Política

El Poder Ejecutivo desarrollará mañana sábado 18 de junio el XVI Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Tacna, con el objetivo de trabajar los proyectos prioritarios en beneficio de la población.

El evento contará con la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo; el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez; los ministros de Estado, el gobernador regional, los alcaldes provinciales y distritales, así como representantes de la sociedad civil.

La jornada tendrá lugar en la I.E. Modesto Basadre. Av. Hipólito Unanue 1035.

De acuerdo con el programa, las palabras de apertura estarán a cargo del alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, Julio Medina Castro, seguido del gobernador de Tacna, Juan Tonconi. Luego será el turno del premier Aníbal Torres.

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El gobierno del presidente Pedro Castillo convocó, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a una sesión extraordinaria del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (CRSJ).

La agenda de la reunión tiene previsto concretar la elección del nuevo presidente o presidenta del CRSJ, impulsar el desarrollo de las unidades de flagrancia y establecer la provisionalidad de los jueces y fiscales del país.

La sesión extraordinaria se realizará a las 16:00 horas en la Sala Cáceres de Palacio de Gobierno.

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El presidente Pedro Castillo afirmó, tras presentarse ante la Fiscalía de la Nación, que “el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo seguiremos haciendo”, y reafirmó su predisposición para responder todas las preguntas que forman parte de las investigaciones.

“Durante cuatro horas nos hemos dado todo el tiempo y toda la predisposición para responder todas las preguntas”, manifestó el mandatario, en declaraciones a la prensa.

Señaló, en tal sentido, estar “satisfecho” por lo ocurrido en el despacho del titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez.

Cuando la prensa que lo escuchaba le pidió detalles sobre las respuestas que hoy formuló, Castillo dijo que no dará mayores detalles “porque está en un proceso de investigación”.

El mandatario señaló que esta tarde sostendrá una reunión con autoridades del ámbito judicial, en el marco de la reforma de la administración de justicia.

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La Denuncia Constitucional N° 132 interpuesta por la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, en contra del expresidente Manuel Merino y otros por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de noviembre de 2020, fue archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Con voto dirimente de la presidenta de la subcomisión, Rosio Torres, se archivó la denuncia constitucional luego de que el congresista delegado Alejandro Cavero (Avanza País) expuso el informe final sobre el tema.

Los siete congresistas que votaron a favor del archivamiento fueron Rosio Torres, Alejandro Cavero, Martha Moyano, Ernesto Bustamante, Hernando Guerra-García, Wilson Soto y Alejandro Muñante.

Votaron en contra Segundo Quiroz, Edgard Reymundo, María Taipe, Paul Gutiérrez, Alfredo Pariona, Jorge Flores y José Jerí. En abstención votó María Acuña.

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El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó sobre los avances en la implementación del Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes a los miembros de la comisión parlamentaria que se encarga de dar seguimiento y formular propuestas.

Dicho proyecto comprende la interacción e integración con las autoridades y población del Ecuador, en las localidades cercanas a la frontera binacional con ese país.

Además de Torres, participó en la reunión el ministro de Desarrollo Agrario, Andrés Alencastre, y representantes de las carteras del Ambiente y de Relaciones Exteriores.

Entre los principales objetivos que este proyecto persigue, se encuentra la irrigación de 15,000 hectáreas en la zona fronteriza correspondiente a Perú.

La materialización de este sistema permitirá potenciar la actividad agropecuaria que se desarrolla en ese punto del país.

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“Aprobar dicho informe implicaría violentar mandatos constitucionales y obligaciones internacionales que obligan al Estado a investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos”, señaló la Defensoría a través de sus redes sociales donde enfatiza no archivar la denuncia de la Fiscalía en contra del expresidente Manuel Merino por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de noviembre de 2020.

El tema se encuentra en la agenda de la sesión que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo viene desarrollando hoy.

En este se indica también que, en un informe elaborado en noviembre de 2020, dicha entidad llegó a la conclusión de que “el Estado no cumplió con deber de garantizar el ejercicio libre, pacífico y pleno del derecho a la protesta”. 

 “Pedimos analizar ese documento antes de fijar postura”, indica la Defensoría, quien también exigió lo mismo respecto al informe jurídico que presentó la defensa de los deudos de Bryan Pintado, uno de los dos ciudadanos fallecidos durante estas manifestaciones.

El informe que desestima la denuncia constitucional contra Merino y plantea el archivamiento de esta, lo elaboró y sustentó el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País), quien sostiene que no hay pruebas de que hubo órdenes para el accionar policial que generó los fallecimientos y heridos en esa jornada de protesta.

