Política

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, celebrará está tarde una audiencia pública en la que abordará la situación del Ministerio Público en el Perú y su impacto en los derechos humanos.

En esta audiencia, la CIDH recibe información relevante sobre amenazas, presiones e influencias indebidas sobre la fiscalía, que podrían obstaculizar su funcionamiento independiente y comprometer el respeto de los principios democráticos. 

La solicitud de esta audiencia fue realizada a inicios de diciembre de 2023 por el Instituto de Defensa Legal-IDL (Perú), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

La solicitud se presentó durante la gestión de la entonces Fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien actualmente se encuentra suspendida del cargo. Actualmente, este cargo es ejercido de forma interina por el fiscal supremo Juan Carlos Villena.

El Gobierno del Perú expresó hoy su condena y pesar por los hechos ocurridos en el norte de la Franja de Gaza, que condujeron a la muerte de decenas de civiles indefensos y numerosos heridos.

Este mensaje fue transmitido a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de sus redes sociales oficiales.

"El Gobierno del Perú expresa su condena y pesar por los hechos ocurridos el pasado 29 de febrero, en el norte de la Franja de Gaza, que condujeron a la muerte de decenas de civiles indefensos y numerosos heridos", refiere en el documento. 

Asimismo, transmite sus más sentidas condolencias y solidaridad "con las familias de los afectados, sin distinción de nacionalidad o credo".  

"El Perú exhorta a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y a garantizar la protección de los civiles y el flujo de la ayuda humanitaria", agrega el comunicado. 

Además, resalta que el Perú, guiado por su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias, seguirá abogando por la solución de dos Estados, Palestina e Israel, conforme a la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1947.

Ello con la finalidad de que puedan convivir en paz, "dentro de fronteras internacionalmente reconocidas y seguras, de conformidad con el derecho internacional y demás resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria quedo expedito para pronunciarse respecto a la tutela de derechos solicitada por la fiscal Patricia Benavides en la investigación que se le sigue por supuesto delito de organización criminal.

Tras escuchar las posiciones defendidas por Benavides, su abogado y la fiscalía, el juez Juan Carlos Checkley dio por terminada la audiencia y señaló que la decisión que adoptará se les comunicará a ambas partes a través de sus casillas electrónicas.

La tutela de derechos interpuesta por la exfiscal de la Nación implica que se anulen las diligencias efectuadas por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en la investigación a la que está sometida. 

En ese contexto, Benavides considera irregular que la investigación corra a cargo de la fiscal Delia Espinoza.

Del mismo modo, ha solicitado que se excluya de lo actuado en este proceso la información entregada por el agente especial ‘Roberto’, infiltrado en el Congreso por el caso de las supuestas negociaciones entre Benavides y diversas bancadas parlamentarias.

A su vez, el Ministerio Público requirió que sea declarado infundado el pedido de tutela de derechos.

"Proceso kafkiano

Durante la audiencia, Benavides pidió hacer uso de la palabra para pedir que se respete el debido proceso en esta investigación. Refrió que en su carrera siempre ha respetado esta prerrogativa, incluso en el caso del expresidente Pedro Castillo, como lo demuestra el hecho de que sigan vigentes las investigaciones que ella inició.

“Me enfrento a un proceso kafkiano donde no se ha respetado la Constitución y la ley”, manifestó la exfiscal de la Nación, quien consideró que es la Fiscalía de la Nación la que debe investigarla, pero ello no se ha cumplido, delegándose las pesquisas a otra fiscalía de manera irregular, según dijo.

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La presidenta Dina Boluarte participa en la ceremonia de reconocimiento al 'Defensor del Bicentenario', distinción que busca destacar el desempeño de los defensores públicos en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad.

La ceremonia se realizará hoy al mediodía en Palacio de Gobierno.

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La presidenta Dina Boluarte sostuvo hoy que la Ley de Ciberdefensa y su reglamento marcan un hito en el compromiso con la seguridad nacional y garantiza la protección de los activos críticos nacionales y los recursos claves ante un eventual ciberataque.

“Este reglamento establece un marco jurídico para las operaciones militares en el ciberespacio, de esta menara garantizamos la protección de activos crítico nacionales y recurso claves ante eventuales ciberataques a instalaciones de gas, sistema interconectado de electricidad, centrales eléctricas, plantas de refinamiento, servicios públicos primordiales, sistemas de comunicaciones y sistemas de mando y control”, refirió.

