Política

La delegación peruana en la Convención Minera PDAC 2024, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, se reúne con el embajador de Perú en Canadá, Manuel Talavera.

Autoridades del Ejecutivo expondrán el potencial del Perú como un destino atractivo y confiable para la inversión minera.

Acompañado de los miembros de la Cámara de Comercio Canadá - Perú, recorren el Pabellón Peruano, que ofrece información oficial actualizada y útil para el inversionista extranjero participante de la Convención Minera PDAC 2024.

El PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) es la convención minera más importante del mundo, la cual se desarrolla del 3 al 6 de marzo en Toronto - Canadá.

Este evento alberga a más de 23 500 empresarios de más de 130 países.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzáles-Olaechea, destaca la presencia de la gastronomía peruana en San Vicente y Las Granadinas, en el país caribeño en el que se realizó la octava cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac).

“Muy emocionado de haber conocido a dos extraordinarios cocineros peruanos que forjan su futuro en la maravillosa isla de San Vicente”, expresó el canciller, mediante su red social Twitter. 

González-Olaechea dijo haber ido al restaurante en el que Jorge Huamán y Álvaro Díaz ofrecen platos de la cocina tradicional peruana, tras su participación en la cumbre de la Celac.

“El encuentro se hizo aún más especial, al ver que ellos mantienen vivo el recuerdo de nuestro Perú, pues andan siempre acompañados con nuestra bandera rojiblanca”, manifestó.

Su mensaje terminó deseándole a ambos cocineros seguir con los éxitos en su restaurante.

Durante su participación en la cumbre de la Celac, González-Olaechea sostuvo reuniones con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira; de Costa Rica, Arnoldo André; de Guatemala, Carlos Martínez; de Jamaica, Kamina J. Smith, y de Trinidad y Tobago, Amery Browne.

/MPG/

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, supervisó el trabajo realizado en el penal de Cajamarca en torno al proceso destinado a resocializar a los internos.

Durante la visita verificó las acciones implementadas para la resocialización de los internos. Estas incluyen el trabajo en talleres productivos de panadería, carpintería, manualidades, cueros, entre otros.

“Traigo un saludo de fe y esperanza para que el trabajo que realizan aquí para su resocialización contribuya al bienestar de Cajamarca. Quiero expresarles a ustedes el compromiso del Ministerio de Justicia de seguir colaborando en este proceso”, manifestó el ministro a los internos.

Consideró que, en este contexto, “lo importante es que ustedes vuelvan a la sociedad como hombres de bien, por ustedes y por sus familias. Tienen todo nuestro apoyo respecto al estudio y al trabajo. Estoy seguro que este afán de superación tendrá un resultado muy favorable”.

Otras autoridades

El ministro estuvo acompañado por el gobernador de Cajamarca, Roger Guevara, y la congresista y presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Parlamento Nacional, Kira Alcarraz (PP).

Guevara también se dirigió a los internos para que sigan en su camino de resocialización. “Tenemos mucha fe y confianza de que al término de sus condenas nos ayudarán a construir una mejor región”, señaló.

Por su parte, Alcarraz destacó la acción del Ministerio de Justicia para brindar atención legal a los internos e indicó que se debe seguir sumando esfuerzos en favor de la resocialización de estos.

/MPG/ 

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que el número mínimo de adherentes que se requiere para la inscripción de un partido político ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del organismo electoral corresponde a 531,412, en conformidad con lo dispuesto en la Ley 31981.

Dicha cifra equivale al 3 % de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, tal como prescribe el literal h, del artículo 5, de la Ley de Organizaciones Políticas, modificada por la norma citada anteriormente, la cual incorpora la presentación de la relación de adherentes como nuevo requisito para la inscripción de organizaciones políticas.

Así, la cifra indicada se ha calculado con base en las elecciones generales del 2021, por ser el último proceso electoral que posee el alcance señalado, en el cual votaron 17 millones 713,716 ciudadanos.

