Política

Durante la ceremonia de transferencia del cargo, el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero afirmó que: “Asumo la cartera con el firme compromiso de trabajar por la reforma del sistema de justicia y fortalecer la lucha contra la corrupción. Asimismo, descentralizar y acercar a la ciudadanía los servicios que brinda el Misterio de Justicia y Derechos Humanos”, dijo durante su intervención.Señaló, además, que intensificará las visitas a los establecimientos penales a fin de analizar las soluciones a la compleja situación en que se encuentran los 69 penales, que requieren una serie de medidas que ya se están adoptando para mejorarlos.

Resaltó, al respecto, los decretos de urgencia para aligerar el hacinamiento, como el N°008-2020, que permite a las personas privadas de su libertad por omisión a los alimentos a salir libres si cancelan su deuda y pagan una reparación civil; y el N.°018-2020, que permitirá que los internos extranjeros cumplan condena en sus países.

Igualmente, dijo que buscará mejorar los centros de rehabilitación juvenil a fin de dotarlos no solo de infraestructura sino de instrumentos educativos para alejar a los jóvenes del delito que cometieron y poder rehabilitarse.

Enfatizó que impulsará las visitas de supervisión a las diversas regiones del país, para comprobar que los lineamientos se están aplicando y recibir las inquietudes de la población; igualmente, la realización de las Caravanas de la Justicia, a través de la cual se visitan regiones llevando todos los servicios que se brinda en la capital, y se sostienen reuniones con las autoridades regionales, provinciales y locales.

Finalmente, el nuevo titular del MINJUSDH invocó a los colaboradores de este sector a trabajar bajo los principios de honestidad, profesionalismo y ética.

Por su parte, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez, destacó los logros y aciertos de la gestión de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara.

Subrayó la firma de tres decretos de urgencia, dos de los cuales contribuirán al deshacinamiento de las cárceles.

El primero, para que personas sentenciadas por omisión de pago de asistencia familiar puedan cumplir penas alternativas una vez que realicen sus pagos, y el segundo, de extradición a presos extranjeros para que cumplan sus penas en sus países de origen. “Se tomaron decisiones fundamentales que se materializaron en dos decretos de urgencia”, dijo.

Destacó, además, que más de 600 comunidades fueron atendidas en reparaciones colectivas el año pasado. “Eso es un hecho histórico en nuestro país. En los más de 12 años que tenemos en política de reparaciones, por primera vez se atiende a ese número de comunidades campesinas y nativas tan olvidadas. Eso ha permitido que la confianza que tienen estas víctimas se mantenga y podamos establecer una relación de largo aliento para restablecer este lazo importante de reconciliación entre el Estado y las víctimas civiles, policiales y militares”, dijo. 

/PE/

Desde la provincia de Yauyos, el Contralor General de la República, Nelson Shack, afirmó que se ejercerá un control gubernamental plenamente autónomo e independiente en todos los gobiernos regionales y municipalidades provinciales del país hacia fines de este año, cuando se culmine el proceso de absorción administrativa y fortalecimiento de los Órganos de Control Institucional (OCI) en dichos niveles de gobierno.

“La absorción administrativa de los OCI significa que en esa oficina solo trabajará personal de la Contraloría y ésta se hará cargo de toda la logística, así tendrán   absoluta independencia y autonomía para ejercer el control porque ya no dependerán de la autoridades regionales o locales”, precisó Shack Yalta durante la jornada de supervisión y traslado de su despacho a Yauyos.

Indicó que otra ventaja de este proceso en marcha es que permitirá activar más eficientemente los procesos judiciales y fiscales cuando, producto de las auditorías de cumplimiento y controles específicos, se evidencien presuntas responsabilidades penales o civiles de los funcionarios o servidores públicos.

Shack Yalta precisó, además, que este año ha dispuesto el inicio del proceso de absorción de los OCI de todos los ministerios y los entes sectoriales del gobierno nacional “por lo que esperamos que al cierre del 2020 la capacidad operativa de la Contraloría debe haberse multiplicado sustancialmente”.

