Política

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, aseguró esta tarde que la ley y las fuerzas del orden garantizarán la ejecución del proyecto minero Las Bambas, en Apurímac, dado que se trata de una inversión para el desarrollo del país y de todos los peruanos.

“La ley, la policía y las Fuerzas Armadas garantizarán estas inversiones que se han hecho para el desarrollo del país, porque va en beneficio de todos los peruanos”, señaló.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el titular del Interior informó que al momento hay 1,750 policías en Apurímac, a los que se sumarán 250 efectivos más, hasta llegar a los dos mil.

Igualmente, y tras la declaratoria de emergencia, se han movilizado 155 militares a la zona, 200 están en camino, y hay una reserva de medio millar.

El ministro señaló que una primera meta es garantizar el derecho al libre tránsito, lo que será facilitado por el estado de emergencia.

“No vamos a permitir que grupos seudoambientalistas, seudodirigentes, que tienen detrás objetivos subalternos, tiren por tierra una inversión de tantos años, que se ha hecho durante este gobierno con dialogo y con equipos técnicos, y que está a punto de entrar a operaciones”, afirmó.

/C.CH.A./ Andina

El ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, consideró inaceptable la muerte de tres personas en las protestas contra el proyecto minero Las Bambas, y pidió poner fin al uso de los temas ambientales como excusa para justificar objetivos subalternos de carácter político.

“Basta de utilizar el tema ambiental como excusa para hacer que tres peruanos mueran, basta de usar el tema ambiental para mentir (…) Basta a tanta mentira desde una perspectiva ambiental”, recalcó en conferencia de prensa, al término de una nueva sesión del Consejo de Ministros.

Sostuvo que “cada vez que alguien miente usando como excusa un tema ambiental” no solo genera estas lamentables muertes, sino que a la vez produce un sentido de “reacción injusta” frente al objetivo común de mejorar las condiciones ambientales para todos.

El funcionario añadió que no existe razón que justifique la muerte de tres personas, máxime si en el caso de Las Bambas los supuestos representantes del sector ambiental alegan falsamente no haber sido lo suficientemente informados en torno al proyecto minero.

Asimismo, consideró que la plataforma de lucha de los opositores a Las Bambas es “irracional”, pues plantea demoler la planta de molibdeno, la renegociación sobre tierras comunales, la no actividad minera en las cabeceras de cuencas y hasta el cierre de emisoras de radio.

“Presentan la más irracional plataforma con la amenaza consecuente de que, en caso no sea atendida, Las Bambas no va. Esto me parece un exceso, un escándalo y merece de todos los peruanos la unidad y que reaccionemos”, subrayó el titular del Ambiente.

Según recordó, el proyecto minero Las Bambas, en Apurímac está avanzado al 98 por ciento, tiene alrededor de 9,000 millones de dólares de inversión y no solo ha demandado varios años de maduración, sino que –como ningún otro- ha implicado una gran cantidad de mesas de diálogo.

“Y viene un grupo seudodirigente a decir: ‘en caso no atiendan todas mis irracionalidades, Las Bambas no va’ ¿Hasta cuándo los peruanos no vamos a ser capaces de ponernos firmes y decir ‘señores basta’? No podemos permitir que por razones subalternas y políticas ello ocurra”, añadió.

El ministro, asimismo, recordó que hoy el distrito apurimeño de Challhuahuacho posee casi 90 millones de soles, además de planta de agua y desagüe, próximas pistas y veredas, aulas prefabricadas, puentes, etc., fruto de las mesas de diálogo semanales promovidas por el Gobierno.

“Eso es fruto del diálogo y la consideración, porque es falso que, en este caso, no se haya dialogado. Lo hemos hecho años tras año y ese diálogo lo queremos mantener con las autoridades que saben que con esto se benefician”, argumentó.

Pulgar-Vidal cuestionó también que el conflicto en Apurímac, en torno a Las Bambas, se haya registrado poco después de que el mundo estableciera los compromisos de desarrollo sostenible al año 2030, y el Perú haya expresado en Nueva York su compromiso para cumplirlos.

/CCH/ Andina

Tras señalar que el proyecto minero Las Bambas sigue adelante, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, precisó esta tarde que el Gobierno actuará con firmeza contra quienes usen la violencia y defenderá el derecho al progreso y al desarrollo económico de todos los peruanos.

“No podemos aceptar que mediante la violencia se pretenda amedrentar y amenazar a un Gobierno. Haremos uso de todos los instrumentos legales y constitucionales para defender el derecho al progreso y desarrollo económico de todos los peruanos, de manera especial a los pobladores menos favorecidos que viven en Apurimac”, afirmó.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, condenó la violencia en esta zona y lamentó el fallecimiento de tres peruanos, lo que motivó la declaratoria de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas, y Chincheros.

