Política

La población pide soluciones al tema de la corrupción en nuestro país, y es “un compromiso asumido”, por lo que para vencer a este “flagelo” hay proyectos que ya están en la agenda del Pleno, sostuvo el presidente del Congreso de la República, Luis Iberico.

“La lucha contra la corrupción es un tema que reclama la ciudadanía y un compromiso asumido en el mensaje inaugural de mi gestión. Hay proyectos que están en agenda del Pleno, y evidentemente buscan la lucha contra ese flagelo”, afirmó, luego de reunirse con el contralor General de la República, Fuad Khoury, en el Congreso.

Sobre la reunión sostenida, el jefe del Legislativo informó que se priorizaron temas. “Hemos quedado con el contralor en que se hará una priorización en estos temas, a fin de presentar esa propuesta ante el Consejo Directivo y de esa manera dar a esos proyectos el lugar prioritario que se merecen”, manifestó Iberico Núñez.

Entre las iniciativas legislativas que se abordarán -explicó Iberico-, destaca la que plantea la intervención de la Contraloría en los casos de la realización de obras que se hacen a través de los organismos internacionales. También, la que establece la presentación del contralor de la República ante el Pleno una vez al año para dar un informe de la lucha contra la corrupción. 

Por su parte, el contralor indicó que hay tres proyectos de ley presentados por la Contraloría General de la República, que ha pedido sean debatidos lo antes posible por el Pleno.

Uno de ellos se refiere a la capacidad sancionadora de la Contraloría, la que, dijo, debería alcanzar a los alcaldes y a los gobernadores regionales, “Es importante que no haya nadie que esté por encima de la ley”, agregó.

Otra medida propuesta es que su entidad tenga acceso a los contratos que se realizan con los organismos internacionales. “Hay varias obras que utilizan esta modalidad y no pueden ser auditadas por la Contraloría porque se supone que existe un compromiso de inmunidad diplomática, ya que su financiamiento tiene origen extranjero”, afirmó Khoury.

Para finalizar, mencionó que existió una ley que permitía que la Contraloría intervenga la tesorería de una empresa involucrada en actos de corrupción y la administre, para continuar el proyecto sin que los beneficiarios se perjudiquen ni cese la obra.

/P.A.G./

La Junta de Portavoces aprobó por unanimidad la distribución de las 24 comisiones ordinarias para el periodo 2015-2016, de acuerdo a la proporcionalidad de las bancadas que forman el Parlamento. Conozca cómo quedaron definidas.

Fuerza Popular 7

Ciencia, Innovación y Técnología; Cultura y Patrimonio Cultural;  Mujer y Familia;  Producción, Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Econolía; Salud y Población; y Trabajo y Seguridad Social.

Gana Perú 6

Constitución y Reglamento;  Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas; Energía y Minas; Inclusión Social y Personas con Discapacidad; Presupuesto y Cuenta General de la República; e Inteligencia.

Concertación Parlamentaria 2

Comercio Exterior y Turismo, y Relaciones Exteriores

Dignidad y Democracia 2

Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Púbicos; y  Transportes y Comunicaciones.

Acción Popular - Frente Amplio 2

Descentralización, Regionalización, Gobierno Locales y Modernización de la Gestión Püblica, así como Vivienda y Construcción.

Perú Posible 2

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; y Educación, Juventud y Deporte

Solidaridad Nacional 1

Fiscalización

PPC - APP 1

Justicia y Derechos Humanos

Unión Regional 1 

Agraria.

/HKQ/

El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar, sostuvo hoy una reunión con el presidente del Congreso, Luis Iberico, a quien explicó el alcance de los dos proyectos de ley anticorrupción que acaba de presentar y que, sumados a los ya presentados, contribuirán de manera más efectiva a la lucha contra la corrupción. 

Una de las nuevas iniciativas legislativas propone que las Adendas de modificación de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) cuenten con un informe previo de la Contraloría General de la República con el propósito de que los potenciales problemas puedan ser detectados y corregidos oportunamente. 

Las Adendas suelen demandar montos adicionales de inversión que podrían ocasionar inconvenientes en el financiamiento del proyecto y en su operatividad, situación que podría generar un desequilibrio financiero y en el peor de los casos, representar un problema para la culminación de la obra. 

