Política

El abogado penalista Andy Carrión, cuestionó el comportamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras conocerse las declaraciones de Jaime Villanueva respecto a los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez a diferencia de lo ocurrido con Patricia Benavides.

“Observamos el diferente rasero con el que la Junta Nacional de Justicia mide las causas que podrían tener un origen común, como por ejemplo las declaraciones de Jaime Villanueva”, señaló Carrión.

En el programa “Diálogo Abierto”, de Radio Nacional”, añadió que los testimonios del exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, están abarcando congresistas, empresarios y ex fiscales de la Nación. 

Al respecto, criticó el valor y tratamiento que le ha dado la Junta Nacional de Justicia a las nuevas revelaciones que comprometen al fiscal supremo Pablo Sánchez y a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba.

“Si uno analiza los precedentes y cómo, la Junta Nacional de Justicia, ha venido actuando, esto la deslegitima, porque en contra de Patricia Benavides decidieron investigarla y suspenderla casi inmediatamente después de conocerse las noticias de que se encontraba investigada”

Carrión analizó los testimonios de Villanueva y comentó que da cuenta de cómo se maneja el Ministerio Público. “Sus declaraciones dan a conocer las dificultades que tendrían internamente que, creo, es una lucha de poderes”, acotó.

¿PUEDE EL FISCAL SUPREMO PABLO SÁNCHEZ SER SUSPENDIDO?

Para el abogado penalista Andy Carrión, el fiscal supremo Pablo Sánchez puede ser suspendido, al igual que los fiscales José Pérez, Rafael Vela, mientras se les investiga.

“Es una decisión que sí se puede tomar ahora para que, en esa condición, afronten las investigaciones, porque se trata de una investigación administrativa sancionatoria, que tiene como consecuencia o bien la suspensión o bien la destitución del funcionario investigado”

HIPÓTESIS

Ante la eventual suspensión del fiscal supremo Pablo Sánchez, sólo quedarían 2 fiscales supremos en el país, Juan Carlos Villena, actual fiscal de la Nación y Delia Espinoza. 

En ese escenario, Villena, como titular del Ministerio Público, tendría que convocar a los fiscales adjuntos supremos para que completen el quorum de 5 miembros para la toma de decisiones en el funcionamiento de la Fiscalía de la Nación.

MÁS IMPLICADOS

Sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, en las que afirma que el periodista de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti planificó, junto al fiscal Rafael Vela, el impedimento del salida del país contra el expresidente Alan García, el abogado Andy Carrión consideró oportuno abrir una investigación contra él.

“También amerita una investigación para dilucidar, porque ha sido mencionado”.

Indicó que, un periodista siempre está ligado al acceso a fuentes. Sin embargo “se cruza la delgada linea de la colaboración o interacción cuando direcciona un caso, cuando proactivamente gestiona que algún investigado pueda sufrir alguna consecuencia por parte de los órganos investigadores”.

/KCA/

El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), Roberto Palacios Bran, se reunió con el director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial (CIJ-PJ), Humberto Cuno Cruz, a fin de desarrollar una línea de investigación en la función de control, en la perspectiva de la supervisión de jueces desde los enfoques de prevención e imposición proporcional de medidas disciplinarias.

En esa línea, acordaron formar equipos conformados por jueces de control y especialistas del CIJ-PJ, con quienes se realizarán investigaciones sobre las resoluciones emitidas por la ANC-PJ; todo ello, con un enfoque teórico-práctico y con el acompañamiento metodológico que brindará el CIJ-PJ.

De igual manera, se ejecutará la sistematización de las publicaciones, que contendrán los resultados de esas investigaciones, que estarán al alcance de los usuarios del sistema de justicia.

Durante la reunión, Roberto Palacios Bran solicitó reforzar la capacitación de los jueces de control en temas principales como: 1) Ética e integridad, 2) Visión constitucional del Procedimiento Administrativo Disciplinarios y 3) Procedimiento administrativo disciplinario sancionador.

