La Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó esta semana la sentencia contra los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ocurrido el 1 de septiembre de 2014. El abogado Felipe Tapia, defensa legal del caso, destacó en una entrevista para El informativo de Radio Nacional que esta decisión “marca un precedente histórico” en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas frente a las economías ilegales.

Los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quinticima Meléndez fueron asesinados mientras se dirigían a una reunión con comunidades de la frontera con Brasil para coordinar acciones de defensa territorial frente a la tala ilegal. Los responsables, vinculados a la empresa maderera Ecofusac, planificaron y ejecutaron el crimen como represalia por las constantes denuncias realizadas por las víctimas ante autoridades estatales.

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“El caso Saweto revela un problema estructural en el país: la violencia contra quienes defienden el territorio y los derechos colectivos”, enfatizó Tapia. “No se trató solo de un asesinato, sino de una estrategia para desarticular la resistencia de toda una comunidad”, agregó.

CASO SAWETO: SENTENCIA Y REPARACIÓN CIVIL

La Sala Penal de Apelaciones ratificó la condena de 28 años y 3 meses de prisión para los autores del crimen. Además, incrementó la reparación civil a 100 000 soles por cada víctima, reconociendo no solo el daño individual a las familias, sino también el daño colectivo a toda la comunidad.

“La justicia tardó más de una década, pero llegó”, afirmó el abogado. “Ahora corresponde al Estado cumplir con su obligación de proteger a quienes siguen resistiendo”, remarcó.

UN LLAMADO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Durante la entrevista, Tapia instó a las comunidades nativas a no guardar silencio ante las amenazas. “Denunciar es fundamental, aunque el miedo sea real. Solo así se pueden generar pruebas y activar los mecanismos legales”, dijo. También subrayó la importancia de articularse con organizaciones indígenas regionales y nacionales para fortalecer su defensa colectiva.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades: “No se puede seguir ignorando que ya van 36 líderes indígenas asesinados por defender sus territorios. Es momento de asumir esta crisis como una prioridad nacional”.

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