libre por "respeto" a sus principios.

"En respeto a mis principios, he tomado la decisión de presentar mi renuncia irrevocable a la bancada Perú Libre. Mi compromiso con el pueblo que me eligió seguirá intacto", dijo la parlamentaria a través de Twitter.

Robles precisó que la renuncia se da "con absoluta convicción de compromiso y lealtad con los intereses de las grandes mayorías populares y excluidas".

"A dos años de gobierno, diferencias sustanciales de política nacional me impusieron la crucial decisión de mi renuncia irrevocable ratificando mi compromiso y lealtad con el pueblo que me eligió y al que me debo. Ese pueblo es consciente de quiénes hemos mantenido la defensa de dichos ideales y principios en el Congreso de la República, especialmente en votaciones trascendentes", añadió.

La también ex ministra de Cultura aseguró que se mantendrá firme en la lucha "por la democracia" y su compromiso al servicio del pueblo.

Por otro lado, la parlamentaria consideró que existe en el Parlamento una unión con "el fujimorismo, responsable de la inestabilidad política que padece el Perú desde el 2016".

"Habiendo agotado internamente todos los debates posibles, crítica y autocríticamente y en forma fraterna, no veo en el escenario cercano la intención de enmendar el rumbo tomado, a pesar de la urgencia de decisiones firmes y coherentes", apuntó.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela Bohórquez, encabezó el lanzamiento de “Wiñay Warmi”, que significa “Crece Mujer”, intervención articulada multisectorial, cuyo objetivo es promover el empleo en las mujeres para cerrar las brechas de género en el acceso a fuentes de trabajo decente.

El punto de partida de esta intervención se dio en una feria informativa en el distrito de Ate donde mujeres que demandan mejores empleos y condiciones laborales pueden conocer los servicios vinculados a “Wiñay Warmi”.

Destacó que la implementación de esta intervención contempla la disposición de paquetes de servicios según perfiles de la usuaria, como: emprendedoras o autoempleadas; asalariadas o dependientes; y buscadoras de empleo.

“Wiñay Warmi” busca dotar a las beneficiarias de herramientas para la promoción del empleo y autoempleo; desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales; promoción y fortalecimiento en el acceso a servicios de cuidados y de corresponsabilidad; promoción de espacios de igualdad y entornos laborales y formativos seguros libres de discriminación; y difusión de la oferta de servicios públicos y privados, que promuevan el empleo y autoempleo de manera accesible con enfoque de género.

Esta intervención articula 39 servicios prestados por 22 instancias y entidades pertenecientes a ocho sectores, como los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo; Producción; Desarrollo Agrario y Riego; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Comercio Exterior y Turismo; Justicia y Derechos Humanos; Educación; y Desarrollo e Inclusión Social.

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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, recalcó la importancia del proyecto presentado ante el Congreso para que no caduquen las requisitorias de las personas denunciadas por feminicidio y violación sexual.

Indicó que esta iniciativa forma parte de la política pública del Estado, de luchar contra la violencia ejercida contra mujeres, niños y adultos mayores.

Refirió que, con la eventual aprobación de este proyecto de ley, las requisitorias por los delitos mencionados no caducarían a los tres meses, sino que continuarían “permanentemente vigentes”.

El proyecto de ley mencionado se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso. Su objetivo es modificar los numerales 2 y 4 del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal.

Así, se plantea en dicha iniciativa que las requisitorias para casos de feminicidio y violación sexual, y sus formas agravadas “no caducan hasta la efectiva detención de los requisitoriados”.

En tal sentido, se busca sumar dichos actos ilícitos a otros que reciben el mismo tratamiento. Estos son terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

 “Queremos con ese proyecto de ley que la Policía Nacional haga su trabajo y todos puedan identificar y denunciar” a esas personas, dijo la ministra. “No es posible que no se capture a un sacerdote que violo a una niña en Áncash”, dijo la ministra en el programa ‘Andina al Día’ de Andina Canal Online.

Añadió que los rostros de los denunciados por estos casos aparecen en las páginas web de las entidades estatales para que puedan ser reconocidos.

Tolentino destacó también la campaña ‘También es mi problema’ de sensibilización frente a las agresiones y la violencia contra la mujer, y refirió además que se cuenta con la participación de todas las entidades públicas en el desarrollo de la estrategia contra este mal.

Refirió, en tal sentido, que el comando de la Policía Nacional ha dispuesto que se sancione “inmediatamente” a los agentes que no toman las denuncias sobre estos casos. Asimismo, a través del Programa Aurora, se han instalado Centros de Emergencia Mujer en 180 sedes policiales.