La Resolución 0051-2024-JNE, del 27 de febrero pasado, también estableció el número mínimo de adherentes que se requiere para la inscripción de movimientos regionales, el cual corresponde al 5 % de los votantes de los últimos comicios de carácter nacional.

En este último caso, para hacer el cálculo de la cifra equivalente al porcentaje anotado se toma como referencia el total de ciudadanos que votaron en la elección congresal del 11 de abril del 2021, en cada una de las circunscripciones electorales de este proceso electoral, las cuales corresponden al ámbito de acción de estas agrupaciones políticas.

De esta manera, el JNE cumplió con emitir las disposiciones necesarias para la implementación de la Ley 31981, dentro del plazo concedido por la norma.

/MPG/

Según la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que esta institución pueda cumplir con sus funciones constitucionales de selección y nombramiento, evaluación y ratificación y procedimientos disciplinarios requiere un quórum de cinco miembros en el pleno.

En el caso de los procedimientos disciplinarios, se requiere además un miembro instructor que elabora su informe y lo eleva al pleno. En estos casos, el miembros instructor no vota, por ello se requiere contar con un mínimo de seis miembros para decidir sobre procesos disciplinarios. Por lo tanto, dejar sin quorum al Pleno de la JNJ o si sus integrantes fueran destituidos, implicaría lo siguiente:

Procedimientos disciplinarios

Se paralizarían los procedimientos disciplinarios -inmediato, ordinarios y abreviados-, en curso, lo que impediría que jueces y fiscales investigados, cuya responsabilidad se encuentre acreditada sean sancionados, facilitando su continuación como operadores en la administración de justicia. Estamos hablando de un total de 159 procedimientos disciplinarios, entre ellos 10 procesos contra magistrados supremos y 36 procedimientos en reconsideración para ser resueltos de manera firme. 

Sumado a ello, los procedimientos disciplinarios de naturaleza abreviada enviados a la JNJ por las autoridades nacionales de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, se verían imposibilitados de iniciar, teniendo como único destino su estancamiento.    

Investigaciones preliminares

Las investigaciones preliminares en trámite correrían la misma suerte, el miembro titular de la JNJ a cargo de la investigación no podría pronunciarse respecto al inicio o no de una investigación disciplinaria. En la actualidad hay 55 investigaciones preliminares que quedarían suspendidas, más 3 cuya reconsideración tampoco podría ser resuelta.

Denuncias ciudadanas

Por otro lado, respecto a las denuncias administrativas disciplinarias formuladas por la ciudadanía contra jueces y fiscales de todos los niveles respecto a conductas disfuncionales, se verían también desatendidas.  Si bien existiría la ciudadanía podría seguir presentando sus denuncias por los canales de atención, éstas no podrían ser resueltas, generando desazón en la ciudadanía que ve reflejada sus esperanzas de justicia y corrección de jueces y fiscales ante la JNJ. 

La JNJ ha recibido desde el año 2020 un total de 5262 denuncias, de las cuales están concluidas (desestimadas o en proceso de investigación preliminar o proceso disciplinario) 4542, quedando un total de 677 denuncias en trámite y 43 en reconsideración de los denunciantes.

Las denuncias son la expresión de la confianza que deposita la ciudadanía en la entidad y esto se refleja en el incremento de denuncias año a año. En el año 2023 ingresaron 1691 denuncias y en los dos primeros meses del 2024 han ingresado 200.

Sentencias

También debe considerarse que a la fecha la JNJ tiene un total de 26 magistrados condenados de manera firme por haber cometido delito doloso, cuya destitución quedaría paralizada por encontrarse en trámite y 6 pendientes de resolver la reconsideración presentada por sus defensas.

Procedimientos de evaluación y ratificación

En cuanto a la función de evaluación y ratificación que tiene la JNJ, las consecuencias serían:
 

1.       Paralización del Procedimiento de Evaluación y Ratificación de la Convocatoria N° 001-2023-RATIFICACIÓN/JNJ actualmente en trámite, en el que se encuentran convocados 81 jueces del Poder Judicial (entre ellos 02 jueces de la Corte Suprema de Justicia) y 219 fiscales del Ministerio Público.

