Política

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, informó que el Ejecutivo dispuso la salida de las Fuerzas Armadas en Islay, Arequipa, para que contribuyan a reestablecer el orden público.

En diálogo con TV Perú, Adrianzén aclaró que dicha medida no es una declaratoria de Estado de Emergencia, debido a que no queda restringido ningún derecho y que solo se trata de un apoyo a la Policía Nacional en el lugar.

Asimismo confirmó la muerte del policía Alberto Vásquez Durán, quien fue duramente golpeado por unan turba de manifestantes que están contra el proyecto minero de Tía María.

/MRM/

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que un grupo de delincuentes disfrazados de antimineros son los responsables de fomentar la violencia y alterar el orden público en la provincia de Islay, en Arequipa.

Explicó que dicho grupo está conformado por pobladores de la zona y de otros lugares como Pichanaki, ubicado en la región Junín. 

"Son delincuentes disfrazados de antimineros, que están muy bien organizados y atacan a los bomberos, vecinos, comisarías, y a otras personas. Son de la zona, pero también vienen de afuera. Hay un grupo que viene de Pichanaki, que estuvieron en el conflicto anterior, y han venido a organizar y adiestrar a personas (...)", declaró en RPP. 

Remarcó que el Gobierno ya ha identificado a ese grupo de personas y tiene información sobre sus acciones. 

Agregó que el mencionado equipo estaría conformado por "huaraqueros" o personas expertas en lanzar piedras y que habrían viajado desde Puno y Cusco. 

En otro momento, precisó que el Gobierno mantiene en evaluación la posibilidad de declarar en emergencia la provincia arequipeña de Islay. 

Detalló que para evaluar ese tema está en constante comunicación con el presidente Ollanta Humala y el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano. 

"Lo único que le puedo decir, es que en estos momentos, estoy reunido con los ministros de Defensa y Justicia y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nuestra responsabilidad es  estar preparados para cualquier coyuntura", acotó.

/CCH/ Andina

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional devolvió al fiscal superior Luis Landa Burgos la acusación contra el exministro del Interior, Daniel Urresti Elera, por su presunta relación con el asesinato del periodista Hugo Bustíos, a fin de que subsane y complemente algunas observaciones en la demanda.

Según informa el Poder Judicial, una de las observaciones formuladas está referida a la variación del hecho imputado a Urresti,quien debe ser investigado como autor directo, sin embargo se le cambio la imputación a autor mediato, sin mayor argumento.

Asimismo, se observó que la acusación califica el hecho como delito de lesa humanidad, lo cual se contrapone con la sentencia firme impuesta a Amador Vidal Sanbento y Víctor La Vera Hernández como autores del delito de asesinato en agravio de Bustíos Saavedra y tentativa de asesinato de Eduardo Rojas Arce.

Otra observación está referida a la determinación arbitraria de la pena que solicita la Fiscalía. "A La Vera y Vidal Sanbento se les impuso 17 y 15 años de prisión, respectivamente, mientras que para Urresti se solicita la pena de 25 años, no obstante que era subordinado de La Vera Hernández", indican.

El Colegiado B, integrado por los jueces Mirtha Bendezú Gómez (presidenta), Marco Cerna Bazán y Miluska Cano López, programará la fecha de inicio del juicio oral una vez que la fiscalía subsane dichas observaciones.

Se tomó esta decisión, indica el Poder Judicial, en cumplimiento del control jurisdiccional de la acusación que la ley le faculta.

/CCH/ Andina

El congresista por la región Arequipa, Gustavo Rondón, condenó la actitud del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, quien habría solicitado dinero para terminar las protestas contra el proyecto Tía María, y señaló se debe haber gente proba representando a los agricultores.

"Lo que este dirigente ha hecho es un acto reprobable, indecente, antiético e inmoral. Cómo es posible que mientras hay hermanos peruanos afectados por la violencia, esta persona esté negociando por detrás", declaró.

Para Rondón, dicha persona se encuentra “totalmente desalificada” para representar a los agricultores y ha evidenciado que el dinero era la verdadera razón por la cual nunca abogaba por el diálogo sino por la polarización.

