Política

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso que el ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno aprista, Miguel Facundo Chinguel, afronte juicio oral por el caso "narcoindultos", junto con otros trece procesados.

Lo delitos imputados a Facundo Chinguel son asociación ilícita, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado y de la sociedad, según lo dispuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho.

De acuerdo a la acusación, el exfuncionario aprista lideró una organización que concedía indultos o conmutaciones de pena a procesados por narcotráfico a cambio de fuertes sumas de dinero.

El magistrado adoptó esta decisión tras declarar infundados ocho recursos presentados por igual número de investigados, con el propósito de que se les archiven sus delitos o parte de ellos, por supuesta falta de pruebas o porque los hechos que se les imputan no configuran delitos.

En principio, Concepción Carhuancho desestimó dos recursos de excepción de improcedencia de acción, presentados por los procesados Noelia Gómez Paulet y José Marrufo Acosta.

Luego, el juez declaró infundadas seis solicitudes de sobreseimiento (archivo) interpuestos por los investigados Jaime Acevedo Saavedra, Bernardina Niquen Giraldo, Dámaso Luyo Vicente, Manuel Carrera Toribio, Lorenzo Toledo Leyva y el propio Facundo Chinguel.

Las decisiones judiciales fueron adoptadas luego de un arduo debate entre el fiscal Walter Delgado Tovar, los abogados de los procesados solicitantes y la procuradora pública anticorrupción, Edith Villegas.

Al término de la sesión, el juez declaró que hay mérito para que los 14 investigados pasen a juicio oral.

Además de los antes citados, afrontarán el juzgamiento público Fredy Vilela Nijahuanca, Edith Ojeda Julca, Carlos Butrón Dos Santos, Rafael Agurto Chihuán, Henry Cutipa Paricahua y Teófila Alzamora Leyva.

La audiencia continuará el próximo martes 19, a las 09:00 horas, en la que, previo debate de las partes procesales, se definirán las pruebas que se actuarán durante el juicio oral.

/M.R.M./

El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, exhortó a los actores sociales y poderes públicos involucrados a desarrollar acciones que coadyuven al restablecimiento del orden democrático a través del diálogo y la concertación para generar un clima de paz social en la población de la provincia de Islay.

Todo ello en el marco del Estado de derecho que demanda nuestra Constitución Política, señala un pronunciamiento de esta instancia de diálogo social y concertación laboral entre los actores más representativos de la sociedad peruana.

También expresa su enérgico rechazo a todo acto de violencia o confrontación que ponga en riesgo los derechos fundamentales, como la vida, y que afecten profundamente la seguridad pública y el Estado de derecho.

De igual modo, demanda el cese de las acciones violentas que vienen paralizando el normal desarrollo de los servicios educativos, de salud y las actividades económicas, tanto a nivel nacional, regional y local.

Reiteró su compromiso por el diálogo para trabajar en forma conjunta a favor de impulsar el desarrollo que coadyuve a la generación de empleo, a reducir la pobreza y continuar con el crecimiento económico del país.

El pronunciamiento es suscrito por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Industriales del Perú (Apemipe-Perú).

Igualmente, el Conglomerado de Pequeña Empresa en el Perú (CPEP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP).

/M.R.M./

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a favor de suspender el proyecto minero Tía María dado el fuerte rechazo de un sector de la población en la provincia de Islay.

Asimismo, en declaraciones a la prensa, Fujimori reiteró su pedido de retirar a las Fuerzas Armadas, pues a su juicio la presencia de militares en la zona de conflicto social no contribuye a recuperar la paz social.

"Creemos que la presencia de las Fuerzas Armadas en estos momentos no va a generar la paz social que el pueblo está reclamando (…) las Fuerzas Armadas tienen que salir, el diálogo se tiene que retomar y el proyecto se tiene que suspender", manifestó, al concluir una actividad proselitista.

Según dijo, el proyecto Tía María no puede ejecutarse, pues las inversiones requieren un contexto de armonía entre la población y la empresa, así como con el Estado, condición que no se cumple en este caso.

