Política

El ministro del Interior, Mariano González, adelantó que el Gobierno solicitará al Congreso delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y crimen organizado.

En su presentación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, el ministro describió sus metas para los 30 días, 90 y 120 días que ha planificado en su gestión. El pedido de delegación de facultades está en el plan de 30 días.

“En este periodo presentaremos una solicitud de delegación de facultades para legislar en temas de seguridad ciudadana y crimen organizado, con lo que desde ya el establecimiento de los mecanismos de coordinación y formación con ustedes (congresistas) será indispensable. Las veces que sea necesario estará acá (en el Congreso) llano a trabajar de la mano con ustedes para que nuestro sistema funcione”, señaló.

Dentro de los 30 días, el ministro informó la implementación de la comisaría virtual, de tal manera que aquellas víctimas de la delincuencia que no presentan su denuncia, ya sea por temor o desconfianza en el sistema, lo hagan por esta vía, de modo que el delito no se quede sin denunciar.

Asimismo, la implementación del plan piloto de la estrategia vecindario seguro y así fortalecer progresivamente las estrategias territoriales. En esta etapa inicial se incluirá a algunos distritos de manera focalizada.

Igualmente, se va a presentar un proyecto de ley para solicitar un crédito suplementario para el sector Interior, para atender el sistema de patrullaje.

/DBD/

En oficios dirigidos al Congreso de la República, la Defensoria del Pueblo ha solicitado que se priorice el debate del proyecto de ley 2498/2021, que propone la derogatoria de la Ley 31494 y garantiza el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios.

De esta forma, indica, se estaría cautelando los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, la cual se vería afectada si se facilita el uso de armas de fuego a los comités de autodefensa (CAD).

Cabe señalar que la institución se pronunció en contra de la Ley 31494, al considerar que promueve la renuncia del Estado a su obligación de asegurar la seguridad ciudadana en zonas rurales. 

Para la Defensoría, esta ley traslada de forma inconstitucional la responsabilidad estatal a los CAD y les permite un mayor uso de armas de fuego, además de concederles atribuciones propias de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, refiere la institución, corresponde al Estado adoptar medidas necesarias para garantizar la soberanía nacional, el orden interno y la seguridad ciudadana. 

Por ello, estima que resulta grave y peligroso que no se asuma esta responsabilidad, lo cual también colisiona con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Debido a ello, en oficios dirigidos a la presidencia de las comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de Defensa Nacional de Orden Interno, Desarrollo Alternativo y de Lucha contra las Drogas, se ha solicitado priorizar el debate del proyecto de ley 2498/2021 y la emisión del dictamen correspondiente a fin de lograr la pronta derogación de la Ley 31494. 

La Defensoría del Pueblo aguarda que el Congreso de la República atienda esta solicitud, que se enmarca en la defensa de los derechos fundamentales de la población.

/DBD/

A partir de las 17.00 horas, la Comisión de Ética Parlamentaria, que encabeza la congresista Karol Paredes (Acción Popular), sesionará hoy para ver diversos temas de su competencia.

Uno de ellos será la denuncia de oficio contra el legislador Hernando Guerra García (Fuerza Popular), por haber participado de una sesión ordinaria de la Comisión de Producción del Congreso desde la playa.

El pasado 28 de junio, el referido parlamentario reconoció que viajó a una playa del norte del país sin pedir licencia al Parlamento.

Según explicó entonces, él había planificado con anterioridad realizar ese viaje con su familia, pensando que por estas fechas no habría sesiones de comisiones ni del pleno del Congreso.

"Lamentablemente he tenido que trabajar estos días", dijo el legislador aquella vez.

Por otro lado, en la agenda de la comisión figura también la vista de los seis informes de calificación contra los congresistas de Acción Popular denominados “Los Niños”.

Allí están comprendidos Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jhaec Darwin Espinoza Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi, Ilich Fredy López Ureña, Juan Carlos Mori Celis y Elvis Hernán Vergara Mendoza, este último vocero de la bancada.