Cateriano hizo una exhortación a jueces y fiscales “para que apliquen con dureza y firmeza todo el peso de la ley contra aquellas personas que vienen generando violencia”.

Fue enfático además en señalar que el proyecto minero Las Bambas sigue adelante y no se detendrá, pues es la obra más importante de la historia Republicana. 

Representa 10 mil millones de dólares en inversión, va a incrementar en 1,4 por ciento del PBI, y ya viene beneficiando a los pueblos aledaños al proyecto.

Mencionó que solo en el caso de Challhuahuacho, que hace unos años apenas recibía un millón de soles como presupuesto, ahora, con el proyecto casi en marcha, recibe 86 millones en diversos proyectos de inversión.

Cateriano aseguró también que no hay razones para una protesta en Las Bambas, pues el proyecto está avanzado en un 98 por ciento y se ha cumplido con los requerimientos de las comunidades.

“Condenamos enfáticamente el uso de la violencia, no podemos aceptar que a través de mecanismos ilícitos se secuestre personas, se utilice dinamita y además se emplee armas para supuestamente defender derechos ambientales o locales”, indicó.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros dijo no entender cómo en el último tramo de ejecución de proyecto, surjan protestas y reclamos, cuando los ministros y viceministros han viajado constantemente a la zona, atendiendo los reclamos de la población, por lo que no descartó una manipulación con intereses políticos.

Cateriano ofreció una conferencia de prensa esta tarde, acompañado de los ministros de Energía y Minas, Rosa María Ortíz; del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; y de Agricultura, Juan Manuel Benites.

/CCH/ Andina

El expresidente Alejandro Toledo Manrique insistió en su propuesta para que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) apoyen a la Policía Nacional del Perú (PNP) en materia de seguridad ciudadana, patrullando las calles contra la delincuencia común.

Tras reconocer que se trata de una iniciativa controversial, argumentó que esta se encuentra contemplada en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 18 de agosto pasado sobre el empleo y uso de la fuerza de las FF. AA.

Según dijo, el TC autoriza su intervención en casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país y "en los demás casos constitucionalmente justificados".

Para Toledo Manrique, esto último concuerda con situaciones que pongan en peligro la vida, la salud e integridad de la población, lo que, a su juicio, encaja con la actual situación de inseguridad ciudadana.

"La creciente ola de inseguridad ciudadana necesita ser enfrentada por el Estado y por todos los partidos políticos", añadió, al referir que se necesita también prevenir e impedir que la delincuencia crezca.

En ese contexto, insistió en su posición a favor de que las FF. AA. apoyen a la PNP en el patrullaje.

/MRM/

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, debatirá esta tarde las observaciones que el Poder Ejecutivo formuló a la autógrafa de la ley que autoriza a PetroPerú a operar el Lote 192, en la región Loreto, mediante negociación directa.

Según la agenda del Parlamento, el debate se iniciará a las 15:00 horas, tal como lo había adelantado el presidente de ese grupo de trabajo, Hernán de la Torre.

“Ya está en mi despacho y lo que haremos será debatirla”, declaró el legislador oficialista, tras opinar que no duraría mucho la discusión, pues -reveló- existe una posición mayoritaria de insistir en el dictamen.

“Sólo tenemos que manifestar si aceptamos o no las observaciones; la mayoría está a favor de insistir en el dictamen”, aseguró, indicando que también comparte esa posición.

/M.R.M./

Los legisladores Luis Galarreta Velarde (PPC-APP), y Virgilio Acuña Peralta (SN), podrían perder su inmunidad luego de que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, aprobara admitir el pedido formulado por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue aprobada por unanimidad en la sesión de este grupo de trabajo presidida por el parlamentario Martin Rivas Texeira.

Se informó luego, que ambos parlamentarios podrán hacer uso del derecho de defensa en los próximos días.

Asimismo, a propuesta de la secretaría técnica de la comisión, se acordó devolver los expedientes de los congresistas Walter Acha (NGP), y Rofilio Neyra (FP), por no cumplir con los requisitos exigidos por el Reglamento del Congreso.

La solicitud hecha por la Corte Suprema de Justicia contra el legislador Neyra Huamaní, es por el presunto delito contra la administración de justica en agravio del Estado. En tanto, en el caso del legislador Acha Romaní, por el presunto delito contra la libertad sexual en perjuicio de Idelia Calderón Ramos.

