Política

El presidente del grupo de trabajo de Presidencia APEC Perú 2024, Carlos Chávez Tafur, afirmó que las economías integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) confían en el liderazgo peruano para que se pueda impulsar una agenda temática y sustantiva durante las reuniones que se desarrollan en nuestro país.

Desde la ciudad de Urubamba (Cusco), Chávez Tafur, precisó que después de dos años de pandemia con todo parado, nuestro país que venía de una racha de organizar grandes eventos, ve en esta oportunidad una nueva posibilidad de posicionarse como un "hub" de reuniones internacionales.

"El hecho de que seamos por tercera vez presidencia de APEC durante este año significa que las otras 20 economías tienen pues confianza en el liderazgo peruano para impulsar la agenda temática, la agenda sustantiva, digamos desde las reuniones", manifestó.

Asimismo, explicó que también significa el grado de confianza en la capacidad organizativa del Perú "para hacer este tipo de estos eventos de gran calado".

Reuniones descentralizadas

De otro lado, destacó que en la Presidencia APEC 2024 las reuniones de altos funcionarios y ministros de las 21 economías de este bloque comercial se vayan desarrollando en cuatro ciudades del interior del país, al margen de Lima.

"La idea es, por supuesto, hacer partícipe a la mayor cantidad de gente posible de este tipo de eventos, este año hemos tenido cuatro ciudades como sedes ya tuvimos Arequipa, después de ahí hemos venido acá al Cusco para tener dos reuniones también hace una semana hubo una reunión de altos funcionarios de Finanzas y ahorita estamos en la semana ministerial de turismo", dijo.

Posteriormente, precisó que se desarrollará la tercera reunión de altos funcionarios en Lima y al mismo tiempo en la ciudad de Trujillo (La Libertad), la reunión de ministros de Agricultura, donde se verá el tema de seguridad alimentaria. 

"Y de ahí nos vamos a Pucallpa (Ucayali) que será en septiembre tenemos la reunión de pymes y a partir de ahí, ya vamos entrando en la recta final de lo que es la Presidencia APEC Perú 2024", añadió.

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Ricardo Brousset Salas, juez supremo provisional, advirtió sobre las severas penas que enfrentan los funcionarios públicos que incurren en el delito de concusión.

El acto ilícito se comete cuando un funcionario, abusando de su cargo, obliga, induce o promete a una persona entregar un bien o beneficio patrimonial indebido, ya sea para sí mismo o para un tercero.

Brousset destacó que las penas por concusión pueden variar entre dos y ocho años de prisión efectiva. Además, los responsables también deberán pagar una multa equivalente a entre 180 y 365 días de su salario diario y serán inhabilitados para ejercer cargos públicos.

La autoridad judicial también señaló que, en algunos casos, la pena de prisión puede no ser efectiva, especialmente si no supera los cinco o seis años y no existe un pronóstico de reiteración delictiva.

El juez recordó incidentes anteriores en el Parlamento, donde ciertos congresistas abusaron de su cargo al contratar empleados para su despacho y luego obligarlos a entregar parte de su remuneración. Estos actos, según Brousset Salas, constituyen claros ejemplos de concusión a favor de terceros o de sí mismos.

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El dictamen de la Comisión de Constitución que elimina la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crea la Escuela Nacional de la Magistratura contiene, además, una modificatoria según la cual el Senado de la República podrá remover a los titulares de organismos electorales.

En el texto sustitutorio aprobado por el grupo de trabajo se incluyen cambios a los artículos 182 y 183 de la Constitución Política, referidos al nombramiento de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Actualmente, el texto precisa que dicha función corresponde a la JNJ. Sin embargo, el dictamen aprobado delega ahora esta prerrogativa al Senado, el cual se reinstalará a partir del 2026, tras la aprobación de la reforma constitucional que restablece la bicameralidad.

Según la modificatoria de los artículos, los titulares de ambos organismos electorales podrán ser removidos por la futura Cámara de Senadores con la misma votación con la que fueron elegidos. Se mantiene lo referido a su nombramiento por un periodo de cuatro años, renovable.