La Comisión de Ética verá, asimismo, el informe final en el proceso seguido contra el congresista Jaime Quito, por presuntamente encubrir un caso de violación contra una militante de Perú Libre en Arequipa.

/DBD/

Según un reportaje del programa Panorama, el legislador Wilson Soto, miembro de Acción Popular, habría plagiado por completo su tesis de pregrado para obtener su título profesional de abogado al no respetar ni siquiera la originalidad en su trabajo académico.

De acuerdo con el dominical, el parlamentario por Huancavelica copió y pegó incluso la parte de la introducción del trabajo copiado. No contento con eso, utilizó también un texto publicado por el Fondo Editorial del Congreso el 2009 para una parte de su tesis.

Wilson Soto realizó los estudios de la carrera de Derecho en la Universidad César Vallejo. La tesis del parlamentario aparece con la situación de “embargada”; es decir, no se puede acceder a la misma por disposición del propio autor. Sin embargo, en las diez páginas disponibles se advierte el plagio.

El investigador de la Universidad Científica del Sur, Héctor Aponte dijo ver una buena cantidad de palabras que han sido tomadas con una modificación mínima. Esto es plagio y debe penalizarse a nivel académico. “Es decir, esto no debió ser sustentado”.

/DBD/

Una sesión ordinaria secreta, tendrá la Comisión de Inteligencia a las 9:00 horas, en el Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso.

Poco después, a las 10:00 horas, la Comisión de Seguridad Ciudadana tendrá como invitado al ministro del Interior, Mariano González, quien informará sobre el plan de trabajo que implementará su gestión para enfrentar la delincuencia a nivel nacional.

El nuevo integrante del Gabinete dará cuenta también sobre las acciones adoptadas con relación al secuestro de periodistas del programa Cuarto Poder en la provincia de Chota (Cajamarca), así como las acciones que realiza la Policía Nacional del Perú para la captura de requisitoriados.

Por la tarde, a las 13:30 horas, la Comisión de Mujer y Familia tendrá como invitada a Diana Miloslavich Túpac, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Miloslavich informará sobre las acciones preventivas en los Centros de Emergencia Mujer sobre los diferentes casos de abuso sexual de las mujeres, y el número de psicólogos con los que cuenta, entre otros temas.

En tanto, a las 17:00 horas, la Comisión de Ética Parlamentaria, que encabeza la congresista Karol Paredes (Acción Popular) sesionará para ver diversos temas de su competencia.

Uno de ellos será la denuncia de oficio contra el legislador Hernando Guerra García (Fuerza Popular), por haber participado de una sesión ordinaria de la Comisión de Producción del Congreso desde la playa.

Asimismo, en la agenda del grupo figura también la vista de los seis informes de calificación contra los congresistas de Acción Popular denominados “Los Niños”: Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jhaec Darwin Espinoza Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi, Ilich Fredy López Ureña, Juan Carlos Mori Celis y Elvis Hernán Vergara Mendoza, este último vocero de la bancada.

La Comisión de Ética verá mañana también el informe final en el proceso seguido contra el congresista Jaime Quito, por presuntamente encubrir un caso de violación contra una militante de Perú Libre en Arequipa.

/DBD/

Como parte de su gestión, el ministro del Interior, Mariano González, sostuvo que ya ha empezado a fortalecer, los componentes de inteligencia en dicho sector.

Indicó que este trabajo consiste en fortalecer estas áreas con personal con mucha más experiencia, reforzando los equipos de inteligencia con aquellos que ya que han estado trabajando en otras unidades.

El titular del Mininter sostuvo que, en la actualidad, hay un gran número de personas requisitoriadas, ello al ser consultado por el exministro Juan Silva, el exsecretario Bruno Pacheco, entre otros personajes prófugos.

“En mi gestión, lo puedo garantizar, no va a haber absolutamente ninguna irregularidad. Cada quien va a hacer su trabajo, con el debido orden y responsabilidad”, declaró González a Panorama.

