Política

La Comisión de Ética del Congreso aprobó sancionar a la congresista Rosio Torres (Alianza Para el Progreso) con una amonestación pública escrita y 30 días multa, ello en el marco de la denuncia en su contra por presunto recorte de sueldos.

Inicialmente, el informe final del grupo de trabajo declaraba fundada la denuncia de oficio y solicitaba la suspensión de la legisladora por 120 días, así como el descuento de sus haberes por ese mismo periodo.

Sin embargo, se sometió a votación una cuestión previa planteada por la congresista Cheryl Trigozo, colega de bancada de Rosio Torres, proponiendo el cambio de dicha sanción.

La cuestión previa se aprobó por ocho votos a favor, tres en contra y una abstención.

La propuesta aprobada incluye también el que la Comisión de Ética ya no remita el informe final de dicha denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constituciones ni a la Fiscalía, como señalaba el informe final originalmente.

De otro lado, la Comisión de Ética sometió a votación el informe final de la denuncia contra la congresista Katy Ugarte por presunto despido arbitrario de una de sus trabajadoras de confianza en estado de gestación.

Este obtuvo seis votos a favor y ocho abstenciones, por lo que no se llegó a un acuerdo y el informe final deberá ser sometido a votación en una próxima sesión.

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El pleno del Congreso aprobó esta madrugada conformar una comisión especial para investigar los sucesos ocurridos en la ciudad de Chancay, en la construcción del megapuerto y los daños colaterales contra la población.

Luego de su admisión a debate, la Moción 6581 fue sustentada por el parlamentario Luis Aragón Carreño (AP), quien propuso la necesidad de constituir una comisión especial multipartidaria encargada de investigar los hechos ocurridos en el distrito de Chancay, especialmente en la zona de Peralvillo.

La comisión podrá revisar los permisos de las construcciones de la obra Megapuerto Chancay, realizada por la empresa Cosco Shipping Ports, así como revisar los expedientes técnicos de dichas construcciones y evaluar los daños ocurridos a la colectividad de Chancay y su impacto ambiental.

La comisión investigadora tendrá un plazo de 60 días útiles, a partir de su instalación.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, anunció hoy que su gestión establecerá planes y políticas que permitan promover una mayor producción y venta, en el mercado interno y externo, de los artículos y obras de arte que los internos elaboran en los establecimientos penitenciarios del país.

Acompañado de la titular de Cultura, Leslie Urteaga, participó en actividades en el penal del Cusco, donde supervisó los pabellones y los talleres productivos en los que se elaboran artículos de alta calidad.

Sostuvo que la labor del MINJUSDH, a través del Instituto Nacional penitenciario (Inpe), consiste en resocializar a los internos con el fin de que puedan reinsertarse en la sociedad, y felicitó a los servidores de esta institución por el óptimo funcionamiento de los talleres, en especialidades como escultura, carpintería, artesanía, tejidos, entre otras

Al dirigirse a los internos, los invocó a escribir una nueva etapa de sus vidas mediante la resocialización, lo que les permitirá reinsertarse a la sociedad alejados de cualquier acto delictivo.

Sostuvo que, según estadísticas, el 76% de internos de los penales son recuperables, aunque existe otro grupo muy duro de personas que reinciden, para lo cual el arte, la cultura y el trabajo es importante.

Destacó que el penal del Cusco es el más productivo que ha visto de todas sus visitas de trabajo, donde más del 90% de internos recibe capacitación y educación.

En este establecimiento, las autoridades asistieron a la ceremonia de Olimpiadas Incas 2023 - Llactaman Cutiriq Raymi, que promueve las actividades físicas, educativas y artísticas en la población penitenciaria.

Más de un centenar de internos recrearon un rito inca demostrando su valor y destreza en una imponente obra músico teatral que demanda un alto grado de coordinación y disciplina, con un entrenamiento y ensayos por más de cuatro meses.

Luego, el ministro Daniel Maurate y el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para brindarles asistencia en la formulación de políticas en materia de justicia y derechos humanos, poniendo énfasis en el tema penitenciario.

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El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció hoy que se realizará un control territorial de todos los extranjeros en el país para identificar a aquellos que se encuentren en situación migratoria irregular y advirtió que quienes no adecúen su estadía en los plazos vigentes, tendrán que ser expulsados.

"A partir de hoy, a nivel nacional, vamos a hacer un control territorial de todos los extranjeros que están irregularmente en el país. Esto es un trabajo articulado que se empezó en esta gestión y ya se están viendo los resultados", señaló.