2.       Paralización del Procedimiento de Evaluación y Ratificación de la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

3.       Paralización de la evaluación de 200 jueces, juezas y fiscales que toca convocar en el 2024.
 

Procedimientos de Evaluación Parcial del Desempeño

Asimismo, quedarían paralizados los procedimientos de evaluación parcial de 497 jueces, juezas y fiscales que deben ser convocados el 2024.

Selección y nombramiento

Respecto de la selección y nombramiento de jueces y fiscales, se afectaría la conclusión de cuatro convocatorias que por razones presupuestarias no terminaron el año 2023.

De acuerdo al cronograma de selección y nombramiento, se tiene previsto que entre el 18 de marzo al 04 de abril del 2024, doscientos treinta y seis (236) postulantes sean sometidos a la etapa de estudio de caso, que es la tercera evaluación del total de cuatro que tiene un concurso público de méritos.

La cuarta etapa (entrevista personal) está programada para realizarse entre el 08 de mayo al 11 de junio del 2024, de cuyo resultado se nombrarían 139 nuevos jueces y fiscales titulares. 

Asimismo, a la fecha se cuenta con registro de candidatos en reserva de convocatorias pasadas que estarán vigentes hasta el 03 de mayo y 27 de noviembre del presente año.

/AC/NDP/

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó la directiva para la incorporación y ejercicio de la función de integridad de las entidades de la administración pública.

Esta medida se oficializa a través de la Resolución de la Secretaría de Integridad Pública N° 001-2024-PCM/SIP, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, dispone aprobar la Directiva N° 001-2024-PCM/SIP denominada "Directiva para la incorporación y ejercicio de la función de integridad en las entidades de la administración pública".

Asimismo, deroga la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP "Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública", aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP.

Además, establece que la difusión y asistencias técnicas para la implementación de la directiva está a cargo de la Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

También, señala que aquellas entidades que antes de la entrada en vigencia de la presente directiva hayan incorporado la función de integridad en una estructura distinta a la aprobada, deberán adecuarse durante el ejercicio fiscal 2024, cuyo cumplimiento será verificado en la evaluación sobre la implementación del Modelo de Integridad a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción efectuada en el ejercicio fiscal 2025.

De igual modo, dispone la publicación la directiva en la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano, en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros y en la página de Integridad Pública de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, el mismo día de la publicación de la presente resolución.

La resolución cuenta con la firma de la secretaria de la Secretaría de Integridad Pública, Sara Farfán Cuba.

/AC/Andina/

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios incorporó a en calidad de investigados a 14 congresistas y dos fiscales adjuntos supremos en la investigación preliminar seguida contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

A través de un comunicado, señala que esta medida se tomó por medio de la Disposición Fiscal N° 24, de ampliación y precisión de imputación contra la exfiscal Benavides por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

Asimismo, precisa la incorporación de los 14 congresistas y dos fiscales adjuntos supremos es por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible en agravio del Estado.

Vladimir Cerrón

Además, también se incorporó como investigado a Vladimir Cerrón, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano.

Del mismo modo, se incorporó en condición de investigado al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

Carpeta fiscal

De otro lado, también se dio cuenta que también se dispuso la desacumulación de hechos, generándose la Carpeta Fiscal 120-2024, "en cuyo trámite se ha notificado la Disposición Fiscal N° 1 de inicio de diligencias preliminares contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, tres exfiscales adjuntos supremos y una congresista".

Ello por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado peruano.

/AC/

El Gobierno declaró hoy su reconocimiento a las defensoras y defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), quienes, desde 34 direcciones distritales distribuidas en todo el país, brindan servicios de asistencia y patrocinio legal gratuito principalmente a personas en situación de vulnerabilidad o de escasos recursos económicos.