La inversión de las concesiones IIRSA (Carretera Interoceánica) por ejemplo, se incrementó en casi 100% en comparación a la inversión estimada inicial, firmándose en estos proyectos 34 adendas. La inversión inicial estimada fue de US$ 1536.6 millones, comparado (con Adendas) con el actual compromiso de inversión de US$ 2983.5. 

Actualmente, la Contraloría General está auditando ocho adendas a IIRSA Sur- Tramo 2, siendo el monto fiscalizado S/. 1,179 millones. 

/CCH/ Prensa Contraloría

El embajador boliviano en Lima, Gustavo Rodríguez, dijo que espera reunirse con el titular del Congreso peruano, Luis Iberico, para pedirle dar prioridad en el Pleno a la aprobación del protocolo sobre el convenio Boliviamar, que otorga a Bolivia una salida no soberana al mar.

Rodríguez recordó que este proyecto, mediante el cual Perú cede a Bolivia una franja costera de 5 kilómetros, en una playa de la localidad portuaria de Ilo, en Moquegua, fue aprobado en el 2013 por la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento del Perú, pero hasta la fecha no ha pasado al Pleno del Legislativo.

“Lo vamos a visitar (a Luis Iberico) para que le den prioridad al tema (...) Estamos relanzando el proyecto”, comentó el embajador del país altiplánico, tras la ceremonia protocolar por los 190 años de la Independencia de Bolivia, evento celebrado en la sede diplomática, en San Isidro.

En ese sentido, el diplomático expresó su confianza en que el Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Acuerdos de Ilo pueda ser visto por el Congreso de la República con la celeridad que reviste, dado que es un tema “que beneficia a Perú, a Bolivia y a todos, en general”.

Dicho protocolo amplía y modifica el convenio firmado inicialmente entre Perú y Bolivia en 1992 sobre la Zona Franca y Turística de Playa en Ilo, y otro sobre la participación de Bolivia en la Zona Franca Industrial de Ilo.

“Esperamos que esto se concrete porque está hace dos años pendiente. Boliviamar está unido al tema del corredor bioceánico que permitirá sacar la carga brasilera y boliviana hacia los puertos del Pacífico y, además, tener en Ilo una zona industrial, portuaria y turística”, señaló Rodríguez.

Bolivia perdió su acceso al mar en la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883), a manos de Chile se anexó 120 kilómetros cuadros de territorio ricos en minerales y 400 kilómetros lineales de litoral en el océano Pacífico.

Por ello, esta cesión por parte del Perú de una franja costera sin soberanía a Bolivia permitirá a este país superar su aislamiento marítimo y le dará facilidades para que pueda desarrollar su marina mercante y tener canales de comunicación por vía marítima.

/CCH/ Andina

El Partido Aprista señaló que los registros que dan cuenta de la presencia de José Dirceu y Zaida Sisson en Palacio de Gobierno, durante el segundo gobierno de Alan García, no significan ningún acto doloso.

Mediante un comunicado, explicó que los registros responden a la recepción protocolar y pública que se les hizo como representantes de empresas privadas brasileñas a las cuales Sisson acompañaba.

Ello, agregó el Apra, ocurrió dentro de la política de recibir a inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

Asimismo indicó que los testimonios gráficos de la visita de Dirceu demuestran que se trató de una reunión con un grupo de personas de manera regular e informada públicamente por los medios.

Según el Partido Aprista, cualquier indicio de irregularidad, si se hiciera evidente, debe investigarse por las autoridades competentes, dejando constancia que, conforme a ley, las responsabilidades penales son individuales, y no comprometen a un gobierno ni a una agrupación política.

También precisó que Rodolfo Beltrán fue ministro del primer gobierno aprista hace más de 25 años, época en la que no estaba casado con Sisson, de nacionalidad brasileña y sin vinculación política ni profesional con el partido.

Para el Apra, las recientes publicaciones que se han dado en la prensa pretenden involucrar a este partido, con ánimo de escándalo y sin fundamento, en supuestas irregularidades cometidas por firmas brasileñas.

/CCH/ Andina

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y el Centro de Altos Estudios Nacionales (Caen) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para implementar un área de estudio y formar especialistas sobre desarrollo alternativo y lucha contra el narcotráfico.

