Política

El Gobierno autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, en comisión de servicios, a Panamá, Confederación Suiza y el Reino de los Países Bajos, desde hoy hasta el 21 de enero del presente año.

Esta medida se oficializa a través de la Resolución Suprema 001-2024-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, se encarga el despacho de Relaciones Exteriores al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, a partir del 10 de enero de 2024 y en tanto dure la ausencia del titular.

Panamá

Según la parte considerativa, el canciller realizará a Panamá una visita oficial con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países, así como impulsar temas de la agenda bilateral y regional, estando en la nación centroamericana del 10 al 13 de enero de 2024.

Durante su permanencia en Ciudad del Panamá, González-Olaechea desarrollará una reunión de trabajo donde se abordarán diversos temas de la agenda bilateral, y se llevarán a cabo otros encuentros con autoridades locales y la sociedad civil panameña.

Suiza

De otro lado, del 15 al 19 de enero, el canciller se trasladará a la ciudad de Davos, Confederación Suiza, para participar en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2024 (WEF, por sus siglas en inglés).

En forma paralela al citado evento, sostendrá reuniones bilaterales con altas autoridades y líderes globales, en las ciudades de Davos, Zúrich y Ginebra, lo que permitirá crear puentes y explorar nuevas formas de colaboración con los distintos actores participantes del WEF; así como, desarrollar alianzas con el sector privado y otros actores interesados.

Países Bajos

Mientras que el 20 de enero el titular de Relaciones Exteriores participará en la ciudad de Wassenaar, Reino de los Países Bajos, en un desayuno de trabajo con representantes peruanos del sector privado en dicho país.

Dicha actividad permitirá estrechar lazos económicos entre ambos países, y coadyuvará a reforzar la proyección internacional de nuestro país como destino idóneo de inversiones de calidad, lo que redundará en beneficio directo para la población peruana.

La resolución suprema cuenta con la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte; el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; y el canciller Javier González-Olaechea.

/DBD/

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó que se declarará el estado de emergencia en toda la frontera norte del país, ante los hechos de violencia registrados en Ecuador.

El titular de la PCM recordó que existe un estado de emergencia vigente desde noviembre en Tumbes y Piura, y que ahora la medida se extenderá a más departamentos. 

"Les recuerdo que en el mes noviembre se emitió un estado de emergencia que ya está  vigente, que cubre tanto a Tumbes como Piura, pero vamos a declarar la emergencia en los demás departamentos fronterizos que son Amazonas, Cajamarca y Loreto", precisó en declaraciones a la prensa. 

De igual manera, informó que la presidenta de la república, Dina Boluarte, ha dispuesto el viaje inmediato a Tumbes de los ministros de Defensa, Jorge Chávez, y del Interior, Víctor Torres, para que en el terreno coordinen acciones de resguardo en los puestos y pasos fronterizos.

Asimismo, indicó que se ha dispuesto la movilización de un contingente policial que ayude a los efectivos que actualmente se encuentran apostados en la zona de frontera con Ecuador para el control más intenso del tránsito de personas y migrantes hacía nuestro país. 

"Mañana los propios ministros van a tomar acciones directas para resguardar toda nuestra frontera y poner a buen recaudo a nuestra ciudadanía", afirmó. 

/ANDINA/PE/

El Gobierno del Perú condenó enérgicamente los actos de violencia ocurridos hoy en el Ecuador que vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad de ese hermano país.

Así, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, expresó su respaldo al Gobierno del señor presidente Daniel Noboa y a la institucionalidad y estabilidad democráticas en el Ecuador, deseando un pronto restablecimiento de la paz y seguridad en dicho país.

Finalmente, el Perú expresó su solidaridad con las víctimas de dichos actos de violencia.

Como se sabe, en horas de la tarde se registraron actos delincuenciales en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil en el suroeste de Ecuador, siendo uno de los primeros escenarios el canal de televisión TC cuando hombres armados y encapuchados irrumpieron en medio de una transmisión en vivo y tomaron en rehén a varios periodistas.

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, reconoció en un decreto la existencia de un "conflicto armado interno" en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares "bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos".

/PE/

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, indicó su rechazo a los hechos delincuenciales que se han registrado en diferentes puntos de la capital de Ecuador Guayaquil, por parte de bandas criminales.