El principal cambio que establece el dictamen aprobado este miércoles por la Comisión de Constitución es la eliminación de la JNJ y su reemplazo por la Escuela Nacional de la Magistratura, la cual, además de la selección y nombramiento, se ocupará de la formación y capacitación de jueces y fiscales, por lo que se desactivará también la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG).

El texto señala que el ingreso a la nueva institución será por concurso público de méritos y luego de ello recibirán formación por dos años a dedicación exclusiva, para lo cual recibirán también un estipendio.

Una vez que obtienen la titulación, iniciarán la carrera judicial o fiscal con el grado de juez de paz letrado o de fiscal adjunto provincial, respectivamente.

Además, el órgano de gobierno de la nueva institución será su Consejo Directivo, que estará integrado por un juez supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema; un fiscal supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Junta de Fiscales Supremos; y un exrector de las universidades nacionales y públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad.

Otro de los artículos de la reforma propuesta precisa que los miembros del Consejo Directivo de la Escuela pueden ser removidos del cargo por causa grave también por el Senado, con el voto de dos tercios del número legal de sus miembros.

En las disposiciones complementarias finales se indica además que, una vez que entre en vigor la norma y la ley orgánica del nuevo organismo, concluirán las funciones de la JNJ y la AMAG, por lo que se encarga a la Contraloría General de la República, durante el proceso de transferencia, la cautela del acervo de ambas instituciones y la supervisión de la transición hacia la Escuela Nacional de la Magistratura.

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El Congreso publicó la ley que autoriza al Ministerio de Educación (Minedu) a efectuar el nombramiento excepcional de docentes contratados en los centros de educación técnico-productiva (Cetpro) en plazas orgánicas vacantes a nivel nacional.

La citada norma, aprobada por insistencia, precisa que los docentes serán nombrados cuando acrediten cumplir con los requisitos generales y específicos establecidos en el artículo 18 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Además, deberán haber tenido contrato como docente en la modalidad de educación técnico-productiva no menor de 40 meses, continuos o interrumpidos, hasta la entrada en vigor de la presente ley.

Se precisa que los profesores que sean nombrados ingresarán a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, conforme lo establece la Ley 29944.

Asimismo, culminado el proceso de nombramiento, el Minedu convocará a concurso público para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de los docentes de los Cetpro, a fin de cubrir todas las plazas orgánicas vacantes de dicha modalidad de educación, a nivel nacional, en el año escolar 2024.

“Pueden participar en el concurso público los docentes que cumplan con los requisitos generales y específicos establecidos en el artículo 18 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial”, agrega el dispositivo.

En otro de los artículos se precisa que los docentes contratados, luego de ser nombrados, podrán acumular sus años de servicio en dicha modalidad para el cálculo que les permitirá percibir las asignaciones respectivas por tiempo de servicios, siempre que este no haya sido liquidado o pagado.

Finalmente, se precisa que el Minedu, en un plazo no mayor de 180 días calendario desde la entrada en vigor de la norma, actualizará el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva y ejecutará otras acciones que sean necesarias para la implementación del concurso público dirigido a dichos docentes.

El dispositivo lleva la firma del presidente del Congreso, Alejandro Soto; y del primer vicepresidente de dicho poder del Estado, Arturo Alegría.

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La presidenta Dina Boluarte destacó la promulgación de la modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional y la nueva Ley de Cabotaje, señalando que estas marcan un antes y un después en el desarrollo del país.

Ambos dispositivos fueron suscritos esta tarde por la mandataria en una ceremonia realizada en la sede de Palacio de Gobierno, que contó con la participación también del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.

La jefa de Estado sostuvo que “hoy es un día histórico para el sector portuario y comercial”, ya que dichas normas permiten abrirle las puertas a una mayor inversión privada y hacer más competitivos a los puertos peruanos.

“Con la promulgación de la modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional y la nueva Ley de Cabotaje estamos marcando un antes y después en el camino hacia la competitividad, la conectividad y el desarrollo de nuestra querida patria”, expresó.

Con respecto al primer dispositivo, que modifica la Ley 27943, precisó que su suscripción abre las puertas a una mayor inversión privada, buscando el crecimiento del sistema portuario de modo articulado para la modernización de los puertos peruanos, haciéndolos más competitivos.