Asimismo, el reglamento regula las operaciones en y mediante el ciberespacio, asignando roles y responsabilidades al Ministerio de defensa y a otros organismos ejecutores, a fin de garantizar una respuesta coordinada y efectiva contra las crecientes amenazas en el ciberespacio que no conoce de fronteras.

“Además refuerza nuestro compromiso con la protección de los derechos y libertades de nuestros ciudadanos en el entorno digital, asegurando que las operaciones de ciberdefensa se hagan respetando siempre el marco legal y los estándares del derecho internacional”, apuntó

Durante la ceremonia de presentación del reglamento, la mandataria reconoció la partición en este proceso de los ministerios de Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de inteligencia y otros.

“juntos y unidos avanzamos hacia un futuro más seguro para nuestro país, demostrando que estamos preparados para enfrentar y superar los desafíos del ciberespacio. Gracias a todos por su compromiso, su dedicación y su trabajo arduo, sigamos adelante unidos en la defensa de nuestra nación en todas las dimensiones”, manifestó.

La mandataria destacó también que, a la par de intensificar el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo del país y el bienestar de la población, se debe garantizar la seguridad de los principales sistemas digitales del país, protegiéndolos ante cualquier amenaza, porque la seguridad y el bienestar de la nación dependen de la fortaleza física pero también de la capacidad de resiliencia en el ciberespacio.

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El pleno del Congreso desestimó las mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, así como la que planteaba interpelar al ministro de Justicia, Eduardo Arana.

En el caso de la moción de vacancia presidencial, 69 congresistas se expresaron en contra, mientras que 28 votaron a favor y seis se abstuvieron.

El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, se encargó de sustentar el pedido, argumentando que los viajes al extranjero de la mandataria “no se ajustan al marco constitucional vigente puesto que salió del país sin tener ningún vicepresidente al cual encargar el Despacho Presidencial”.

Respecto a la legislación que autoriza los viajes al exterior de la Jefa del Estado y la faculta a ejercer funciones de gobierno de manera remota, Cruz indicó que ninguna norma puede estar por encima de lo que se indica en la Constitución.

Mociones de interpelación

De otro lado, el pleno del Congreso no admitió a debate la moción de interpelación planteada en contra del ministro de Justicia, Eduardo Arana. 62 parlamentarios votaron en contra, 25 a favor y 13 se abstuvieron.

La sustentación del pedido corrió a cargo del parlamentario no agrupado Jaime Quito, quien señaló que este se sustenta en la liberación del expresidente Alberto Fujimori, autorizada por el gobierno y ejecutada a través de la cartera ministerial a cargo de Arana.

El legislador afirmó que la salida de prisión del exmandatario mencionado, si bien fue dispuesta por una sentencia del Tribunal Constitucional, “resulta contraria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contraviene a la obligación del Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales”.

Asimismo, antes de que se levante la sesión plenaria, se dio cuenta de la presentación de dos mociones de interpelación planteadas contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, presentada por diversas bancadas. Las preguntas formuladas tienen que ver con las modificaciones en el sistema de acceso al turismo a Machu Picchu.

Se hizo lo mismo respecto a dos mociones interpelatorias dirigidas al ministro del Interior Víctor Torres respecto a temas de seguridad ciudadana, así como de un pedido similar para el titular de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez a fin de que responda sobre lo que los parlamentarios firmantes consideran “su ineficiencia e ineficacia” en ese sector.

El titular del Parlamento, Alejandro Soto, señaló que, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de este poder del Estado, en la próxima sesión plenaria se procederá a consultar la admisión de estos pedidos.

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El titular de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, destacó la puesta en vigencia del reglamento de la Ley de Ciberdefensa, y consideró que Perú cuenta por primera vez en su historia con “un marco normativo sólido” sobre ese tema.

Durante la ceremonia en la cual fue promulgado ese reglamento, el titular del gabinete ministerial señaló que la finalidad de dicha legislación “es proteger los intereses del país ante amenazas y ataques en el ciberespacio”.

