Política

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, consideró que corresponde ahora a los dirigentes de Islay asumir un liderazgo responsable para bajar las tensiones y reanudar el diálogo sobre el proyecto minero Tía María, en Arequipa.

"No me gusta prejuzgar antes de un diálogo, espero que esto genere bases de entendimiento que nos permita ir resolviendo problemas paso a paso (...) los dirigentes deben tener capacidad de liderazgo", señaló.

Asimismo, refirió que si cesan las protestas y el bloqueo de carreteras, y se establece un adecuado clima de diálogo, el Gobierno podría retirar el contingente policial y militar enviado a la zona para resguardar el orden público.

Por otro lado, el titular de ese portafolio negó que haya existido una concertación entre el Gobierno y la empresa Southern para establecer la pausa del proyecto minero. "Lo que ha habido es una clara posición de Estado del Presidente de la República,  y luego de ello una respuesta de la empresa,  acá no hay acuerdos bajo la mesa”.

Finalmente, Pulgar-Vidal abogó por que la disminución de las tensiones sea la base para reinstalar el diálogo. "Las señales están dadas, esperamos que esto genere calma y paz en valle de Tambo, en Islay, se han lanzado mensajes políticos correctos tanto del Presidente como de la propia empresa”.

/LRR/

La población de la provincia arequipeña de Islay debe designar a representantes válidos y retomar el diálogo sobre el proyecto minero Tía María, sostuvo la titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz, ante el pleno del Congreso.

"Lo que queda en este momento es que la población designe sus representantes válidos, que sí estén interesados en la defensa de sus derechos y volver a instalar las mesas de desarrollo, fijar fechas para conversar alturadamente y explicarles adecuadamente el estudio de impacto ambiental", expresó.

Asimismo, recordó que la normatividad existente se cumplió de manera estricta en el proyecto Tía María, aunque faltó la ¡socialización” del estudio de impacto ambiental de esta iniciativa por parte de la empresa Southern.

Al respecto, Ortiz señaló que esta “socialización” implicaba explicar adecuadamente a la población  del valle del Tambo, en Islay, los eventuales impactos que el proyecto puede causar y las medidas de mitigación para su control.

"Hoy todos estamos convencidos que lo que faltó fue la socialización. Tan convencidos se está que la propia empresa ha reconocido este hecho pidiendo una pausa (sobre el proyecto)", acotó la titular de Energía y Minas.

/LRR/

Queridos compatriotas,

En lo que va de mi Gobierno, hemos mantenido el compromiso de lograr que el Perú siga encaminado en la senda del desarrollo, con crecimiento sostenible, enfocado en brindar bienestar a la población y oportunidades a cada uno de los peruanos.

Por ello, nuestras acciones han estado siempre y seguirán orientadas a lograr el requerido balance entre crecimiento económico, inversión, protección ambiental y desarrollo social.

Establecimos en ese sentido, desde el inicio de nuestro Gobierno, un proceso que nos dirigiera a construir una relación transparente y de respeto entre el Estado y todas las inversiones mineras que deseaban ingresar en el país, con el objetivo de definir la visión de una “Nueva Minería”, desarrollada no sólo con los más altos estándares internacionales, respeto al medio ambiente, transferencia tecnológica, sino aún más, con el objetivo de construir a partir de ella una revolución agraria, una revolución educativa y una revolución por la inclusión social que mejore las condiciones de vida de las poblaciones de su entorno.

Planteamos incluso la posibilidad de contar como socios a las propias comunidades y para generar un mayor clima de concertación aprobamos la Consulta Previa, mejoramos los mecanismos de participación, abrimos mesas de desarrollo y diálogo, fortalecimos la oficina de Diálogo para la Sostenibilidad, entre otras medidas concretas.

Esta orientación permitió la creación del SENACE, para hacerse cargo de la certificación ambiental, asimismo nos llevó al fortalecimiento de la OEFA como entidad sólida y creíble a cargo de la fiscalización.

Aprobamos el Plan Nacional para la Diversificación Productiva y creamos el Instituto Nacional de Calidad.

Esta política orientó la creación del programa Mi Riego, para el manejo regulado del agua a favor de las regiones, permitió la creación de programas sociales, en especial para los más pobres en áreas rurales, y la construcción de Tambos, entre otros.