El integrante del Gabinete anunció también que hoy presentará a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso un plan importante de lucha contra la inseguridad, el cual también ha solicitado presentar ante la Comisión de Inteligencia del Parlamento.

Señaló que por el momento no puede adelantar detalles ya que es un tema que se deben manejar con reserva, pero adelantó que es una propuesta técnicamente y políticamente sostenible.

 “Voy a la Comisión de Seguridad Ciudadana a explicar lo que vamos a hacer, con plazo, con fechas, con indicadores, con calendario, así de claro”, mencionó González.

/DBD/

El gobierno del presidente Pedro Castillo promulgó el Decreto Supremo N° 082-2022-PCM que plantea una serie de disposiciones que garanticen el cumplimiento del deber de neutralidad de los funcionarios y servidores públicos en las entidades de la administración pública.

Así como gestionar adecuadamente las denuncias en el marco de las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Entre los alcances del decreto supremo, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se han determinado 11 artículos en el que se establece una serie de medidas, entre las cuales destacan el deber de neutralidad y obligación de debida diligencia (art.5), prohibiciones (art.6) y denuncias presentadas ante las entidades públicas (art.8).  

Los funcionarios y servidores públicos están prohibidos de i) usar los bienes y recursos públicos, ii) información pública y iii) uso del cargo público. Entre las medidas que más destacan figuran: 

-Hacer propaganda de organizaciones políticas o candidaturas, dentro o fuera del local de la institución, insertar en las entidades públicas cualquier símbolo, lema, imagen, fotografía, pin, logo, calcomanía o similar.  

-Autorizar el ingreso de candidatos, afiliados o simpatizantes o terceras personas al local institucional o usar la infraestructura pública para realizar actividades de propaganda electoral o proselitismo político.  

-Usar bienes públicos para elaborar, almacenar o distribuir elementos de propaganda electoral, no se puede exhibir bienes adquiridos con fondos públicos como si fueran sido adquiridos con aportes de las organizaciones políticas o de los candidatos.  

-Disponer de recursos públicos para difundir las propuestas de los candidatos, difundir encuestas electorales, propaganda, así como el uso de las donaciones. 

-Usar datos recopilados por la entidad pública para favorecer o perjudicar a alguna organización política o candidato, entregar o divulgar información confidencial sobre los datos de la población u otra información protegida por la normatividad de la materia.  

-Ocultar, omitir, alterar o eliminar información para favorecer o perjudicar a un candidato en la atención de los pedidos de acceso a la información pública, entregar información a organizaciones políticas o candidatos.  

-Contratar, ascender, despedir, hostilizar u obligar a renunciar a un servidor público por afiliación a una organización política.  

-Condicionar, inducir a las personas beneficiarias de los servicios a su cargo o programas estatales con la finalidad de favorecer o perjudicar a una organización política o candidato. 

-Insertar en la indumentaria cualquier símbolo, lema, imagen, fotografía, pin, logo, calcomanía o similar que identifique o promueva, directa o indirectamente, intereses electorales. 

-Expresar una opinión política, solicitada o no, trámite administrativo o evento público; así como indagar en ese marco sobre su intención de voto.  

-Realizar o participar en actividades de proselitismo político durante el ejercicio de la función pública.  

-Invocar la condición de autoridad o el cargo, en cualquier actividad, para orientar o influir en la intención del voto. 

-Intervenir en el acto electoral para coartar, impedir o perturbar el ejercicio del sufragio, utilizando la influencia de su cargo. 

-A partir de los noventa días anteriores al acto de sufragio, los que postulen como candidatos a elección popular, quedan prohibidos de inaugurar e inspeccionar obras públicas, repartir bienes adquiridos con dinero del Estado o de donaciones de terceros a la institución. 

-Están prohibidos de emitir opinión a favor o en contra, a través de medios de comunicación, de las condiciones personales, profesionales o académicas de cualquier candidato. 

-El regidor y consejero regional que postule para su reelección están prohibidos de referirse directa o indirectamente a los demás candidatos u organizaciones políticas. 