/M.R.M./

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, encabezó una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), donde ser debatieron y aprobaron diversas propuestas para mejorar el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

En la reunión participaron los ministros de diversos sectores y autoridades locales y regionales, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Uno de los acuerdos fue invitar a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita, para que informe sobre las acciones que su despacho está tomando y los resultados en materia de seguridad ciudadana en la parte que le compete.

Asimismo, aprobó invitar al director general de la Policía Nacional, Vicente Romero, para que informe sobre las acciones que ha implementado e implementará en cuanto a la “prevención y control de la violencia y el delito”, que su despacho viene adoptando y adoptará como medidas complementarias. 

Del mismo modo, acordó, a solicitud del jefe del Gabinete, que en la próxima sesión se realice una exposición detallada de los decretos legislativos dictados por el Gobierno en materia de seguridad y de justicia.   

Durante la sesión, el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, Renzo Reggiardo, expuso el informe de gestión de su grupo de trabajo, que contiene ocho recomendaciones. 

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, a su turno, informó sobre las acciones adoptadas y los resultados obtenidos por parte del portafolio a su cargo, en cuanto a los servicios de “prevención social” que establece la Política Nacional de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, indicó que un total de 21 decretos legislativos orientados a la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado han sido aprobados y promulgados por el Ejecutivo al amparo de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso.

A su vez, el secretario técnico del Conasec, Roberto Villar Amiel, expuso el  informe “Avances obtenidos por los sectores e instituciones respecto a las acciones prioritarias definidas para el presente año, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018”. 

A la sesión ordinaria también asistieron los ministros de Economía y Finanzas, Alonso Segura, y de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén; la viceministra de la Mujer, Ana María Mendieta; el director general de la Policía, general PNP Vicente Romero, el gobernador regional de Lima, Nelson Chui Mejía, y el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Óscar Benavides, entre otras autoridades.

/CCH/ Andina

El Presidente de la República, Ollanta Humala, advirtió que disponer que los militares se sumen a las tareas de seguridad ciudadana generaría riesgos, como incurrir en excesos o en actos de corrupción, por lo que pidió reflexión a quienes proponen esta iniciativa en un contexto preelectoral.

Tras referir que las Fuerzas Armadas no están preparadas para asumir esa tarea, recordó que en el pasado se permitió que sus miembros participaran en labores de seguridad ciudadana, por ejemplo, en el Alto Huallaga; pero ello dio lugar a corrupción y vinculó a este personal con el narcotráfico.

“Por tal razón se tuvo que cortar eso para, nuevamente, establecer y redefinir que el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana y contra el narcotráfico es una tarea policial; y la lucha contra el terrorismo, una tarea de las fuerzas del orden”, manifestó.

Según el Mandatario, sacar a las calles al personal militar para funciones policiales es una medida propia de las dictaduras, que son regímenes en los que, a diferencia de las democracias, existe el riesgo latente de cometer excesos desde las Fuerzas Armadas.

“Viviendo en una democracia, eso no se comprende. Eso se ha dado en dictaduras (…). Normalmente, los excesos se dan en dictaduras y no en democracia”, reiteró Humala Tasso.

Indicó, además, que para llevar a la práctica dicha proposición, según el marco legal y constitucional vigente, se tendría que declarar en emergencia a ciudades como Lima, con más de nueve millones de habitantes.

Al comentar los planteamientos formulados al respecto por los exgobernantes Alejandro Toledo y Alan García el presidente Ollanta Humala sostuvo que, en el actual contexto preelectoral, “empezó el carnaval de propuestas”.

Del mismo modo, cuestionó que el líder aprista no implementara esta iniciativa en su segundo gobierno (2006-2011), periodo en el que –en su opinión– la inseguridad ciudadana ya era un tema álgido.

“Hay que distinguir las medidas reales que se pueden hacer de las propuestas de candidatos al Gobierno (…). Hay que reflexionar sobre estas cosas y no lanzar propuestas por lanzar”, juzgó.

Asimismo, el Mandatario recordó que su gestión propuso la ley del servicio policial voluntario, para que jóvenes puedan laborar en tareas administrativas en las comisarías, a fin de que el personal policial que llevaba a cabo esas tareas saliera a las calles; pero el Congreso Nacional se opuso a la norma.

Para el Presidente, esa iniciativa, planteada en el 2011-2012, habría contribuido a descongestionar las comisarías y a que hubiera más presencia policial en las calles, lo que a su vez redundaría en una mejora de la seguridad ciudadana.

En ese sentido, consideró que aquellos “candidatos” que proponen un patrullaje militar en las calles deberían apoyar, desde sus bancadas parlamentarias, el planteamiento para llevar adelante el servicio policial voluntario, pues el Ejecutivo no tendría inconvenientes en proclamarlo.

