Política

Las personas capturadas en la víspera por sus presuntos vínculos con la red del empresario peruano Rodolfo Orellana fueron llevadas hasta la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional, donde cumplirán detención preventiva por 15 días.

Dicho traslado se concretó tras concluir la diligencia de control de identidad dispuesta por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Según reportes periodísticos, el titular del juzgado, Ricardo Manrique, informó a los exjueces, abogados y expolicías arrestados las razones por las cuales ordenó su arresto preliminar, a pedido de la fiscal Marita Barreto, quien investiga a Orellana.

Entre ellos figuran el ex vocal supremo Robinson Gonzales, su hija Olga Gonzales Yaurivilca, su asesor Iván Gómez Torres y la abogada Blanca Paredes.

También se dio cuenta de la captura del exjefe de la escuela policial de Criminalística el coronel en retiro Jorge Reyes, el abogado Tomás Torrejón Guevara, la abogada Maribel Castillo Chihuán y el registrador público Pedro Guzmán. 

En la casa de Robinson Gonzales, en el distrito limeño de Surco, agentes policiales desplegaron un allanamiento y retiraron documentos para remitirlos a la Dirandro.

La Fiscalía atribuye a los detenidos haber sido parte del aparato legal que permitió a la organización apropiarse de inmuebles mediante procedimientos judiciales y arbitrales cuestionables e incluso con documentos fraguados.

/CCH/ Andina

La defensa del expresidente Alejandro Toledo alegó ante el Tribunal Constitucional (TC) las supuestas “irregularidades y arbitrariedades” que se habrían cometido en la investigación que el Congreso de la República realizó a su patrocinado por el caso Ecoteva.

El abogado Luciano López sostuvo que la indagación fue irregular ya que, entre otras cosas, no se permitió la participación de la defensa de Toledo y hasta se violó el principio de imparcialidad porque los integrantes del grupo investigador informaban a la prensa cada detalle de las pesquisas.

“La investigación fue irregular, como a todos los peruanos nos consta (…). Hemos llegado al Tribunal Constitucional por una cuestión de principio para denunciar que contra Alejandro Toledo y su esposa (Eliane Karp) siempre se cometió una arbitrariedad en la investigación”, señaló.

El letrado afirmó, además, que Toledo Manrique hasta fue acusado de pretender refugiarse en Israel, e incluso se le recomendó someterse a la confesión sincera, lo cual –a su criterio– contribuyó a vulnerar las reglas del debido proceso.

/CCH/ Andina

La captura de nueve involucrados con la red del empresario Rodolfo Orellana demuestra los tentáculos que tenía esta organización criminal, sostuvo el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, al destacar la operación "Tempestad", que permitió esas detenciones.

Refirió que, así como el Ministerio Público y la Policía Nacional han realizado un trabajo silencioso y eficaz en estas capturas, su sector, a través de las procuradurías especializadas, brindará toda la colaboración para que nadie pueda estar exento del alcance de la ley.

“La tempestad seguirá cayendo sobre aquellos criminales que han estado formando parte de estas organizaciones delictivas. No debe sorprender que en los días próximos sigamos teniendo nuevas capturas, no sé hasta qué nivel, pero la indicación es clara: seguir avanzando”, remarcó.

Adrianzén aprovechó la ocasión para destacar la labor valiente y eficaz que en este caso ha venido cumpliendo la procuradora especializada en delitos de lavado de activos, Julia Príncipe, pese a las persecuciones y amenazas que recibió de esta presunta red criminal.

“El Ministerio Público viene actuando en unión con la Policía y nuestra procuraduría, con Julia Príncipe al frente, para descubrir la verdad y mostrar hasta dónde ha llegado esta organización criminal en sus actos delictivos”, manifestó el titular de Justicia.

Al comentar, en este contexto, la detención en la víspera del exjuez supremo Robinson Gonzales, el funcionario resaltó que las instituciones del sistema de justicia tienen a bien expulsar de su interior a este tipo de personajes presuntamente ligados a actos delictivos.

/MRM/

El presidente de la República, Ollanta Humala, convocó a los alcaldes provinciales y distritales de la región Cajamarca a una reunión en Palacio de Gobierno con la finalidad de escuchar los principales problemas de sus localidades y ayudarles a encontrar solución.

La invitación fue realizada por el jefe del Estado en el distrito de Santo Tomás de Cutervo, adonde viajó para entregar obras viales e inspeccionar los diferentes proyectos emprendidos por el gobierno.