En el caso del Proyecto Minero Tía María, como en otros proyectos, el Gobierno no defiende intereses individuales o de una empresa en particular, se defiende el Estado de Derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia.

El Gobierno ha trabajado para defender las reglas orientadas a que los Estudios de Impacto Ambiental consideren las acciones que eviten, reduzcan y minimicen los impactos ambientales que una actividad económica puede producir.

Defendemos la capacidad de la autoridad pública, debidamente preparada y entrenada, de tomar decisiones objetivas e idóneas.

Defendemos la mejora continua de las conductas ambientales y promovemos el cumplimiento de los estudios complementarios a los estudios de impacto ambiental. 

Compatriotas,

Mi Gobierno trabaja por defender al Estado, su estabilidad, su operación y funcionamiento, su eficacia y su fortalecimiento, porque el Estado es de todos y nos representa.   

La concesión de Tía María no se otorgó durante el actual Gobierno.

Sin embargo, pese a recibir un proyecto sobre el que se habían planteado una serie de cuestionamientos medioambientales y que con justicia originaron la desconfianza de la población, trabajamos activa y decididamente en verificar que se subsanen las observaciones que llevaron a la desestimación del primer Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de garantizar la convivencia social del proyecto minero con la comunidad.

Por ello, sujeto al estricto control del Estado y a la verificación del cumplimiento de la ley y las condiciones medioambientales y sociales exigibles, se aprobó el segundo Estudio de Impacto Ambiental en el año 2014.  

Hoy día, muchas voces reclaman la suspensión del proyecto por parte del Ejecutivo, aun sabiendo que no sólo no se puede suspender lo que no se ha iniciado, sino, peor aún, sabiendo que el Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley, porque una decisión arbitraria del Estado lo expondría a demandas legales internacionales por incumplimiento, con un importante perjuicio económico para toda la sociedad.

Ninguna autoridad subnacional, ni fuerza política ha expresado los mecanismos de la suspensión de este proyecto, que cumple con todos los requisitos exigidos por ley.

Han hecho uso de su derecho a opinar, pero no han asumido ninguna responsabilidad, tomando en cuenta que una acción como esta, decidida unilateralmente por el Estado, tendrá efectos nefastos, tanto jurídicos por ir contra de la Constitución y sus leyes, como económicos porque sentará un precedente negativo que puede replicarse en los proyectos futuros del país. Por eso decimos que este es un tema nacional y no solo un proyecto más.

El Ejecutivo ha trabajado y ha propuesto de manera coordinada, salidas al conflicto, como las mesas de diálogo y desarrollo y las visitas permanentes de los ministros de Estado en la modalidad de audiencias.

El principio de autoridad del Estado no recae únicamente en el Ejecutivo. Yo tengo la voluntad y decisión de hacer respetar el Estado de derecho pero requiero de la unidad de los demás poderes del Estado, que actúen con agilidad y decisión.

Requiero de la responsabilidad de los actores y autoridades subnacionales que deben velar por el desarrollo de sus zonas, porque significa el trabajo y el futuro de nuestros hijos.

El principio de la autoridad que debe primar en un estado democrático depende de que todos los poderes y actores políticos cumplan su papel y se hagan responsables.   

No le temo a mis palabras, ni a mis actos, por el contrario, los respaldo.

Frente a algunos enemigos del pueblo de Arequipa y a quienes han intentado enfrentarme a él, refiriéndose a una serie de supuestas contradicciones, yo puedo decirles claramente que me reafirmo en que la voz del pueblo es la voz de Dios y la decisión de las mayorías debe ser respetada.   

Y es por el pueblo de Arequipa que no sólo hemos logrado destrabar proyectos tan importantes como Majes Siguas II, y ponerlo en marcha, sino que a su vez, hemos logrado avanzar grandes obras de agua, saneamiento, electrificación rural, infraestructura de viviendas y avanzar en el agro, que es lo que el pueblo de Arequipa siempre ha demandado.

Estamos resolviendo los problemas históricos de cantidad y calidad de agua para el Valle del Tambo, que no fueron resueltos en décadas.

Y estamos ya en la fase final para la ejecución de las obras que harán posible que cada gota de la futura represa de Paltuture se oriente a mejorar y ampliar la agricultura del Valle.

Hemos definido con claridad el valor estratégico que tiene la Región como nodo energético.