El acuerdo fue suscrito este jueves por el presidente de la comisión reorganizadora del CAEN, General EP Walter Astudillo Chávez y el presidente ejecutivo de Devida, Alberto Otárola Peñaranda.

Otárola resaltó que ambas instituciones buscan articular esfuerzos para una mejor intervención en las zonas vulnerables al narcotráfico, y destacó que Devida busca que el CAEN sea centro académico internacional por excelencia para debate sobre problema mundial de drogas. 

El Caen es la institución de perfeccionamiento a nivel de postgrado académico, cuya función específica es la capacitación, perfeccionamiento, especialización y capacitación investigativa, principalmente, en las áreas de seguridad, desarrollo, defensa nacional y de las áreas del conocimiento científico, tecnológico y humanístico.

"Es necesario fortalecer los conocimientos así como la revisión de casos prácticos para una visión integral y proactiva en desarrollo alternativo, control de oferta, lavado de activos, prevención, entre otros temas", manifestó Otárola.  

El convenio, que tendrá una vigencia de dos años, estipula la designación de coordinadores de ambas instituciones a los secretarios generales a fin de establecer criterios comunes que contribuyan en el mejoramiento de la gestión pública y desarrollo sostenible del país.  

Según el convenio, ambas partes se comprometen a facilitar el intercambio de conocimientos, apoyo técnico y capacitación, conforme a las necesidades y prioridades de ambas partes.

Asimismo, buscará promover y desarrollar acciones que permitan el logro del convenio, así como coordinar la implementación del área de estudio para cuya finalidad se utilizarán todos los programas académicos necesarios para el cumplimiento de dicho fin.  

/CCH/ Andina

La vocera alterna de la bancada Nacionalista Gana Perú, Julia Teves, saludó que la Junta de Portavoces haya respetado el acuerdo de 2011 para la distribución de comisiones, en virtud de la cual continuarán en la Comisión de Constitución, Inteligencia y otras.

Esta tarde, la Junta de Portavoces del Congreso acordó que todos los grupos parlamentarios continuarán en la presidencia de las comisiones que tuvieron en la legislatura pasada, con excepción de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que fue cedida por el oficialismo para Dignidad y Democracia.

"Todo se mantiene según el acuerdo establecido por las bancadas el 2011. La comisión de Constitución se mantendrá en la bancada nacionalista y lo propio pasará con la Comisión de Fiscalización que queda como estaba, en manos de Solidaridad Nacional", señaló.

Indicó que en la Junta de Portavoces Gana Perú cedió la Comisión de Transporte y Comunicaciones a Dignidad y Democracia, por la reducción de sus integrantes.

Sobre el pedido de la bancada fujimorista Fuerza Popular para que el nacionalismo deje la presidencia de la Comisión de Inteligencia, Teves sostuvo que esta solicitud responde a" intereses de la oposición de asumir un grupo parlamentario más", cuando, según la ley, no le corresponde. 

Sostuvo que el artículo 34 del Reglamento del Congreso estipula que los miembros de una comisión especial, como es el caso de Inteligencia, tienen permanencia de cinco años y por tanto, "han sido respetuosos con el cumplimiento de la ley".

En virtud de ello, explicó que la presidencia de esta comisión, así como sus integrantes, serán los mismos de cuando se inició este periodo parlamentario, en el 2011.

/CCH/ Andina

El Poder Judicial dictará mañana viernes la primera sentencia en el caso "narcoindultos" contra Henry Cutipa Paricachua, uno de los 14 implicados, quien reconoció su responsabilidad penal y se acogió a la conclusión anticipada de su proceso.

Cutipa Paricahua es acusado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio. Inicialmente el Ministerio Público pidió para él 11 años de prisión pero luego de acogerse a la referida figura, se solicitó nueve años y cinco meses de cárcel.

La conclusión anticipada de su proceso fue solicitada por su abogada Rosa Martínez, quien advirtió, además, que este había sido amedrentado para guardar silencio en el juicio oral, que se inició el pasado 22 de julio.

Según informes periodísticos, Cutipa Paricahua fue delegado jurídico del penal de Lurigancho durante la gestión de Miguel Facundo Chinguel como titular de la Comisión de Gracias Presidenciales del segundo gobierno aprista.