En su mensaje, difundido por redes sociales, hizo también un llamado al gobierno de nuestro país para tomar medidas urgentes en las zonas de fronteras y evitar que este tipo de hechos se repliquen en el Perú.

Finalmente, resaltó la importancia de un trabajo conjunto entre las diferentes instituciones para hacer frente a las organizaciones criminales y la delincuencia que amenazan a nuestro país.

De acuerdo con medios de comunicación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha convocado de manera urgente una reunión entre los ministros de Estado a fin de analizar lo que podría suceder en el país a raíz del “conflicto armado interno” declarado en Ecuador.

Como se sabe, en horas de la tarde se registraron actos delincuenciales en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil en el suroeste de Ecuador, siendo uno de los primeros escenarios el canal de televisión TC cuando hombres armados y encapuchados irrumpieron en medio de una transmisión en vivo y tomaron en rehén a varios periodistas.

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, reconoció en un decreto la existencia de un "conflicto armado interno" en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones milites "bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos".

/ANDINA/PE/

El ministro del Interior, Víctor Torres, concedió este martes un plazo de 24 horas a la Policía Nacional del Perú (PNP) para detener a los delincuentes que le quitaron sus armas de reglamento y otras pertenencias a los efectivos policiales destacados como personal de seguridad del hijo de la presidenta Dina Boluarte.

Durante una conferencia de prensa sobre el suceso ocurrido en el distrito de La Victoria, calificó el acto como negligente y enfatizó que se va a investigar seriamente el caso que involucra a los efectivos policiales.

"En esta ocasión emplazo a la PNP para que determine fehacientemente en lo que respecta a investigación criminal y detenga en un plazo de 24 horas a los que han ejecutado ese hecho execrable", declaró Torres Falcón. 

Asimismo, subrayó que se tomarán medidas drásticas en Inspectoría de la Policía Nacional en relación a los efectivos que han estado cumpliendo su función de seguridad de manera negligente. Refirió que no es posible que sucedan estas situaciones con personalidades de nuestra nación. 

"Responsabilizo a la PNP por lo que ha sucedido y les doy 24 horas para la detención de esas personas. Se tomará las medidas del caso en Inspectoría y Recursos Humanos con relación a esos efectivos y a sus correspondientes jefes", apuntó. 

Asalto en La Victoria

En tan solo 70 segundos, dos efectivos policiales, destacados como personal de seguridad del hijo de la presidenta Dina Boluarte, fueron sorprendidos y asaltados por tres delincuentes en el distrito de La Victoria. Les quitaron sus armas de reglamento y otras pertenencias. 

El hijo de la presidenta Dina Boluarte, quien había llegado de visita a un domicilio en Santa Catalina, no se encontraba presente en ese momento. Los agentes de la PNP, un capitán y un suboficial, se quedaron dentro del vehículo en el frontis de la vivienda. 

En ese momento, -según se puede apreciar en las cámaras de seguridad- un auto negro se detiene y bajan dos hombres encapuchados, encañonaron a los custodios, mientras el carro se estacionaba para no llamar la atención. 

Según informó TV Perú, la calle solitaria, en la urbanización de Santa Catalina, ayudó para que los fascinerosos se lleven armas, cacerinas con municiones, celulares, dinero y documentos. Tras cometer su fechoría, los ladrones se retiran del lugar con dirección desconocida. El hecho tuvo lugar el último lunes, al promediar las 10:20 p.m. 

/PE/

Una propuesta legislativa plantea una ley de reforma constitucional que modifica el numeral 1° del artículo 2° de la Constitución Política para reconocer las determinaciones para el final de la vida como ejercicio del derecho constitucional a una vida digna.

La iniciativa, presentada por el congresista Luis Kamiche Morante (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y conforme lo establece el inciso 2 del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República.

La iniciativa establece la modificación del numeral 1 del artículo 2° de la Carta Magna, con la finalidad de reconocer las determinaciones para el final de la vida como ejercicio del derecho a acceder a una muerte digna.

En tal sentido, con la referida modificación, el artículo 2 quedaría redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona.

Toda persona tiene derecho:

(...)

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar y a las determinaciones para el final de su vida para acceder a una muerte digna. El concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece".

