Política

El 43° Juzgado Penal de Lima declaró fundada, en parte, la demanda de hábeas corpus formulada por la Primera Dama, Nadine Heredia, por afectación del derecho constitucional al debido proceso, y determinó que no podrá ser investigada por hechos que anteriormente fueron archivados.

En ese sentido, dispuso dejar sin efecto la investigación iniciada por el fiscal, Ricardo Rojas, sobre la procedencia y destino de ingresos examinados en el caso fiscal N° 122-2009, en el período comprendido entre el 20 de octubre de 2005 y el 5 de marzo de 2009.

Como se recuerda, Ricardo Rojas León, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, abrió una investigación sobre los aportes recibidos por el Partido Nacionalista hasta el 2009.

El mencionado juzgado, presidido por María Niño Palomino de Villarreal, precisa que de iniciarse una nueva investigación por este caso se vulneraría el principio que establece no hacer una doble persecución.

De esta manera, la jueza declara nula la resolución N° 1 del 29 de enero de 2015, correspondiente a la investigación 480-2015, nulos todos los actos posteriores que se deriven del inicio de la citada investigación y dispone que el Ministerio Público se abstenga de continuar investigando estos hechos.

Del mismo modo, señaló que, si bien el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 2725-2008-PHC/TC, permite al titular de la acción penal reabrir una investigación preliminar, ello no resulta aplicable a este caso toda vez que la investigación 122-2009 concluye que está acreditado el origen lícito de las trasferencias de dinero de la demandada en el período 2005-2009.

La jueza, en tanto, declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por Heredia Alarcón en los demás extremos de la investigación 480-2015, que no guardan relación con la carpeta 122-2009.

El 43° Juzgado Penal de Lima declaró fundada, en parte, la demanda de hábeas corpus que Nadine Heredia Alarcón presentó contra Ricardo Rojas León, exencargado de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, por afectación del derecho constitucional al debido proceso en la vertiente Non bis in idem.

/CCH/ Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reafirma su posición de no permitir la inscripción de organizaciones políticas violentistas y criminales que atenten contra la democracia en que vive el país y vulneren lo establecido en la Ley de Partidos Políticos.

“La Ley de Partidos Políticos indica que las organizaciones políticas son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía, base del sistema democrático, y entre sus fines está el contribuir a preservar la paz, por lo que acciones violentistas son una incongruencia con el sistema legal”, refirió el presidente del JNE, Francisco Távara Córdova.

El titular de este organismo electoral precisó que sus declaraciones no significan de modo alguno un adelanto de opinión sobre la inscripción de algún partido político, y que por el contrario es con la finalidad de hacer saber que el JNE agotará todos sus esfuerzos por hacer respetar la ley al exigir todos los requisitos que la norma establece.

Cabe precisar que de acuerdo del artículo 2.° de la Ley de Partidos Políticos, las organizaciones políticas tienen como finalidad “asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, así como  contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado”.

Távara Córdova recordó que en 2012, el JNE denegó la solicitud de inscripción del Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en el Registro de Organizaciones Políticas, al definirse en su acta de fundación como un organismo guiado por el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, cuyo seguimiento son incompatibles con el principio democrático.

/CCH/ Prensa JNE

La titular del Congreso, Ana María Solórzano, informó que el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, expondrá este viernes ante el Pleno del Parlamento los proyectos de ley para la delegación de facultades en materia económica y seguridad ciudadana, presentados por el Ejecutivo.

Mediante su cuenta en Twitter, Solórzano precisó que Cateriano expondrá tanto el proyecto 4562 como el 4569, referidos al impulso de la economía nacional y la lucha contra la criminalidad, respectivamente.

El proyecto para la delegación de facultades en materia económica, administrativa y financiera fue presentado la semana pasada ante el Legislativo. Considera un período de vigencia de 120 días calendario, a fin de desarrollar nueve propuestas.