Fujimori también pidió al jefe del Estado viajar a la zona a fin de liderar los esfuerzos por restaurar la paz social.

/M.R.M./

El Poder Ejecutivo dispuso prorrogar la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Arequipa, Puno y Madre de Dios, a fin de asegurar el control interno y evitar actos de violencia por movilizaciones promovidas por la minería ilegal.

Según la Resolución Suprema, la prórroga de la intervención se cumplirá del 17 de mayo al 15 de junio del presente año.

La actuación de las Fuerzas Armadas constituirá una tarea de apoyo a la misión de la PNP y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.

La actuación de las FF.AA. estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada.

Esto facilitará que los efectivos de la PNP concentren su accionar en el control del orden público y en la interacción con la población de los departamentos a que se refiere la presente Resolución Suprema.

La intervención de las FF.AA. se efectuará conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

La intervención de las FF.AA., conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.

/M.R.M./ (Fotos web del Ejército)

El Pleno del Congreso tiene previsto sesionar hoy con la finalidad de discutir importantes proyectos de ley, así como informes de la Comisión de Ética y de comisiones investigadoras pendientes de aprobación.

Respecto a los informes de la Comisión de Ética, está previsto la discusión de los que plantean suspender del ejercicio de sus cargos a los congresistas Heriberto Benítez (no agrupados) y José León (Perú Posible) por violar el Código de Ética Parlamentaria.

Según el vicepresidente de este grupo de trabajo, Daniel Mora, es probable que dado el tiempo que toma debatir un informe de la Comisión de Ética, es probable que solo sea abordado el informe sobre Benítez.

Dicho documento plantea suspenderlo 120 días por haber entorpecido el allanamiento fiscal del local conocido como “La centralita”, en la región Áncash.

En el caso de León, el informe en mayoría de la Comisión de Ética propone aplicar una suspensión de 60 días por haber mentido sobre la relación contractual que mantuvo con un ciudadano mexicano sindicado como presunto narcotraficante.

En la agenda del Pleno también figuran como pendientes de discusión los informes que proponen sancionar con 120 días de suspensión a los congresistas Víctor Grandez y Víctor Crisólogo por violar el Código de Ética Parlamentaria.

De igual modo, también figuran en la agenda del Pleno la discusión de los informes finales de la “megacomisión” que investigó los presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Alan García, referidos a los casos “Agua para todos” y “Decretos de Urgencia y Otras Normas Emitidas”.

Otro de los informes finales programados es el emitido por la comisión que investigó la presunta influencia del exasesor montesinista Óscar López Meneses en el Estado.

La sesión plenaria está programada para las 16.00 horas.

/MRM/

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso el bloqueo de las operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Islay y de las municipalidades distritales de Punta del Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra, en la región Arequipa.

La decisión fue tomada en atención a la solicitud de la Contraloría General de la República de suspender temporalmente las operaciones en las cuentas bancarias de esas municipalidades ante el riesgo de uso inadecuado de los fondos públicos..

El MEF precisó que la disposición tiene carácter preventivo y temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53º del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. Solicitud de la Contraloría General de la República

Dicha normativa autoriza a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF a suspender temporalmente las operaciones en las cuentas de aquellas unidades ejecutoras en las entidades donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el uso adecuado de fondos públicos.

Los alcaldes de estas municipalidades apoyan activamente las protestas sociales contra la ejecución del proyecto minero Tía María.

No obstante, la suspensión no incluye las operaciones relacionadas al pago de sueldos de las personas, cargas sociales, pensiones, seguros, servicios públicos básicos, internet, limpieza, seguridad de la institución, arbitrios, así como obligaciones relacionadas al Programa Vaso de Leche y otros programas sociales.

“De esta manera, el Ministerio de Economía y Finanzas cumple con lo solicitado por la Contraloría General de la República, en su rol de preservar los recursos públicos”, señala el comunicado.