“Este reglamento contribuye a minimizar y evitar pérdidas económicas producto de ciberataques a los activos críticos nacionales y recursos clave, como instalaciones de gas, sistemas interconectados de alta intensidad, centrales eléctricas, plantas de refinamiento, servicios públicos primordiales, sistemas de comunicación, entre otras”, explicó.

Otárola recalcó que la Ley de Ciberdefensa fue promulgada en 2019, pero pasaron casi cinco años sin que se reglamente; situación que hoy ha variado por disposición de la presidenta Dima Boluarte.

“Por primera vez nuestro país cuenta con un marco normativo solido en ciberdefensa que permitirá a nuestras instituciones adoptar las medidas necesarias para resguardar los intereses de nuestra nación”, manifestó Otárola.

Recordó que en los últimos tiempos, tanto en Perú como en otros países, “hemos visto ciberataques a infraestructura crítica y recursos claves en diversos puntos en el mundo a  instituciones públicas, servicios básicos, aeropuertos y hospitales e incluso el robo de información de los sistemas”.

“Es un asunto urgente frente al cual debemos prepararnos y responder como gobierno y estado”, manifestó.

Estas acciones resultan “muy perjudiciales para nuestra patria, nuestra seguridad y nuestros ciudadanos”, añadió.

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En la ceremonia de presentación del reglamento de la Ley N° 30999, Ley de Ciberdefensa, la presidenta de la república, Dina Boluarte, invocó a seguir unidos como país en la defensa de la Nación, pero sobre todo en materia de ciberseguridad

Desde Palacio de Gobierno, se detalló que la Ley de Ciberdefensa busca establecer el marco normativo en materia de ciberdefensa del Estado peruano, regulando las operaciones militares en el ciberespacio a cargo de los órganos ejecutores del Ministerio de Defensa, dentro de su ámbito de competencia.

Su finalidad, a su vez, es defender y proteger la soberanía, los intereses nacionales, los activos críticos nacionales y recursos claves para mantener las capacidades nacionales frente a amenazas o ataques mediante el ciberespacio, cuando estos afecten la seguridad nacional.

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó la “Comisión Sectorial que impulsa la ejecución de Inversiones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos”, la misma que impulsará la ejecución de los proyectos de inversión a ejecutarse mediante esta modalidad.

La comisión, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0056-2024-JUS, estará conformada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien la preside; el secretario general; el Superintendente Nacional de los Registros Públicos o su representante, y el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE o su representante.

Asimismo, por el jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización o su representante y el jefe de la Oficina General de Administración o su representante.

“Los integrantes titulares de la Comisión Sectorial designan a sus representantes y alternos, mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución”, señala la norma.

Tendrá como funciones hacer seguimiento a las actividades de gestión y promoción de los proyectos de inversión a ejecutarse, en coordinación con las unidades de organización, los programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada y el sector privado.

Asimismo, propondrá la priorización de proyectos de inversión a desarrollarse mediante el mecanismo de obras por impuestos, realizará seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión priorizados y supervisará que los proyectos cumplan con las disposiciones establecidas.

La comisión sectorial se instala en un plazo máximo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente de la emisión de la presente resolución, y tendrá un periodo de vigencia de dos años, contados desde su instalación.

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La Presidencia del Consejo de Ministros designó como alta comisionada para el combate a la minería ilegal a la abogada Marlene Espinoza Goyena.

Este nombramiento fue oficializado mediante la resolución ministerial 044-2024-PCM, publicada en la edición de hoy del Diario Oficial El Peruano.

Los alcances de esta disposición serán notificados a las secretarías técnica y de coordinación de la Comisión Multisectorial encargada de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal, así como a la recuperación del ambiente.

Dicho grupo fue instaurado mediante el decreto supremo 143-2023-PCM, emitido en diciembre del año pasado.

Espinoza Goyena se ha desempeñado como asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros, y ha sido representante de esa instancia de gobierno ante la Comisión Especial que representa al Estado en las controversias internacionales de inversión derivadas del caso Odebrecht.

Dentro de su labor profesional como abogada, Espinoza Goyena se encargó de la defensa legal del extesorero y excandidato al Congreso del Partido Nacionalista Peruano, Mario Torres Aliaga, en el proceso judicial que involucra al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia.

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