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El Instituto Nacional Penitenciario informó que la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por rebelión y conspiración, cumplirá los 18 meses de prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Esto ocurre luego que Chávez Chino pernoctara en la carceleta del INPE ubicada en el penal de Ancón II tras haber pasado por el control de identidad en una audiencia ante el Poder Judicial.

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El abogado de Zoraida Ávalos, Francisco Eguiguren, aseguró que la inhabilitación por cinco años de la función pública contra su defendida, aprobada por el Pleno del Congreso, fue una decisión política adoptada con antelación.

"Yo sí siento que he hecho bien mi trabajo; sin embargo, ha sido inútil frente a una decisión política ya adoptada y concertada en el Congreso. La votación ha sido muy alta, eso implica que ha habido una cierta concertación", dijo Eguiguren en entrevista con RPP.

Consideró que "jurídicamente resulta evidente" que la Corte Suprema archivará la denuncia contra la ex fiscal de la Nación.

Además, explicó que, según la Constitución Política, la Corte podría absolverla para que se le devuelvan sus derechos políticos.

"La Constitución manda que, aprobada la acusación del Congreso con contenido penal, el acusado es puesto a disposición de la Corte Suprema. La Fiscalía acusa en los mismos términos del Congreso y la Corte Suprema juzga. Aquí viene la instancia judicial sí o sí y será la Corte Suprema la que absuelva o condene. Si la absuelve, dice la Constitución que se devuelve los derechos políticos al acusado", indicó.

Inclusive, en caso sea condenada, podría imponérsele sanciones menos graves, precisó.

En relación a la infracción constitucional, Francisco Eguiguren mencionó que al tratarse de una sanción política y siendo el juicio político una potestad exclusiva del Congreso, no podría darse la aplicación de algún instrumento en sede judicial como una acción de amparo.

Comentó que Zoraida Ávalos podría iniciar un proceso contra el Estado peruano en instancias internacionales "donde seguramente podría obtener un resultado favorable", pero que este sería largo, por lo que quedará a evaluación de la fiscal suprema dicha decisión.

Asimismo, aseveró que ha persistido la polarización en el país, lo que a su vez estaría siendo perjudicial para los ciudadanos.

"Al país lamentablemente nos está haciendo mucho daño esta polarización, esta incapacidad de meditar, razonar, de no poner un freno para los impulsos, para las venganzas, para los odios", puntualizó.

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La presidenta de la Comisión de Descentralización de ese poder del Estado, Diana Gonzáles (Avanza País), aseveró que el dictamen que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso, recogió los aportes de los legisladores y del Poder Ejecutivo.

"Nosotros hemos tenido diferentes sesiones ordinarias, extraordinarias, hemos recibido también la exposición del señor Contralor, hemos tenido también reuniones técnicas con los diferentes representantes técnicos de PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) a fin de llegar a un texto que ha sido presentado al Congreso y ha recibido los aportes de los señores congresistas", dijo Gonzáles en diálogo con RPP.

La legisladora destacó que el texto presentado no acoge la propuesta de que se conforme un consejo directivo, sino que se cuente con un jefe designado de forma regulada.

Asimismo, indicó que la norma no hace mención a una absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) debido a que el Ejecutivo tiene la facultad de disponerlo cuando desee a través de un decreto, sin necesidad de la aprobación de una norma desde el Parlamento.

"Si la intención del Ejecutivo era absorber a Reconstrucción con Cambios, ellos lo podían hacer con un decreto supremo, no necesitaban al Congreso como mesa de partes", señaló.

La congresista de Avanza País consideró que no era necesaria la precisión de este tema en el proyecto consensuado debido a que la ARCC culminará su periodo de trabajo a fin del presente año.

"Con o sin Autoridad Nacional de Infraestructura, entendemos que el mandato de Reconstrucción con Cambios terminaba en diciembre de este año", puntualizó.

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La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, afirmó hoy ante un grupo importante de representantes del sector privado estadounidense que “el Perú está de regreso y da la bienvenida a las inversiones”.

La Canciller precisó que en el país existe un responsable manejo de la economía, una política exterior estructurada, así como políticas de Estado que brindan continuidad, estabilidad y una visión a largo plazo.

Gervasi participó en la reunión que congregó a las más importantes empresas de Estados Unidos con inversiones en el Perú, realizada en las oficinas del American Society/Council of the Americas (AS/COA) en Washington D.C.

