Política

La ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana oficializó el Congreso con la norma N° 31494, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD), remarca la norma, son organizaciones de la población surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad contra la infiltración y ataques terroristas, la violencia generada por el tráfico ilícito de drogas y los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana.

De igual forma, son apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las tareas de pacificación y seguridad, y realizan actividades para procurar el desarrollo sostenible en su ámbito de influencia en coordinación con la municipalidad de la jurisdicción que corresponda.

Indica la ley que los CAD son acreditados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, y los gobiernos regionales y locales, según corresponda.

Para su reconocimiento, serán inscritos en un registro local de autodefensa y desarrollo rural de la municipalidad provincial o distrital de su ámbito territorial correspondiente.

Incluirán en su registro la relación de sus miembros activos, debidamente identificados y acreditados, así como la residencia en su localidad o comunidad.

Su ámbito de acción se encuentra enmarcado en función a la delimitación geográfica, determinada por la municipalidad distrital o provincial correspondiente, siempre y cuando no se superponga con el espacio de otras organizaciones civiles de similar finalidad.

Asimismo, su funcionamiento está enmarcado geográficamente bajo el control y supervisión de las comisarías sectoriales determinadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

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El pleno del Congreso de la República sesiona hoy desde las 10:00 horas, para tocar diversos temas, entre ellos el proyecto de Ley 390 que propone modificar la denominación del Ministerio de Cultura por la de Ministerio de las Culturas. 

También se espera el debate del proyecto de Ley 125 que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial, entre otras iniciativas. 

Asimismo, se tiene prevista la sesión de la Comisión investigadora proyecto Chavimochic. 

Dicha comisión investigadora multipartidaria está encargada de evaluar, proponer, fiscalizar e impulsar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic en la Región La Libertad. 

La sesión será de carácter reservada y se realizará a las 17:30 horas.

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Con 104 votos a favor, uno en contra y 8 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó en segunda votación, el texto sustitutorio que propone establecer el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil para los funcionarios y servidores públicos, y de las empresas bajo el régimen del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

La iniciativa legislativa fue sustentada por la congresista Patricia Juárez ante el hemiciclo del Parlamento. Este proyecto se trata de una reforma constitucional que modifica el inciso 5 del artículo 2 de la Carta Magna.

La finalidad del proyecto será establecer que el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria se podrá hacer ante el pedido de un juez, del fiscal de la Nación, de una comisión investigadora del Congreso, del contralor, y del superintendente de Banca y Seguros y AFP.

En la norma se precisa que el levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular.

Según indicó, el texto sustitutorio de reforma constitucional está orientado a fortalecer la lucha anticorrupción porque permitirá acceder, dentro de una acción de control o investigación, al secreto bancario y reserva tributaria de aquellos funcionarios que manejan fondos públicos y que se encuentran investigados por hechos de presunta corrupción.

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En los últimos 16 años el Estado peruano recaudó unos 3 mil 399 millones de soles a través de los juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas destacó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Indicó que se trata de una actividad regulada en su totalidad y además, genera unos 45 mil puestos de empleos formales. 

Lo dió a conocer el director general de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas de Mincetur, Eduardo Sevilla, durante la inauguración de la XIX Feria Latinoamericana de Juegos Perú Gaming Show 2022 – PGS 2022, que se realiza en Lima.

Señaló tambien Sevilla que esta industria, en el Perú, pudo resistir a la pandemia del covid-19 y viene reactivándose gradualmente y agregó que estan seguros que volveran a tener los 92 mil empleos en esta industria, gracias a las medidas que impulsa el gobierno como la eliminación del distanciamiento social, pero con el uso estricto de protocolos de bioseguridad. 

Asimismo, en 16 años, gracias a su regulación, las municipalidades provinciales y distritales recibieron más de 2 mil millones de soles en recaudación, y el IPD obtuvo más de 323 millones de soles. Por su parte, el Mincetur recaudó por aplicación de multas más de 30 millones de soles. 

En la actualidad, el Mincetur trabaja en la regulación de los juegos y apuestas deportivas a distancia, que, en el último año, tuvo un movimiento económico de alrededor de 1,000 millones de dólares, sin rendir ingresos al erario nacional.  

Por ello, se presentó ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, la sustentación del Proyecto de Ley N° 2070, elaborado por el Mincetur y aprobado por el Ejecutivo, en la búsqueda de regular este tipo de actividades por internet.

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La Comisión de Economía del Congreso, dió a conocer la aprobación del dictamen que propone la ley que establece medidas para reactivar la ejecución de 1,000 obras públicas paralizadas de las entidades del gobierno nacional, regional y local. La decisión se adoptó por mayoría, con 17 votos a favor y una abstención.

Según el Proyecto de Ley Nro. 1762/2021, propuesto por el Poder Ejecutivo, se busca dar solución, de manera indeterminada, a mil obras paralizadas en todo el país sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que tiene un avance físico mayor o igual a 40%, en los sectores educación, salud, carreteras, caminos y puentes.

