Política

A fin de darles mejor calidad de vida a la población, la presidenta de la república, Dina Boluarte, destacó hoy que no pararán hasta que los límites entre el Perú y Ecuador sean fronteras vivas y que tengan al Estado al alcance de sus manos.

Así lo expresó durante la suscripción, junto al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de la Declaración Conjunta Presidencial La Tina-Macará, en la frontera con dicho país.

En su discurso, la jefa de Estado destacó que hace 25 años se firmó el acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, con lo que iniciaron una nueva etapa en sus relaciones y hoy les permite trabajar unidos en la búsqueda del desarrollo de ambos pueblos.

“No pararemos hasta que nuestras fronteras sean fronteras vivas y que ellas tengan al Estado al alcance de sus manos. Eso es darles mejor calidad de vida, salud, educación, desarrollo integral”, expresó la presidenta Dina Boluarte.

Asimismo, indicó que la inauguración del Centro de Atención Binacional Fronteriza (CEBAF) Macará - La Tina, en el límite entre ambos países, constituye un paso fundamental y es una muestra de trabajo conjunto en favor de sus poblaciones.

“Este centro se convertirá en una puerta de ingreso a nuestros respectivos países. Nos permitirá también, sobre todo, verificar con mayor eficiencia y vigor los flujos migratorios de personas de terceros países, a fin de evitar el paso de ciudadanos que se infiltren ilegalmente e ingresen a nuestros países con el objetivo de delinquir. Tenemos que impulsar una migración regular, segura y ordenada”, señaló la mandataria.

La presidenta Boluarte también destacó las convicciones democráticas e instituciones que comparte con su homólogo y que ambos países son respetuosos del marco constitucional como única vía para superar las dificultades políticas.

 “Ambos países creemos en el diálogo y la paz como sustento del progreso y fortalecimiento de la democracia”, sostuvo.

Finalmente, invitó al mandatario Guillermo Lasso a que pueda realizar una visita más extensa a nuestro país, a fin de continuar con el trabajo conjunto en beneficio de sus ciudadanos.

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 La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República realizó la audiencia e investigación del presunto caso de recorte de sueldos que habría efectuado la congresista Katy Ugarte (no agrupada).

Para la sesión de este miércoles, se citó a 15 personas, entre los que se encontraban la parlamentaria, trabajadores y ex colaboradores suyos y su abogado.

Intervino en primer lugar Roger Torres, asesor principal de Ugarte. Relató que los asesores y trabajadores de la parlamentaria acordaron realizar un aporte voluntario para levantar la imagen de la congresista en medios de comunicación de Cusco.

Indicó que dicho acuerdo no fue pedido la legisladora y que los aportes se realizaron únicamente entre marzo y diciembre de 2022 por un monto que varió entre S/ 100 y S/ 300.

Al igual que Torres, distintos ex trabajadores y asesores actuales de la parlamentaria coincidieron con lo señalado respecto al aporte de forma voluntaria y el mismo fin de este.

Cabe precisar que Wilber Felices, hombre de confianza de Katy Ugarte, ha sido acusado y mencionado como el encargado de recolectar el dinero para pagar las publicaciones en la prensa cusqueña.

Por su parte, la congresista no agrupada aseguró que no conocía en absoluto la situación denunciada en medios y que se enteró de las irregularidades el mismo día que se emitió el reportaje.

"Tengo principios y los he practicado en toda mi vida profesional. Jamás he solicitado ningún aporte ni por terceros ni por nada puesto que todo profesional conoce sus funciones a las cuales está viniendo a laborar a mi despacho. Lo único que hice fue siempre velar por un buen perfil, un buen CV para que el despacho tenga que encaminarse al propósito que se me ha dado como congresista", señaló.

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La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huánuco presentó acusación contra Cristian Samaniego Herrera –camarada “Cris”, “Daniel” o “Chichico”– presunto captador de menores para Sendero Luminoso.

En el requerimiento acusatorio se solicitó la pena de 20 años y ocho meses de prisión efectiva para el imputado, como presunto autor del delito de afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado.

De acuerdo con el Ministerio Público, Cristian Samaniego Herrera habría formado parte de la facción de Sendero Luminoso que opera en la zona del Vraem y –en su condición de “cuadro nativo”, “apoyo organizado” y “miliciano”– cumplió trabajos políticos y militares para la organización subversiva, como la vigilancia y reglaje a las fuerzas del orden, a fin de brindar información a los altos mandos terroristas.

Como parte de los elementos de convicción presentados por la fiscalía antiterrorismo, se encuentra un USB hallado en la vivienda de Samaniego. Este contiene fotografías de menores de edad, quienes serían los denominados “pioneritos”, recibiendo adoctrinamiento político por los integrantes del Militarizado Partido Comunista del Perú, para luego integrar el Ejército Popular Revolucionario de la organización terrorista.