También se esbozó la factibilidad de que la institución de control del Poder Judicial ingrese al plan piloto de IustiData, proyecto que sistematizará las sentencias emitidas por las Salas Supremas utilizando nuevos criterios de clasificación que permitan acceder de manera amigable.

De igual manera se planteó la posibilidad de que el Fondo Editorial del CIJ-PJ incorpore en la Revista del Poder Judicial un dossier especializado en temas de control, en la que puedan participar jueces de control, exjefes de la OCMA e invitados especialistas en dicho tema.

/HQH/Andina/

La difusión en diferentes medios de comunicación de las declaraciones testimoniales brindadas ante Ministerio Publico por el ex asesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva, originaron que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciará investigación preliminar por separado contra tres fiscales.

Se trata Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, a quienes Villanueva, ahora convertido en colaborador eficaz, responsabilizó junto al periodista Gustavo Gorriti de influencias en investigaciones relacionadas a Martín Vizcarra, Keiko Fujimori y Alan García.

Para el abogado penalista James Rodríguez, se trata de una decisión “bastante delicada” contra los tres implicados, pero aclaró que esto no implica que los casos “vayan a quebrase”, especialmente el que implica a Fujimori.

“Esto significa que existen indicios razonables que existiría una situación aparentemente irregular y me parece muy bien que la JNJ haya abierto investigación”, comentó Rodríguez a Diálogo Abierto de TV Perú.

Pronunciamiento

Según informó la JNJ a través de la plataforma de ‘X’, esta decisión se da en el marco de las declaraciones testimoniales brindadas por el ex asesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva.

Como se recuerda, Villanueva implicó al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en recientes declaraciones que brindó al Ministerio Público, pues señaló que había sugerido a Sánchez Velarde la incorporación del fiscal José Domingo Pérez al Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato.

/RAM/

La presidencia del Consejo de Ministros dispuso declarar en estado de emergencia 96 distritos de 49 provincias pertenecientes a 15 departamentos debido a las intensas lluvias que en ellos se registran.

La medida consta en el decreto supremo 016-2024-PCM, publicado hoy por la referida instancia del Poder Ejecutivo en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Dicho estado de emergencia se prolongará durante 60 días calendario. Durante ellos se ejecutarán medidas y acciones de respuesta y rehabilitación a la situación generada por los referidos fenómenos naturales.

 Los distritos declarados en esta situación de excepción se ubican en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Tacna. Trabajo coordinado

Los gobiernos regionales correspondientes, en coordinación con el Indeci y los ministerios de Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento; Educación, Transportes y Comunicaciones; Desarrollo Agrario y Riego; Energía y Minas; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; de Desarrollo e Inclusión Social, del Interior y de Defensa, ejecutarán las medidas y acciones que correspondan.

En el decreto supremo se señala también cuáles son los bienes y servicios que pueden ser entregados como donación a las localidades comprendidas en la declaratoria de emergencia.

/AC/

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Perú, expresó sus saludos al Gobierno y al pueblo chinos con ocasión del tradicional Año Nuevo Lunar, por medio de una publicación en redes sociales.

"El Gobierno y el pueblo peruano desean un próspero Año Nuevo Lunar a la República Popular China. ¡Qué el Año del Dragón esté lleno de abundancia, prosperidad y alegría!", escribió la Cancillería.

El Año Nuevo Chino, también llamado Año Nuevo Lunar, es una de las celebraciones más significativas de China. Además, los chinos acostumbran a volver a sus lugares de origen durante este período festivo.

Festividad en Perú

Con coloridas danzas y una serie de actividades culturales, la Embajada de China en el Perú inició las celebraciones del próximo Año Nuevo Lunar, que en esta ocasión dará la bienvenida al Dragón, considerado, en el zodiaco del gigante asiático, un símbolo de poder, vitalidad y buena fortuna.