En esa condición, del total de obras, 361 (37%) se encuentran bajo la Ley de Contrataciones del Estado por 3,808 millones de soles y 606 (63%) obras por administración directa por 1,857 millones de soles.

En la primera modalidad, 211 obras son intervenciones de los gobiernos locales por 1,570 millones de soles, 85 intervenciones del gobierno nacional por 1,012 millones de soles y 65 intervenciones de los gobiernos regionales por 1,225 millones de soles.
Por administración directa, 541 obras son intervenciones del gobierno local por 1,235 millones de soles, 23 son intervenciones de gobierno nacional por 149 millones de soles y 42 intervenciones del gobierno regional por 472 millones de soles.

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El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, realizó hoy visitas inopinadas al Centro de Salud Pacarán y a la comisaría de ese distrito, provincia de Cañete, en la región Lima, a fin de inspeccionar sus necesidades y la atención que se brinda a los ciudadanos.

Durante su recorrido por el centro de salud, el jefe de Estado fue recibido por las autoridades médicas y se desplazaron por las instalaciones del proyecto materno infantil que se encuentra en evaluación. 

Allí fue informado sobre algunas necesidades de instalaciones eléctricas y servicios de agua. Luego, el mandatario ingresó a la Comisaría de Pacarán, donde dialogó con los efectivos policiales y encargó que se redoblen las acciones en favor de la seguridad ciudadana. 

Durante su recorrido, el presidente Castillo estuvo acompañado por el alcalde de Pacarán, Julio César Chanca, a quien le pidió canalizar las demandas de la población para ser atendidas por el Ejecutivo. 

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El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del parlamento, Héctor Ventura Ángel, informó que dicho grupo de trabajo solicitará al Pleno del Congreso ampliar el plazo de investigación, por 120 días hábiles, para investigar presuntas compras irregulares relacionados a la pandemia covid-19 y a la emergencia sanitaria nacional.

Ventura Ángel (FP), explicó que al vencer el plazo acordaron pedir más días por una cuestión de procedimiento administrativo. El acuerdo de dicho grupo de trabajo fue adoptado por 15 votos a favor, es decir por unanimidad.

El pedido argumenta que se ha encontrado un escenario de investigación parlamentaria compleja, por lo que aún falta desarrollar diferentes actos de indagación, así como declaraciones de testigos, análisis y contrastación de toda la documentación.

/LD/Andina/

En sesión del Consejo de Ministros, que lidera el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se evalúa el proceso de compra de urea (fertilizantes) para atender la campaña agrícola 2022-2023, así como acciones contra la inseguridad ciudadana, entre otros temas de interés nacional.

Durante la sesión del Consejo de Ministros, se evalúa también el proyecto de decreto supremo que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, propuesto por el Ministerio del Interior, el cual permitirá consolidar acciones concretas a corto, mediano y largo plazo. 

Se recibió, además, el informe del Ministerio de Energía y Minas sobre la entrada en vigencia del Decreto Supremo 014-2021-EM, que simplifica el número de gasolinas y gasohol, así como la situación actual y perspectivas de la entrega de licencias de conducir por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

/LD/Andina/ 

El titular de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, manifestó esta tarde su respaldo a los procuradores anticorrupción y garantizó la libertad de acción de estos en el marco del desempeño de sus funciones.

“Hacemos los mayores esfuerzos para que ustedes tengan no solo la libertad de actuar, sino la posibilidad de cohesionarse como procuradores para hacerle frente a la corrupción”, indicó, durante la inauguración del taller ‘Criterios para la determinación del monto de la reparación civil en los delitos de corrupción’, en el que participan los titulares de las procuradurías.

El representante del Poder Ejecutivo resaltó el trabajo que realizan la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

“Sé del esfuerzo de todos ustedes y, en la medida que hagan las cosas con convicción, responsabilidad y transparencia, créanme que este ejército que tenemos será muy poderoso”, dijo.

/LD/Andina/

Con el fin de acceder al secreto bancario y reserva tributaria de funcionarios investigados por corrupción, la Contraloría solicitó al Congreso aprobar en esta legislatura la segunda votación de la reforma constitucional.

Mediante un comunicado, la Contraloría indicó que a través de dicha reforma se garantizaría los resultados del control que realizan en resguardo de todos los peruanos.

Según remarcó, la institución ha evidenciado numerosos casos de corrupción e irregulares gestiones de intereses en perjuicio del Estado en los últimos años.

Sin embargo, advirtió que la lucha contra la corrupción requiere de herramientas eficaces para profundizar y sustentar las investigaciones a malos funcionarios en los niveles de gobierno central, regional y local.

En enero pasado, recordó, el Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio que faculta a la Contraloría acceder, dentro de una acción de control, al secreto bancario y reserva tributaria de funcionarios que manejan fondos públicos y que están investigados por presunta corrupción.

/DBD/