/CCH/ Andina

El Perú enviará al secretario de la Corte de La Haya una comunicación para precisar a este tribunal internacional que el inicio de la frontera terrestre con Chile es el Punto Concordia y no un mal denominado “Punto 1” señalado por este país en el contencioso ante Bolivia, informó la canciller Ana María Sánchez.

Sánchez precisó que la comunicación será enviada a través de la Embajada del Perú en los Países Bajos y añadió que lo propio se hará también con el Gobierno de Chile.

“La Cancillería peruana, desde que recibió copia de la documentación relativa al proceso entre Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia, ha venido y viene efectuando una permanente evaluación de los contenidos de la mencionada documentación, en defensa de los intereses permanentes del Estado”, manifestó la canciller. 

Precisó, además, que el Gobierno del Perú no se había pronunciado hasta el momento sobre este tema debido a la reserva que tuvo el proceso hasta el último 4 de mayo, y a su voluntad de no interferir en el desarrollo de los alegatos orales de la excepción de competencia chilena, llevados a cabo la semana pasada, en la sede de la Corte.

Chile incluyó en la excepción preliminar de competencia presentada en julio del 2014 ante La Haya contra la demanda boliviana, un mapa bajo el título “Tratado de Lima de 1929 entre Chile y el Perú”, en el cual se señala un denominado “Punto 1” como inicio de la frontera terrestre.

Perú rechaza esa posición ya que sirve de base para que Chile alegue la propiedad sobre una porción de territorio de 37 610 metros cuadrados, denominado como “triángulo terrestre”.

/CCH/ Andina

El presidente Ollanta Humala Tasso llamó hoy a la población de la provincia de Islay a restablecer el clima de paz que permita retomar el diálogo en torno al proyecto minero Tía María, con dirigentes que realmente reflejen el interés de la comunidad.

El Mandatario afirmó que la prioridad de su gobierno es restablecer el orden público en Islay, a fin de evitar más víctimas.

"Hay que hacer un llamado a la población, también a los medios de comunicación, para todos unirnos en pos de que se restablezca el clima de paz, y pueda haber diálogo (...), estamos tratando de moderar a las fuerzas del orden, a fin de que no haya mayores víctimas y más bien podamos restablecer el clima de paz necesario para el dialogo", agregó.

En ese sentido, dijo que por el momento no es conveniente una visita a Islay, aunque aclaró que el Estado mantiene su presencia en Arequipa y que este gobierno es el que más ministros ha enviado a tratar con la población y a promover el desarrollo de la región, a través de la ejecución de obras y proyectos.

“He ido innumerables veces a Arequipa. Lo que nos preocupa es avanzar con los más de 3,400 millones de nuevos soles comprometidos durante el Consejo de Ministros Descentralizado desarrollado en Chivay", señaló. 

Precisó, del mismo modo, que el Ejecutivo sigue estudiando la posibilidad de declarar el estado de emergencia en esta zona.

"Lo estamos evaluando, todo tiene una gradualidad, lo que queremos es restablecer la normalidad, retomar el diálogo con los dirigentes que realmente reflejen los intereses de Islay", afirmó, tras participar en la ceremonia de aniversario del Ministerio Público.

Descartó también que exista alguna contradicción entre su discurso como candidato presidencial y su accionar ahora como Presidente en el tema de los proyectos extractivos. Por el contrario, indicó que en su gobierno se ha escuchado a la población y se han buscando canales de participación como la aprobación de la Ley de Consulta Previa.

"Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre el Ollanta Humala que estuvo como candidato y el Ollanta Humala que está como Presidente, creemos estar actuando con sensatez, y queremos que las otras fuerzas políticas y los medios de comunicación actúen de la misma manera", afirmó.

En el caso particular de Tía María, el Mandatario precisó que en el 2010, cuando era candidato, apoyó a la población de Islay que reclamaba una revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María, la misma que fue realizada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (Unops), que formuló 138 observaciones.