Esto, añadió, podría comprometer a otros dirigentes y a una autoridad local de Islay. "Ahora el Ministerio Público tendrá que cumplir un papel sumamente importante.  Gente de esta calaña debe ser sancionada", dijo. 

"Los agricultores de Islay se merecen dirigentes probos. Y que esto que ha sucedido sea también un llamado para aquellos que estuvieron en el camino de la violencia, que reflexionen y retomen el diálogo", añadió.

Tras referir que espera que se concrete una tregua en Islay, sostuvo que con violencia "nunca se ha llegado a ninguna parte".

"Demostremos la condición de seres humanos que tenemos, abogando por la concordia y discutiendo responsablemente sobre el proyecto minero, y en función a ello definir si la mina va o no va", indicó Rondón.

Según un audio difundido por un programa periodístico, Gutiérrez conversa con Jesús Gómez, abogado cercano a Southern Perú, compañía impulsora de Tía María, a quien  le pide ser intermediario para una negociación “por lo bajo” con esta empresa.

/CCH/ Andina

La Asociación Civil Transparencia saludó la promulgación de la ley que crea la Ventanilla Única de Antecedente para Uso Electoral, e indicó que la norma constituye una herramienta útil para que los partidos políticos seleccionen mejor a sus candidatos, dijo su secretario general, Gerardo Távara.

Indicó que aun cuando la ley no obliga a consultar la ventanilla única, debe haber el compromiso y la responsabilidad de los partidos de presentar listas de candidatos que generen confianza en la población y representen una mejora en cuanto a transparencia, integridad y honestidad.

"De lo contario la crisis de la política se profundizará”, aseveró Távara.

Explicó que mediante la ventanilla única los partidos podrán saber si sus precandidatos tienen antecedentes penales u órdenes de captura dentro y fuera del país, si tienen deudas con la Sunat, los municipios, alimentos o con el Estado producto de reparaciones civiles por haber cometido algún delito. 

Se podrá acceder, además, a información sobre los bienes de los precandidatos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Esta información que está hoy dispersa en múltiples registros y en varios casos es inaccesible para el público, será puesta a disposición del Jurado Nacional de Elecciones para que este -a su vez- la entregue a los partidos políticos antes de que venza el plazo para la inscripción de las listas electorales.

El Poder Ejecutivo tiene ahora 90 días de plazo para reglamentar ley en coordinación con el JNE.

El directivo de Transparencia informó que su institución hará llegar aportes para dicha reglamentación sobre la base de los 20 años de experiencia en procesos electorales.

Finalmente, Gerardo Távara exhortó a los partidos políticos a reiterar expresamente su compromiso por consultar la ventanilla única y aprovechar esta herramienta para elevar la calidad de sus candidaturas.

/CCH/ Andina

Inmuebles ubicados en Lima, así como vehículos vinculados al ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, fueron intervenidos en una diligencia solicitada por la Procuraduría de Lavado de Activos, que investiga al exburgomaestre por este presunto delito.

Entre las propiedades intervenidas figuran tres departamentos y un estacionamiento en San Borja, un depósito, una casa de tres pisos y un terreno cercado en Villa El Salvador; así como una casa en La Victoria, a nombre de Jessica Oviedo Alcázar, quien habría sido expareja de Burgos.

Asimismo, se intervino una camioneta 4x4 marca Nissan Pathfinder, de color gris, así como un ómnibus rural de esa misma marca; y además se dispuso intervenir el colegio Saint John’s, situado en San Juan de Lurigancho, el cual sería de propiedad del exburgomaestre, informó.

Participaron en la diligencia la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe; el general de la Policía, Luis Saldaña Bardales; y el representante de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Lavado de Activos, Ricardo Rojas León.

Este último gestionó las órdenes respectivas para poder allanar estos inmuebles.

/CCH/ Andina

La procuraduría del Ministerio del Interior presentó ante la Fiscalía una ampliación de denuncia contra el dirigente José Julio Gutiérrez, implicado en un audio donde estaría negociando la protesta de Islay, y pidió que sea detenido, informó el titular de este sector, José Luis Pérez Guadalupe.