Al participar en una ceremonia que incorpora más policías contra la delincuencia en el Callao, Romero indicó que actualmente existen más de 1 millón 800,000 extranjeros, entre venezolanos y colombianos, pero -subrayó- no todos comenten infracciones ilícitas en el país.

El titular del Interior también informó que su sector enviará al Congreso de la República un paquete de normas que permitirá a la Policía Nacional contar con las herramientas legales que contribuyan a potenciar el trabajo que ejecuta contra la delincuencia.

"Estamos convencidos de que esta es la única manera de ganar esta batalla contra la delincuencia y la criminalidad que, últimamente, han tenido picos altos en el país. Por eso queremos alcanzar un paquete de normas modificatorias a fin de que la Policía pueda tener las herramientas legales y de alguna manera imposibiliten que muchos delincuentes salgan a las calles nuevamente", afirmó.

Asimismo, Romero invocó a la ciudadanía a colaborar con la Policía Nacional denunciando cualquier acto sospechoso que se observe en su distrito y así evitar hechos delictivos tal como pudo frustrarse el secuestro a una empresaria en el distrito de Los Olivos.

En la actividad, donde también estuvo presente el jefe de la Región Policial Callao, Jorge Castillo, y diversas autoridades municipales, se realizó el lanzamiento del programa Serenazgo Sin Fronteras.

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El presidente del Congreso, José Williams, dió por culminado la Segunda Legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2022-2023, durante la última sesión del pleno que se extendió hasta casi las 05.00 horas de esta madrugada.

En su discurso de cierre, Williams, informó que durante la última legislatura se dieron 204 leyes, que fueron publicadas en el diario oficial El Peruano con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los peruanos y contribuir a reducir la brecha de pobreza.

Entre las normas, dijo Williams Zapata, destacan la ley que aprueba la donación de órganos y tejidos para trasplantes, la ley para destrabar las más de 2000 obras paralizadas, la ley que autoriza al personal de serenazgo el uso de medios de defensa, y la ley que garantiza la educación básica a nivel nacional.

Además, se aprobó la ley de casas refugio para la mujer maltratada, la ley en favor de la reactivación económica solicitada por el Poder Ejecutivo, la ley para optimizar el programa de Vaso de Leche, y la ley que hace justicia a los servidores CAS de ESSALUD, quienes pasaron al régimen laboral 728.

También se aprobó la ley del teletrabajo, que protege los derechos de quienes laboran en esta modalidad; la ley que establece una asignación económica mensual para el servicio militar acuartelado en una Remuneración Mínima Vital (RMV); ley que otorga grado inmediato superior al personal de enfermería y laboratorio clínico de la Policía Nacional del Perú.

“Estos son solo algunos ejemplos de la labor legislativa del Congreso en beneficio de la población”, indicó José Williams Zapata. Así, entre el 12 setiembre del 2022 y el 22 de junio de este año se logró aprobar una importante producción legislativa.

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El Congreso de la República oficializó la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de función pública y la formación de causa penal contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Ello a través de las resoluciones legislativas 024-2022-2023-CR y 025-2022-2023-CR, respectivamente, publicadas en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Así, la primera resolución ya mencionada resuelve "inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública" a la exfiscal Ávalos.

Del mismo modo, la siguiente resolución dispuso "declarar haber lugar a la formación de causa penal" contra Ávalos por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.

Ambas medidas fueron aprobadas durante la sesión plenario del pasado miércoles 21 de junio, donde se debatió y votó por la acusación en su contra por la presunta comisión del delito de Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales.

Los hechos se remontan al 4 de enero del 2022 cuando el Ministerio Público informó que la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar al también entonces presidente Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado.

La investigación preliminar a Castillo Terrones se sustentó en la facultad prevista en el artículo 117° de la Constitución. Sin embargo, el Ministerio Público indicó que "el inicio de los actos de investigación" quedaba suspendido hasta la culminación de su mandato "en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal".

Es decir, en un mismo acto la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar a Castillo Terrones y también la suspensión de todas las diligencias que esa decisión podía generar.

Ambos dispositivos legales llevan la firma del Presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, y de la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano Delgado.

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La comisión de Ética Parlamentaria verá hoy, viernes 23 de junio, a partir de las 8:30 horas, los informes finales de los casos seguidos contra las congresistas Katy Ugarte y Rosio Torres.