“Propongo al alcalde provincial y a alcaldes distritales que vengan a Lima para atenderlos; yo los recibo y ahí vamos a conversar porque me interesa saber cuál es el problema principal de Santo Tomás, de La Sacilla, entre otros; yo los voy a recibir a todos en Palacio de Gobierno para ayudarlos a solucionar sus problemas”, manifestó en su discurso ante la población.

En tanto se prepara esa reunión, el jefe del Estado instó a los alcaldes cajamarquinos a trabajar los proyectos de inversión en favor de sus localidades, elaborando los expedientes técnicos, a fin de que el Ejecutivo pueda entregar los recursos.

“Ayúdenme a ayudarlos”, manifestó al comentar ese tema.


/M.R.M./

El Gobierno acudirá al diálogo, en la ciudad de Arequipa, convocado por la Defensoría del Pueblo, a solicitud de los alcaldes y representantes de la zona, anunció la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.

Esta reunión, con la participación además de la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, espera encaminar un proceso que, sustentado en la paz social, permita generar entendimientos permanentes que eliminen la conflictividad en torno al proyecto minero Tía María.

La ministra Ortiz ratificó que, desde el inicio de las manifestaciones, el Gobierno mantiene una permanente vocación de diálogo y ha convocado a todos los sectores para brindar la mayor información y atender las demandas ciudadanas.

Fue enfática al señalar que no existe ningún otro camino para encontrar la paz en Islay, que no se dé en el marco del diálogo y el respeto al Estado de Derecho.

/M.R.M./

El parlamentario nacionalista Daniel Abugattás, planteó que el jefe del Gabinete sostenga un diálogo con las bancadas del Congreso a fin de explicar los temas en que el Ejecutivo solicitará facultades delegadas para legislar.

Según dijo, un pedido tan importante como el de facultades legislativas debe ser analizado con cuidado en el Parlamento a fin de descartar cualquier improvisación. 

“El diálogo debe darse y eso ya es una responsabilidad del premier Cateriano que es un hombre muy competente y capaz”, manifestó, en declaraciones a la prensa.

Abugattás reiteró su respaldo a que el Ejecutivo reciba facultades para legislar en materia económica, en política social y en seguridad ciudadana, tal como lo anunció Cateriano durante su exposición sobre la política general del gobierno en el Parlamento.

En ese marco, consideró que sería “muy torpe” de parte del Congreso, no otorgar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo.

“Sería muy fácil decir: no me diste las herramientas que necesito y por eso la economía no levantó o no levantó lo que debería. Me parece que sería un suicidio político de parte de la oposición negar las facultades en materia económica y en el tema social, ¿quién se puede negar? Igual en seguridad ciudadana que es un clamor nacional”, manifestó.

Indicó que la solicitud del Ejecutivo deberá plantearse señalando puntualmente los alcances del pedido, a fin de evitar generalizaciones. 

Consideró, por ello, que todos los peruanos, incluyendo los grupos de oposición, deben apoyar el pedido del Ejecutivo.

No obstante, opinó que las facultades delegadas no deberían exceder de treinta días, dada la urgencia de tomar medidas en el ámbito económico y en seguridad ciudadana.

/C.CH.A./ Andina

El informe de la comisión investigadora del Congreso contribuirá a condenar judicialmente a los miembros de la red mafiosa liderada por el detenido empresario Rodolfo Orellana, consideró el legislador Víctor Andrés García Belaúnde, miembro de ese grupo de trabajo.

Según explicó, el informe de la comisión brindará al Poder Judicial muchos elementos y “materia prima” para sancionar a esta organización.

“No me cabe la menor duda de que el Poder Judicial va a usar con propiedad (esos elementos) y va a servir para condenar finalmente a esta mafia que tanto daño hizo a tantas familias, al Estado y a la sociedad”, manifestó en declaraciones a la prensa.

García Belaúnde, quien fue víctima de ataques por parte de la revista «Juez Justo», editada por el grupo Orellana, recordó que la comisión investigadora tiene plazo hasta el 28 de julio de este año para entregar al Poder Judicial el resultado de su investigación.

Orellana, quien fue detenido en Colombia en noviembre del año pasado tras varios meses prófugo, es sindicado como el líder de una organización que se apropió ilegalmente de diversas propiedades y bienes de personas jurídicas y naturales, así como de atacar en su revista y judicialmente a quienes eran considerados como enemigos.