Ciudadanos, funcionarios y servidores públicos podrán denunciar 

Los funcionarios y servidores públicos, sin excepción, tienen el deber de denunciar todo acto que contravenga la neutralidad. 

/RP/Andina/

Las elecciones regionales y municipales se realizarán el próximo 2 de octubre, en las que se elegirá a autoridades a escala nacional para un periodo de cuatro años. En ese sentido, se han establecido protocolos de bioseguridad para evitar los contagios por Covid-19.

En general, la normativa señala que se solicitará el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carnet físico o virtual que acredite haber recibido la vacunación completa contra el covid-19 (primera segunda y tercera dosis).

El aforo del local se deberá reducir a un 50 % en cada uno de los ambientes o pisos. Asimismo, se deberá intercalar el uso de las aulas de votación, para la instalación de una mesa de sufragio por cada aula. Esta última estará acondicionada para tener en cuenta el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo para los miembros de mesa.

En el interior de cada local de votación se deberá habilitar los puntos de lavado de mano (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido).

De ser necesario, se deberá considerar una fila para la atención preferente para embarazadas y personas con discapacidad. 

También se deberá utilizar de forma correcta dos mascarillas o una sola mascarilla KN95. Caso contrario, las personas serán invitadas a retirarse y, de ser necesario, apartadas del local de votación con el apoyo de las Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional del Perú (PNP).

/RP/Andina/

El Poder Ejecutivo ha puesto en marcha el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024, a fin de mitigar los impactos de este fenómeno climatológico en las zonas más alejadas del país.

En ese sentido, el Gobierno ha destinado más de S/ 524 millones para proteger la integridad física y reducir la vulnerabilidad de más de 2 millones de peruanos.

Asimismo, mediante la acción articulada de diversos sectores, se está protegiendo la integridad física de las personas que viven en 6,787 centros poblados de 436 distritos expuestos a los efectos adversos de las heladas y en 2,793 centros poblados de 117 distritos vulnerables al friaje.

A la actualidad, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha entregado 5,428 viviendas bioclimáticas. Solo en Puno, región más vulnerable ante las bajas temperaturas, ha implementado 1,865 de estas casas.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha instalado 14,670 cocinas mejoradas en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima y Puno.

Además, dicho portafolio ha entregado 14,667 kits de agua segura en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Puno.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha distribuido 810 kits de conservación de forraje y está entregando 19,399 kits veterinarios que beneficiarán a más de 1.9 millones de cabezas de ganado.

En tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está invirtiendo en mejorar y rehabilitar 104 kilómetros de vías de acceso en zonas rurales en Apurímac, Junín, Madre de Dios, Moquegua y Arequipa para facilitar el acceso a servicios públicos como escuelas, centros de abasto, postas médicas y otros. 

Además, el Ejecutivo tiene previsto entregar 3,300 kits de aplicación foliar a pequeños productores de la agricultura familiar e implementar 2,962 cobertizos que protegerán a 296,200 cabezas de ganado ovino y alpacas, así como 2,560 fitotoldos.

/RP/Andina/

El Ministerio de Cultura pidió que se realice una investigación objetiva a los ronderos  tras los episodios en Cajamarca con un equipo periodístico cuyos integrantes denunciaron haber sido retenidos en contra de su voluntad por los ronderos.

En un comunicado de cuatro puntos, la dependencia gubernamental a cargo de Alejandro Salas, señala que la Constitución y la Ley 27908 facultan a las rondas campesinas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario. 

Estas no deben violar los derechos fundamentales de las personas, se indica.

“Exhortamos a la opinión pública a evitar cualquier tipo de criminalización y/o estigmatización de las rondas campesinas, y convocamos a toda la ciudadanía a seguir construyendo el diálogo intercultural que garantice el respeto entre todos los peruanos y peruanas”, se señala en otro de los puntos del comunicado.

De igual manera, se pide a las autoridades correspondientes “realizar investigaciones objetivas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos acontecidos en Chadín, Cajamarca, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley y los tratados internacionales.

/HQ/Andina/