Entonces se le involucró en el caso del reo checo Eugen Csorgo, uno de los beneficiados con las conmutaciones de pena para sentenciados por narcotráfico.

/CCH/ Andina

La ley de geolocalización no afecta derechos constitucionales y posee "todos los candados" necesarios para su adecuada aplicación en la ubicación de celulares implicados en actos ilícitos flagrantes, señaló el exministro del Interior, Walter Albán.

Dijo que la medida, al dar la posibilidad de actuar en "circunstancias especiales", no representa una afectación a los derechos constitucionales de quienes podrían ser implicados, como sucede cuando se restringe otras figuras legales como la legítima defensa y el estado de necesidad.

"La Constitución establece derechos que sabemos que no son absolutos, siempre hay circunstancias que permiten una regulación por ley, establecer límites o restricciones, sobre todo cuando hay conflictos de intereses", explicó.

Recordó, además, que el decreto dado por el Ejecutivo, tiene todos "los candados" pues sólo puede ser ejecutado si el delito cometido es en estado de flagrancia, implica una pena mayor de cuatro años y es indispensable para el proceso de investigación.

En la actualidad, sostuvo, los policías no pueden hacer un rastreo adecuados de los involucrados en casos de extorsión porque se debe realizar un proceso engorroso que entorpece la investigación, dado que cuando termina el trámite, "el delincuente ya cambió su celular" y no hay forma de atraparlo.

Por eso, expresó su desacuerdo con quienes intentan desprestigiar o cuestionar la normativa, dada por el Ejecutivo al amparo de las facultades delegadas en seguridad ciudadana, cuando el único fin de la misma es "apoyar a quien es víctima de un extorsionador".

"Los delincuentes cambian de celulares cada día porque saben que pueden ser objeto de vigilancia, en momentos en que estamos en una criminalidad en alza, donde todos reclamamos medidas eficientes, ¿cómo es posible que se diga que se está afectando (derechos)?", manifestó.

Albán indicó, asimismo, que se precisa generar confianza en la población porque para utilizar los datos recogidos por medio de la geolocalización, la policía debe seguir una serie de procesos que tiene como parte final la decisión del juez, quien dictaminará si el uso de la herramienta para determinados casos está sustentada o no.

"Todo esto se tiene que comunicar en el día al fiscal y tiene que haber un informe fiscal después. También el fiscal tiene que informar al juez; es decir, estamos hablando que existe un control posterior porque tampoco queda librado a la sola discrecionalidad de la policía", agregó.

/MRM/

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, descartó que el centro donde se encuentra recluido Alberto Fujimori desde el año 2,009, vaya a convertirse en local de campaña de Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, de cara a las elecciones del 2,016.

Dijo que el INPE será el primero en denunciar si se presenta alguna irregularidad de este tipo o si hay algún intento de los seguidores del partido Fuerza Popular de utilizar el penal de la Diroes para campañas políticas. "Los penales no están hechos para eso", subrayó.

En este sentido, Magán anunció que el penal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), de la Policía Nacional, cuenta con un sistema de cámaras que permite controlar el ingreso de personas que visitan al interno Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por diversos delitos.

"El penal tiene ahora un sistema de videocámaras con el que registramos quiénes visitan el penal; y ese, concretamente, sí tiene un sistema de cámaras y se registra quienes ingresan a visitar al interno. Eso permite un tipo de control para garantizar la seguridad tanto de las personas que están ahí, de los que visiten, como de nuestro propio personal", señaló.

De otro lado, informó que el exmandatario ya cuenta con un teléfono público desde hace 15 días y dijo esperar que lo use de acuerdo a la norma porque en caso contrario se le quitará ese beneficio.

"El Poder Judicial nos recomendó que sacáramos una nueva normatividad sobre el uso de la telefonía pública y ya la hemos sacado, y se le ha notificado al interno Alberto Fujimori. Entonces, veremos que ya tiene su servicio telefónico y esperamos que lo use de acuerdo a lo que dice la norma y no haya ningún problema", añadió.

Fujimori ha violado en varias ocasiones las reglas carcelarias y la defensa del expresidente pide que se declare nula la sentencia de 25 años, así como un nuevo juicio por los casos de las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta.

/M.R.M./