Hemos impulsado el Gasoducto del Sur para Arequipa y estamos trabajando para sentar las bases del desarrollo petroquímico.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene invirtiendo más de tres mil millones y medio de soles en un conjunto de obras estratégicas y proyectos integrales que vienen impulsando el crecimiento de la región.​

El Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón, el puerto de Matarani, los puentes, las carreteras y todo tipo de conectividad han sentido la inversión de su Estado en los últimos años.

Estamos generado fuentes de empleo especializado. El desarrollo de la planta para la reparación de helicópteros en la Base Aérea de La Joya, será una prueba de ello.

Arequipa es para mi gobierno una expresión de trabajo, esfuerzo, pujanza y desarrollo.

Y, pensado en ella, y en una visión concertada por el bienestar del país, debemos atender las legítimas preocupaciones de la población y darles solución; pero a la vez debemos rechazar posiciones extremistas y violentas, que abrigan intereses subalternos y hasta económicos; buscando alejar al pueblo del progreso y seguir aprovechándose de ellos.

Mi Gobierno está trabajando para que el Perú sea un país desarrollado y líder en este mundo global, reconocido internacionalmente por su capacidad humana, profesional, técnica e industrial.  Un país que refleje el esfuerzo de su gente.   

Como Presidente de todos los peruanos comparto una visión de país, que mira al largo plazo, que es capaz de soportar las críticas sabiendo que las siembras de hoy en inversión, inclusión y crecimiento son la cosecha de mayor desarrollo del mañana.

El proyecto Tía María no es un caso aislado, nuestros actos hoy repercutirán en el modelo de desarrollo que queremos y necesitamos para el Perú.   

Por ello, exhorto a lograr la unidad de la clase política en torno, no a este proyecto, sino a las políticas de Estado y de desarrollo que necesitamos para nuestro país, entre ellas el impulso a las inversiones.   

El ejercicio de la autoridad, en un país democrático y con separación de poderes, requiere un trabajo en equipo, requiere compartir una visión, por eso es importante que las instituciones cumplan a cabalidad con sus deberes y obligaciones.

En este sentido, solicito respetuosamente, tanto al Poder Judicial y al Ministerio Público administrar justicia oportuna y caer con todo el peso de la Ley contra los delincuentes, asesinos y extorsionadores.

No podemos construir nuestro sistema democrático cediendo al chantaje de una extorsión.

Igualmente, quiero expresar mi reconocimiento y respaldo a las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas de nuestro país, y especialmente a nuestra Policía que viene enfrentando estoicamente la violencia y anteponiendo su seguridad dentro de lo que es el amparo de ley para evitar que esta violencia siga creciendo.

La Policía Nacional ha dado una muestra al país y a la clase política de que no se puede ceder ante la violencia, y que el orden público y el Estado de Derecho debe defenderse. Mis condolencias a la familia de quienes han perecido en la protesta, porque su pérdida es irrecuperable.

Compatriotas,

Mi Gobierno apostará con más energía por Arequipa y su desarrollo y su trabajo para lograr la materialización de viejos anhelos de esta pujante región.

Demando a la empresa a cargo del Proyecto Minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento requeridas para no sólo lograr la paz social, sino el desarrollo, bases fundamentales para la ejecución de cualquier proyecto.

Hago un llamado a los poderes del Estado y a la clase política peruana a defender juntos el principio de autoridad y el estado de derecho en el país, porque si hay un gran acuerdo que debe primar entre todos los peruanos es la apuesta por la paz.

Muchas Gracias.   

/CCH/ Prensa PCM

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció por unanimidad a cuatro años de prisión efectiva al ex ministro aprista, Aurelio Pastor Valdivieso, y ordenó su inmediata captura para ser recluido en un centro penitenciario.

El también exparlamentario fue encontrado responsable del delito de tráfico de influencias, por haber prometido en el 2012 a la entonces alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, hacer uso de sus supuestas influencias ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público, como quedó registrado en el audio que presentó la propia agraviada.

Por dicha asistencia, el exministro iba a cobrar 60,000 nuevos soles.

Pastor no estuvo presente en la lectura de la sentencia, ya que contaba con descanso médico, luego de atenderse ayer en una clínica.