Refirió que, posteriormente, la misma empresa levantó todas las observaciones y presentó un nuevo estudio, que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. "De tal manera que no hay contradicción", puntualizó.

Además, sostuvo que su gobierno aprobó y reglamento la Ley de la Consulta Previa y ha designado al Ministerio de Agricultura para que conduzca el diálogo con los pobladores de Islay. No fue Energía y Minas, precisamente, porque al Gobierno también le interesa el desarrollo de la agricultura en la zona, dijo. 

"Se ha escuchado la voz del pueblo, este gobierno aprobó y reglamentó la Ley de la Consulta Previa, hemos llevado a cabo las asambleas para determinar las licencias sociales; que quede claro, nosotros, como gobierno, no defendemos a la empresa, defendemos el estado de derecho y la normalización de actividades", afirmó.

/CCH/ Andina

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, pidió que el propietario de la compañía Southern Copper, Germán Larrea, aclare en Lima lo concerniente a un audio que revelaría una negociación con un dirigente antiminero para detener las protestas en Islay a cambio de dinero.

“Esos audios podrían indicar un nivel de comisión de delito por parte de la empresa. En esa línea, lo que he pedido básicamente es que el dueño de la empresa, el señor Larrea, venga a Lima a aclarar este tema. Estoy a la espera de esa confirmación”, señaló.

Ratificó que el Poder Ejecutivo suspendió conversaciones con la minera Southern Cooper, impulsora del proyecto minero Tía María, en Arequipa, mientras esta no aclare su responsabilidad en el presunto ofrecimiento de dinero al dirigente Pepe Julio Gutiérrez.

“Se ha suspendido las conversaciones con la empresa Southern a raíz de los audios que fueron propalados la semana pasada”, remarcó la funcionaria.  Pepe Julio Gutiérrez

Asimismo, la titular de Energía y Minas no descartó la posibilidad de que el Gobierno inicie acciones legales contra Southern Copper, si se encuentran indicios de encubrimiento, tema que ha sido encargado al Ministerio de Justicia. 

“Lo que en principio se está evaluando es la posibilidad de un encubrimiento, por parte de la empresa, de este hecho delictivo que sería la extorsión (…) El dirigente que por un lado extorsiona a la empresa y, por el otro, la empresa que no denuncia a la autoridad”, puntualizó.

Retomar el diálogo

De otro lado, la titular de Energía y Minas señaló que el Gobierno está a la espera de la designación de interlocutores válidos de la población arequipeña de Islay, para retomar el diálogo y resolver las diferencias en torno al proyecto cuprífero Tía María.

Indicó que está a la espera de que la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, “la persona más indicada”, para que comunique al Ejecutivo, el nombre de las personas que serán los nuevos representantes de la población para retomar el diálogo.

/CCH/ Andina

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional determinó que pasen a juicio oral los dos primeros implicados en el asunto "narcoindultos", caso en el cual se procesa al expresidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel.

Se trata de la ex secretaria técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales del segundo gobierno aprista, Noelia Gómez Paulet, y José Manrrufo Acosta, exasesor congresal del entonces ministro de Justicia, Aurelio Pastor. 

Así lo determinó esta mañana el titular de este juzgado, Richard Concepción Carhuancho, quien rechazó el pedido presentado por ambos procesados para ser excluidos de la demanda.

Para Noelia Gómez el Ministerio Público solicitó una pena de 16 años de cárcel, mientras que para José Manrrufo nueve años de prisión.

Esta mañana, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reinició su segundo día de audiencia de control de la demanda fiscal, que pide una condena de 17 años de prisión para Miguel Facundo Chinguel.

Durante esta audiencia se debe determinar cuántos de los 14 procesados por la entrega irregular de conmutaciones y indultos a sentenciados por narcotráfico pasan a juicio oral, por estas irregularidades.

La Fiscalía atribuye a los investigados responsabilidad en los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo y propio, además pide para todos una reparación civil de 100 millones de soles.

/CCH/ Andina