Cabe señalar que el proceso de absorción los OCI de todas las entidades del gobierno nacional concluirá con el Bicentenario.

Jornada de trabajo en Yauyos

Durante la jornada de supervisión en Yauyos, el Contralor General se reunió con la alcaldesa y los regidores de la municipalidad provincial, a quienes expuso las acciones de control gubernamental para mejorar la fiscalización de los recursos y servicios públicos.

En tal sentido, anticipó que el OCI de la Municipalidad Provincial de Yauyos será absorbida administrativamente y fortalecida por la Contraloría a mediados de este año, permitiendo desplegar los servicios de control progresivamente hacia todos los distritos de dicha provincia.

/PE/

El poder judicial dicta 24 meses de prisión preventiva para el exalcalde Luis Castañeda Lossio por Caso OAS. La jueza María Álvarez Camacho determinó que sí existe peligro de obstrucción a la justicia “claro y notorio”.

Así mismo se impuso comparecencia con restricciones y el pago de una caución de  500.000 soles para José Gálvez y el monto de 50.000 soles para Giselle Zegarra.

/AB/

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, indicó a través de El Informativo de Nacional, que cinco partidos, de los nueve que van a participar en el próximo congreso, han manifestado su intención de trabajar prontamente en las reformas políticas que el país requiere.

 “Convocamos a los nueve partidos a una reunión, y por cuestiones de agenda solo pudieron asistir cinco, y estos últimos manifestaron que había una necesidad de empezar tempranamente el trabajo parlamentario, buscando consensos que apunten a reformas políticas”.

Ley Orgánica de Elecciones

Lanegra, indicó la necesidad de hacer una modificación, “al menos transitoria, de la Ley Orgánica de Elecciones, para que el plazo, que ahora exige que una norma tenga un año a la fecha de la elección, para que pueda ser aplicable, se reduzca, para de ese modo podamos hasta agosto o setiembre, aprobar reformas en materia electoral o política, que se puedan aplicar en las elecciones generales del año 2021”.

JNE

Y explicó, que para que eso ocurra por lo menos tienen que pasar dos cosas, terminar el proceso electoral, poder instalar el parlamento prontamente, y como no hay reglas específicamente creadas para el tema, hay que pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que complete este proceso.

/LD/

El presidente de la República, Martin Vizcarra, afirmó que la lucha contra la corrupción es una bandera que no soltará hasta terminar su gobierno y que no habrá campaña ni ataque que lo haga retroceder en ese propósito.

“Hay que ser muy enfáticos: la lucha contra la corrupción es una bandera que tomamos al inicio de nuestro gobierno y no la soltaremos hasta el 28 de julio de 2021, no habrá campaña ni ataque que nos hará retroceder”, aseguró.

Sostuvo que el proceder decidido de su gobierno ha generado que algunos partidos y grupos perjudicados en las elecciones por el rechazo de la población o que se ven observados por el accionar de la justicia, busquen atacarlo para sacarlo de su objetivo.

“No lo van a lograr, nuestro trabajo a lado del pueblo, de lucha contra la corrupción, de eliminar las desigualdades no cambiará y no vamos a retroceder”, reiteró.

Dijo también que respalda al Poder Judicial y al Ministerio Público en sus esfuerzos por combatir la corrupción y determinar a los responsables para que paguen las consecuencias, respetando la independencia de poderes, incluido de los procuradores.

“Mi gobierno no coordina, no concilia con la corrupción, muy por el contrario, mi gobierno combate la corrupción, esa ha sido nuestra línea y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día”, indicó.

/AB/Andina.

El exministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, se refirió a los entretelones del caso Gaseoducto Sur, que implica a la empresa Odebrecht, y comentó entorno la denuncia presentada ante el CIADI, y dijo, que sacar al procurador del estado Jorge Ramírez, y dejar a su adjunta, le resultaba incoherente.