Sin embargo, su abogado, César Nakasaki, dijo que su defendido no piensa eludir a la justicia, y por esa razón ya se encuentra a la espera de que las autoridades procedan a su detención.

El letrado se mostró en desacuerdo con la resolución de la sala y dijo que la misma ha 'herido de muerte' a la profesión de abogados, pues, argumentó, ahora será delito exponer tus cualidades con los clientes.

La sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones ratifica una condena anterior que recibió por este caso Pastor Valdivieso.

/CCH/ Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, defendió la decisión del Gobierno de no suspender el proyecto minero Tía María de manera unilateral, pues ello hubiera sido un "pésimo precedente" para la estabilidad jurídica y un mal mensaje para los inversionistas, y confirmó que Southern dispuso una pausa del proyecto.

En su presentación ante el pleno del Congreso, indicó que al Perú le costó mucho esfuerzo consolidar una estabilidad jurídica y política, que ha permitido la atracción de la inversión, parte fundamental no solo para la generación de la riqueza, sino para el progreso de todos los peruanos.

Señaló, en ese sentido, que una eventual suspensión unilateral del proyecto no solo privaba al país de 1,400 millones de dólares en inversiones, sino también afectaba su credibilidad exterior ante las inversiones, y la frustración de una política de Estado.

"Fácil hubiera sido para el Gobierno dejar de lado el problema y decir el proyecto queda suspendido, pero debemos tener una visión de estado", afirmó.

Prueba de que el Gobierno ha actuado con responsabilidad, dijo, es que los beneficios de Tía María no los gozará la gestión actual sino la próxima administración, pues la mina recién empezará a producir en el año 2017.

"Tenemos el compromiso de respetar los pactos, de honrar la palabra comprometida, es algo fundamental y es una señal de confianza a los mercados nacionales e internacionales. Esa es una razón de peso para haber sostenido que el Estado no puede detener unilateralmente el proyecto Tía María", insistió.

Estado de emergencia

De otro lado, Cateriano Bellido, indicó que por el momento el Gobierno no piensa declarar el estado de emergencia en Islay, pues después de la evaluación respectiva se ha llegado a la conclusión de que no era conveniente.

Si bien dijo que tampoco se puede descartar esta declaratoria más adelante, aseguró que lo que sí ha dado resultados es el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, en el cuidado del puerto de Matarani, puentes y carreteras.

"De todas maneras tampoco es algo que desechemos (el estado de emergencia), pero debemos destacar que apoyar a la Policía a través de las Fuerzas Armadas, ha sido importante", afirmó.

En su intervención ante la representación nacional, Cateriano también destacó el cambio operado en las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público que hoy decretaron la detención del dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez, presuntamente por pedir dinero a cambio de detener las protestas.

"Las resoluciones adoptadas el día de hoy marcan también un antes y un después en la actuación de jueces y fiscales", afirmó.

Sostuvo, además, que no se puede culpar al Gobierno de no haber buscado al diálogo, pues cuatro ministros de Estado han viajado en diversas oportunidades a Islay, pero lamentablemente se han encontrado con una posición intransigente, que solo quiere la cancelación del proyecto.

"No podemos imponer por la fuerza un proyecto, el proyecto tiene que ser discutido técnicamente, pero también resulta inaceptable que una minoría, mediante la violencia,  trate de impedir el desarrollo de una región", señaló.

/CCH/ Andina

La Policía Nacional ha cumplido funciones en el marco de la Constitución, la ley, y el respeto a los derechos humanos, señaló el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, sobre la labor policial en Arequipa a raíz de la protesta por el proyecto minero Tía María.

Ante el pleno del Congreso, recordó que los agentes policiales tienen la orden expresa de hacer un uso razonable de la fuerza y que desplegaron todos los esfuerzos posibles para restablecer el orden público.

Refirió, además, que la labor del Ejecutivo es defender el principio de autoridad y el Estado de Derecho, como mencionó el Presidente Ollanta Humala en su mensaje a la Nación.

Asimismo, reiteró la voluntad de dialogar por parte del Gobierno y exhortó tanto a los pobladores como autoridades de Islay, en Arequipa, reiniciar el diálogo al remarcar que es el mecanismo para la solución de conflictos en democracia.

Pérez Guadalupe expresó su reconocimiento a la labor policial y lamentó la muerte del suboficial atacado por una turba, así como los civiles fallecidos y heridos.