Humala declaró tras participar en la ceremonia de promulgación de los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en el Centro de Innovación Tecnológica (Cite) Madera, en el distrito limeño de Villa El Salvador, normas que fueron producto de una consulta previa.

Para el Jefe del Estado, con estos reglamentos se garantizará que haya claridad en el “manejo sensato” del recurso de la madera; además de dotar de estabilidad jurídica a esa actividad, lo que a su vez mejorará las competitividad del Perú en ese rubro.

“Esto también va a permitir el cuidado de los bosques, que junto con el control de la tala ilegal son elementos que permiten a los empresarios dedicados a la madera tener un incentivo para seguir trabajando”, puntualizó.

/CCH/ Andina

El patrullaje de las Fuerzas Armadas debe darse en las zonas de mayor incidencia delictiva, previa preparación de los militares en tareas de seguridad pública y acompañados de la Fiscalía, explicó el ex presidente y líder del Partido Aprista Peruano (PAP), Alan García Pérez.

En una declaración publicada en su cuenta de Twitter, indicó que la participación de las Fuerzas Armadas en "un clamor nacional, pero también una necesidad operativa" que puede cumplirse en lo inmediato en algunos aspectos.

Mencionó, por ejemplo, la vigilancia de instalaciones estratégicas y servicios esenciales, locales públicos y puestos fronterizos, lo que permitiría, en su opinión, "destinar miles de policías a otras funciones".

La participación de militares debe darse también, según su planteamiento, en “acciones concurrentes y de patrullaje en zonas de mayor incidencia delictiva", considerando que se ha incrementado la modalidad de delitos colectivos y tumultuarios.

“Esta participación requerirá la presencia del Ministerio Público y una pronta preparación de los efectivos en tareas de seguridad pública dejando a la Policía Nacional las funciones de investigación técnica y captura de los delincuentes”, indicó.

“El total de las armas de la República debe articularse como un medio activo y de disuasión para devolver la tranquilidad a la ciudadanía”, añadió. 

/CCH/ Andina

El alcalde de Lima metropolitana, Luis Castañeda Lossio, reafirmó su posición contraria a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, tras reunirse con el jefe del Gabinete, Pedro Cateriano en la ronda de diálogos con las fuerzas políticas.

“Yo no me imagino a las Fuerzas Armadas manejando el problema con fusiles, el remedio puede ser más caro que la enfermedad” subrayó.

Refirió que hay distintos posiciones respecto a la participación a las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad, unos a favor, otro en contra, como en su caso,  salvo “en casos muy específicos”, concretos y predeterminados. 

“Eso no quiere decir que seamos tolerantes con la delincuencia, hay que ser sumamente fuertes, duros, pero trabajar con ponderación e inteligencia, respetamos todas las posiciones al respecto”, agregó.

Dialogo político

Castañeda Lossio, en su calidad de presidente del Solidaridad Nacional, destacó el diálogo que impulsa el Ejecutivo con las diferentes fuerzas políticas, no obstante sus diferencias políticas, dado que el Perú está por delante.

“Creo que aunque tengamos distintas perspectivas de ver las cosas, es importante el diálogo, es importante priorizar a la población, antes que priorizar el oportunismo político”, dijo.

Asimismo detalló que durante el encuentro, que se realizó en el Palacio Municipal de Lima, se abordó la seguridad ciudadana, el Fenómeno de El Niño, entre otros temas.

“La seguridad ciudadana es un grave problema que nos atañe a todos, el principal mensaje debe ser que los delincuentes no van a vencernos y que la población del Perú está por encima de ellos. Si todos nos unimos, las instituciones y la población, pues la combatiremos”, afirmó.

En se sentido, consideró que se deben tomar “acciones concretas y reales” contra este problema, que la municipalidad ya ha emprendido y así como el Ministerio del Interior.

Respecto al Fenómeno El Niño, adelantó que mañana se reunirán los ministros de Vivienda y Construcción, Milton von Hesse; de Agricultura, Juan Manuel Benites y funcionarios de la Municipalidad de Lima, para empezar a juntar esfuerzos.

“El problema no se resuelve con normativas sino con acciones concretas, que preserve la propiedad y sobretodo la vida de los demás”, subrayó.

De otro lado, Castañeda Lossio, invocó ante la cercanía del próximo proceso electoral a “mantener la ponderación, la tranquilidad y la paz”. Dijo que su agrupación política, Solidaridad Nacional, contribuirá a ello.

“Para que haya unos comicios transparentes, limpios, esa es nuestra exigencia, obligación y nuestro deber, porque es una manera de cumplir a quienes nos debemos, que es a la población y el Perú”, puntualizó.

/CCH/ Andina