"No demos esperar que la Fiscalía asuma el pedido que hoy formuló el procurador, de oficio que pidan cuánto antes al juez la detención de este delincuente. Hace cuatro años la justicia lo ha declarado culpable pero está con pena suspendida. Si estuviera en la cárcel no estaríamos sufriendo todo eso", indicó.

Sostuvo que el audio donde se le escucha al presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo hablar de dinero a cambio de levantar la medida de fuerza en contra Tía María es "vergonzoso" y evidencian que las motivaciones de este dirigente "no ha sido económicas ni ecológicas, sino lucrativas".

Por ello invocó a los alcaldes de la provincia de Islay a asumir el liderazgo de este conflicto, convertirse en intercolutores del mismo y retomar el diálogo con el Ejecutivo para frenar la violencia que se vive en la zona.

"No se dejen llevar por este dirigente que trafica con la vida, los heridos, con la escuela de los niños que están a punto de perder el colegio, no se dejen manipular, ya quedó claro quién es, es un sentenciado a cuatro años. Que los alcaldes asuman el liderazgo y dialoguen", refirió.

Apuntó que el Gobierno no descarta ninguna medida para retomar el orden en esta provincia que hace 47 días enfrenta hechos de violencia, razón por la cual ayer se reunió el Consejo de Estado, con la participación del Fiscal de la Nación

"El Perú quiere paz, desarrollo, no violencia ni ladrones que se enriquezcan en beneficio propio, a costa de los muertos", aseveró.

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Los servicios de inteligencia de la Policía Nacional tienen que identificar a los radicales infiltrados que avivaron los actos de violencia y alteraron el orden público en la provincia arequipeña de Islay, a raíz del proyecto minero Tía María, consideró la Defensoría del Pueblo.

Rolando Luque, defensor adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de esa entidad, señaló que la violencia en Islay ha tendido a agravarse por estos días y, como en todo conflicto social, se pueden ir filtrando actores que no creen en el sistema democrático.

“Buscan crear una grave alteración del orden público porque su objetivo no es defender los intereses de los campesinos, sino golpear al estado democrático. El servicio de inteligencia de la Policía y las instituciones tienen que operar para identificar quiénes son”, remarcó.

En diálogo con Radio Nacional, Luque aseveró que estos elementos tienen la intención de menoscabar a las instituciones y obtener algún beneficio político para sus agrupaciones, porque -según dijo- “es gente ultra radical que no cree en el diálogo y ejerce directamente la violencia”.

Según su opinión, la situación en Islay es “realmente insostenible”, no solo por las dos personas muertas y los heridos que ha dejado hasta el momento ese conflicto social, sino porque los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden son cada vez más continuos.

“Hemos podido observar en las imágenes los desplazamientos de personas con escudos, encapuchados que atacan a la población civil, sus casas. En Arequipa ya se han tenido que desplazar familias atemorizadas por lo que les podría ocurrir”, alertó.

No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de declarar el estado de emergencia en Islay, Luque refirió que el Gobierno debe meditar un poco más sobre la conveniencia de esa medida, porque, si bien es constitucional, podría complicar la situación si se saca a los militares a las calles.

Explicó que el Jefe del Estado tiene la facultad de formular dicha declaratoria cuando se produce una situación extrema, pues el objetivo es “poner un freno rápido a una situación desbordada” y así tener tranquilidad para tomar las decisiones que correspondan.

El representante de la Defensoría del Pueblo recordó que esta entidad hizo un gran esfuerzo por reunir a las partes e intentar el diálogo para así darle un curso de solución al problema, pero la discusión sobre el estudio de impacto ambiental de Tía María terminó frustrando ese intento.

“No era una reunión para empezar esa discusión, sino diseñar el mecanismo para tener más reuniones. Causó extrañeza que (los dirigentes opositores a Tía María) se negaran a continuar con el proceso de diálogo”, anotó.