El ministro detalló al pleno del Congreso los acontecimientos ocurridos a raíz de la protesta contra Tía María y precisó que a la fecha hay más de 263 agentes heridos de los cuales, 12 aún se encuentran hospitalizados, y se movilizó 4,498 efectivos, que solo en viáticos han representado un gasto por más de diez millones de nuevos soles. 

También saludó la tarea de la Procuraduría del Ministerio del Interior, formulando denuncias para determinar la responsabilidad penal de los autores de la violencia.

Al respecto, resaltó la detención preliminar interpuesta contra el dirigente Pepe Julio Gutiérrez, a fin de que responda por los presuntos delitos de extorsión, asociación ilícita para delinquir, entre otros, tras los audios en los que presuntamente se le escucha pidiendo dinero a cambio del fin de la protesta.

Adelantó, asimismo, que este lunes en el Poder Judicial verá si se le revoca la suspensión de pena que se le dio a dicha persona y cuatro dirigentes por hechos ocurridos hace cuatro años.

/CCH/ Andina

La Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, sostuvo que el presidente Ollanta Humala sigue firme en la defensa del estado de derecho y el orden jurídico, al comentar el mensaje a la Nación del Mandatario sobre el proyecto minero Tía María y los sucesos de violencia registrados en Arequipa.

"El presidente Humala sigue firme en la defensa del estado de derecho y el orden jurídico, ¿estaremos listos todos, por encima de intereses personales, o seguiremos pateando responsabilidades mientras 'violentistas' impiden las inversiones en el país, frenando el desarrollo de nuestros hijos?", escribió en Twitter.

En dicha plataforma indicó que el Mandatario ha reiterado que el gobierno defiende el estado de derecho y la estabilidad jurídica, y que suspender el proyecto minero Tía María significaría todo lo contrario.

Refirió, además, que la autoridad del Estado se ejerce en conjunto entre los poderes que lo integran y los líderes políticos.

"A los que demandan autoridad del Estado hay que recordarles que esta se ejerce en conjunto, poderes del Estado y líderes políticos", agregó Heredia Alarcón.

También mencionó que los políticos y autoridades que han opinado por la suspensión del referido proyecto no señalan cómo se haría ello sin que impacte negativamente y siente precedente en el país.

/CCH/ Andina

La empresa Southern Perú aceptó “hacer una pausa” en el desarrollo del proyecto minero Tía María, ante el clima de violencia que generan las protestas en Islay, Arequipa, dijo esta tarde en el Congreso el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

 "(La empresa) acepta hacer una pausa para que, en un plazo razonable, este proyecto pueda ser discutido técnicamente", afirmó Cateriano, al inicio de su intervención ante el Pleno del Congreso.

El jefe del Gabinete destacó, además, el mensaje del Presidente Ollanta Humala, al considerar que reafirma la convicción del Gobierno en el sistema democrático, y la convocatoria a toda la clase política a defender el Estado de Derecho.

"No podemos imponer por la fuerza un proyecto, tiene que ser discutido técnicamente, pero resulta inaceptable que una minoría intente detener el desarrollo de una región", señaló.

/CCH/ Andina

El Jefe del Estado, Ollanta Humala, exhortó a la clase política a la unidad en torno a las políticas del Estado y de desarrollo que necesitan el país, entre ellas el impulso a las inversiones, tras indicar que una eventual suspensión unilateral del proyecto minero Tía María, en Arequipa, expondría al Estado a demandas internacionales por incumplimiento.

Mediante un mensaje a la Nación, dirigido desde Palacio de Gobierno, advirtió que una demanda legal significaría un importante perjuicio económico para toda la sociedad.

“Hoy día muchas voces reclaman la suspensión del proyecto por parte del Ejecutivo, sabiendo que no solo no se puede suspender lo que no se ha iniciado, sino, peor aún, sabiendo que el Estado no puede tomar una decisión unilateral, que no esté regida por el marco de la ley”, expresó.

En ese sentido, recalcó que adoptar una decisión de esa naturaleza, por parte del Estado, tendría efectos jurídicos, por ir en contra de la Constitución y la leyes; así como económicos, porque sentaría un precedente negativo que –dijo- podría replicarse en otros proyectos futuros del país.