El diálogo se da en el marco de la visita de trabajo que realiza a la referida ciudad para participar de la 53° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante su presentación, la ministra Gervasi destacó que Perú continúa con convicción y determinación la senda de crecimiento y desarrollo de los últimos 30 años y que se encuentra comprometido con la integración económica a nivel regional y global.

Asimismo, resaltó las amplias oportunidades de inversión en el Perú y su cualidad de ser un país conectado al mundo con 22 tratados de libre comercio (TLC).

Además, destacó que el país está próximo a asumir por tercera vez la Presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2024 y es firme candidato a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de consolidar un Estado promotor del desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente para beneficio de sus ciudadanos.

La canciller Gervasi enfatizó, además, que el Perú cuenta con fundamentos económicos altamente valorados por los inversionistas presentes en el país y reconocidos por las más prestigiosas calificadoras, las mismas que destacan la idoneidad de las medidas adoptadas por las instituciones encargadas del manejo económico en nuestro país.

Las compañías estadounidenses que participaron en el diálogo pertenecen a sectores de minería, hidrocarburos, automotriz, infraestructura, banca y finanzas, fondos de inversiones, seguros, salud, farmacéuticas, entre otros.

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La Comisión Permanente del Congreso recibió oficialmente la delegación de legislar hasta el 21 de julio del presente año, respecto a determinados puntos.

Esta decisión -aprobada en el pleno del Parlamento Nacional- fue oficializada con la publicación de la Resolución Legislativa 023-2022-2023-CR, hoy, en el Boletín  de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En ese sentido, la Comisión Permanente del Congreso podrá hacer efectiva su facultad de legislar a partir del día siguiente al término de la segunda legislatura ordinaria, actualmente en marcha.

Debe recordarse que esta fue ampliada hasta mañana, 23 de junio.

Ello implica que, a partir del 24 de junio y hasta el 21 de julio, la Comisión Permanente esté facultada para legislar sobre dictámenes e iniciativas legislativas que figuren en la orden del día y en la agenda del pleno del Congreso.

También podrá abordar aquellos proyectos legislativos que la Junta de Portavoces Parlamentarios escoja mediante acuerdos.

Se incluye dentro del grupo de propuestas que la Comisión Permanente podrá debatir y aprobar a las iniciativas provenientes desde el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

Como contraparte, no podrán ser tratados por la mencionada instancia del Parlamento los asuntos fijados en el inciso 4 del artículo 101 de la Constitución.

Estos son reformas constitucionales, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, la Ley de Presupuesto y la Ley de la Cuenta General de la República.

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Organizaciones de pueblos indígenas reiteraron su pedido de archivamiento definitivo del proyecto de ley N° 3518/2022-CR que busca desconocer la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci) en la Amazonía peruana.

Si bien destacaron que la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República recomendó el archivamiento de la iniciativa legislativa, aún está pendiente el debate en la Comisión de Descentralización.

En ese sentido, los dirigentes amazónicos resaltaron que seguirán trabajando para que dicha iniciativa legislativa sea archivada también en la Comisión de Descentralización por el bien de los pueblos aislados y sus territorios.

Durante el conversatorio “En defensa de los pueblos indígenas aislados y la ley 28736”, realizado en el Parlamento, la congresista Sigrid Bazán señaló que la ley 28736 (Ley PIACI) fue concebida para la protección de los derechos, territorios y formas de vida de los Piaci, que se aislaron para proteger sus vidas de amenazas externas. Además, sostuvo que el interés por despojar de sus tierras a los Piaci es para otorgarlas a las economías extractivistas presentes en la selva.

“Los Piaci son un obstáculo a los negocios de las mafias. Pero no solo hablemos de pueblos en la Amazonía, hablemos en general de los 4 millones de hectáreas en las reservas y otros 4 millones que están en trámite. Todo este territorio de nuestra selva está en peligro y por supuesto también las poblaciones que subsisten en ellas.”, enfatizó Bazán.

Por su parte, el congresista Jorge Marticorena también resaltó su compromiso con la protección de los Piaci. “Vamos a defender su derecho porque ustedes son los verdaderos dueños de la riqueza del Perú. No permitiremos que se siga atentando contra sus derechos”, indicó.

Como se sabe, el proyecto de ley 3518 busca que las reservas indígenas sean aprobadas por los gobiernos regionales. Es decir, ya no sería una política nacional de protección y retiraría del proceso a los ministerios de Cultura y Ambiente, así como a ocho entidades estatales y a la representación de las organizaciones indígenas.