Más de 72 mil jóvenes se benefician con los sistemas de becas del Estado, promovidos por el gobierno desde el 2012, y se espera alcanzar los 100 mil beneficiarios en el 2016, señaló hoy el presidente Ollanta Humala.

Empezamos de cero en 2012 y hoy tenemos más de 72 mil jóvenes estudiando becados a través de todo el sistema nacional de becas, resaltó en una jornada de acción cívica en la provincia de Oxapampa, región Pasco, previa a su visita al Colegio de Alto Rendimiento (COAR) del distrito de Chontabamba.

Comentó que una de las principales políticas de su gestión es cambiar la educación y destacó que es la primera vez en casi 200 años de vida republicana que el Estado se atreve a superar el nivel del 3% del PBI invertido en educación, inyectando 4 mil 200 millones de soles más a ese sector.

Comentó que esa cifra se invierte en la carrera docente, en programas de becas y en el mejoramiento de la infraestructura educativa.

Conversatorio con estudiantes

La oportunidad que tienen los jóvenes talentos de las zonas más pobres del Perú de poder acceder a una educación de primer nivel a través de Beca 18 motivó la visita del Mandatario peruano Ollanta Humala, el director del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y el ministro de Educación, Jaime Saavedra, a Oxapampa, para participar en un conversatorio con beneficiarios de Beca 18.

Durante la reunión, en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Pasco, la becaria Sharon Raquel Samaniego Rimache (19), quien cursa el sétimo ciclo de la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo), le preguntó al presidente Humala acerca de qué fue lo que le motivó invertir en la educación y apostar por los jóvenes que ahora estudian una carrera profesional a través de Beca 18.

El jefe de Estado respondió que siempre creyó que la educación es la mejor herramienta para generar desarrollo. “Anteriormente nuestro país se dedicaba a la minería, ahora estamos apostando por la educación de calidad por lo que debemos continuar avanzando de manera ininterrumpida, debemos ver a la educación como una política de Estado y de gobierno” comentó.

Precisó que su gobierno aumentó de 3.0 a 3.5 del PBI a la educación, lo que representa unos 4,200 millones nuevos soles. Añadió que en el caso de Beca 18, se tiene planeado superar los 100 mil becarios en el 2016. "En los tres años de creado del programa ya son más 72 beneficiarios que provienen de 98 % de los distritos del Perú", refirió.

El titular del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo sentir "mucha emoción al escuchar a los jóvenes contar sus historias de superación y cómo sienten ese fuego en el corazón para seguir adquiriendo conocimientos. Eso es un gran avance, una señal de que se ha emprendido el rumbo correcto en el tema educativo en el Perú".

DATO

La visita de Jim Yong Kim es parte del programa "Rumbo a Lima", en el período previo a las reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a realizarse en Lima en octubre próximo.

"Rumbo a Lima" es una iniciativa de intercambio de conocimientos que involucra conferencias y otras actividades que ponen de relieve los hitos de desarrollo que son esenciales para las economías emergentes en el siglo 21, e incluye el crecimiento equitativo, la educación de calidad y el empleo hasta los esfuerzos para abordar la inseguridad ciudadana.

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La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, consideró importante el pronunciamiento de las autoridades regionales en el tema de Islay, ya que deben primar la gobernabilidad y el estado de derecho.

Durante una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, Osorio agradeció a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) por su preocupación con respecto al problema causado por los opositores al proyecto minero Tía María.

Destacó que los hechos acontecidos por las protestas contra la ejecución del referido proyecto minero ya no son un problema que concierne solo a la región Arequipa, sino se trata de "un problema nacional", ya que lo sucedido puede trascender a otras regiones.

"Es importante que podamos tener una posición, un pronunciamiento como gobernadores regionales para recuperar la institucionalidad, la gobernabilidad y, por supuesto, que prime el estado de derecho", manifestó.

Resaltó que se debe trabajar para generar un mayor desarrollo en el interior del país y con base en inversiones responsables.

"Reconozco los esfuerzos que se hacen; pero sí creo que es urgente, que es un tema de interés nacional y que nos compromete a todos", finalizó.

/CCH/ Andina