El acto de reconocimiento se realizó en ceremonia especial en Palacio de Gobierno, encabezada por la presidenta de la república, Dina Boluarte, y el titular del sector Eduardo Arana, en la que se distinguió a cuatro profesionales ganadores del concurso "Defensor del Bicentenario".

La mandataria resaltó el trabajo de estos profesionales para acercar la justicia a las peruanas y peruanos y señaló que defender los derechos de las personas es una de las labores más nobles que puede cumplir un ser humano.

Manifestó, que su Gobierno ha puesto especial énfasis en la labor de acercar los servicios del Estado a la población, en la costa, sierra y selva, y expresó el respaldo de su gestión al trabajo de las y los defensores públicos.

El ministro Arana, por su parte, expresó su reconocimiento al arduo trabajo que desempeñan los defensores públicos en todo el territorio nacional, "dando una mano amiga a la población que más lo necesita".

Dijo que la Defensa Pública del ministerio es el estudio jurídico más grande del país y brinda servicios con mística, voluntad de trabajo y resultados.

Además, que el año pasado se ofreció más de un millón de atenciones en todo el Perú, a través de consultas y patrocinios, lo que implica que más de un millón de personas fueron escuchadas por el Estado a través de esta dependencia de su sector.

En el acto, realizado en el marco del 28 aniversario de la Defensa Pública, se reconoció a los cuatro ganadores del concurso "Defensor del Bicentenario", entre ellos Edgard Guzmán, de Tacna, en la categoría Defensa Penal; Jhox Tineo, de Ayacucho (Asistencia Legal); Mariusca Pereda, de Áncash (Servicios Multidisciplinarios); y José Manrique, de Moquegua (Conciliación Extrajudicial).

La Defensa Pública cuenta con 2,062 defensores públicos distribuidos en 390 sedes en todo el país, con 121 profesionales del equipo multidisciplinario y 96 conciliadores extrajudiciales.

/MPG/

El canciller Javier González-Olaechea sostuvo hoy un encuentro de trabajo con su homólogo de Trinidad y Tobago, Amery Brown.

Dicha cita se desarrolló en el marco de la VIII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realiza en la San Vicente y las Granadinas. 

Durante el encuentro ambas autoridades acordaron profundizar los vínculos bilaterales entre ambos países.

En ese marco, suscribieron un Memorándum de Entendimiento que establece el Mecanismo de Consultas Políticas, el cual permitirá institucionalizar el diálogo político.

Jamaica

Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores también se reunió con la canciller de Jamaica Kamina Smith, ocasión en la que se comprometieron a fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral, así como en el marco de la Comunidad del Caribe (Caricom). 

Ambas autoridades dialogaron sobre la próxima visita del BAP "Unión" a Jamaica, y respecto a asuntos de interés mutuo en el ámbito regional y multilateral.

Participación

Como se recuerda, el canciller se encuentra en Kingstown (San Vicente y las Granadinas), donde participó en la VIII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además, también estuvo presente en la III Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores del Consenso de Brasilia, que se celebra de forma paralela a la referida cumbre.

/ANDINA/PE/

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República dos denuncias constitucionales contra las parlamentarias Rosio Torres Salinas y Heidy Lisbeth Juárez Calle.

Esta medida, según informa el organismo a través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), se hizo a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Las denuncias constitucionales contra ambas congresistas se debe a la presunta comisión del delito de concusión. 

Asimismo, se precisa que los hechos guardan relación con cobros presuntamente indebidos que las referidas parlamentarias habrían efectuado a personal de sus respectivos despachos congresales y de las comisiones que presidían.

Como se recuerda, el 4 de abril del año pasado, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista Rosio Torres como presunta autora del delito de concusión por los presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho.

La investigación también comprende a Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la legisladora, como presunto cómplice del referido delito.

Posteriormente, el 14 de abril, la Fiscalía de la Nación también abrió investigación preliminar contra Heidy Juárez, ante la presunta comisión del delito de concusión. Ello porque también habría ocurrido el cobro irregular a trabajadores de su despacho. 

/PE/