El Parque Chino, ubicado en Miraflores, fue el punto de encuentro para las actividades, en la que participaron no solo inmigrantes chinos y sus descendientes, sino también vecinos del distrito, además de numerosos turistas.

"Hoy nos reunimos para celebrar el Año Nuevo Chino y el festival de la primavera, que es la fiesta tradicional más importante de China. Consiste en despedirse de lo viejo y recibir lo nuevo; rezar por la buena fortuna, rendir culto a nuestros antepasados y reunirnos con nuestros seres queridos", manifestó el embajador de China en el Perú, Song Yang.

Por su parte, el canciller Javier González-Olaechea, quien también asistió a la actividad, resaltó la importancia de los más de diez años de "asociación estratégica integral" bilateral y reafirmó el compromiso peruano de seguir fortaleciendo la larga y fructífera relación de amistad y cooperación.

/MPG/

Continuando con las acciones de respuesta ante la activación de quebradas en Lima Este, el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), desplegó sus capacidades para apoyar y coordinar los trabajos de limpieza y descolmatación de diques en las quebradas de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia.

Por disposición del ministro de Defensa, Jorge Luis Chavez Cresta, el jefe de Indeci, General de Brigada Carlos Yáñez Lazo, acompañado de especialistas de su institución y del personal del Ejército, llegó a la quebrada Huascarán, en Chaclacayo, para inspeccionar los trabajos que la autoridad local viene ejecutando con el empleo de maquinaria pesada. 

Junto con el alcalde del distrito, Sergio Baigorria Seas, el jefe de Indeci recorrió los sectores que se han interviniendo y coordinó todas las medidas de preparación y respuesta en salvaguarda de la población.

“Luego de la activación de la quebrada Huascarán, se desplazó hacia aquí la Brigada Multipropósito del Ejército. El personal viene trabajando con la población, trayendo arena con volquetes del Ejército e instalando sacos terreros en protección de las viviendas”, comentó Yáñez. 

El jefe de Indeci y el alcalde de Chaclacayo se dirigieron luego a la ribera del río Rímac, en el sector Zarumilla, para inspeccionar los avances de la construcción de un dique, obra que está a cargo del Batallón de Ingeniería N° 21 del Ejército.

Más adelante, el general Yáñez llegó al sector California Baja, en Chosica, para supervisar la defensa ribereña construida por el Batallón de Ingeniería de Abastecimiento y Mantenimiento N° 511 del Ejército a la orilla del Rímac.

Esta última obra fue destacada por el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, quien subrayó la importancia de un trabajo coordinado en los tres niveles de gobierno. “Hay un trabajo articulado con Indeci, con los gobiernos locales y Gobierno central. Desde ya estamos avanzando en la respuesta”, señaló. 

Posteriormente, el titular de Indeci fue recibido por el alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahuis Candiotti, a fin de supervisar las labores de prevención que viene realizando el Batallón de Ingeniería de Abastecimiento y Mantenimiento N° 511 ante la crecida del caudal del río Santa Eulalia, en el sector Palomar.

/NDP/PE/

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) estableció un nuevo precedente vinculante, poniendo de manifiesto que la Oficina de Normalización Previsional (ONP), no puede suspender una pensión, una vez otorgada, porque no existe una ley que la habilite para hacerlo.

Asimismo, estableció cuatro reglas que debe observar ese organismo para actuar dentro del marco legal, si detectase irregularidades en las acciones de fiscalización posteriores al otorgamiento de la pensión.

Así lo resolvió en la sentencia del Expediente 02903-2023-PA/TC, que reformula el criterio jurisprudencial que ha tenido el Tribunal hasta la fecha y estableció las siguientes reglas:

1ª La suspensión de una pensión, por afectar un derecho fundamental, debe estar expresamente prevista en una ley o norma con rango de ley. Sin esta autorización legal, la ONP no puede suspender el pago de la pensión.