Respecto al tema de seguridad ciudadana, Cateriano señaló que el pedido permitirá complementar las leyes dadas por el Legislativo para continuar la lucha contra la criminalidad.

"A fin de continuar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, entre otros, hemos aprobado solicitar al Congreso delegue facultades al Poder Ejecutivo", aseveró.

Durante su presentación ante el Congreso de la República para para el voto de confianza, el jefe del Gabinete Ministerial anunció que se solicitaría también facultades sobre política social.

/CCH/ Andina

Los cuestionamientos a la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, buscan demolerla políticamente porque a la oposición no le gustaría que ella pueda encabezar una eventual lista de candidatos al Congreso, sostuvo hoy el legislador oficialista, Fredy Otárola.

Destacó que la Primera Dama, “digan lo que digan”, goza de un gran arraigo popular en el país y a la vez preside el partido de gobierno, por lo que existe una campaña en su contra que apunta a hacerle daño a ella y a la agrupación oficialista.

“Ella encabezando una lista en Lima no le gusta a nadie, por lo tanto ‘hay que demolerla’ y, adicionalmente, qué buena cortina de humo para cuántos temas, como las denuncias del ‘Baguazo’ y otros que se están ocultando”, expresó el parlamentario en tono irónico.

A modo de ejemplo, comentó que resulta increíble que a Heredia se le atribuya la titularidad de una cuenta bancaria en Suiza, cuando esta pertenece a una tercera persona radicada hace tres décadas en ese país, quien incluso ha ratificado ser la dueña de esos fondos.

“Se pretende golpearnos políticamente. Muchos no nos perdonan que hayamos ganado las elecciones. A la Primera Dama se le investigó y se archivó la investigación en segunda instancia”, manifestó.

/MRM/

La Operación Chavín de Huántar fue eficaz y exitosa, y no tuvo la misión de matar personas, sino la de rescatar rehenes, sostuvo el embajador peruano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez, al señalar que no debe existir ninguna mancha de duda al respecto.

Resaltó que desde un comienzo esa es la tesis del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el juicio seguido por la supuesta ejecución extrajudicial de los emerretistas que en 1,996 tomaron la residencia del embajador japonés en Lima.

Según reseñó, la imputación al Estado peruano estuvo argumentada en que, supuestamente, este fue un operativo “destinado a matar a los emerretistas”, pero la evaluación de la propia Corte Suprema de Justicia del Perú eximió completamente a los comandos Chavín de Huántar de cualquier sospecha.

“La defensa ante la corte la hemos apuntado a que no puede existir ninguna mancha de duda en una operación como esta. Por la verticalidad que existe en el cumplimiento de las órdenes, hay la certeza de que no hubo ningún hecho irregular en la actuación de los comandos”, anotó.

En entrevista con TV Perú, Jiménez Mayor destacó que nuestro país ha realizado el mejor trabajo de defensa que se podía hacer en un proceso de esta naturaleza, a diferencia -mencionó- del gobierno anterior, que no defendió al país “con el énfasis ni la fuerza que se requerían”.

En su criterio, el informe de fondo por el caso Chavín de Huántar fue presentado en junio del 2011, a poco de concluir el segundo gobierno de Alan García, momento en el cual -indicó- se debió convencer a la CIDH de que este tema no merecía pasar precisamente a la Corte IDH.

“Las personas que participaron en su momento tendrán que explicar al país por qué ejercieron la defensa de esa manera”, aseveró el representante peruano, al referir que el Gobierno actual no ha escatimado esfuerzos para demostrar cuál fue el papel del Estado en este caso.

/M.R.M./

El Gobierno planteó al Congreso siete medidas para fortalecer la seguridad ciudadana, así como la lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado, a través de un proyecto de ley por el cual solicita la delegación de facultades en esta materia.

La iniciativa legislativa, que contempla un período de vigencia de 120 días calendario, lleva la rúbrica del presidente Ollanta Humala Tasso, y del jefe del Gabinete ministerial, Pedro Cateriano Bellido.