“Por eso decimos que este es un tema nacional y no solo un proyecto más”, mencionó Humala, al demandar a la empresa a cargo de este proyecto que disponga medidas concretas para lograr la paz social en Arequipa, escenario de protestas violentas en los últimos días.

Según indicó el Mandatario, ninguna autoridad subnacional ni fuerza política ha expresado los eventuales mecanismos de suspensión de este proyecto cuprífero que –dijo- cumple con todos los requisitos exigidos por la ley.

Ellos, precisó, solo han hecho uso de su derecho a opinar, pero no han asumido ninguna responsabilidad al respecto, razón por la cual los llamó a defender juntos el principio de autoridad y el Estado de Derecho en el país.

“Si hay un gran acuerdo que debe primar entre todos los peruanos es la apuesta por la paz (…) Nuestras acciones han estado y seguirán siempre orientadas a lograr un balance entre el crecimiento económico, la inversión, la protección ambiental y el desarrollo social”, aseveró.

Para el Jefe del Estado, el Gobierno ha trabajado para defender las reglas orientadas a que los estudios de impacto ambiental consideren las acciones que eviten, reduzcan y minimicen los impactos ambientales que una actividad económica como esta puede producir.

Exhorta a la unidad

Humala Tasso aprovechó la ocasión para exhortar a la unidad de la clase política en torno a las políticas del Estado y de desarrollo que –indicó- se necesitan para el país, entre ellas, el impulso a las inversiones.

Tras reiterar que no es defensor de ninguna empresa, reseñó que la concesión del proyecto minero Tía María no se inició en el presente gobierno, sin embargo, se verificó que se subsanen las observaciones que llevaron a la desestimación del primer estudio de impacto ambiental.

Ello con el fin de garantizar la convivencia social del proyecto minero con la comunidad arequipeña, añadió.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo ha trabajado y ha propuesto de manera coordinada salidas al conflicto en la provincia arequipeña de Islay, como las mesas de diálogo y de desarrollo, y la visita permanente de los ministros de Estado a la zona, bajo la modalidad de audiencias.

Por esa razón, el Dignatario rechazó las posiciones extremistas y violentas que abrigan intereses subalternos y hasta económicos, que –según estimó- buscan alejar a la población del progreso y seguir sacando provecho de esa situación.

En esa línea, solicitó “respetuosamente” al Poder Judicial y al Ministerio Público administrar justicia oportuna y caer “con todo el peso de la ley contra delincuentes, asesinos y extorsionadores”, pues –anotó- no se pude construir nuestro sistema democrático “cediendo al chantaje de una extorsión”.

Igualmente, expresó su reconocimiento y respaldo a las fuerzas armadas y policiales del país, que viene enfrentando “estoicamente” la violencia en Islay, incluso anteponiendo su seguridad para evitar que estos actos violentos sigan creciendo en esa región del sur del país.

“La Policía Nacional ha dado una muestra al país y a la clase política de que no se puede ceder ante la violencia y que el orden público y el Estado de Derecho deben defenderse”, dijo, al trasmitir también sus condolencias a los deudos de las tres personas fallecidas en las protestas en Arequipa.

Subrayó que el Gobierno apostará con energía por Arequipa y por su desarrollo, para logar “la materialización de viejos anhelos” de esta región.

Desde hace más de un mes, la zona de Islay es escenario de violentas protestas de sectores de la población y dirigentes antimineros que se oponen a este proyecto cuprífero, situación que se ha agravado en los últimos días, con la muerte de dos civiles fallecidos y un efectivo policial.

/CCH/ Andins

El Jefe del Estado, Ollanta Humala, dijo que una eventual suspensión unilateral del proyecto minero Tía María, en Arequipa, tendría perjuicios para el país y señaló que se trata de un tema nacional que tiene que ver con el impulso a las inversiones.

Mediante un mensaje a la Nación, dirigido desde el Palacio de Gobierno, advirtió que una eventual decisión arbitraria expondría al Estado a demandas legales internacionales por incumplimiento, con un importante perjuicio económico para la sociedad.

“Hoy día muchas voces reclaman la suspensión del proyecto por parte del Ejecutivo, sabiendo que no solo no se puede suspender lo que no se ha iniciado, sino, peor aún, sabiendo que el Estado no puede tomar una decisión unilateral, que no esté regida por el marco de la ley”, expresó.

/CCH/ Andina