2ª La ONP puede declarar de oficio la nulidad del otorgamiento de la pensión, pero dentro del plazo de prescripción de dos años establecido en Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. También debe observar el procedimiento y demás requisitos indicados en el artículo213 del referido texto único ordenado, que contempla el derecho de defensa del pensionista.

3ª Si la ONP considera que la pensión se otorgó en base a una infracción penal cometida por el pensionista, deberá denunciar el hecho al Ministerio Público. En caso que hubiese vencido el plazo de prescripción, debe esperar a la sentencia penal condenatoria firme para proceder a la nulidad.

4ª Al haber variado el criterio jurisprudencial del TC se otorga a la ONP un plazo de ocho meses, para que, en caso corresponda, pueda declarar la nulidad de oficio de las pensiones actualmente suspendidas, siempre que esta nulidad se realice dentro del plazo de dos años. En caso haya prescrito el plazo, la ONP deberá proceder a la restitución de la pensión, sin perjuicio de que denuncie, de ser el caso, ante el Ministerio Público, los actos constitutivos de infracción penal.

La sentencia declaró fundada la demanda de amparo presentada por Erasmo Lucio Cabezas Carpio, a quien se le otorgó una pensión de jubilación el 31 de diciembre de 1992 y, casi doce años después, en mayo de 2014 la ONP suspendió el pago de la pensión de jubilación, sin otorgarle derecho de defensa. 

Además, ordena que la ONP restituya la pensión de jubilación desde el mes de abril de 2014, más el pago de los intereses legales y costos del proceso.

También exhorta al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo para que, dentro de sus competencias, proporcionen los medios que permitan a la ONP realizar su labor de fiscalización posterior dentro del plazo de prescripción para declarar la nulidad de oficio del acto administrativo, de acuerdo al texto único ordenado.

/NDP/PE/

Ante el pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de apartar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, de la investigación en su contra y la denuncia de una supuesta injerencia del periodista Gustavo Gorriti, Pérez Gómez, sostuvo que conforme avance el juzgamiento, el plan para sacarlo se acrecentará. 

“Esa narrativa de que los fiscales del Caso Lava Jato son selectivos es falsa e incide en que estamos en pleno juzgamiento y en julio se va a juzgar a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular. Entiendo que la operación para sacarme se va a acrecentar”, afirmó Pérez. 

El fiscal anticorrupción detalló las acusaciones que se han realizado, en el marco de la investigación contra la empresa Odebrecht, descartando cualquier tipo de favorecimiento a los investigados. 

“Contra mí, nuevamente, me han denunciado por un amplio catálogo del Código Penal durante el ejercicio que tengo conociendo o investigando estos casos. Se ha señalado que hay una selección selectiva para los casos cuando se ha acusado a Susana Villarán, se pidió y estuvo con prisión preventiva, se acusó a Martin Vizcarra y se solicitó prisión preventiva, se acusó a Pedro Pablo Kuczynski y se pidió prisión preventiva para él, se acusó a Alejandro Toledo y está con prisión preventiva durante juzgamiento, se acusó en el caso Metro de Lima, donde los testigos brasileños de la empresa Odebrecht señalaron como entregaban millones de dólares a los funcionarios del gobierno aprista. Esperemos se pueda condenar, esa es la expectativa de la Fiscalía, convencer al Poder Judicial a partir de las pruebas, de lograr una sentencia condenatoria”, sostuvo Domingo Pérez.

Sobre el supuesto poder e injerencia de Gustavo Gorriti en las investigaciones en curso, señaló que “es una afirmación absurda” y que espera “no retroceder a estados autoritarios que serían, incluso, catalogados como bananeros,, donde no se permite ejercer a la prensa su labor”

Niega entrevista con Jaime Villanueva

Asimismo, Pérez negó se haya entrevistado con el asesor de la suspendida Fiscal, Patricia Benavides, para tramitar su ingreso al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFFICOP), en el caso Lava Jato.