Líderes indígenas defienden las vidas de los Piaci

A su turno, Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), afirmó que es difícil ver a los Piaci porque ellos han decidido vivir aislados frente a las agresiones históricas sufridas. “Hemos cometido el error de no hablar de los pueblos aislados. Necesitamos promover una corriente informativa sobre los Piaci”, detalló Pérez.

Asimismo, reiteró la defensa de la vida de los pueblos aislados e hizo un llamado para que el Ministerio de Cultura difunda cómo son los mecanismos para establecer las reservas, cuáles son los elementos de prueba “para no dar cabida a discursos negacionistas”, exhortó.

En relación con ello, Juan Reátegui, viceministro de Interculturalidad, explicó que dicho sector ya envió sus opiniones técnicas respecto al proyecto de ley 3518 a la Comisión de Descentralización del Congreso. Además, hizo hincapié en los altos niveles de vulnerabilidad de los Piaci.

“El Estado tiene la función de garantizar sus derechos, como la autodeterminación de relacionamiento de estos pueblos. Desde el ministerio de Cultura rechazamos el proyecto de ley 3518. No podemos ceder ante iniciativas desinformativas que atentan contra derechos”, precisó Reátegui.

Testimonios

Con la finalidad de desacreditar la postura negacionista sobre la existencia de los PIACI, dirigentes indígenas de diferentes regiones amazónicas dieron sus testimonios sobre la presencia de los pueblos aislados y las evidencias que encontraron de su presencia. Además, expresaron su malestar ante el escaso interés del gobierno por protegerlos.

“En Perú, los Piaci están en reservas territoriales en casi toda la Amazonía. Ellos existen, hay huellas, casitas, hemos visto flechas, hay muchos indicios de la existencia de estos pueblos en aislamiento”, afirmó Julio Cusurichi, responsable del programa Piaci de Aidesep.

Los dirigentes indígenas afirmaron que sus abuelos les contaban sobre la historia de los Piaci si no que señalaron que ellos mismos los han visto y que por eso no se puede poner en duda su existencia.

“Hasta el día de hoy los indígenas no gozamos de nuestros derechos. Desde hace décadas la Amazonía ha estado desamparada por el gobierno, existe una deuda bastante grande con la Amazonía. Si el mundo está peligro, la Amazonía es esperanza. Pedimos que este proyecto de ley 3518 sea archivado”, señaló Beltrán Sandi, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

Es importante señalar que el antropólogo Fritz Villasante mencionó que desacreditar y poner en duda los testimonios de los comuneros, que vieron a los Piaci y forman parte de los documentos requeridos para el reconocimiento de estos pueblos, evidencia el racismo y discriminación de los promotores del proyecto de ley 3518.

Firmas de todo el mundo

Por otro lado, durante el evento los dirigentes de Aidesep hicieron la entrega a los congresistas Sigrid Bazán y Jorge Marticorena de más de medio millón de firmas de personas en todo el mundo que se han sumado también a la defensa de los Piaci. Ciudadanos de 200 países firmaron la petición virtual, impulsada por Avaaz, y respaldan el pedido de archivamiento del proyecto de Ley 3518 que amenaza la vida de nuestros hermanos indígenas aislados.

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El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto que modifica la Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores contribuyentes, para permitir la devolución parcial con cargo a una posterior cancelación, y reconocer el derecho de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron a dicho fondo a sus herederos en caso de fallecimiento.

La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 696/2021 y 4702/2022. Obtuvo 110 votos a favor, cero en contra y una abstención. Fue exonerada de segunda votación.

La titular de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Rosangella Barbarán Reyes (FP), sostuvo que para concretar esta medida se modifica el artículo 4 de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, y se incorpora el artículo 4 –A.

Expuso que en su primer artículo se reconoce el derecho a la devolución y en el siguiente, se incorpora el mencionado artículo 4-A a la referida ley, en el cual se crea una Comisión Ad Hoc que deberá aplicar los procedimientos y procesos que sean necesarios para cumplir con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley 29625.

La incorporación del término ad hoc, dijo, “es importante, debido a que es reconocida, no existiendo inconveniente para su instalación, lo que facilita aplicar los procedimientos u procesos necesarios”.

Asimismo, la Comisión Ad Hoc deberá “atender en forma prioritaria a las personas mayores de sesenta y cinco años, a los registrados en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y a los que tienen alguna enfermedad grave o terminal, sean los titulares o sucesores”.

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