Política

Un total de 201 magistrados aspirantes a jueces superiores y especializados; y fiscales superiores y adjuntos provinciales, serán evaluados del 22 de agosto al 7 de septiembre próximo informó la Junta Nacional de Justicia.

Son 93 candidatos a jueces superiores y 108 a fiscales superiores quienes rendirán un estudio de caso elegido al azar, en un acto público que será transmitido por las redes sociales institucionales, de acuerdo a las bases de la convocatoria N°005-2021-SN/JNJ y 006-2021-SN/JNJ, tercera etapa.

Los postulantes dispondrán de 80 minutos para el análisis y otros 20 minutos para su sustentación ante un jurado, que durante 20 minutos adicionales realizará preguntas y repreguntas al postulante.

Asimismo, precisa que los candidatos que obtengan más de 66.66 puntos, podrán solicitar una evaluación que acredite su conocimiento de una lengua originaria, si la plaza a la que postulan tiene bonificación por idioma quechua o aymara.

La publicación de los puntajes y postulantes aptos para la entrevista personal, será el 7 de septiembre a través del Boletín Oficial de la Magistratura.

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Como presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso para el periodo de sesiones 2022-2023 fue reelecto el congresista Héctor Ventura.

Lo acompañarán en esta oportunidad, en la mesa directiva del grupo, los parlamentarios Patricia Chirinos (Avanza País) como vicepresidenta y Édgar Reymundo (Cambio Democrático) en calidad de secretario.

La fórmula fue electa por unanimidad con 18 votos a favor durante la sesión de instalación de la comisión, realizada esta mañana.

Ventura sostuvo que el país vive tiempos complicado y de crisis institucional, por lo que, como parlamentarios, tienen el deber de unir esfuerzos y trabajar para devolver la confianza de la población en sus autoridades.

"El plan de trabajo que presentare en los próximos días enfocará sus esfuerzos en priorizar proyectos que nos ayuden a disminuir el impacto que genera la corrupción en el Estado", señaló el congresista durante su discurso de instalación.

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Como nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Congreso para el periodo anual 2022-2023 fue electo el parlamentario Hernando Guerra García (Fuerza Popular).

Lo acompañan en la mesa directiva del grupo de trabajo los legisladores, Heidy Juárez (Alianza Para el Progreso) como vicepresidenta y Alejandro Cavero (Avanza País) en el cargo de secretario.

Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento eligieron a los representantes de la Mesa Directiva para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023. 

La elección de la nueva mesa directiva de la Comisión de Constitución se realizó esta mañana, durante la primera sesión del grupo para el periodo de sesiones 2022-2023.

La fórmula encabezada por el legislador de Fuerza Popular fue aprobada por unanimidad, con 23 votos a favor.

Tras su elección, Guerra García declaró instalado el periodo de sesiones y señaló que empezarán a trabajar en la coordinación para la próxima aprobación del plan de trabajo de la comisión. Además, se acordó que las sesiones continúen realizándose los días martes a las 9:30 horas.

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El Tercer Juzgado Constitucional de Lima rechazó definitivamente un hábeas corpus que se presentó la semana pasada para revertir la detención preliminar por 10 días que pesa sobre Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo e investigada por presunto lavado de dinero al interior de una organización criminal.

De acuerdo con lo solicitado por el demandante, el ciudadano arequipeño Julio Jove Vilca, el recurso estaba dirigido contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides y pedía al mismo tiempo que la máxima autoridad del Ministerio Público pagar S/100 millones de indemnización y sea condenada a cadena perpetua.

Según alegaba el hábeas corpus, se detuvo a la familiar del presidente Castillo “sin haberse comprobado los supuestos delitos que se le atribuyen”.

Tras una primera revisión por el juez John Paredes Salas, el hábeas corpus fue descartado el 10 de agosto pasado. Luego, después de recibir las subsanaciones del recurso, el magistrado rechazó nuevamente el pedido porque “se basa en hechos ‘inverificables’ debido a que, como es de público conocimiento, al ser un caso mediático, la orden de detención proviene de un Juzgado de Investigación Preparatoria y no de la Fiscalía de la Nación”.

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En la sede del Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Pedro Castillo, lidera esta mañana una nueva sesión del Consejo de Ministros.

Posteriormente, a las 13.00 horas, el mandatario participará en la ceremonia de actividad cultural por el 93° aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, informó la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno.

Dicha actividad será también en la sede del Ejecutivo.

En la víspera, el jefe del Estado asistió a la entrega simbólica de más de 130 millones de soles para autoridades locales, regionales y entidades ejecutoras para la continuidad e inicio de proyectos en el marco del proceso de Reconstrucción con Cambios.

Asimismo, sostuvo un encuentro con mineros artesanales y más de 300 dirigentes de distintas bases sociales de la provincia Constitucional del Callao, entre ellos colectivos, gremios de salud y de trabajadores (CGTP), movimientos juveniles de pesca artesanal, asociaciones de asentamientos humanos, entre otros.

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Según la Resolución Ministerial 0253-2022-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el sector justicia autorizó el viaje del procurador pública especializado supranacional Carlos Miguel Reaño Balarezo a Brasil, para participar a una reunión previa y la audiencia pública que desarrollará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Brasil.

De acuerdo a la norma se autoriza el viaje del procurador del 21 al 25 de agosto próximo a la ciudad de Brasilia (Brasil) para participar en la reunión previa y audiencia del caso Olivera Fuentes Vs. Perú, en el marco del 150° Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte IDH.

Asimismo, se concede el permiso de viaje a  Judith Cateriny Córdova Alva, abogada de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, agente alterna del Estado peruano; y, José Carlos Vargas Soncco, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional.