“Yo soy fiscal desde el 2005 y en Lima desde el 2011. He conocido a Jaime Villanueva porque fue gerente de la escuela del Ministerio Público entre el 2015 y el 2016. [...] Pero yo soy fiscal titular. Soy fiscal de carrera. El señor Villanueva no me ha entrevistado. Al ser yo un fiscal titular, quien se comunica conmigo es el fiscal Rafael Vela. Me pidió mi autorización, entiendo que para solicitar al entonces fiscal de la Nación que dispusiera mi traslado del sistema anticorrupción al sistema de lavado”, afirmó.

En cuanto al bono anticorrupción que se le asignó, señaló que corresponde a su condición de fiscal titular anticorrupción

“Esto del bono ya fue objeto de denuncia por un ciudadano que estaría vinculado a los investigados. Soy fiscal titular anticorrupción hace muchos años, por concurso público, ingresé para ser fiscal anticorrupción y nunca he dejado de ser fiscal anticorrupción. Todas estas narrativas que se buscan generar las puedo aclarar”, sentenció. 

/LR/

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, negó haberse reunido con asesores de la Fiscalía de la Nación para negociar pedidos suyos a cambio de beneficios de índole procesal.

"No me he reunido con asesores o exasesores de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides”, expresó el parlamentario en un comunicado difundido en redes sociales.

En tal sentido, pidió que las declaraciones hechas al respecto por Jaime Villanueva, exasesor y funcionario de la Fiscalía, sean “corroboradas con pruebas”.

“Muestro mi más firme rechazo y reitero lo dicho anteriormente”, señaló Soto., quien, según la declaración de Villanueva ante la fiscalía, habría coordinado con asesores de la exfiscal Benavides el trámite de la moción de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra la Junta Nacional de Justicia.

/AC/

El fiscal José Domingo Pérez señaló que el pedido de Keiko Fujimori para que se le aparte del ‘Caso Cocteles’ “no es una posición nueva de esa acusada”, y refirió que hay otros pedidos para evitar el inicio del juicio oral sobre dicho tema.

“No me llama la atención que haya una decena de escritos solicitando que no se instale el juzgamiento oral el 1 de julio”, indicó el magistrado, en declaraciones a la prensa. Señaló en tal sentido, que se busca obstaculizar el desarrollo de dicho proceso judicial

Indicó, asimismo, que abogados del partido Fuerza Popular “han ido a Brasil pidiendo amparo a jueces brasileños para que la justicia peruana no juzgue a Keiko Fujimori”.

Pérez respondió así a las declaraciones que la excandidata presidencial efectuó esta mañana, pidiendo que se le separe a él y a Rafael Vela de su caso y que se disponga la nulidad del mismo, argumentando que las declaraciones del exasesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva, dan cuenta de irregularidades y politización del proceso.

Indicó que lo que señalan Villanueva y repite Fujimori sobre la continuidad del bono que cobraba por su condición de fiscal anticorrupción “es un refrito”, pues ya lo explicó en su momento. Refirió que le corresponde recibir esta prerrogativa por ser fiscal anticorrupción, condición que sigue manteniendo pese a haber pasado desde dicho ámbito al de la fiscalía de lavado de activos.

IDL y “organización criminal”

Recordó también que en 2017 la ONG IDL, encabezada por el periodista Gustavo Gorriti, dio cuenta de la información que en Brasil se venía investigando que las ramificaciones el caso Lava Jato en el Perú alcanzaban a Fujimori, pese a que en el país el fiscal coordinador de la cooperación judicial internacional, Alonso Peña, señalaba que no existía información al respecto.

Pérez consideró “preocupante”, asimismo, que en sus declaraciones Villanueva revele que “han existido negociaciones entre la exfiscal de la Nación Patricia Villanueva y la alta dirección del partido Fuerza Popular”.

El fiscal indicó que las acciones en contra del proceso por el ‘Caso Cocteles’ reafirman su convicción de que “no me equivoqué al solicitar la suspensión del partido político Fuerza Popular y su liquidación por ser una organización criminal”.

/DBD/