Señaló que hubiese sido muy importante transparentar todo esto, ya que recién nos enteramos cuando Odebrecht nos quiere llevar al CIADI, si no había nada de malo hubiese sido mejor informar las fechas y temas de las reuniones de manera previa”.

Ernesto de la Jara

El abogado y fundador del Instituto de Defensa Legal, Ernesto de La Jara, también se pronució sobre el tema del Gasoducto Sur y dijo, “lo ocurrido que es consecuencia de los manejos con Odebretch, y lamento que haya sido el procurador Jorge Ramírez, quien haya sido separado, pues él está plenamente identificado con el caso”.

Creo que el haber sacado al procurador debilita las negociaciones, porque él está muy identificado y ha aportado mucho, señaló. “Prueba de que él no tenía ni una falta, es que nombran a su adjunta Silvana Carrión, en su lugar”.

/LD/

María Álvarez Camacho, la jueza a cargo del proceso judicial de Castañeda decidirá hoy si procede o no el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el exalcalde, el ex congresista José Luna y la exgerenta edilicia, Giselle Zegarra.

María Álvarez, sostuvo que la audiencia será a las 10:00 horas en la sede judicial del edificio Carlos Zavala, en el Centro de Lima.

En la audiencia del martes pasado, la magistrada indicó que era necesario contar con un "plazo razonable" para emitir su decisión final sobre el pedido de prisión preventiva para los referidos investigados. 

Previamente, la fiscal del equipo especial Lava Jato, Milagros Salazar, argumentó que existía peligro de fuga y de obstaculización de la justicia por parte de Castañeda Lossio.

Además, comentó que Castañeda no tiene arraigo domiciliario, ya que la casa donde vive fue entregada en adelanto de legítima a uno de sus hijos, y tampoco arraigo familiar pues vive solo, es divorciado y sus hijos son mayores de edad.

/AB/Andina.

El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, tomó juramento a los nuevos ministros de Energía y Minas, Justicia, Educación, y Transportes y Comunicaciones.

La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, con la presencia del jefe del Gabinete, Vicente Zeballos Salinas, y otros ministros.

Así, asumen en Energía y Minas, Susana Vilca Achata; en Justicia, Fernando Rafael Castañeda Portocarrero; en Educación, Juan Martín Benavides Abanto; y en Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Lozada Contreras.

A la fecha, en esos portafolios se desempeñaban Juan Carlos Liu, Ana Teresa Revilla, Flor Pablo y Edmer Trujillo, respectivamente.

/PE/

Susana Gladis Vilca Achata juramentó como la nueva ministra de Energía y Minas, en reemplazo de Juan Carlos Liu Yonsen quien ocupaba el cargo desde octubre del año pasado.

Vilca Achata es ingeniera de minas, con maestría en tecnologías de protección ambiental, cuenta con 33 años de experiencia profesional en el sector público y privado, ocupó el despacho del viceministerio de Minas entre el 2011 y 2012.

Asimismo, fue congresista en el periodo de julio 2006 a julio del 2011 en representación de la región Puno.

También fue designada Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Altiplano, y cuenta con una especialización en Derecho Minero Ambiental y Tributario Minero en la Universidad ESAN.

Se desempeñó como presidenta de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericana (ASGMI), y desarrolló actividades en Perito Minero, fiscalizadora ambiental adscrita al Ministerio de Energía y Minas.

Fue presidenta del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.

/PE/ANDINA/

Sociólogo de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), experto en políticas educativas, sociología de la educación y desigualdad, cuenta con un doctorado en Sociología por la Pennsylvania State University y una maestría en Letras, Política y Teoría Educacional en la misma universidad.

Se desempeñó hasta antes de su juramentación como superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) desde marzo del 2018 a la fecha. Anteriormente fue miembro del Consejo Directivo de la misma entidad entre 2015 y 2018.

Fue, además, director Ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

/PE/