Asimismo, Garcia Belaúnde destacó la reciente detención de personajes ligados al grupo de Orellana, y consideró que esas capturas contribuirán al desmoronamiento total de esta organización.

/C.CH.A./ Andina

La Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú solicitó al Parlamento priorizar el debate del proyecto de ley que propone modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Dicho proyecto de ley otorga más atribuciones a los centros poblados, informaron representantes de esta asociación.

La solicitud fue planteada a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, quien junto al legislador de Fuerza Popular, Juan Díaz Dios, recibió a los representantes de la asociación.

“Es necesario que los centros poblados sean insertados dentro del tercer nivel de gobierno, con una autonomía económica, administrativa y política. Somos conscientes que esto puede generar gasto al Estado pero estamos planteando alternativas de soluciones para que la descentralización y la inclusión social lleguen a los rincones del país”, anotó Porfirio Vargas, presidente de la asociación.

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y Díaz Dios, expresaron su disposición para unir esfuerzos y atender las demandas de los casi 2,800 centros poblados del país.

A su salida de la cita, Vargas saludó la disposición del primer poder del Estado de atender sus peticiones.

/C.CH.A./ Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el Ministerio de Cultura, evaluarán los resultados de la aplicación de la cuota indígena en las últimas Elecciones Regionales y Municipales y presentarán propuestas concretas para mejorarla sustantivamente.

Con ese objetivo, mañana se desarrollará en el hotel Novotel a las 09:00 horas una mesa de trabajo sobre los «Avances Interinstitucionales de la Cuota Indígena en las elecciones regionales y municipales 2014».

La mesa contará con la participación de grupos técnicos de ambas entidades, además de representantes de organizaciones indígenas, congresistas y otras instituciones que fomentan la inclusión política y democrática. 

Según informó el JNE, en primer lugar será expuesto un balance de los resultados de la aplicación de la cuota indígena en el proceso electoral regional y municipal, y luego se trazarán los pasos inclusivos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, al fomento de la ciudadanía intercultural y a la promoción de una efectiva participación política, con igualdad de oportunidades para los grupos indígenas.

Basada en sus propias fuentes institucionales, la presentación del balance de la cuota indígena y la exposición de las propuestas del JNE estarán a cargo del presidente del máximo organismo electoral, Francisco Távara Córdova, mientras que las del Ministerio de Cultura: por Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad de este ministerio.

Tales propuestas podrán ser optimizadas con los valiosos testimonios de los propios representantes de las organizaciones indígenas, así como con los alcances y observaciones de los demás participantes e invitados.

Con este certamen, el JNE y el Ministerio de Cultura buscan el desarrollo efectivo de la participación política y la implementación de precisas acciones educativas en beneficio de la población indígena. 

En consecuencia, podrán determinar los avances y los retos que afronta la cuota electoral que involucra a este sector social históricamente marginado. 

/C.CH.A./ Andina

La Defensoría del Pueblo, exigió una investigación inmediata sobre la muerte del ciudadano Henry Checlla Chura (35), la segunda víctima del conflicto por Tía María, así como el cese inmediato de la violencia, y un mayor compromiso de las partes para solucionar sus diferencias mediante el diálogo.

A través de un comunicado, el organismo defensorial pide “una explicación convincente sobre el comportamiento de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la provincia de Islay, especialmente en relación al uso de la fuerza”.  

“La PNP es la institución encargada de brindar seguridad a la ciudadanía y su respuesta a provocaciones o agresiones tiene que ser profesional, lo cual implica el empleo racional, necesario y proporcional de las armas de fuego y de la fuerza en general”, señala.

Asimismo, reitera su llamado al cese de la violencia y a recuperar las condiciones básicas que hagan posible una salida racional y pacífica a este problema, por lo que pide a las partes en conflicto un mensaje claro a favor del diálogo.

Esto es, agrega el documento, “diseñar de manera conjunta un procedimiento que les permita a ambas partes tratar los problemas ambientales y sociales referidos al proyecto minero Tía María en plazos razonables, con una agenda definida por las partes y con la participación de los representantes y equipos técnicos que autoridades y dirigentes acrediten.

En esa dirección, la Defensoría del Pueblo continúa haciendo gestiones ante el Poder Ejecutivo y ante los alcaldes y dirigentes de Islay. 

Cabe recordar que en lo que va del paro contra el proyecto Tía María se han producido dos muertes de civiles y 186 heridos: 111 policías y 75 civiles, en 44 días de protesta.

/C.CH.A./ Andina