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En declaraciones a la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno, el titular de Defensa, José Gavidia, dijo esperar que la próxima Mesa Directiva del Congreso sea elegida con responsabilidad y objetividad.

"Espero que la Mesa Directiva sea elegida con responsabilidad. Señores congresistas, les pido eso de todo corazón, no hay que estar pensando que el presidente de la Mesa Directiva será el próximo presidente, eso no es correcto, así no se gobierna, el país se gobierna con responsabilidad, atendiendo las necesidades de la población", indicó.

Gavidia subrayó la necesidad de trabajar en conjunto, por ejemplo, en los ajustes que corresponde realizar con la Comisión de Defensa del Congreso a la ley de pensiones en las Fuerzas Armadas.

"Esta ley necesita ser observada porque no refleja las necesidades de las Fuerzas Armadas, no soluciona el problema de los retirados esta ley aprobada en doble votación. Vamos a observarla", puntualizó.

En otro momento, el ministro destacó la presencia del presidente Pedro Castillo en la sede de la Fiscalía de la Nación para responder en torno a la investigación iniciada en su contra por dicha instancia.

“Está colaborando con la justica, es el principal interesado", manifestó Gavidia.

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El Ministerio Público archivó 17 de un total de 19 denuncias por supuestos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de firmas de documentos por parte de los miembros de mesa, durante la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, demostrando que no existió ninguna irregularidad o fraude informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La última notificación recibida por la Procuraduría Pública del JNE fue el 3 de junio indica que la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Rioja (San Martín) dispuso no proceder con la formalización y continuación de la investigación preparatoria al no encontrar delito alguno por parte del tercer miembro de mesa, ya que este reconoció que es su firma original. Ante ello, ordenó el archivamiento definitivo. 

De acuerdo a las investigaciones, quienes desempeñaron roles de presidente, segundo y tercer miembro de mesa en la elección explicaron que no siempre se puede lograr reproducir de manera idéntica las firmas. 

Asimismo, la Fiscalía revisó el informe de fiscalización del JNE y las declaraciones del personal de la ONPE que actuó en los locales de votación donde ocurrieron los hechos, y no advirtió incidencias y reclamos al respecto. 

Todas las denuncias sobre falsificación de firmas, interpuestas por la referida agrupación política tras la votación, fueron remitidas por el JNE a las fiscalías provinciales para las respectivas investigaciones. 

Con el archivamiento de esos casos, subrayó el JNE, se confirma el informe de las misiones internacionales de observación electoral que participaron en las elecciones 2021, en el sentido de que los comicios fueron aceptables, razonables y transparentes.

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Durante el Pleno Agrario realizado en el Congreso, no se pudo "abordar el problema de hambre y de producción" en el sector agrícola, señaló el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas.

"La producción de los congresistas —en materia legislativa— es muy pobre. Parece que estuvieran en un mundo paralelo, creo que la mejor interpretación es que gran parte no tiene vínculo con el sector agrario", aseguró.

Bajo esa línea, rescató una de las leyes aprobadas en el Pleno como la del alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios "que ha permitido generar una reinserción financiera que estima a 4 mil productores agrarios".

Sin embargo, añadió lo siguiente: "El principio fundamental de toda ley y norma es que alcance a todos los beneficiarios de un sector, en agricultura nacional son 2 millones 200 mil".

Por otro lado, sobre la primera firma de convenios internacionales, para la compra de fertilizantes y llegada del primer lote al Perú, señaló que la medida será importante siempre y cuando sea accesible a los agricultores.

En otro momento, mostró su preocupación en que la compra de fertilizantes "no será suficiente en plazo y los tiempos" para los agricultores y que 1 millón de productores necesitan apoyo inmediato para resolver la crisis agrícola.

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"A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia", escribió el jefe de Estado, Pedro Castillo a través de sus redes sociales.

Tras ello, el jefe del Estado salió de Palacio de Gobierno a pie rumbo a la sede del Ministerio Público.

Cabe recordar que, en la víspera, el presidente aseguró que dará la cara a cada uno de los procesos en su contra.

"Asistiré a todas porque de eso se trata, de dar la cara donde nos llaman. Lejos de agendar los grandes problemas nos quieren hacer ver que somos uno más del montón, nos quieren poner el cliché de corruptos", dijo. 

Durante una reunión con líderes indígenas de la Amazonía, el mandatario subrayó que en 11 de meses de gestión no han podido encontrarle "una pizca que demuestre que hemos metido las manos para robarle al país".

Según la Fiscalía, el mandatario tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política.

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