Como primer punto, el Ejecutivo considera fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos, y la tala ilegal de madera.

Asimismo, se contempla una mayor supervisión, gestión y control migratorio; fortalecer el control del tránsito y del transporte; así como de los servicios aduaneros, puertos y aeropuertos.

De igual manera, fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de videovigilancia y radio comunicación, y potenciar la capacidad operativa, organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional.

El quinto punto tiene que ver con promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control;  y mejorar el marco regulatorio de la delincuencia juvenil.

Además, se buscará optimizar el sistema nacional de los registros públicos, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros.

Igualmente, se trabajará en el fortalecimiento del sistema de defensa jurídica con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado.

Con la aprobación de las facultades solicitadas en el proyecto, señala el Ejecutivo, se obtendrá como beneficio directo la reducción de la inseguridad, violencia, delincuencia y el crimen organizado.

A su vez, se reforzará la operatividad policial con mecanismos de coordinación estrecha entre las entidades involucradas para implementar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

Las actividades previstas en el proyecto se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas.

El proyecto propone la modificación de diversos cuerpos normativos, como el Código Penal, Código Procesal Penal, entre otros, así como la propuesta integral de normas que posibilitarán concentrar esfuerzos de los sectores involucrados.

/M.R.M./

El Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de ley autoritativo que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, el cual será remitido al Congreso de la República en los próximos días, anunció el jefe del Gabinete ministerial, Pedro Cateriano Bellido.

Indicó que cuando ello suceda solicitará al Parlamento concurrir para debatir públicamente las ventajas de delegar facultades legislativas al Gobierno en este tema.

“A fin de continuar con la lucha contra la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, hemos aprobado solicitar al Congreso delegue facultades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y el narcotráfico, que nos permita complementar las leyes que expidió” el Poder Legislativo, precisó.

Finalmente, el jefe del Gabinete ministerial renovó su confianza en que el Parlamento otorgará al Gobierno las facultades legislativas.

/M.R.M./

La Comisión de Ética del Congreso aprobó investigar la denuncia contra la parlamentaria María Cordero (FP), por el supuesto recorte de sueldo a sus trabajadores, informó el presidente de ese grupo de trabajo, Rogelio Canches.

Agregó que además se acordó abrir investigación a la legisladora nacionalista Julia Teves, frente a la denuncia periodística que señala que un miembro de su seguridad atropelló a una mujer y no se le brindó la asistencia inmediata.

Durante la sesión, también se aprobó ampliar la investigación contra el congresista José Luna, de Solidaridad Nacional, incluyendo la nueva denuncia por el uso de recursos y bienes públicos para fines privados.

Asimismo, se abordó la denuncia sobre algunos legisladores de la agrupación fujimorista Fuerza Popular (FP), que viajaron al interior del país para labores de representación, pero realizaron actividades proselitistas o privadas.

Intervino en este tema, como invitado, el congresista Humberto Lay (UR), quien consideró necesario que se estructure en el reglamento los fines de los viajes de representación de los parlamentarios a fin de que no existan vacíos sobre este tema en el Reglamento del Congreso.

De igual modo, informó que alista un proyecto de ley para evitar irregularidades en dichos viajes.

Sobre la investigación a la congresista Carmen Omonte, la Comisión de Ética acordó que en la siguiente sesión votarán la calificación del informe final.

/M.R.M./

El presidente Ollanta Humala Tasso, participa desde este miércoles en la segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (EU), que reunirá en Bruselas, Bélgica, durante dos días, a unos 40 jefes de Estado o de Gobierno.

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, también acompaña al jefe del Estado en la cita, a desarrollarse en la capital de Bélgica, con la presencia además de delegaciones de alto nivel de 61 países.

La cumbre sesionará en el complejo Justus Lipsius, sede del Consejo de la Unión Europea.