Además, la autorización no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de aduana de cualquier clase o denominación.

En la parte considerativa, precisa que los casos seguidos ante la Corte IDH revisten una gran complejidad y especialización técnica en la materia, además de existir un interés nacional; al tiempo que la preparación previa a una audiencia implica la realización de diversas gestiones y coordinaciones, así como la elaboración de los alegatos orales que debe presentar el Estado peruano a fin de sustentar su posición. 

"Estas, entre muchas otras actividades, requieren un grado de especialización en la materia y no pueden ser realizadas por una sola persona, por lo que se requiere un trabajo colaborativo", agrega. 

De igual modo, señala que la audiencia pública es con la presencia de diversos declarantes, lo que conlleva una mayor responsabilidad y preparación por parte de los agentes del Estado peruano.

"Que, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de las diligencias antes mencionadas, resulta de interés institucional autorizar el viaje de los profesionales a los que se ha hecho referencia, a efectos que participen en las mismas en representación del Estado peruano", añade.

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A través de un carta dirigida al jefe de Estado, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, presentó su renuncia irrevocable al cargo y expresó su agradecimiento al presidente de la República, Pedro Castillo.

Explicó que su renuncia se debe a motivos "estrictamente personales".

"Es honroso dirigirme a usted para expresarle mi cordial salud, y hacerle de su conocimiento la decisión de mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa, por motivos estrictamente personales", refiere en la misiva publicada en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, expresó su profundo agradecimiento por haberle permitido trabajar en provecho del Perú y de las Fuerzas Armadas.

"En ese sentido, quiero agradecer a la Marina de Guerra, a la Fuerza Aérea y al Ejército, así como a los funcionarios y al personal del sector Defensa, al jefe del Comando Conjunto, y a los comandantes generales por su invalorable apoyo y trabajo en equipo, para alcanzar los objetivos del sector", agrega.

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El Pacto Ético Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será suscrito hoy por las organizaciones políticas que participarán en los comicios regionales y municipales del 2 de octubre.

Este documento es el compromiso de honor voluntario que suscriben los grupos políticos participantes en un proceso electoral y recoge las reglas de comportamiento durante la campaña electoral con el fin de promover el respeto mutuo entre los candidatos. 

Además, es un instrumento para la prevención de conflictos y generación de consenso entre las organizaciones políticas. 

La directora nacional de Educación del JNE, Milagros Suito, indicó que este año, el pacto contiene 23 compromisos  alguno de los cuales son nuevos en relación a los establecidos en anteriores procesos. 

Entre ellos mencionó el comportamiento de los grupos en las redes sociales, que debe ser caracterizado por el respeto. Este elemento también es materia de compromisos referidos a la institucionalidad del sistema electoral y a los principios democráticos, añadió Suito.

De igual modo, se ha incluido el compromiso de visibilizar en los contenidos programáticos de los candidatos propuestas relacionadas a los sectores de la población que se encuentren más excluidos.

Suito indicó que se han hecho estudios que demuestran que las necesidades de dichos segmentos sociales “son lo que menos se escucha” en las propuestas electorales.

Indicó que, en líneas generales, los compromisos consignados tienen que ver con respetar la transparencia del proceso electoral, centrar la discusión en propuestas programáticas y propiciar la participación de los sectores menos visibles de la sociedad.

El texto del Pacto Ético es fruto de un trabajo realizado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, afirmó la representante del JNE.

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Un pronunciamiento para respaldar las gestiones destinadas a perseguir el delito adoptadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro.

Los magistrados señalan que como persecutores del delito y defensores de la legalidad, sus atribuciones y actuaciones se sujetan a las normas vigentes y a la Constitución, motivo por el cual rechazan cualquier injerencia política o de cualquier índole en las funciones que ejercen.

Refieren que el Ministerio Público, conforme lo establece la Carta Magna y su ley orgánica es un organismo autónomo que tiene como principales funciones la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los intereses público.

Para ello, indican, promueve de oficio o a petición de parte, la acción penal, vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.

Finalmente, los fiscales remarcan que, en su actuación para combatir la criminalidad, aun cuando se pueda encontrar en las altas esferas, procuran la defensa y protección de la sociedad, respetando los derechos fundamentales y legales de los investigados.

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El pleno del Congreso aprobó esta tarde autorizar a la titular de este poder del Estado a presentar una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de que se esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponden al Parlamento a propósito de la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo.

Durante el debate, congresistas como Waldemar Cerrón (PL), Rosangella Barbarán (FP), Alejandro Aguinaga (FP), Edgar Tello (BM), Alejandro Muñante (RP), Elvis Vergara (AP), entre otros, se pronunciaron a favor de presentar la demanda competencial y la medida cautelar al considerar que se debe defender el fuero parlamentario y las funciones exclusivas y excluyentes del Parlamento.

“Hay que defender el trabajo que realiza el Congreso, no se puede permitir que, a través de medidas cautelares, se obstruya nuestra labor. La demanda competencial permitirá dilucidar nuestras competencias y eso es saludable, no se puede permitir la instrumentalización del Poder Judicial”, refirió el congresista Cerrón.

Una posición contraria argumentó la congresista Ruth Luque (CD), quien indicó que la resolución del Poder Judicial no limita las funciones del Congreso, sino que observa el incumplimiento de principios como la transparencia, la publicidad y la participación ciudadana en la elección del defensor del pueblo.

El congresista Alex Paredes (PL), a su vez, precisó que la resolución del Poder Judicial no objeta la competencia del Congreso de elegir al defensor del pueblo, sino que advierte que el proceso está viciado y debe corregirse.

/LD/Andina/