Ambas parlamentarias fueron acusadas por el presunto recorte de sueldos que habrían realizado a trabajadores de sus despachos en el Congreso de la República.

Con respecto al caso de la congresista Katy Ugarte, la comisión de ética realizó, el pasado miércoles 14 de junio, la audiencia de investigación correspondiente donde se citó a 15 personas entre los que se encontraban la parlamentaria, trabajadores y excolaboradores.

Por otro lado, con respecto a la parlamentaria Rosio Torres, la comisión de ética recibió el pasado lunes 29 de junio el testimonio de Nathaly Rubio, extrabajadora de su despacho.

Luego del testimonio de Rubio, la congresista Torres se presentó en la Comisión de Ética y pidió que la sesión sea reservada, lo cual fue aceptado por el grupo de trabajo.

De igual manera, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionará hoy, viernes 23 de junio, a partir de las 11:00 horas.

Dentro de los casos previstos en su agenda se encuentran las audiencias por el caso contra el exjuez Supremo, César Hinostroza Pariachi,  por la presunta comisión de los delitos de Cohecho Activo Específico, Contra la Administración Pública, en la modalidad de Tráfico de influencias agravado.

Otro audiencia a realizar será por la denuncia constitucional contra la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay, quien también se encuentra relacionada al caso de recorte de sueldos.

Cordero Jon Tay es acusada por la presunta comisión del delito de Concusión y la presunta infracción constitucional de los artículos 1; 2 inciso 15; 22; 23; 38 y 45 de la Carta Magna.

Asimismo, se realizará la audiencia por el caso que se le sigue a la congresista Heidy Juárez quien también fue acusada de haber recortado el sueldo a sus trabajadores.

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La presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial para Personas en Condición de Vulnerabilidad, Janet Tello Gilardi, afirmó que el Perú es pionero en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (PCD) y de las personas adultas mayores.

“Desde el Poder Judicial se están desarrollando diferentes estrategias para garantizar el efectivo acceso a la justicia, una de ellas, y por no decir la más importante, es la migración efectiva al modelo social”, señaló la magistrada.

Indicó que, desde dicho poder del Estado, no solo ha trabajado e impulsado diversas normativas, sino que también ha realizado capacitaciones constantes a las y los servidores judiciales, campañas informativas, mesas de trabajo, entre otras actividades.

Sostuvo que, a lo largo de estos años, fueron aprobados diferentes documentos normativos destinados a simplificar la presentación de solicitudes para apoyos y salvaguardias a fin de garantizar el respeto de los derechos, voluntad y preferencias de las PCD y las personas adultas mayores.

Al respecto, resaltó el “Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad” y la directiva “Disposiciones para la Atención Judicial de Personas Adultas Mayores”, cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia de estas poblaciones para que ejerzan sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones.

Para ello, añadió la magistrada, han sido desarrolladas diferentes herramientas tecnológicas como las alertas judiciales, tanto para las PCD, como para las personas adultas mayores.

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La congresista Silvana Robles anunció su renuncia irrevocable a la bancada Perú Libre por "respeto" a sus principios.

"En respeto a mis principios, he tomado la decisión de presentar mi renuncia irrevocable a la bancada Perú Libre. Mi compromiso con el pueblo que me eligió seguirá intacto", dijo la parlamentaria a través de Twitter.

Robles precisó que la renuncia se da "con absoluta convicción de compromiso y lealtad con los intereses de las grandes mayorías populares y excluidas".

"A dos años de gobierno, diferencias sustanciales de política nacional me impusieron la crucial decisión de mi renuncia irrevocable ratificando mi compromiso y lealtad con el pueblo que me eligió y al que me debo. Ese pueblo es consciente de quiénes hemos mantenido la defensa de dichos ideales y principios en el Congreso de la República, especialmente en votaciones trascendentes", añadió.

La también ex ministra de Cultura aseguró que se mantendrá firme en la lucha "por la democracia" y su compromiso al servicio del pueblo.

Por otro lado, la parlamentaria consideró que existe en el Parlamento una unión con "el fujimorismo, responsable de la inestabilidad política que padece el Perú desde el 2016".

"Habiendo agotado internamente todos los debates posibles, crítica y autocríticamente y en forma fraterna, no veo en el escenario cercano la intención de enmendar el rumbo tomado, a pesar de la urgencia de decisiones firmes y coherentes", apuntó.

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