“También se abre la posibilidad de que las concesiones portuarias sean entregadas en administración hasta por 30 años adicionales y que la exclusividad en la prestación de servicios portuarios sea otorgada directamente por nuestra Autoridad Portuaria Nacional”, agregó.

Asimismo, la presidenta Dina Boluarte sostuvo que fomentarán la ampliación y modernización de los puertos existentes. Agregó que la inversión en dicha infraestructura generará nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

En esa línea, indicó que parte de ese impacto positivo se verá en el futuro Terminal Portuario de Chancay, que entrará en operación en noviembre de este año y generará un impacto económico y social de US$ 4500 millones, equivalente al 1.8% del PBI.

La jefa de Estado expresó también que, en adelante, el transporte marítimo de carga entre puertos peruanos será realizado por embarcaciones peruanas y extranjeras, impulsando el desarrollo de los puertos y el comercio nacional e internacional.

“Con estas leyes, nuestros puertos serán motores del desarrollo regional, conectando a las regiones más alejadas del país y abriendo nuevas oportunidades para el comercio y la inversión. Al mismo tiempo fortaleceremos nuestra soberanía marítima y nos posicionaremos como actores claves en el comercio internacional”, indicó la mandataria en su discurso.

Finalmente, agradeció a los legisladores por la aprobación de estas leyes e instó a los miembros del Parlamento a seguir trabajando en esa ruta.

“El sector privado, unido al sector público, haremos todos juntos una patria diferente, una patria para todos”, concluyó la presidenta Boluarte.

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"Esta medida podría generar un incremento en las tarifas de distribución de gas natural, de hasta el 28 %, impactando a cerca de dos millones de usuarios domiciliarios, más de 4000 industrias y comercios, y más de 400 000 vehículos convertidos a GNV", afirma la SPH.

“Desde la SPH pedimos al Pleno del Congreso que disponga una mayor revisión técnica de la propuesta, a fin de garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico, y promover la diversificación de la matriz energética”, subrayó.

“La incorporación forzada de generación renovable afectaría la confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEIN). Ello tomando en cuenta la creciente frecuencia, de eventos como Fenómeno El Niño, que inciden directamente en la producción de este tipo de energías”, explicó el presidente de la SPH.

La Asociación Nacional de Vicegobernadoras Regionales, se reunió con la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, a fin de manifestar su rechazo ante el proyecto de ley que contempla la eliminación de la paridad horizontal y alternancia de género en las listas electorales.

Las vicegobernadoras indicaron que la iniciativa atenta contra su derecho a participar en la política de manera democrática al igual que sus pares hombres.

“Esto es un retroceso para nosotras y para todas las mujeres que buscan ejercer su derecho a participar en política; representamos al 50% de la población, tenemos ese derecho”, manifestó Doris Guillermo Rivera, vicegobernadora de Pasco.

Por su parte, la ministra de la Mujer indicó que el gabinete ministerial rechaza el proyecto de ley y se encuentran realizando observaciones legales.

“El Consejo de Ministros ha manifestado su rechazo unánime a esta disposición aprobada por el Parlamento y por ello estamos trabajando en un documento con nuestras observaciones en torno a esta ley, que nos preocupa a todos y todas”, señaló la ministra Hernández.

Finalmente, la Asociación Nacional de Vicegobernadoras aseguró que se organizará para dar a conocer su posición al Congreso.

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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que el Consejo de Ministros acordó prorrogar los estados de emergencia declarados en las provincias de Pataz y Trujillo, en La Libertad; así como en la zona del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla en Loreto.

En conferencia de prensa, sostuvo que la medida responde al acuerdo de continuar profundizando la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas.

“Se ha considerado que es importante reforzar el trabajo que vienen realizando nuestras fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado a efectos de poder combatir de una manera más eficiente al crimen organizado y al tráfico ilícito de drogas”, señaló el jefe del Gabinete.

Precisó que en la zona del Putumayo se ha observado la presencia y actividad de bandas criminales tanto en la triple frontera con Ecuador y Colombia. Agregó que también se presenta esta misma problemática en las fronteras individuales con ambos países debido a la minería ilegal y tráfico ilícito de drogas, respectivamente.