En la exposición de motivos, refiere que en la Constitución el derecho a la vida tiene dos contenidos esenciales: derecho a vivir una vida en condiciones dignas y el derecho a no ser privado, arbitrariamente, de la vida. 

"La dignidad humana, en consecuencia, supone aceptar, necesariamente, la capacidad de todo ser humano a decidir sobre si mismo, mucho más cuando se encuentra en condiciones que vulneran su dignidad humana y, la obligación del Estado para garantizar condiciones dignas de vida para todos hasta para morir", refiere el documento.

Además, recuerda que la no regulación precisa del derecho a vivir dignamente y a tener una muerte digna se evidenció en el caso de Ana Estrada Ugarte, ante la negativa de las instituciones de permitirle una muerte digna.

/PE/

Luego que la Corte Suprema ratificara su sentencia contra Kenji Fujimori por el caso de los ‘Mamanivideos’, su abogado defensor, Elio Riera, dijo que sugerirá la interposición de un habeas corpus contra dicha decisión.

En rueda de prensa realizada en las afueras del domicilio del exparlamentario, el letrado indicó que este recurso se planteará ante un juzgado constitucional; pero si no es admitido, finalmente tendrá que verse en el Tribunal Constitucional.

“Corresponde solicitar la nulidad ante el juez constitucional”, recalcó Riera, quien consideró que su defendido es “inocente” del delito de tráfico de influencias real por el cual fue condenado inicialmente. 

También cuestionó que la Corte Suprema no haya tomado en cuenta que en el Congreso “no se hizo el antejuicio ni el debido proceso parlamentario” contra Fujimori cuando este era parlamentario.

Riera dijo que “no existen medios probatorios que puedan vincularlo directamente” con el tráfico de influencias. “Él no ofreció absolutamente nada” a los demás parlamentarios a cambio del indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, indicó.

“Yo como abogado tendría que sugerir la interposición de un habeas corpus para eventualmente lograr la nulidad de la sentencia y demostrar la inocencia de Kenji Fujimori”, añadió.

Cuestiona pruebas

Riera indicó, asimismo, que las pruebas en vídeo sobre el tráfico de influencias imputado a su cliente, “no provienen de fuente original y han presentado cortes”. Ello afecta la calidad de esos elementos probatorios, estimó.

En cuanto a la aplicación suspendida de la pena privativa de la libertad de cuatro años y seis meses, indicó que responde a lo establecido en el decreto legislativo 1585, promulgado por el Ejecutivo en noviembre a fin de descongestionar las cárceles. En tal sentido, negó que se trate de una “ley con nombre propio” para favorecer a su defendido.

Esta norma permite, en aras del deshacinamiento de los centros penales, que algunas sentencias se cumplan domiciliariamente, de acuerdo a la duración de estas.

/ANDINA/PE/

La presidenta Dina Boluarte, afirmó que su gestión, junto con los poderes e instituciones del Estado, buscan una reforma de la justicia que cumpla con las exigencias de la población y puedan resolver sus casos con celeridad tanto en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Estas declaraciones las ofreció tras culminar la reunión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, donde se revisaron los avances generales que se han realizado en dicho sector.

"(...) Aspirando que de los acuerdos y del trabajo en la línea de tiempo que nos hemos propuesto hoy día y con las metas a cumplirse tengamos esa reforma de justicia de acceso a la población, quienes son los que exigen mayor celeridad en los casos que se llevan a cabo dentro de fiscalía y el Poder Judicial", manifestó. 

El pronunciamiento realizado por la mandataria se efectuó en la puerta de ingreso a Palacio de Gobierno, junto con los representantes del referido Consejo.

"Gracias por haber asistido a esta convocatoria luego de dos años que nos hemos reunido nuevamente", añadió la jefa de Estado.

En la reunión participaron el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena; el titular del Tribunal Constitucional, Francisco Morale. 

También, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza; el contralor Nelson Shack; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. 

 El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia está conformado por el presidente de la República, el fiscal de la Nación, los titulares del Congreso de la República, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como el contralor y el defensor del pueblo.

Esta instancia de diálogo y consenso tiene como finalidad impulsar reformas beneficiosas para el sector Justicia, coordinar ejecución de políticas por parte de los integrantes de este sistema y también hacer seguimiento a la ejecución e implementación de las medidas contenidas en el proceso de reforma.

/AC/Andina/