A su llegada a Bruselas, el mandatario peruano espera reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

El gobierno peruano firmará en Bruselas el proceso de inicio del acuerdo para la eliminación de la visa Schengen, a fin de que los peruanos puedan ingresar sin ningún inconveniente a los países miembros del bloque europeo.

El presidente Ollanta Humala, en días recientes, dijo que también se lograría el avance en proyectos bilaterales y multilaterales que se tienen con Europa.

En horas de la noche del miércoles, el mandatario peruano asistirá a la cena oficial que se ofrece a los jefes de Estado y a las delegaciones de alto nivel de diversos países que estarán presentes en la Cumbre.

Al día siguiente, jueves 11 de junio, en el marco de la Cumbre, el jefe del Estado peruano tiene previsto encuentros por separado con otros dignatarios de países europeos.

/M.R.M./

Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea (UE), intentarán en Bruselas, Bélgica, acercar posiciones y fortalecer los lazos entre ambas regiones.

Unos 40 jefes de Estado o de Gobierno y delegaciones de alto nivel de 61 países se espera asistan a esta cumbre, que sesionará el 10 y 11 de junio en el complejo Justus Lipsius, sede del Consejo de la UE.

Se trata del segundo encuentro birregional desde la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el 2,011 y del octavo desde el comienzo de estas citas cimeras en Río de Janeiro en el año 1999.

Perú estará representado por el presidente Ollanta Humala Tasso, y por la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez.

América Latina es testigo de cambios y Europa ya no es la misma de antaño, según fue reconocido en una videoconferencia desarrollada de manera simultánea con 18 delegaciones de la UE en Latinoamérica.

En continente latinoamericano vive hoy un proceso paulatino de integración que condujo a la creación de nuevos mecanismos, como la Alianza del Pacífico, Petrocaribe, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Punto culminante lo constituyó la fundación en diciembre del 2011 en Caracas de la CELAC, organismo que agrupa a 33 países con una población total de unos 590 millones de personas, y donde no están representados Estados Unidos ni Canadá.

Sin dudas, la CELAC es hoy reconocida como la interlocutora del área ante diversos socios extrarregionales, entre ellos la Unión Europea, y en múltiples escenarios multilaterales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Latinoamérica y el Caribe sobrecumplieron la aspiración convenida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de disminuir el hambre, al pasar de 14.7 a 5.5 por ciento de su población afectada.

Pero la región aún enfrenta grandes desafíos y sufre los efectos de la crisis mundial, de la caída de los precios del petróleo y otras materias primas, así como del cambio climático, señala Prensa Latina.

Europa, por su parte, se vio inmersa en una crisis financiera desde el año 2008 que disparó el desempleo, la precariedad salarial y laboral, y afectó el llamado estado de bienestar social, lo cual originó una serie de protestas y el ascenso político de nuevas fuerzas en el llamado Viejo Continente.

El nivel de incertidumbre en torno a las perspectivas económicas sigue elevado y el euro continúa depreciándose. A pesar de ello, la Comisión Europea es optimista y estima que el Producto Interno Bruto (PIB), crecerá este año en 1.8 por ciento en el conjunto de la UE.

Este es el contexto en que sesionará la cumbre, donde los mandatarios intentarán actualizar los vínculos a la luz de las nuevas realidades en ambas regiones.

La UE es el principal inversor en los países de la CELAC y su segundo socio comercial, si bien las exportaciones desde el otro lado del Atlántico hacia Europa decayeron de 24.6 por ciento en año 1990 a 13.6 en el 2011.

Según informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el intercambio comercial tiene un comportamiento asimétrico y la UE sigue viendo a la región como neta exportadora de materias primas.

Además de los asuntos bilaterales, en la cumbre los jefes de Estado o de Gobierno intentarán acercar posiciones y aumentar la cooperación para enfrentar desafíos globales, como el cambio climático, el tráfico de drogas y el cumplimiento de las metas de desarrollo post-2015.

/M.R.M./