“En esta zona del Putumayo, donde recién empezamos a ver los primeros brotes de estos actos de criminalidad, tenemos que tener una presencia más firme de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta es una prórroga por 60 días que inicia a partir del 12 de junio”, detalló el jefe del Gabinete.

Sobre la medida en Pataz, señaló que esta tendrá vigencia desde el 13 de junio, por 30 días, a fin de combatir a las organizaciones criminales que se han asentado en la zona, afectando a la actividad minera.

En cuanto al estado de emergencia en Trujillo, sostuvo que será también por 30 días a partir de la misma fecha. Agregó que la Policía Nacional continuará manteniendo el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Exploración en Tacna

De otro lado, Gustavo Adrianzén informó que el Consejo de Ministros ha dispuesto declarar de necesidad publica la inversión privada y la actividad minera. En ese sentido, sostuvo que se acordó autorizar a la empresa Barrick a realizar actividades de exploración en un área que abarca 50 kilómetros de la frontera sur del país, a fin de expandir la cartera minera.

“Consideramos que la minería es uno de los motores que impulsan el proceso de reactivación económica en el que nos encontramos ahora trabajando”, añadió el jefe del Gabinete.

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La Marina de Guerra del Perú (MGP) mostró los sistemas y equipos tecnológicos con que cuenta para detectar e intervenir a las embarcaciones que se encuentren cometiendo acciones ilícitas o infringiendo la ley en dominio marítimo nacional.

Con una demostración en vivo del monitoreo de naves nacionales y extranjeras que operan en aguas del dominio marítimo peruano, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la MGP dio a conocer el equipamiento que le permite hacer frente a amenazas como la pesca ilegal, la contaminación del medio ambiente, entre otras.

La exposición se realizó el 4 de junio en la Comandancia de Operaciones Guardacostas, ubicada en la Base Naval del Callao, y estuvo a cargo del comandante de dicha dependencia, contralmirante SGC Ludwig Zanabria Acosta.

Zanabria destacó el compromiso que asumen en el ejercicio de sus funciones, a fin de velar por la seguridad de la vida humana, proteger el medio ambiente y reprimir las actividades ilícitas en el medio acuático, en resguardo de los intereses nacionales.

Señaló que el área de responsabilidad asumida por el Perú en compromisos internacionales abarca 2 230 166,25 millas cuadradas, equivalente a seis veces el territorio nacional.

Resaltó que, como parte de las operaciones realizadas mediante patrullajes con patrulleras marítimas y aeronaves de exploración, en 2023 realizaron 1140 operativos y 480 multisectoriales, logrando el decomiso de 79 113 kilos de productos hidrobiológicos.

Precisó también que, en lo que va del presente año, se han realizado 431 operativos y 43 multisectoriales, con el consecuente el decomiso de 66 704,50 kilos de productos hidrobiológicos.

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El Congreso de la República aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 8019 que autoriza la salida del territorio nacional de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a la República Popular China, del 23 al 30 de junio del presente año

El resultado de la votación fue 71 votos favor, 41 en contra y 6 abstenciones de otorgar el permiso a la jefa de Estado.

El canciller Javier González-Olaechea se presentó ante la representación nacional para sustentar el Proyecto de Resolución Legislativa 8019

Según reseña el documento, el mandatario de China, Xi Jinping, invitó a su homóloga peruana a realizar una visita de Estado, cuya fecha central es el 28 de junio. El periplo comprenderá actividades en las ciudades de Shenzhen, Shanghái y Pekín, se especifica.

En la fecha citada, la Mandataria participará en una ceremonia en la plaza Tia An Men, de la capital china. Luego se reunirá con el líder de ese país en el llamado Palacio del Pueblo; cita en la que también estará presente el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional China, Zhao Leji, y otras altas autoridades.

En esta reunión se firmarán acuerdos, entre ellos el referido al Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación Económica, protocolos sanitarios para que más productos peruanos puedan llegar a este país, y la creación del Consejo Empresarial Peruano-Chino.

Se precisa también que la jefa de Estado se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse, en el marco ce lo dispuesto en el artículo 8-A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporado por la Ley 31810, así como en la normativa vigente en materia de seguridad y confianza digital en el país. 

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