El día de su detención, ocurrida el 1 de diciembre de 2021, fiscales y efectivos policiales antiterrorismo hallaron en su poder documentos y propaganda subversiva atribuidos al “Comité Central”, además de dos radios transmisoras que habrían sido utilizadas por miembros del grupo subversivo.

Asimismo, se imputa a Samaniego Herrera haber sostenido reuniones en el Alto Mantaro, zona del Vizcatán del Ene, con integrantes de Sendero Luminoso dirigidos por Víctor Quispe Palomino, camarada “José”, actual cabecilla de la organización terrorista.

La investigación por este caso estuvo a cargo de la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huánuco.

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El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, sostuvo que el Gabinete Ministerial está sólido y se encuentra trabajando para dar solución a los problemas del país.

Así lo señaló al ser consultado sobre la posibilidad de que se efectúen cambios en algunas carteras, ello en respuesta a lo planteado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori en ese sentido y, además, ante la próxima interpelación de Rosa Gutiérrez y Daniel Maurate, ministros de Salud y Justicia, respectivamente.

“No se ha evidenciado y no se ha visto la necesidad de hacer algún cambio de ministros o ministras de Estado”, señaló Jorge Chávez Cresta a Exitosa.

“Considero que el trabajo que se viene desarrollando por cada uno de los ministros y ministras de Estado es en el marco de un gabinete que, como lo han enunciado varias personas, inclusive el señor presidente del Consejo de Ministros (Alberto Otárola), está sólido y que tenemos que dar solución a cada uno de los problemas”, agregó.

El titular del Ministerio de Defensa destacó el mecanismo de rendición de cuentas por parte del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que recientemente presentó su tercer informe bimensual de gestión.

Sin embargo, indicó que la crisis política no ha terminado y aún no se ha dado solución a demandas insatisfechas que tiene gran parte del país y, particularmente, de Puno.

Sobre el estado de emergencia en esta última región, que se prorrogó recientemente por 60 días, el ministro indicó que al término de dicho plazo se analizará el levantamiento de la medida y dijo estar seguro de que se darán las condiciones para ello.

De otro lado, Chávez Cresta sostuvo que se están coordinando acciones en todos los niveles de Gobierno para hacer frente a la ocurrencia de un próximo Fenómeno El Niño global.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, participa hoy de un encuentro bilateral con el mandatario de Ecuador Guillermo Lasso, el mismo que se desarrollará en la región Piura.

Según la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno, dicha reunión se desarrollará desde las 12:00 horas en el Centro Poblado de La Tina, ubicado en la provincia de Ayabaca (Piura).

Como parte del encuentro bilateral se realizará la suscripción de la Declaración Conjunta Presidencial La Tina – Macará.

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Con  la finalidad de agilizar la ejecución y el mantenimiento de obras públicas, la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó hoy el dictamen que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

El grupo de trabajo, que preside Diana Gonzales (Avanza País), aprobó por mayoría esta iniciativa con 14 votos a favor y cinco en contra.

Como se recuerda, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante la exposición de esta iniciativa, dijo que esta nueva entidad no sería "más de lo mismo" sino que será otra institución completamente distinta.

Asimismo, ya no absorberá a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), ni se hará mención en el proyecto de ley de este, ya que la ANIN tendrá funcionamiento permanente, a diferencia de la actual que tiene un carácter temporal.

Además, se plantea ahora que la Autoridad Nacional de Infraestructura sea un organismo ejecutor dirigido por un jefe y no opere con un consejo directivo.

Asimismo, la jefatura tendrá una designación regulada y no será de libre designación –como inicialmente se propuso–, por un plazo de cuatro años.

También se ha considerado que la contratación de servidores y funcionarios de la nueva autoridad sea mediante concurso de méritos bajo el marco legal del régimen de servicio civil.

Antes de la aprobación del dictamen, la congresista Patricia Juárez (FP), solicitó una cuestión previa para que se vote la propuesta inicial del Poder Ejecutivo, que establecía la absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

El sustento recaía en que se está creando un organismo similar y, por ende, más burocracia, por lo que era necesario continuar "con la idea original".

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El Poder Ejecutivo promulgó la ley que establece un nuevo criterio para la determinación entre delito y falta, al reducir la cuantía del hurto simple al 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, 495 soles.

La norma, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, modifica el artículo 444 del Código Penal, Decreto Legislativo 635.

Se establece ahora que, cuando la acción (hurto) recaiga sobre un bien cuyo valor no sobrepase el 10 % de una UIT (S/495), será reprimido con prestación de servicios comunitarios de 40 a 120 jornadas o con 60 a 180 días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado.

Por tanto, cuando el valor de lo hurtado supere dicho monto, será considerado como delito y no falta.

Antes de la modificatoria, el mencionado artículo señalaba que, para considerarlo delito, el valor del bien hurtado debía equivaler a más de una Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, más de 1,025 soles. La iniciativa se aprobó en el pleno del Congreso el pasado 11 de mayo.

El dispositivo lleva la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte, y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

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